Despido objetivo: puesta a disposición de la indemnización. Es válido una puesta a disposición que, de un lado, abarcaba una suma superior incluso a la legal, se produce tres días después de la comunicación mas con anterioridad a los ceses y, singularmente, satisface con creces al modo diseñado para dicho pago en el acuerdo colectivo del que las extinciones traen causa, el cual indicaba que el primer pago se efectuaría en el momento de la efectividad de la extinción contractual Reitera doctrina: STS/4a de 13 junio 2018 -rcud. 2200 Reitera doctrina: STS/4, de 13 junio 2018 -rcud. 2200/2018
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jueves, 19 de diciembre de 2019
ST. 769/2019, de 12 de noviembre. Tribunal Supremo. Sala Social
Despido objetivo: puesta a disposición de la indemnización. Es válido una puesta a disposición que, de un lado, abarcaba una suma superior incluso a la legal, se produce tres días después de la comunicación mas con anterioridad a los ceses y, singularmente, satisface con creces al modo diseñado para dicho pago en el acuerdo colectivo del que las extinciones traen causa, el cual indicaba que el primer pago se efectuaría en el momento de la efectividad de la extinción contractual Reitera doctrina: STS/4a de 13 junio 2018 -rcud. 2200 Reitera doctrina: STS/4, de 13 junio 2018 -rcud. 2200/2018
martes, 5 de noviembre de 2019
ST. de 29 de octubre de 2019. Tribunal Constitucional. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2960-2019
Resumen: Integridad físical: el art.52d) ET., cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), 2 aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El precepto cuestionado permite la extinción del contrato por causas objetivas: Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
Integridad física (art.15 CE): no se infringe porque la norma tiene por finalidad el aumento de la productividad y la eficiencia en el trabajo, reduciendo así los costes directos e indirectos que suponen las ausencias cortas. La norma no implica un riesgo grave y cierto para la salud del afectado. Las ausencias que pueden dar lugar a la aplicación de dicho precepto legal por este motivo serían las derivadas de enfermedad o indisposición de corta duración, hayan dado lugar o no a la expedición de partes médicos de baja. En efecto, además de otros supuestos que no vienen ahora al caso, el art. 52 d) LET excluye de su aplicación los supuestos de enfermedad o accidente no laboral cuando la baja médica tenga una duración de más de veinte días consecutivos, así como las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.
Derecho al trabajo (art.35.CE) : resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima –evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo–, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE).
Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social. A esta corresponde controlar que la decisión empresarial se ajusta a los presupuestos establecidos en el art. 52 d) LET y que la aplicación del precepto en el caso concreto no va más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las faltas de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración establecida por la norma.
Derecho a la salud.(art.43.1 CE): mediante la regulación controvertida el legislador ha pretendido mantener un equilibrio entre el legítimo interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo, que se conecta con la defensa de la productividad (art. 38 CE) y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que cabe concluir que el art. 52 d) LET no vulnera el derecho a la protección de la salud que el art. 43.1 CE reconoce, ni tampoco, valga añadir, el derecho de los trabajadores a la seguridad en el trabajo (art. 40.2 CE)
VOTOS PARTICULARES DE: FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ, XIOL RIOS, CÁNDIDO DONDE POUMPIDO y MARÍA LUISA BALAGUER
ST. de 29 de octubre de 2019. Tribunal Constitucional. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2960-2019
Resumen: Integridad físical: el art.52d) ET., cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), 2 aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El precepto cuestionado permite la extinción del contrato por causas objetivas: Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
Integridad física (art.15 CE): no se infringe porque la norma tiene por finalidad el aumento de la productividad y la eficiencia en el trabajo, reduciendo así los costes directos e indirectos que suponen las ausencias cortas. La norma no implica un riesgo grave y cierto para la salud del afectado. Las ausencias que pueden dar lugar a la aplicación de dicho precepto legal por este motivo serían las derivadas de enfermedad o indisposición de corta duración, hayan dado lugar o no a la expedición de partes médicos de baja. En efecto, además de otros supuestos que no vienen ahora al caso, el art. 52 d) LET excluye de su aplicación los supuestos de enfermedad o accidente no laboral cuando la baja médica tenga una duración de más de veinte días consecutivos, así como las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.
Derecho al trabajo (art.35.CE) : resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima –evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo–, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE).
Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social. A esta corresponde controlar que la decisión empresarial se ajusta a los presupuestos establecidos en el art. 52 d) LET y que la aplicación del precepto en el caso concreto no va más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las faltas de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración establecida por la norma.
