martes, 6 de febrero de 2018

STEDH 09/01/2018. Caso López Ribalta y otros c. España.

Resumen: Vídeo vigilancia en el lugar de trabajo: la vídeo vigilancia secreta de cajeras en un supermercado español vulnera el derecho a la vida privada. El TEDH tiene en cuenta, para llegar a tal conclusión, las SSTC 186/00, 29/13, y 39/16.


El Juzgado de lo Social nº 1 de Granollers después la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya (STSJ Catalunya núm. 1481/2011 de 24 febrero. AS 2011\2105) habían considerado que la vídeo vigilancia oculta fue proporcionada y la admitieron como prueba, conforme al art.20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En su sentencia de Sala, recaída en el caso López Ribalta y otros c. España; el TEDH ha estimado por seis votos a una la existencia de vulneración del art.8 CEDH (derecho a la vida privada) y por unanimidad la inexistencia de vulneración del art. 6.1 (Derecho a un proceso justo)

El asunto trata sobre vídeo vigilancia oculta de empleados de una cadena española de supermercados, medida que tuvo por finalidad arrojar luz sobre las sospechas de hurto. Las cuatro demandantes fueron despedidas, fundamentalmente, en base a las grabaciones de vídeo que según ellas se obtuvieron vulnerando su derecho a la vida privada. Los tribunales españoles admitieron como prueba las grabaciones y confirmaron las decisiones de despido.

RESUMEN DE LOS HECHOS:

Las demandantes: Isabel López Ribalda, María Ángeles Gancedo Giménez, María Del Carmen Ramos Busquets, Pilar Saborido Apresa et Carmen Isabel Pozo Barroso, son cinco españolas residentas en Sant Celoni y Sant Pere de Villamajor, en España. 

En junio de 2009, las demandantes estaban empleadas como cajeras en MERCADONA SA, una cadena familiar de supermercados. La vídeo vigilancia se puso en marcha por su empresario, que quería arrojar luz sobre una sospechas de hurto, después de que el directo de la tienda había denunciado incoherencias entre el nivel de los stocks y las cifras cotidianas de ventas. 

El empresario instaló cámaras visibles y cámaras ocultas. La empresa informó a los trabajadores/as de la instalación de las cámaras visibles, pero no les dijo nada sobre la presencia de cámaras ocultas. 

Por tanto, los trabajadores/as no supieron nunca que eran filmados. Todos los trabajadores sospechosos de hurto fueron convocados a entrevistas individuales en las que se les mostraron los vídeos. Las cámaras habían filmado a las demandantes mientras ayudaban a los clientes y a las compañeras a robar artículos y a robarlos ellas mismas. 

Las demandantes reconocieron haber tomado parte en los hurtos y fueron despedidas por razones disciplinarias. 

Tres de las cinco demandantes firmaron un acuerdo por el cual reconocían su participación en los hurtos y renunciaban a accionar por despido ante los tribunales laborales mientras que la empresa, por su parte, se comprometió a no promover la iniciación de un proceso penal en contra de ellas.

Las dos otras demandantes no firmaron el acuerdo. Todas las demandante terminaron por ejercitar acciones, pero sus despidos fueron confirmados en primera instancias por los juzgado de lo social y después en apelación (suplicación)por el Tribunal Superior de Justicia. Los Tribunales admitieron las grabaciones de vídeo como pruebas, considerando que habían sido lícitamente obtenidas. 

DECISIÓN DEL TEDH

Sobre la vida privada (art.8 CEDH)

Para empezar, el TEDH constata que el gobierno español alega que el Estado no es responsable en este caso, dado que los actos litigiosos fueron cometidos por una empresa privada. El TEDH recuerda, sin embargo, que los países están, en virtud del CEDH, vinculados por la obligación positiva de tomar medidas dirigidas a asegurar el respeto de la vida privada y, por tanto, el TEDH debe indagar si el Estado ha ponderado de forma equilibrada los derechos de las trabajadoras y los del empresario. 

El Derecho Español impone informar claramente a las personas sobre el almacenamiento y tratamiento de datos personales, pero las trabajadoras demandantes no han sido debidamente informadas. Los Tribunales españoles han decidido que esa omisión estaba justificada por la existencia de sospechas razonables de hurto y por la ausencia de otro medio que hubiera permitido proteger suficientemente los derechos del empresario sin afectar tanto el derecho de las demandantes. 

El TEDH destaca que ella mismo ha concluido que no hubo violación del art.8 CEDH en el caso Köpke c. Allemagne, que trataba igualmente de vídeo vigilancia oculta de una trabajadora. Sin embargo, en ese caso, el derecho interno no contiene en absoluto una disposición clara sobre la cuestión y la vídeo vigilancia había sido limitada. 

En el presente caso, todos los trabajadores han sido vigilados/as durante semanas durante toda su jornada de trabajo. El TEDH no comparte el criterio de los Tribunales españoles en cuanto a la proporcionalidad de la medida. Considera que la vigilancia no está prevista en el derecho español, en particular en lo que atañe a la notificación, y que habría sido posible proteger, al menos en cierta medida, los derechos del empresario acudiendo a otros medios menos intrusivos. 

La empresa, por ejemplo, podría haber comunicado a las demandantes informaciones generales sobre la vigilancia y proceder a la notificación exigida legalmente sobre la protección de datos personales. El TEDH concluye que las jurisdicciones nacionales no han efectuado una justa ponderación de los derechos en juego y que se ha violado el derecho a la vida privada de las demandantes. 

En conclusión: el TEDH concluye que la vídeo vigilancia llevada a cabo por el empresario, que se desarrolló durante un período prolongado, no cumplió con las exigencias previstas en el art.5 de la LOPD 15/1999, en particular, con la obligación de informar, previa, explícita y precisamente, sin ambigüedades, a los interesados sobre la exigencia y características particulares de un sistema de captación de datos personales. El TEDH considera que los derechos del empresario podrían haberse satisfecho, al menos en cierto grado, por otros medios, concretamente informando previamente a las demandantes, incluso de una forma general, de la instalación de un sistema de vídeo vigilancia y proporcionándoles la información prevista en la LOPD (art.5) 

Sobre el derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH)

El TEDH examina si la utilización de las grabaciones de vídeo obtenidas con violación del CEDH ha comprometido el derecho a un proceso justo. 

Considera que las demandantes han podido impugnar la autenticidad de las grabaciones en el contexto de los procedimientos contradictorios y que esas grabaciones no constituían la única prueba que respaldaba las decisiones de los tribunales, que también se basaron en pruebas testificales. 

El TEDH tampoco se opone a la conclusión de los tribunales españoles de que podían utilizarse los acuerdos firmados por las demandantes tercera, cuarta y quinta como prueba, incluso si la firma de tales acuerdos se obtuvo después de que las demandantes hubieran visto las grabaciones de vídeo. Los Tribunales españoles examinaron la validez de tales acuerdos y las recurrentes tuvieron amplias oportunidades para contrarrestarlos. En general, el TEDH, no haya ningún motivo para apreciar la vulneración del derecho a un juicio justo. 

También rechaza el TEDH, por manifiestamente infundada, la denuncia planteada por la primera demandante, consistente en que hubo falta de motivación y no se entraron a considerar las particularidades del caso

SATISFACCIÓN JUSTA (ART.41)

El TEDH resuelve por 4 a e que España debe indemnizar a cada demandante con 4000 euros por daños morales. Por otro lado, acuerda por unanimidad que España debe indemnizar con 500 euros a la primera demandante por las costas y gastos y 568,86 euros al resto de demandantes. 

Voto particular de la Juez Poláčková a la que se adhiere el Juez Dedov.