Pretendemos con este comentario abordar el coste de oportunidad judicial de las dos sentencias de 5 de junio de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos C-574/16 y C-677/16, Gran Sala, que han revisado y modificado el criterio anterior del mismo Tribunal plasmado en la sentencia de 14 de septiembre de 2016 (C-596/16, asunto de Diego Porras), por la que se declaraba el derecho de los contratados temporales españoles a percibir una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos de la empresa.
No abordaremos una vertiente jurídica de la cuestión sino más bien valorativa de la intervención de los órganos judiciales nacionales en su actuación reactiva frente a la sentencia del asunto C-596/16, de Diego Porras.
Para ello presentaremos la problemática realidad social concurrente de la contratación temporal en España y la utilidad que el derecho podía ofertar para su corrección. Nos adentraremos en unas valoraciones sociológicas para terminar ponderando la idoneidad de la actuación de los tribunales en esta cuestión, y postular, finalmente, las conclusiones descriptivas obtenidas.
Florentino Eguaras Mendiri
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco
