JURISPRUDENCIA
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COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
STC 78/2018, de 5 de julio
Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 13 y
36 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017.
Competencias
sobre ordenación general de la economía, hacienda general y función pública:
nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la oferta de empleo
público de 2017 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de
necesidades de personal (STC 142/2017). Voto particular.
COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
STC 76/2018, de 5 de julio
Conflicto positivo de competencia 1866-2016.
Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con
diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Competencias
sobre sanidad y productos farmacéuticos: nulidad parcial de un precepto del
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y
productos sanitarios; nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a
la administración del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas.
GARANTÍAS FRENTE A INSOLVENCIA DEL EMPRESARIO
«Procedimiento prejudicial — Política
social — Protección de los trabajadores asalariados en caso de
insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículos 3
y 4 — Toma a cargo de los créditos de los trabajadores asalariados
por las instituciones de garantía — Limitación de la obligación de pago
de las instituciones de garantía — Exclusión de los créditos salariales
nacidos más de tres meses antes de la inscripción en el Registro Mercantil de
la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia»
En el asunto C‑338/17, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven
administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo,
Bulgaria), mediante resolución de 31 de mayo de 2017, recibida en el Tribunal
de Justicia el 7 de junio de 2017, en el procedimiento entre Virginie
Marie Gabrielle Guigo y Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i
sluzhitelite», el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
La Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe
interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como el
artículo 4, apartado 1, de la Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite
i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (Ley sobre la protección
de los créditos de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del
empresario), que no garantiza los créditos salariales de los trabajadores asalariados
cuya relación laboral se haya extinguido más de tres meses antes de la
inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del
procedimiento de insolvencia de su empresario.
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CONVENIO COLECTIVO
Roj:
STS 2741/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2741
No
de Recurso: 427/2017 No de Resolución: 588/2018
Ponente:
ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen:
Convenio colectivo: La cuestión planteada consiste en determinar qué ocurre
cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que
prevea solución alguna. Se aplica, de haberlo, el
convenio superior. Se aplica la previsión contenida en el artículo 86.3 ET
según la que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que
se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél
perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el
convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación"; sin que
pueda prescindirse de tal previsión, y seguir
aplicándose el convenio anterior.
La regla de la ultraactividad esté concebida,
como norma disponible para la autonomía colectiva, para conservar
provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientas continúe la
negociación del convenio siguiente, durante un determinado tiempo que la ley
considera razonable, pero no para cubrir vacíos normativos surgidos como
consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado, ni
para perpetuarse eternamente.
El legislador al objeto de evitar el vacío
normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del convenio,
establece la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de
aplicación. En este caso, no existe una sucesión natural de un convenio de
ámbito inferior por otro de ámbito superior, sino una sustitutio in
integrum del convenio inferior por el convenio de ámbito superior que
pasa a ordenar, de manera independiente, las relaciones laborales de la
empresa. No existe, pues, contractualización del convenio cuya vigencia ha
terminado sino su total desaparición del ordenamiento jurídico por
decaimiento de su vigencia y completa sustitución por el de sector.
La regulación del régimen de ultraactividad legal
implica, como impone el artículo 86.3 ET , que transcurrido un año desde la
denuncia del convenio " se aplicará, si lo hubiere, el convenio
colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación". La claridad de la
voluntad del legislador resulta palmaria de la propia construcción normativa
y de las exposiciones de motivos de las normas reformadoras. Éstas, con el fin
de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva
a los cambiantes escenarios económicos y organizativos, introducen
modificaciones respecto a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo.
Se pretende, en primer lugar, incentivar que la renegociación del convenio se
adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto del
convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un
proceso de renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando
ello no resulte posible, se pretende evitar una "petrificación" de
las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso
el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad
del convenio a un año Parece evidente que a tal finalidad y, especialmente, a
la de evitar vacíos normativos responde el mandato legal de aplicación, si lo
hubiere, del convenio superior que resultase de aplicación. La solución legal
implica tener que establecer si existe o no existe un convenio de ámbito
superior y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, el aplicable.
