La Sala, con una argumentación que guarda similitudes con la anterior (rec. 200/2021), declara la nulidad de la finalización del contrato temporal de una trabajadora que había venido encadenando sucesivos contratos temporales y que se produce estando vigente la prohibición de despedir recogida en el artículo 2 RDL 9/2020. La Sentencia cuenta con un voto particular favorable a confirmar la declaración de improcedencia declarada por el Juzgado de lo Social, en el que además de exponer los distintos argumentos que ya han venido esgrimiéndose en defensa de la declaración de improcedencia de los despidos operados bajo la vigencia de la normativa de urgencia, añade como elemento excluyente de la existencia de fraude de ley la normativa confusa existente sobre la posibilidad de que las empresas contratista de servicios públicos se acogieran a un ERTE.
lunes, 12 de abril de 2021
ST. 200/2020, de 23 de febrero de 2021. TSJ del País Vasco
La Sala declara la nulidad del despido de una trabajadora, que el mismo día de su inclusión en un ERTE por causa de la pandemia es cesada alegando que no había superado el período de prueba. No funda la nulidad del despido en la posible existencia de fraude de ley, sino en la creación por parte del legislador de un marco de derecho necesario que ha situado la protección del empleo frente a la pandemia en un rango electivo similar al de la protección de los derechos fundamentales. Añade también un elemento de legalidad ordinaria fundado en que el RDL 8/2020 ha buscado una vía paralela a la del despido objetivo y ha impuesto una vía de actuación a los titulares de los derechos laborales por un cauce de derecho necesario. A la misma conclusión de nulidad llega por vía de aplicación de la teoría general del derecho que examina en su fundamento jurídico quinto. La Sentencia cuenta con un voto particular favorable a confirmar la declaración de improcedencia declarada por el Juzgado de lo Social.
Sentencia Juzgado de lo Social 30 de Madrid, de 11 de marzo de 2021
En esta sentencia la Magistrada de instancia acoge la pretensión del demandante al considerar que la interpretación restrictiva del artículo 2 del Real Decreto 17/20 mantenida por el SEPE es contraria a la finalidad protectora de la norma, recogida en la Exposición de Motivos del Real Decreto 17/20, pues dicha interpretación provoca la exclusión de su paraguas protector a un sector de profesionales dedicados a desempeñar su trabajo en un espectáculo público, como es el espectáculo taurino. Esta interpretación supone tratar de forma distinta, sin justificación suficiente, a los profesionales un determinado sector de "espectáculos públicos", como son los espectáculos taurinos. Sin olvidar que la actividad taurina es dependiente del Ministerio de cultura y deporte, dándole con ello un carácter cultural, circunstancia que se acredita por el registro de profesionales taurinos inscritos en el registro de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y deporte.
Sentencia Juzgado de lo Social 25 de Barcelona, de 15 de febrero de 2021
En esta Sentencia, se hace un análisis de la aplicación del complemento previsto en el art 60 de la TRLGSS, en el caso de embarazos seguidos de un aborto, sin que se llegue a tener el status jurídico de persona previsto en el art. 30 CC. La sentencia concluye, con cita del voto particular de la compañera Gloria Poyatos en la STSJ de Canarias de fecha 11 de septiembre de 2019, que no se debe compartir una visión meramente “productivista” de dicho artículo 60 (y que parece que es la que rige la Sentencia del TJUE interpretando este artículo), debiéndose valorar el proceso de embarazo y todas las circunstancias, sociales, económicas y personales que el mismo conlleva en el marco de interpretación con perspectiva de género.
Sentencia Juzgado de lo Social 1 de Mataró, de 10 de febrero de 2021
En esta Sentencia la Magistrada condena solidariamente a la empresa franquiciante respecto de la deuda salarial que la franquicia mantenía con uno de sus empleados, por considerar –a la luz de la doctrina jurisprudencial contenida en la STS de 21 de julio de 2016 -707/2016-, aplicable el artículo 42 ET. Señala que lo relevante a efectos de determinar si la empresa codemandada debe responder de la deuda salarial no es la clase de contrato que vincula a las empresas, sino la prestación de servicios correspondientes a la propia actividad, de forma que concluye que los empleados de la franquicia –empresa contratista- actúan en nombre de la principal -que ejercita un control sobre la organización del producto- siendo la actividad desarrollada por la franquicia inherente al ciclo productivo de la empresa principal, lo que determina la responsabilidad solidaria de esta.
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RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL. Marzo 2021
Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrado TSJ Cataluña
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