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CONTRATO FIJO-DISCONTINUO
STS 12/09/2018
Roj: STS 3362/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3362
No de Recurso: 3300/2017
No de Resolución:
828/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Contrato
fijo-discontinuo: se
desestima la pretensión de los trabajadores -que ostentan la condición de
indefinidos discontinuos- de que, tanto a efectos económicos, como de
promoción, se compute su antigüedad desde la fecha de inicio de la relación
laboral con la demandada, sin descuento de los periodos en que no hubo
llamamiento. La antigüedad se computa sólo por el tiempo de
prestación efectiva, es decir, sólo el tiempo de trabajo efectivo durante los
meses de cada campaña anual, y no toda la anualidad completa, con inclusión
de los periodos en los que no se trabaja.
Reitera doctrina: STS 18 enero de
2018, rcud 2853/2015
STS 12/09/2018
Roj: STS 3388/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3388
No de Recurso: 2784/2017
No de Resolución:
827/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen:Contrato
fijo-discontinuo: se
desestima la pretensión de los trabajadores -que ostentan la condición de
indefinidos discontinuos- de que, tanto a efectos económicos, como de promoción,
se compute su antigüedad desde la fecha de inicio de la relación laboral con
la demandada, sin descuento de los periodos en que no hubo llamamiento. La
antigüedad se computa sólo por el tiempo de prestación efectiva,
es decir, sólo el tiempo de trabajo efectivo durante los meses de cada
campaña anual, y no toda la anualidad completa, con inclusión de los periodos
en los que no se trabaja.
Reitera doctrina: STS 18 enero de
2018, rcud 2853/2015
CONVENIO COLECTIVO
STS 25/07/2018
Roj: STS 3361/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3361
No de Recurso: 664/2017 No de
Resolución: 809/2018
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Convenio Colectivo: se discute el convenio
aplicable para la fijación del salario base del despido. El convenio que
resultaba de aplicación inicialmente perdió su vigencia y existía un convenio
colectivo superior.
En el caso de autos, ni
hay duda sobre la existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el
existente resulta aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la
norma legal en su plenitud, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas
extrañas al precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del
Derecho del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta Sala en un supuesto
específico en que se produjo un vacío normativo absoluto y la única
alternativa posible era la desregulación cuyas consecuencias resultan
especialmente extrañas en el ámbito de las relaciones laborales.
Reitera doctrina: SSTS, Pleno,
30/05/2018 (RCUD 2730/2016 ); 05/06/2018 (RCUD 364/2017 ), 07/06/2018 (RCUD
663/2017 ); 21/06/2018 (RCUD 2602/2016 ) ...... ( RCUD 523/17 ) .... ( RCUD
427/2017
COSTAS
STS 20/09/2018
Roj: STS 3453/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3453
No de Recurso: 56/2017
No de Resolución:
850/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA
DE LA SERRANA
Resumen: Costas: procede la condena en costas de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid (SERMAS) cuando ha
intervenido procesalmente en su posición de empleadora.
RECTIFICA DOCTRINA: la doctrina anterior sostenía
que " no es relevante que la entidad demandada no actúe aquí en
el ámbito de la gestión de la prestación, sino en materia de personal, porque
el beneficio de justicia gratuita se refiere a toda actuación procesal y no
únicamente a la que es propia de la prestación sanitaria de la Seguridad Social
( artículo 2.b) de la Ley 1/1996 , de asistencia jurídica gratuita)»
(literalmente STS 04/12/09 -rcud 1520/09 -). SSTS 20/05/04
-rcud 2946/03-, 10/11/04 -rcud 299/04-, 21/12/04 -rcud. 316/04-, 22/12/04
-rcud. 4509/03-, 27/12/04 -rcud. 394/04-, 15/02/05 - rcud. 3043/03-, 27/02/06
-rcud. 5093/04-; 19/04/07 -rcud 1376/06-, 24/07/07 -rcud 1244/06 -, 16/11/07
-rcud 2028/06 -, 19/12/08 -rcud 337/08-, 17/09/09 -rcud 4455/08-, 04/12/09 -
rcud 1520/09-, 15/06/10 -rcud 2395/09-, 04/07/12 -rcud 3635/11-, 16/07/15 -rcud
2945/14-, 15/11/16 -rcud 74/15-, 23/03/17 -rcud 1268/15-, 25/04/2017 -rcud
4084/2015-, 23/11/2017- rcud 3029/2015-
En la NUEVA DOCTRINA se sostiene que no son
entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de
justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las
entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos
creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que
su pertenencia al SNS les impone en orden al deber de prestar asistencia
sanitaria que les impone la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una
naturaleza jurídica distinta y en la materia, costas por actuaciones en
procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al
Estado y demás Administraciones y entidades públicas.