Derecho a la salud.(art.43.1 CE): mediante la regulación controvertida el legislador ha pretendido mantener un equilibrio entre el legítimo interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo, que se conecta con la defensa de la productividad (art. 38 CE) y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que cabe concluir que el art. 52 d) LET no vulnera el derecho a la protección de la salud que el art. 43.1 CE reconoce, ni tampoco, valga añadir, el derecho de los trabajadores a la seguridad en el trabajo (art. 40.2 CE)
VOTOS PARTICULARES DE: FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ, XIOL RIOS, CÁNDIDO DONDE POUMPIDO y MARÍA LUISA BALAGUER
miércoles, 2 de octubre de 2019
Sentencia de 23 de septiembre de 2019. Juzgado de lo social 10 de Las Palmas
En esta novedosa Sentencia el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declara improcedente del despido de una trabajadora de una multinacional turística, que trabajaba como administrativa, y que la empresa justificó en causas objetivas fundadas en la adquisición de un RPA (Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión y conciliación de cobros, que respondía a la necesidad de "adaptación a los cambios constantes que se vienen dando en el sector", y de "aumentar la competitividad de la Empresa dentro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste, incrementando la eficiencia en la ejecución de operaciones recurrentes en los procesos financieros-administrativos a través de un modelo de operación más competitivo como el que permite los softwares de automatización de procesos mediante robots".
En la Sentencia se rechaza la inclusión de tal motivo como “causa técnica, organizativa y productiva” que pueda justificar un despido objetivo, y se señala la necesidad de que la empresa acredite que real y efectivamente atraviesa dificultades de cierta entidad para cuya superación es medida adecuada y razonable la extinción de contratos de trabajo, extremo que no concurre en el caso que analiza.
Añade que la correcta interpretación del artículo 52 c) ET no puede llevarnos a confundir la mera conveniencia empresarial de reducir costes, con la necesidad de superar desajustes entre la fuerza laboral y la oferta.
Sentencia de 23 de septiembre de 2019. Juzgado de lo social 10 de Las Palmas
En esta novedosa Sentencia el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declara improcedente del despido de una trabajadora de una multinacional turística, que trabajaba como administrativa, y que la empresa justificó en causas objetivas fundadas en la adquisición de un RPA (Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión y conciliación de cobros, que respondía a la necesidad de "adaptación a los cambios constantes que se vienen dando en el sector", y de "aumentar la competitividad de la Empresa dentro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste, incrementando la eficiencia en la ejecución de operaciones recurrentes en los procesos financieros-administrativos a través de un modelo de operación más competitivo como el que permite los softwares de automatización de procesos mediante robots".
En la Sentencia se rechaza la inclusión de tal motivo como “causa técnica, organizativa y productiva” que pueda justificar un despido objetivo, y se señala la necesidad de que la empresa acredite que real y efectivamente atraviesa dificultades de cierta entidad para cuya superación es medida adecuada y razonable la extinción de contratos de trabajo, extremo que no concurre en el caso que analiza.
Añade que la correcta interpretación del artículo 52 c) ET no puede llevarnos a confundir la mera conveniencia empresarial de reducir costes, con la necesidad de superar desajustes entre la fuerza laboral y la oferta.
martes, 1 de octubre de 2019
ST. de 23 de septiembre de 2019. Juzgado de lo Social 10 de las Palmas de Gran Canaria
En esta novedosa Sentencia el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declara improcedente del despido de una trabajadora de una multinacional turística, que trabajaba como administrativa, y que la empresa justificó en causas objetivas fundadas en la adquisición de un RPA (Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión y conciliación de cobros, que respondía a la necesidad de "adaptación a los cambios constantes que se vienen dando en el sector", y de "aumentar la competitividad de la Empresa dentro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste, incrementando la eficiencia en la ejecución de operaciones recurrentes en los procesos financieros-administrativos a través de un modelo de operación más competitivo como el que permite los softwares de automatización de procesos mediante robots".
En la Sentencia se rechaza la inclusión de tal motivo como “causa técnica, organizativa y productiva” que pueda justificar un despido objetivo, y se señala la necesidad de que la empresa acredite que real y efectivamente atraviesa dificultades de cierta entidad para cuya superación es medida adecuada y razonable la extinción de contratos de trabajo, extremo que no concurre en el caso que analiza.
Añade que la correcta interpretación del artículo 52 c) ET no puede llevarnos a confundir la mera conveniencia empresarial de reducir costes, con la necesidad de superar desajustes entre la fuerza laboral y la oferta.
