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COSA JUZGADA
STS 02/10/2018
Roj: STS 3961/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3961
No de Recurso: 761/2017 No de
Resolución: 860/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Cosa juzgada: Existente. Cesión Ilegal de
Trabajadores: sentencia firme en materia de despido colectivo que resuelve
sobre la misma pretensión que es objeto del presente procedimiento
individual- la existencia de cesión ilegal-, en tanto que fue introducida
expresamente en el procedimiento de despido colectivo como una de las
pretensiones principales en las que la representación de los trabajadores
sustentaba su demanda.
A pesar de la doctrina restrictiva
de admisión de pronunciamientos declarativos sobre cesión ilegal en procesos
de conflicto colectivo, el TS considera que cabe en ciertos supuestos, como
el de autos, cuando se trata de una pequeña empresa con muy pocos
trabajadores en plantilla -6- en la que las relaciones de
subcontratación con la tercera empresa resultan ser totalmente coincidentes
para todos ellos, sin la menor distinción individual entre unos y
otros.
Si la empresa cuenta con tan solo
6 trabajadores y todos se encuentran afectados por igual en la misma
encomienda de servicios que prestan para el Ayuntamiento codemandado,
desarrollando la actividad laboral para su empresa y el empresario principal
en idénticas condiciones y circunstancias de hecho y de derecho, no hay
elementos particulares que permitan ningún tipo de matización o
diferenciación entre la situación de unos y otros que pudiere justificar un
pronunciamiento distinto respecto a la existencia de una cesión ilegal de
trabajadores que afectaría por igual y en idénticos términos a todo el
colectivo.
La mejor prueba de ello es que son
los propios trabajadores, tanto en la demanda de despido colectivo como en el
presente proceso individual, los que omiten cualquier referencia a la
eventual existencia de situaciones diferenciadas que pudieren dar lugar a una
distinta valoración jurídica de las circunstancias en las que unos y otros
desempeñaban sus funciones en orden a la apreciación de una cesión ilegal de
mano de obra.
DESPIDO COLECTIVO
STS 31/10/2018
Roj: STS 3962/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3962
No de Recurso: 88/2018
No de Resolución:
942/2018
Ponente: MILAGROS CALVO
IBARLUCEA
Resumen: Despido colectivo: inexistente. la empleadora dirigió
el 23 de junio de 2017 comunicación a los trabajadores con contratos fijos
discontinuos manifestando que ha finalizado su prestación de servicios por el
período en curso y que también se les dio de baja en la Seguridad Social,
haciendo constar en los partes "inactividad fijo discontinuo". La
acción es ejercitada por la totalidad de la plantilla de BCM Gestión de
Servicios, S.L. en cuanto adjudicataria del servicio de Apoyo Asistencia
escolar al alumnado con necesidades educativas de apoyo especifico en los
centros docentes públicos de la provincia de Sevilla según la contrata
asignada por la Junta de Andalucía (Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
La suspensión de la relación
laboral de un trabajador fijo discontinuo no puede asimilarse a un despido al
no haberse extinguido la relación deberá descartarse el trámite regulado en
el artículo 124 de la LJS y en segundo lugar se rechaza la competencia de la
Sala para conocer de esa reclamación.
JUBILACIÓN
STS 30/10/2018
Roj: STS 3965/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3965
No de Recurso: 3877/2016
No de Resolución:
940/2018
Ponente: JESUS GULLON
RODRIGUEZ
Resumen: Jubilación: se plantea la exigencia
de la carencia específica de dos años en los quince inmediatamente anteriores
a causar el derecho de una pensión de jubilación en el Régimen General en un
supuesto en el que la peticionaria de la misma estuvo privada de libertad
cumpliendo condena, y más específicamente, si ese tiempo cabe ser
considerado como "neutro" aplicando la teoría del paréntesis, y en
qué términos. El TS concluye que en el tiempo de privación de libertad no
consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del
ofrecimiento de un trabajo, y por tanto, ha de ser considerado como tiempo
neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis, de manera que ha
de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral, no
negándose que reúna la carencia genérica de quince años de cotización al
Régimen General de la Seguridad Social que exige el art. 161.1 b) LGSS,
también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días a que se refiere el
precepto
JURISDICCIÓN
STS 06/11/2018
Roj: STS 3963/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3963
No de Recurso: 222/2017 No de
Resolución: 949/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen. Jurisdicción: falta de
jurisdicción.
