NEWSLETTER LABORAL jueves 1 de julio 2020

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia 

Nº 154
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NEWSLETTER LABORAL miércoles 1 de julio 2020

Diario de información laboral y de Seguridad Social 
Comisión Social Juezas y Jueces para la Democracia 

Nº 153
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ST. de 3 de junio de 2020, Juzgado social único de Teruel

La magistrada del Juzgado de lo Social nº 1 de Teruel dicta una de las primeras sentencias en las que se analiza la vulneración de derechos fundamentales durante la crisis sanitaria del Covid19 por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En la Sentencia, tras adecuar el procedimiento al cauce del conflicto colectivo y examinar -con resultado positivo- su competencia objetiva y territorial, desestima las excepciones de litisconsorcio pasivo necesario (con la Administración General del Estado) y la falta de jurisdicción alegada por las demandas. En cuanto al fondo de la cuestión litigiosa analiza la protección de la salud como derecho íntimamente ligado al derecho fundamental del artículo 15 CE (integridad física); recuerda la necesaria aplicación al supuesto de hecho de la LPRL y concluye que no existe fuerza mayor imprevisible e inevitable que permita eximir a las demandadas de su obligación de observar y cumplir tal normativa de prevención de riesgos laborales respecto de sus empleados. Todo ello determina que se estime la demanda y se acojan las pretensiones del sindicato demandante considerando vulnerando el derecho fundamental a la integridad física al valorar que existía un grave riesgo de los sanitarios en el desarrollo de su trabajo que debía evitarse por las demandadas y que éstas no protegieron suficientemente.

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Prontuario Jurisprudencia Social mayo 2020

RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL. MAYO 2020 

Carlos Hugo Preciado Domenech. Magistrado TSJ Cataluña

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ST. de 6 de marzo de 2020, Juzgado de lo social 34 de Madrid

En esta sentencia el Magistrado de Instancia analiza, tras adecuar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo al ordinario de declaración de cesión ilegal, el supuesto en el que la empresa, con base en una cláusula contractual que se declara nula en la Sentencia, nova la persona del empleador, sin consentimiento del trabajador y sin darse el presupuesto legal de sucesión empresarial. Condena a las empresas codemandadas a adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la cesión ilegal operada a abonar al actor la indemnización de 12.500 € por los daños y perjuicios sufridos por el trabajador demandante. Condena a las codemandadas en costas y da cuenta a la Inspección de Trabajo ante la constancia de indicios de ilícitos administrativos

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Revista Jurisdicción Social Abril 2020

Revista de la Jurisdicción Social. 
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Las excepcionales “medidas de conciliación laboral” en el artículo 6 del RDL 8/2020: Comentario de urgencia

En este mismo número, Carlos H. Preciado nos brinda un magnífico análisis del conjunto de medidas laborales y de seguridad social contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Yo me propongo, en forma complementaria, centrar mi análisis en los derechos de adaptación y de reducción de jornada regulados en el art. 6 del RDL 8/2020, ahondando en la dinámica de ambos derechos y poniendo en común alguna duda o punto crítico que se puede plantear en su inmediata aplicación práctica y posterior revisión judicial

Para ello, una vez explicada y comentada la justificación y duración de las medidas de conciliación y la estructura de la norma que las regula, procederé –metodológicamente- a analizar cada uno de sus cuatro apartados

Joan Agustí Maragall 

Magistrado especialista. TSJ de Catalunya

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Medidas ante el estado de alarma. Análisis de la protección al trabajador. La delgada línea entre la salud laboral y la salud pública

En estos momentos de estado de alarma, se han suscitado diversos problemas en tanto dicha declaración no ha supuesto el cierre de todas las actividades, sino que ha dejado sectores productivos en pleno funcionamiento. Ante esta situación rápidamente se puso encima de la mesa el derecho del trabajador a su integridad física, y su relación con la paralización de actividades productivas prevista en el artículo 21 LPRL. El estado de alarma se declaró con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