ST. de 23 de septiembre de 2019. Juzgado de lo Social 10 de las Palmas de Gran Canaria
En esta novedosa Sentencia el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declara improcedente del despido de una trabajadora de una multinacional turística, que trabajaba como administrativa, y que la empresa justificó en causas objetivas fundadas en la adquisición de un RPA (Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión y conciliación de cobros, que respondía a la necesidad de "adaptación a los cambios constantes que se vienen dando en el sector", y de "aumentar la competitividad de la Empresa dentro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste, incrementando la eficiencia en la ejecución de operaciones recurrentes en los procesos financieros-administrativos a través de un modelo de operación más competitivo como el que permite los softwares de automatización de procesos mediante robots".
En la Sentencia se rechaza la inclusión de tal motivo como “causa técnica, organizativa y productiva” que pueda justificar un despido objetivo, y se señala la necesidad de que la empresa acredite que real y efectivamente atraviesa dificultades de cierta entidad para cuya superación es medida adecuada y razonable la extinción de contratos de trabajo, extremo que no concurre en el caso que analiza.
Añade que la correcta interpretación del artículo 52 c) ET no puede llevarnos a confundir la mera conveniencia empresarial de reducir costes, con la necesidad de superar desajustes entre la fuerza laboral y la oferta.
viernes, 3 de mayo de 2019
Despido por ineptitud sobrevenida. Discapacidad. Medidas de ajuste razonable
El Juzgado de lo Social número Cinco de Bilbao, dictó sentencia en fecha 1 de diciembre de 2014 (autos 764/2014) en la que declaraba la improcedencia de un despido objetivo que actuó una entidad bancaria de una de sus trabajadoras. Motivo del cese: ineptitud sobrevenida de esa persona.
Los hechos probados hacen ver que se trata de una trabajadora que prestaba servicios como cajera de banco desde el año 1996, integrándose en la plantilla de la demandada en el año 2000, siendo que en el año 2001, cuando trabajaba en la caja de una sucursal de tal banco en Durango, sufrió un atraco, siendo amenazada en el mismo con un arma de fuego. Por consecuencia del mismo, se le generó patología de estrés postraumático y determinó un periodo de incapacidad temporal posterior, calificándose tal baja como derivada de accidente de trabajo y que duró unos pocos días.
Tras el alta laboral, recién incorporada al trabajo, el banco cierra esa sucursal y la trabajadora es trasladada a otra oficina de la empresa dentro de la misma localidad. Consta que sigue tratamiento médico por aquella patología reactiva estando de alta. En razón de esto último, la dirección de la sucursal la cambió del puesto de trabajo en caja a funciones operativas fuera de la misma.
El nuevo centro de trabajo al que fue destinada la trabajadora era la sucursal del banco más grande que tenía en la villa y en el mismo existe un número mayor de empleados destacados en el mismo que en el anterior centro.
Plantea a la empresa diversas reclamaciones de antigüedad y salarios en el año 2005 y ya en el año 2006 se le traslada a otra sucursal dentro de la misma villa.
Juan Carlos Iturri Gárate
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de País Vasco
Despido por ineptitud sobrevenida. Discapacidad. Medidas de ajuste razonable
El Juzgado de lo Social número Cinco de Bilbao, dictó sentencia en fecha 1 de diciembre de 2014 (autos 764/2014) en la que declaraba la improcedencia de un despido objetivo que actuó una entidad bancaria de una de sus trabajadoras. Motivo del cese: ineptitud sobrevenida de esa persona.
Los hechos probados hacen ver que se trata de una trabajadora que prestaba servicios como cajera de banco desde el año 1996, integrándose en la plantilla de la demandada en el año 2000, siendo que en el año 2001, cuando trabajaba en la caja de una sucursal de tal banco en Durango, sufrió un atraco, siendo amenazada en el mismo con un arma de fuego. Por consecuencia del mismo, se le generó patología de estrés postraumático y determinó un periodo de incapacidad temporal posterior, calificándose tal baja como derivada de accidente de trabajo y que duró unos pocos días.
Tras el alta laboral, recién incorporada al trabajo, el banco cierra esa sucursal y la trabajadora es trasladada a otra oficina de la empresa dentro de la misma localidad. Consta que sigue tratamiento médico por aquella patología reactiva estando de alta. En razón de esto último, la dirección de la sucursal la cambió del puesto de trabajo en caja a funciones operativas fuera de la misma.
El nuevo centro de trabajo al que fue destinada la trabajadora era la sucursal del banco más grande que tenía en la villa y en el mismo existe un número mayor de empleados destacados en el mismo que en el anterior centro.
Plantea a la empresa diversas reclamaciones de antigüedad y salarios en el año 2005 y ya en el año 2006 se le traslada a otra sucursal dentro de la misma villa.