En el presente supuesto ni hay duda sobre la
existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el existente resulta
aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma legal en su
plenitud, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al
precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del Derecho del
Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta Sala en un supuesto específico
en que se produjo un vacío normativo absoluto y la única alternativa posible
era la desregulación cuyas consecuencias resultan especialmente extrañas en
el ámbito de las relaciones laborales.
Voto particular de la Excma. Sra. Rosa María Virolés
Piñol.
Roj: STS 2738/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2738
No
de Recurso: 663/2017 No de Resolución: 603/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen:
Convenio colectivo: La cuestión planteada consiste en determinar qué ocurre cuando un
convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que prevea
solución alguna. Se aplica el convenio superior. Se aplica la previsión
contenida en el artículo 86.3 ET según la que "transcurrido un año desde
la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado
un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se
aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera
de aplicación"; sin que pueda prescindirse de tal previsión, y seguir aplicándose el convenio anterior.
DESEMPLEO
Roj:
STS 2739/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2739
No
de Recurso: 490/2017 No de Resolución: 658/2018
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen:
Desempleo: compatibilidad de la prestación con trabajos agrícolas por cuenta
propia de rendimiento insignificante. La regla general de la incompatibilidad
se ha de matizar "en casos extremos en los que los rendimientos
generados por la actividad económica que pudiere haber llevado a cabo el
perceptor de las prestaciones de desempleo son especialmente insignificantes,
ridículos y de tan escasa relevancia, que no permiten siquiera que pudieran
considerarse como fruto de una verdadera actividad laboral.
Reitera doctrina: STS/4a de 5 abril 2017
Roj:
STS 2751/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2751
No
de Recurso: 144/2017
No
de Resolución: 633/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen:
Salarios: derecho del personal laboral docente y no docente procedente de las
Escuelas Itsasmendikoi, a percibir las retribuciones previstas en el Acuerdo
de 10 de agosto de 2012, incrementadas con el 5% de reducción salarial que se
les aplicó en su momento, y sin perjuicio de los también incrementos que
hayan obtenido desde esa fecha.
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SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES
Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la
Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Libertad de
circular y residir en los Estados miembros — Seguridad social —
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Asistencia social —
Prestaciones de enfermedad — Servicios a personas con
discapacidad — Obligación de un municipio de un Estado miembro de
conceder a uno de sus residentes la asistencia personal prevista por la
legislación nacional mientras cursa estudios superiores en otro Estado
miembro».
En el asunto C‑679/16, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein
hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo,
Finlandia), mediante resolución de 23 de diciembre de 2016, recibida en el
Tribunal de Justicia el 30 de diciembre de 2016, en el procedimiento
iniciado por A con intervención de:
Espoon kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto,
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1) El artículo
3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada
por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que
una prestación como la asistencia personal controvertida en el litigio
principal, que consiste, en particular, en el abono de los gastos generados
por las actividades cotidianas de una persona gravemente discapacitada que no
realiza ninguna actividad económica, con el fin de que pueda cursar estudios
superiores, no tiene cabida en el concepto de «prestación de enfermedad» en
el sentido de dicha disposición y, por tanto, está excluida del ámbito de
aplicación de ese Reglamento.
2) Los
artículos 20 TFUE y 21 TFUE se oponen a que a un residente de un
Estado miembro gravemente discapacitado se le deniegue, por su municipio de
residencia, una prestación como la asistencia personal controvertida en el
litigio principal con motivo de su estancia en otro Estado miembro para cursar
estudios superiores.
