lunes, 16 de marzo de 2020

Blog de la Comisión Social de Juezas y Jueces para la Democracia


Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Social de Juezas y Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad social, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.



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lunes, 18 de noviembre de 2019

NEWSLETTER LABORAL lunes 18 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 238
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domingo, 17 de noviembre de 2019

ST. 672/2019, de 1 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo Social.


Indemnización de daños y perjuicios: el día de inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de reclamación de daños y perjuicios frente a la demandada, derivados de la exclusión de la bolsa de empleo,  no es el día en el que recayó sentencia reconociendo el derecho del trabajador a la inclusión en dicha bolsa sino el día en que dicha sentencia adquirió firmeza. 

sábado, 16 de noviembre de 2019

NEWSLETTER LABORAL sábado 16 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 238
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ST de 5 de noviembre. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Herbai c. Hungría

Libertad de expresión (art.10 CEDH). Violación existente.  .
El caso trata sobre el despido del demandante de su puesto en el Departamento de Recursos Humanos de un banco porque colaboraba en un sitio web dedicado a cuestiones de recursos humanos.
En particular, el Tribunal determinó que los tribunales nacionales no  ponderaron proporcionadamente el derecho del solicitante a la libertad de expresión y el derecho del banco a la protección  de sus legítimos intereses comerciales.
En particular, considera el TEDH  que los artículos sobre temas interesantes para un público profesional se hallan bajo el amparo  de la libertad de expresión, simplemente porque forman parte de un debate general de interés público
. El demandante afirma que los artículos que escribió para el sitio web estaban dedicados a asuntos de interés profesional y público en lo que respecta a las modificaciones legislativas sobre el impuesto sobre la renta, pero de una forma general y no en relación concreta con su empleador. Pero el
los tribunales han ignorado la violación de su derecho a la libertad de expresión
disparo.
El Gobierno considera que los artículos no estaban protegidos la libertad de expresión.
ya que no contribuyeron a un debate sobre una cuestión de interés público. En cualquier caso el Tribunal Constitucional resolvió conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Europeo
El TEDH considera que debe examinar si los tribunales han ponderado  libertad de expresión del demandante en el contexto de su relación profesional, con el derecho del empleador a la protección de sus intereses comerciales.
El TEDH señala cuatro elementos en cuanto al alcance de las posibles restricciones a la libertad  de expresión en el contexto profesional: la naturaleza de los comentarios; la intención del autor; el daño resultante y la severidad de la sanción.
En primer lugar, el Tribunal considera, al contrario que el Tribunal Constitucional, que
los comentarios en cuestión,  estaban dirigidos a un público profesional, y están protegidos por la libertad de expresión puesto que revisten los caracteres de una discusión o debate sobre asuntos de interés público.
En segundo lugar, si bien los comentarios motivados por conflictos o controversias personales no pueden gozar de un alto nivel de protección, el Tribunal señala que los tribunales nacionales no han visto ninguna intención de ese tipo en las manifestaciones del demandante
El TEDH hace suya la tesis del demandante, en el sentido de  que las cuestiones planteadas en el sitio web estaban relacionadas con una profesión y tenían por objetivo  compartir conocimiento
Con respecto a la tercera cuestión, el TEDH observa que los tribunales nacionales se han centrado en cuestión del daño potencial a los intereses comerciales legítimos del banco y en la posibilidad de que el demandante  divulgue información comercial confidencial. Pero mientras la legislación interna dota al empleador de cierta libertad para determinar qué comportamientos pueden afectar  negativamente a la  relación laboral  sin que se evidencie claramente la existencia de un daño, ni el empresario ni los tribunales internos han tratado de demostrar en qué extremos las manifestaciones del demandante habían podido causar perjuicio alguno al banco.  

Sobre la última cuestión, está claro que el solicitante sufrió una sanción grave porque perdió su trabajo sin que se tomara en consideración la posibilidad de adoptar medidas menos intrusivas o injerentes. 
Por lo tanto, el TEDH no aprecia  que se haya producida una verdadera ponderación de los intereses en liza, desde el momento en que los tribuanles superiores han concluido que no se hallaba en juego la libertad de expresión del Sr. Herbai o bien que no tenía el suficiente peso. 
El resultado del litigio laboral se basó exclusivamente en consideraciones contractuales entre el banco y el trabajador, privando a este último de todas garantía de la libertad de expresión. 
El Tribunal concluye que las autoridades nacionales no han demostrado de manera convincente que la desestimación de la demanda de despido del Sr. Herbai se basara en una justa ponderación de los intereses en conflicto, por lo que concluye que hubo violación del art.10 CEDH



viernes, 15 de noviembre de 2019

ST. 707/2019, de 10 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo Social.