El 16 de marzo se adoptó el acertado criterio operativo de la Inspección de Trabajo Criterio Operativo nº 102/2020 Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), que mantiene el criterio ya emitido en su día con ocasión de la Gripe A Criterio Operativo nº. 80/2009 de 30 de septiembre Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas de la Gripe A (H1N1), aunque con alguna novedad añadida, ya que el criterio operativo 102/2020 ha incluido en esta ocasión la referencia a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública «BOE» núm. 240, de 5 de octubre la cual hace referencia a la suspensión o cierre por parte de la autoridad sanitaria de centros de trabajo, establecimientos o empresas en relación con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, como es el caso del estado de alarma en el que nos encontramos

Juan Gómez Arbós 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

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Revista Jurisdicción Social Marzo 2020

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Guía orientativa de la incidencia del coronavirus en las relaciones laborales

Los órganos judiciales laborales actúan reactivamente a la razón práctica jurídica, o lo que es lo mismo: las opciones elegidas en el mundo del trabajo son fiscalizadas por los jueces. No decimos lo que hay que hacer sino si lo que se ha hecho es ajustado a derecho. Es una consecuencia de nuestro sistema jurídico continental profundamente legalista.

Ahora bien, en esta ocasión y ante la situación tan excepcional que estamos afrontando en relación al coronavirus COVID-1, que ha sido valorada de emergencia de salud pública de importancia internacional, y al cobijo de los Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19; nos permitimos realizar una evaluación o guía orientativa de diversos supuestos que pueden generarse respecto a las relaciones laborales.

Dejamos al margen el ámbito de la Administración Públicas y las relaciones de empleo público.

Florentino Eguaras Mendiri
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Sala Social

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Solidemia

Poco podrán aportar estas líneas sobre la epidemia de COVID-19, que se inició con un primer caso el 17/11/19 en Wuhan que, a velocidad de vértigo, fue declarada pandemia por la OMS el 11/03/20, y que el 15/03/20 ha provocado la -ya anunciada- segunda declaración de un estado de alarma en el Reino de España desde 1978 (RD 463/2020, de 14 de marzo).

La primera fue un engorroso conflicto laboral con los controladores aéreos que iba a fastidiar muchas vacaciones de semana santa de la gente bien y que fue resuelta -a lomos del caballo de Pavía- acudiendo a la declaración del alarmante estado. La comparación habla por sí sola, y nos recuerda esta costumbre tan española de acabar con las sufridas pulgas acudiendo a la artillería antiaérea.

El confinamiento de la población ya ha sido primero recomendado y después decretado por las autoridades. Esas mismas autoridades que hace 6 días asistieron y se fotografiaron en la manifestación del 8-M. Lo primero sin lo segundo, obviamente carecería de todo sentido.

Carlos Hugo Preciado Domènech 

Doctor en derecho. Magistrado Especialista en el Orden Social. TSJ Catalunya

Artículo publicado en sinpermiso.info

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Análisis del RD-Ley 8/20, por Carlos H. Preciado Domènech

Carlos Hugo Preciado Domènech 
Doctor en derecho. Magistrado Especialista en el Orden Social. TSJ Catalunya

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El coronavirus desde la trinchera judicial

Trabajo como magistrada titular del Juzgado Social nº 1 de Madrid desde hace dos años.

Estoy ubicada en un edificio de 9 plantas.

Hace años un compañero murió por un infarto: no había desfilibradores. Ahora ya los tenemos.

Amaya Olivas Díaz

Juzgado Social 1 de Madrid

Artículo publicado en ctxt

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CGPJ deja sin efecto permisos y licencias

El CGPJ deja sin efecto los permisos y licencias de Jueces/as y Magistrados/as cuyo disfrute impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales.

Sigue leyendo la nota de prensa aquí

Aspectos laborales y de seguridad social del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

Aspectos laborales y de seguridad social del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del CODVI 19.

Por Carlos Hugo Preciado Domènech

Magistrado especialista de la Sala Social del TSJ de Catalunya

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