Estamos en presencia de un conflicto meramente declarativo en el que lo que
se pretende afecta directamente a la Administración demandada y no al sujeto
empleador del contrato de trabajo al que sólo le podría afectar una
modificación de la resolución administrativa.
Lo
que, en definitiva, pretendía la demanda era que las condiciones económicas
establecidas en la resolución de 2015 se aplicasen a los beneficiarios de las
ayudas de la resolución de 2014. Tal petición así condensada se articulaba en
el suplico de la demanda mediante las siguientes peticiones declarativas: a)
Que las Resoluciones de 19/11/2015 y 18/11/2013 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, regulan la misma ayuda. b)
Que la Resolución de 19/11/2015, y en particular su art. 4, que contempla una
dotación superior para las ayudas FPU, en relación con la Resolución de
18/11/2013, debe interpretarse en el sentido de que el incremento allí
previsto resulta aplicable a los beneficiarios de una ayuda de una
convocatoria anterior. c) Que, en consecuencia, dicho incremento es aplicable
a los contratados predoctorales de segundo año que han accedido al programa a
través de la Convocatoria de 2014. d) Que tal diferencia retributiva -que se
produce cuando, durante el período 2016-2017, los contratados predoctorales
de segundo año vinculados a la Convocatoria de 2014 perciben una retribución
inferior (de 1.025 euros), frente a los contratados de primer año que han
accedido a la FPU mediante la Convocatoria de 2015 (1.173 euros)- constituye
una discriminación salarial ilícita, que vulnera el principio de igualdad. e)
Y se reconozca el derecho del personal afectado por el presente conflicto a
la aplicación del incremento de la dotación de la ayuda FPU que se ha
producido en noviembre de 2015, para quienes accedieron al programa en la
Convocatoria del 2014, y en consecuencia se declare su derecho a percibir la
cuantía de 1.173 euros por catorce pagas durante el segundo año de actividad
laboral formativa".
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LIBERTAD DE
CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES
STJUE 06/12/2018
Procedimiento prejudicial —
Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva
2005/36/CE — Reconocimiento de títulos de formación obtenidos en
periodos de formación parcialmente superpuestos — Potestad de
verificación del Estado miembro de acogida»
En el asunto C‑675/17, que tiene
por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado,
Italia), mediante resolución de 12 de octubre de 2017, recibida en el
Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2017, en el procedimiento entre
Ministero della Salute y Hannes Preindl, el Tribunal de Justicia (Sala
Tercera) declara:
1) Los
artículos 21, 22 y 24 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, deben interpretarse en el sentido de que
obligan a un Estado miembro, cuya legislación prevé la obligación de
formación a tiempo completo y la prohibición de matriculación simultánea en
dos formaciones, a reconocer automáticamente títulos de formación
contemplados por esta Directiva y expedidos en otro Estado miembro tras
finalizar formaciones parcialmente concomitantes.
2) Los
artículos 21 y 22, letra a), de la Directiva 2005/36 deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro de acogida verifique
el cumplimiento de la condición con arreglo a la cual la duración total, el
nivel y la calidad de las formaciones a tiempo parcial no deben ser
inferiores a las formaciones a tiempo completo.