TRABAJO
DE DURACIÓN DETERMINADA
«Procedimiento
prejudicial — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada — Consecuencias de un despido
disciplinario calificado de improcedente — Concepto de “condiciones de
trabajo” — Trabajador indefinido no fijo — Diferencia de trato
entre el trabajador fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo —
Readmisión del trabajador o concesión de una indemnización»
En
el asunto C‑96/17,que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado
de lo Social n.º 2 de Terrassa (Barcelona), mediante auto de 26 de enero
de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de febrero de 2017, en el
procedimiento entre Gardenia Vernaza Ayovi y Consorci Sanitari de Terrassa,
46 Procede
considerar que, aunque el interés público, vinculado, en sí mismo, a las
modalidades de contratación de los trabajadores fijos, no justifica la
diferencia de trato controvertida, no es menos cierto que consideraciones
derivadas de las características del Derecho de la función pública nacional,
como las recordadas en los apartados 42 a 44 de la presente sentencia, pueden
justificar tal diferencia de trato. A este respecto, las consideraciones de
imparcialidad, eficacia e independencia de la Administración implican una
cierta permanencia y estabilidad en el empleo. Estas consideraciones, que no
tienen equivalente en el Derecho laboral común, explican y justifican los
límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos impuestos a
los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legislador
nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e
indemnización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente.
47 Por
consiguiente, es necesario considerar que la readmisión automática de los
trabajadores fijos forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto
de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentran los
trabajadores que no son fijos (véase, por analogía, la sentencia de 5 de
junio de 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390,
apartado 56).
48 En
estas circunstancias, cabe afirmar que la desigualdad de trato observada está
justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que
caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto
específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y
transparentes, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 39
de la presente sentencia.
(...)
El
Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada,
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional como
la controvertida en el litigio principal, según la cual, cuando el despido
disciplinario de un trabajador fijo al servicio de una Administración pública
es declarado improcedente, el trabajador debe ser readmitido
obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador temporal
o un trabajador indefinido no fijo que realicen las mismas tareas que el
trabajador fijo pueden no ser readmitidos y recibir como contrapartida una
indemnización.
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DERECHO A UN PROCESO JUSTO
STEDH 24/07/2018. Caso Negrea y
otras c. Rumanía
Resumen.
Derecho a un proceso justo. Violación existente por dilación indebida.
El asunto trata, entre otras alegaciones, de la
denuncia de discriminación indirecta por razón de etnia (romaní), en relación
al derecho a percibir pensiones de ayuda familiar.
El TEDH
considera, para empezar, que una duración de 7 años y nueve meses, no
justificada por la complejidad del
asunto ni por la conducta de los demandantes,
no responde a la exigencia de resolución en plazo razonable.
El TEDH considera, sin embargo, que en el
expediente no hay prueba alguna de que las personas pertenecientes a la etnia
romanía estén más afectadas que otras, por lo que no hay prueba de
discriminación indirecta. Para conlcuir, el TEDH constata que en el momento
de los hechos no había en Rumanía un recurso efectivo para denunciar una
duración excesiva del proceso.
Vulneración del art.6.1 Derecho a un proceso
justo en un plazo razonable
Vulneración del art.13 (Derecho a un recurso
efectivo)
STEDH 24/07/2018. Caso Bartaia
c. Georgia
Resumen.
Derecho a un proceso justo. Violación existente por dilación indebida.
El asunto trata, entre otras alegaciones, de la
denuncia de discriminación indirecta por solo solo en la audiencia. El Sr.
Bartaia también solicitó un aplazamiento argumentando que se negó a asistir a
la audiencia sin su abogado. La corte en concluye que esta negativa a
aparecer ascendió a una ausencia y emitió un juicio por defecto en el que
despidió al señor Bartaia. El abogado del Sr. Bartaia presentó una solicitud
para que se anulara dicha sentencia, sin el éxito. En particular, en mayo y
septiembre de 2005, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación
concluyeron que nada en la legislación nacional aplicable justificaba una
negativa a participar en una audiencia y que la presencia de un abogado en
otra audiencia no era una razón válido para anular una decisión dictada en
rebeldía. Además, consideraron que el juez de primera instancia había advertido al Sr. Bartaia de las
consecuencias de su negativa a participar en la audiencia. Basándose en el
artículo 6 (derecho a una audiencia imparcial) del CEDH, el Sr. Bartaia alegó
que los procedimientos en su caso habían sido injustos .Adujo,
fundamentalmente, que la sentencia por incumplimiento se había dictado en su
contra sin que él pudiera tomar parte en el procedimiento en igualdad de
condiciones con la otra parte, que habría estado representada por un abogado,
y que se le había privado de la oportunidad de obtener un nuevo examen de su
caso.
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