Responsabilidad en el pago de prestaciones: la correspondiente Mutua colaboradora con la Seguridad Social no tiene derecho a recuperar una parte del capital coste cuando el mismo corresponde a una incapacidad permanente total (IPT) por accidente laboral, incrementada luego en el 20% ("IPT cualificada") y que posteriormente evoluciona hacia una Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) derivada de contingencia común. 

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NEWSLETTER LABORAL viernes 15 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 237
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jueves, 14 de noviembre de 2019

ST. 733/2019, de 23 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo Social.


El agotamiento de la Renta Básica de Inserción (RAI) equivale al de una prestación por desempleo, a efectos de devengar el subsidio para mayores de 55 años. 

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NEWSLETTER LABORAL jueves 14 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 236
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miércoles, 13 de noviembre de 2019

ST. 3440/2019, de 8 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo social

Jurisdicción: impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social, excluidos los prestacionales: corresponde a la jurisdicción social. Acto administrativo sancionador que no incluye la liquidación de cuotas, ni la controversia suscitada por la empresa sancionada guarda relación alguna con la regularidad de dichas cuotas. 

Se sanciona por el 22.3 LISOS define como infracción grave "No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del art. 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria". 

martes, 12 de noviembre de 2019

NEWSLETTER LABORAL martes 12 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 234
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ST. 645/2019, de 19 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Interpretación del I Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva (BOE 22/3/2016) - en adelante, ICCRC-, en lo que se refiere a la retribución de los trabajadores de nueva contratación que realizan funciones de monitores, y que prestan servicios en empresas que vinieren aplicando los convenios colectivos sectoriales de hostelería de cada territorio. 
Los contratados a partir de la entrada en vigor del ICCRC no han de ser retribuidos conforme a lo previsto en el mismo, sino que deben regirse por lo dispuesto en los convenios de hostelería que se venían aplicando y hasta que vaya entrando progresivamente en vigor el ICCRC en cada territorio, de la misma forma que así se contempla para los trabajadores contratados con anterioridad

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lunes, 11 de noviembre de 2019

NEWSLETTER LABORAL lunes 11 de noviembre 2019

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia
 

 Nº 233
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ST. 681/2019, de 2 de octubre. Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Condición más beneficiosa: derecho del colectivo afectado a recibir la Cesta de Navidad y a ser compensados los trabajadores en la cantidad de 60 euros por la dejada de entregar en 2017,   

La referida continuidad, prolongada durante mucho tiempo, en la concesión empresarial se corrobora en su naturaleza, al resultar atribuida a otros colectivos y no la desmiente la minoración puntual en la anualidad precedente a su supresión. Tampoco lo haría el dato que trató de introducirse acerca de la carencia de un abono proporcional al finalizar la relación laboral -fracasado al no ser suficiente para alcanzar el contenido propuesto, pues un mínimo muestreo no acredita el hecho de que la empresa nunca lo hiciese así, ni enervaría la eventual existencia de otras formas de compensación, ni tampoco una posterior reclamación-, dado que la entrega se ha venido efectuando con la repetida regularidad con motivo concreto: la introducción de un beneficio concreto por la celebración de las fiestas navideñas. 

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ST. de 5 de noviembre de 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala)

Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios polacos — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada la nueva edad de jubilación supeditada a la autorización del ministro de Justicia — Artículo 157 TFUE — Directiva 2006/54/CE — Artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f) — Prohibición de las discriminaciones por razón de sexo en materia de retribución, empleo y ocupación — Establecimiento de edades de jubilación diferentes para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios polacos y en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal»
En el asunto C‑192/18, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 15 de marzo de 2018, Comisión Europea, representada por las Sras. A. Szmytkowska, K. Banks y C. Valero y el Sr. H. Krämer, en calidad de agentes, parte demandante, contra República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Majcher y S. Żyrek, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. W. Gontarski, avocat.
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)      La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 157 TFUE y de los artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, al establecer en el artículo 13, puntos 1 a 3, de la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y otras leyes), de 12 de julio de 2017, una edad de jubilación diferente para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios y en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal.
2)      La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al facultar al ministro de Justicia, mediante el artículo 1, punto 26, letras b) y c), de la Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y otras leyes, de 12 de julio de 2017, para autorizar o denegar la prórroga del ejercicio del cargo de los jueces de los tribunales ordinarios una vez alcanzada la nueva edad de jubilación de estos, reducida por el artículo 13, punto 1, de esta misma Ley.
3)      Condenar en costas a la República de Polonia.




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