Aplica nueva doctrina: La aplicación de la anterior
doctrina al presente caso nos obliga a desestimar el recurso del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS), por ser un Ente de Derecho Público, creado por
la Comunidad de Madrid que, conforme a su propia normativa, actúa con
carácter general sujeto al derecho privado y sometido al derecho público
cuando ejerce potestades administrativas, así como cuando administra su
patrimonio o responde patrimonialmente ante terceros, cual se deriva de lo
dispuesto en los artículo 58 a 61, ambos inclusive, de la Ley 12/2001, de 21
de diciembre de la Comunidad de Madrid, sobre Ordenación Sanitaria, así como
de los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 24/2008, de 3 de abril del Consejo de
Gobierno de la Comunidad, sin que se deba olvidar que sus fines y funciones
van más allá de la simple prestación de asistencia sanitaria, como muestran
los preceptos citados.
DESPIDO COLECTIVO
STS 25/09/2018
Roj: STS 3463/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3463
No de Recurso: 43/2018
No de Resolución:
861/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen. Despido colectivo:
Nulidad del despido colectivo por falta de concreción de los criterios de
selección de los afectados. Se desestima por que los criterios fueron
establecidos de modo válido, aunque no sean del agrado de quienes impugnan el
despido. Cosa distinta es que se cuestione el modo de aplicarlos, pero ese
debate queda al margen del procedimiento de impugnación del despido colectivo
como tal ( STS 26 enero 2016, rec. 144/2015, Unitono). En
ese sentido, el artículo 124.2 LRJS dispone que en ningún caso son objeto del
procedimiento de despido colectivo las pretensiones relativas a la
inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o
convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el periodo de
consultas pues " tales pretensiones se plantearán a través del
procedimiento individual".
Resume doctrina sobre criterios de
selección de afectados, que
dice:
Que las insuficiencias
documentales han de evaluarse con un criterio finalista y atendiendo al
conjunto de la documentación aportada.
Que el listado de trabajadores no
es suficiente, sino que debe incorporarse también la indicación de criterios
de selección de los despedidos.
Que el carácter genérico o
abstracto de los criterios no equivale a su ausencia.
Que la buena fe exige que los
representantes de los trabajadores negocien sobre los criterios propuestos
por la empresa, sin limitarse a cuestionar su insuficiencia, incluso aunque
sea con el respaldo en el Informe posterior de la Inspección de Trabajo.
Que no solo ha de valorarse la
aportación de criterios por parte de la empresa sino también su aceptación
para negociarlos.
Que solo la ausencia de tal
aportación de criterios da lugar a la nulidad del despido.
Nulidad por falta de buena fe en
la negociación: Desestimación. No está acreditado, en modo alguno
que la empresa tuviese ya designados a los trabajadores afectados antes del
inicio del periodo de consultas o durante el mismo.
Es verdad que no aportó la
información solicitada por la representación de los trabajadores acerca de
las horas ordinarias y extraordinarias, pero de tal hecho no puede derivarse
la mala fe negocial que se imputa. Primero, porque la empresa explicó su
negativa, señalando la imposibilidad de ofrecer esa información por carecer
de la herramienta ofimática necesaria. Segundo, porque tal información no es
exigida, ni por el Estatuto de los Trabajadores, ni por el Reglamento de Despidos
Colectivos (RD 1483/2012).
No puede hablarse de una postura
inamovible de la empresa.
Nulidad por falta de documentación
económica: desestimación porque a información
suministrada por la empresa fue suficiente para que la representación de los
trabajadores conociese las causas esgrimidas para proceder al despido
colectivo, y eso determinó que esta información que ahora se reclama como no
entregada, no fuera solicitada durante el periodo de consultas, lo que apoya
la conclusión de que era intrascendente.
Nulidad por falta de documentación
económica de las empresas del grupo: se estima.
aunque no tengan obligación de
consolidar cuentas y tampoco se aprecie la existencia de patología alguna,
las empresas que formen parte de un grupo y activen un despido colectivo por
causa económica han de acompañar las cuantas (en su caso auditadas) de las
demás mercantiles del grupo si tienen su domicilio social en España, operan
en el mismo sector de actividad y tienen saldos deudores o acreedores con
ellas.
Solo de ese modo puede haber
verdadera negociación, cumplirse la finalidad del periodo de consultas y, en
su caso, permitirse el control judicial de la causa, constitucionalmente
exigido para que la regulación legal sea válida.
Un incumplimiento de tal índole
(aunque sea por error, pues aparece aceptado por la empleadora recurrente, al
desplegar su equivocada argumentación) arrastra la nulidad del despido. La
concurrencia de esta causa de nulidad, sin embargo no debemos extenderla
sobre el despido en su conjunto sino que solo opera por cuanto respecta a la
causa económica.