LIBERTAD DE
ESTABLECIMIENTO
STJUE 06/12/2018
«Procedimiento prejudicial —
Libertad de establecimiento — Fiscalidad directa — Impuesto sobre
la renta — Deducibilidad de las cotizaciones abonadas a un organismo
profesional de previsión y a un seguro privado de jubilación — Exclusión
para los no residentes»
En el asunto C‑480/17, que tiene por objeto una petición
de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por
el Finanzgericht Köln (Tribunal de lo Tributario de Colonia, Alemania),
mediante resolución de 3 de agosto de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia
el 9 de agosto de 2017, en el procedimiento entre Frank Montag y Finanzamt
Köln-Mitte.
el Tribunal de Justicia (Sala
Décima) declara:
El artículo 49 TFUE debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado
miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual
un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto
sobre la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible del
impuesto sobre la renta el importe de las cotizaciones obligatorias abonadas
a un organismo profesional de previsión, en la proporción correspondiente a
la parte de los rendimientos sujetos al impuesto en ese Estado miembro cuando
estos presentan un vínculo directo con la actividad que ha generado ese rendimiento,
mientras que un contribuyente residente, sujeto al impuesto sobre la renta
por obligación personal, puede deducir tales cotizaciones de la base
imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los límites previstos por el
Derecho nacional.
El artículo 49 TFUE debe
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado
miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual
un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto sobre
la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible sobre la
renta el importe de las cotizaciones complementarias abonadas a un organismo
profesional de previsión y el de las cotizaciones abonadas en el marco de un
seguro privado de jubilación, mientras que un contribuyente residente, sujeto
al impuesto sobre la renta por obligación personal, puede deducir tales
cotizaciones de la base imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los
límites previstos por el Derecho nacional.
PRINCIPIO DE PRIMACÍA
STJUE 4/12/2018
Procedimiento prejudicial —
Igualdad de trato en materia de empleo — Directiva 2000/78/CE —
Prohibición de discriminación por razón de la edad — Selección de
los agentes de policía — Órgano nacional creado por la ley a fin de
garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en un ámbito
específico — Facultad de dejar inaplicada la legislación nacional
contraria al Derecho de la Unión — Primacía del Derecho de la Unión»
En el asunto C‑378/17, que tiene por objeto una petición
de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por
la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), mediante resolución de 16 de
junio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de junio de 2017, en
el procedimiento entre Minister for Justice and Equality, Commissioner of An
Garda Síochána, Workplace Relations Commission, con intervención de:
Ronald Boyle y otros.
el Tribunal de Justicia (Gran
Sala) declara:
El Derecho de la Unión, y, en
particular, el principio de primacía de este Derecho, debe interpretarse en
el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en
el litigio principal, en virtud de la cual un órgano nacional, creado por la
ley a fin de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en un ámbito
específico, carece de competencia para decidir dejar inaplicada una norma de
Derecho nacional contraria al Derecho de la Unión
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LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
STEDH 04/12/2018.
Caso Magyar Jeti zrt c. Hungría
Resumen: Libertad de
expresión: violación
del artículo 10 (libertad de expresión) del CEDH.
En ese caso, la empresa
demandante fue condenada por publicar un hipervínculo a un entrevista en YouTube que luego se
descubrió que tenía contenido difamatorio.
El TEDH destaca la importancia de
los hipervínculos para el buen funcionamiento de Internet y los distingue de
los modos tradicionales de publicación en que dirigen a los los internautas a
los contenidos disponibles en lugar de proporcionárselos.
Precisando su jurisprudencia sobre
estos temas, el TEDH enumera los elementos a ser considerados bajo la óptica
del Artículo 10 en el análisis de la cuestión de si la publicación de un
hipervínculo puede suponer la responsabilidad de su autor, y
concluye que se requiere un examen individual en cada caso concreto.
El Tribunal observa que la
legislación nacional húngara al establecer la responsabilidad
objetiva de los organismos difusores de material difamatorio, excluye la
posibilidad de cualquier examen real del derecho de la sociedad demandante a
la libertad de expresión, mientras que los tribunales internos deberían haber
analizado minuciosamente esta cuestión.
Tal responsabilidad objetiva por
la publicación de hipervínculos puede afectar la circulación de información y
desalentar a los autores y editores de artículos de usarlos si no pueden
controlar la información a la que dirigen estos enlaces. Ello puede
tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión on line. Concluye,
por lo tanto, que los derechos de la empresa
demandante han sido indebidamente restringidos.
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