Juan Carlos Iturri Gárate
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de País Vasco
viernes, 12 de abril de 2019
La progresiva desnaturalización del error (excusable o inexcusable) como cláusula específica para autorizar indemnizaciones mal calculadas. notas acerca de la sts 31/05/2018, ecli 2332/2018, rec. 2785/2016.
El error excusable constituye un concepto al que recurre la norma para impedir que indemnizaciones mal calculadas malogren decisiones extintivas de carácter objetivo.
El tenor literal del precepto (tanto en el art. 53.4 ET como en el 122.3 LJS) da juego a aquel concepto como excepción a una regla que prescribe la calificación de aquel concepto como excepción a una regla que prescribe la calificación de improcedencia del cese cuando el empleador no ofrece íntegra la indemnización: “la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan”.
La interpretación de ese precepto ha hecho necesario distinguir entre error excusable e inexcusable en el cálculo de la indemnización por causas objetivas, tarea a la que ha debido de enfrentarse el TS de forma recurrente, emprendiendo con el paso del tiempo una apreciable deriva hacia la ampliación de los supuestos en los que una indemnización mal calculada no ha de perjudicar a la procedencia del cese.
Jaime Segales Fidalgo
Magistrado del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao
Olga Fotinopoulou Basurko
Profesora de Derecho del Trabajo
La progresiva desnaturalización del error (excusable o inexcusable) como cláusula específica para autorizar indemnizaciones mal calculadas. notas acerca de la sts 31/05/2018, ecli 2332/2018, rec. 2785/2016.
El error excusable constituye un concepto al que recurre la norma para impedir que indemnizaciones mal calculadas malogren decisiones extintivas de carácter objetivo.
El tenor literal del precepto (tanto en el art. 53.4 ET como en el 122.3 LJS) da juego a aquel concepto como excepción a una regla que prescribe la calificación de aquel concepto como excepción a una regla que prescribe la calificación de improcedencia del cese cuando el empleador no ofrece íntegra la indemnización: “la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan”.
La interpretación de ese precepto ha hecho necesario distinguir entre error excusable e inexcusable en el cálculo de la indemnización por causas objetivas, tarea a la que ha debido de enfrentarse el TS de forma recurrente, emprendiendo con el paso del tiempo una apreciable deriva hacia la ampliación de los supuestos en los que una indemnización mal calculada no ha de perjudicar a la procedencia del cese.
Jaime Segales Fidalgo
Magistrado del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao
Olga Fotinopoulou Basurko
Profesora de Derecho del Trabajo
miércoles, 21 de marzo de 2018
ST 1469/2015, de 28 de julio. Tribunal superior de Justicia de País Vasco
Resumen: Una persona trabaja para un banco y tras ser víctima de un atraco en el centro de trabajo, desarrolla una patología psíquica postraumática, siendo su mayor manifestación profesional la imposibilidad o dificulta de tareas de atención en caja. Fue valorada médicamente en varias ocasiones, hubo actuaciones inspectoras y varios cambios de puesto de trabajo. Finalmente fue despedida con causa en ineptitud sobrevenida.
El Tribunal confirma la sentencia del Juzgado, desestimando los recursos de trabajadora y empresa, considerando debidamente calificado el despido y sin que proceda la nulidad ni por fraude de ley, ni por atacar su derecho fundamental a la salud, ni por haber sido discriminada en su condición de persona con discapacidad, advirtiendo que se han adoptado medidas de ajuste razonable.
Esta sentencia, que no se encuentra en la base de datos CENDOJ, ha sido recientemente confirmada por la TS de 2 de febrero de 2018 (recurso 160/2016).
ST 1469/2015, de 28 de julio. Tribunal superior de Justicia de País Vasco
Resumen: Una persona trabaja para un banco y tras ser víctima de un atraco en el centro de trabajo, desarrolla una patología psíquica postraumática, siendo su mayor manifestación profesional la imposibilidad o dificulta de tareas de atención en caja. Fue valorada médicamente en varias ocasiones, hubo actuaciones inspectoras y varios cambios de puesto de trabajo. Finalmente fue despedida con causa en ineptitud sobrevenida.
El Tribunal confirma la sentencia del Juzgado, desestimando los recursos de trabajadora y empresa, considerando debidamente calificado el despido y sin que proceda la nulidad ni por fraude de ley, ni por atacar su derecho fundamental a la salud, ni por haber sido discriminada en su condición de persona con discapacidad, advirtiendo que se han adoptado medidas de ajuste razonable.
Esta sentencia, que no se encuentra en la base de datos CENDOJ, ha sido recientemente confirmada por la TS de 2 de febrero de 2018 (recurso 160/2016).
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