Existen, sin embargo causas
productivas que se consideran probadas.
-Nulidad por selección
discriminatoria de trabajadores: Inexistencia. Resulta difícil
concebir que los criterios de selección, basados en las competencias de los
trabajadores (ponderadas por medio de coeficientes de importancia de cada una
de ellas), fijados en la aplicación Skill Matrix y con una nueva ponderación
de tres valores: índice de polivalencia (40%), número de operaciones con
aptitud (40%) y número de certificaciones (20%), pueda generar algún tipo de
discriminación, y más específicamente, la de afiliación sindical.
Frente al indicio de
discriminación aportado por el recurrente de que 17 de los 25 trabajadores
afectados por la medida extintiva están afiliados a CCOO (consideramos que
este sí es un indicio de discriminación), la empresa, no solo ha acreditado
la concurrencia de causas económicas y productivas (lo que sería
insuficiente) sino también (lo que resulta decisivo) la utilización de
criterios objetivos, razonables y no arbitrarios de selección.
- Causa productiva: concurre. Situación de importante
disminución de la previsión de producción para el futuro, y ello implica que
se produzca un desajuste entre la plantilla de la empresa y las necesidades
que tiene de producción pues, al recibir una cifra notoriamente menor de
encargos, los elementos que tiene que producir son muy inferiores en número,
lo que conlleva tener que prescindir de parte de la plantilla, habiendo
intentado sin éxito la empresa otras soluciones, como el ERTE mencionado,
siendo el 25% una cifra de trabajadores que no resulta inadecuada ni
desproporcionada para el descenso de alrededor del 50% en el volumen de
encargos y de consiguiente producción, sufridos.
Conclusión: el despido sería nulo si estuviera
basado sólo en causas económicas, pero al concurrir cauas productivas es
ajustado a derecho, situación de importante disminución de la previsión de
producción para el futuro, y ello implica que se produzca un desajuste entre
la plantilla de la empresa y las necesidades que tiene de producción pues, al
recibir una cifra notoriamente menor de encargos, los elementos que tiene que
producir son muy inferiores en número, lo que conlleva tener que prescindir
de parte de la plantilla, habiendo intentado sin éxito la empresa otras
soluciones, como el ERTE mencionado, siendo el 25% una cifra de trabajadores
que no resulta inadecuada ni desproporcionada para el descenso de alrededor
del 50% en el volumen de encargos y de consiguiente producción, sufridos.
DESPIDO
DISCIPLINARIO
STS 14/09/2018
Roj: STS 3364/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3364
No de Recurso: 3540/2016
No de Resolución:
834/2018
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Despido
disciplinario: cómputo
de plazo de prescripción. cómputo del plazo de prescripción largo comienza
desde que se cometió la falta y no cuando la empresa tuvo conocimiento de
ella. Y si bien cuando se trata de faltas cometidas de forma continuada en el
tiempo o faltas ocultadas, el día de inicio del plazo prescriptivo no es
aquel en que se cometió cada una de ellas, sino aquel en que fue cometida la
última o se tiene cabal y exacto conocimiento de ella, lo cierto es que ello
no habilita a la empresa para iniciar la investigación cuando lo tenga por
conveniente o para prolongar las averiguaciones indefinidamente.
Y aplicando dicha doctrina al caso
enjuiciado, señala que: Se imputa al actor en primer lugar la contratación
ilegal del Sr. Erasmo en mayo de 2010 y de la Sra. Florencia en octubre de
2010; y aun considerando que ello constituye una conducta continuada, no
consta que hubiera ocultación alguna por parte de la actor, que no tenía
poderes de la empresa para contratar, por lo que no es creíble que la
empleadora no tuviera conocimiento de esas dos contrataciones irregulares ni
que se desconociera que esas dos personas formaran parte de su plantilla, ni
que se realizaran pedidos ficticios a la empresa Bogmatic -que fue la que
contrató formalmente a esas personas- a efectos de abonar los salarios de
dichos empleados.
No obstante el conocimiento
obtenido por la empresa de denuncias de irregularidades a través de correos
electrónicos, según se constata acreditado (hecho probado decimosegundo,
folio 477 de las actuaciones), la empresa no inició ninguna actuación hasta
tiempo después.
Reitera doctrina: STS de 15/7/2003
(R. 3217/2002 )
DESPIDO OBJETIVO
STSS 18/09/2018
Roj: STS 3369/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3369
Nº de Recurso: 3451/2016
No de Resolución:
841/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: despido objetivo: alcance de las causas
organizativas como justificantes del despido objetivo y el alcance del
control judicial para valorar su concurrencia.
Es al juez, a quien corresponde
apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil, que por ser justa,
esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva
de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado
el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha
atribuido ( art 35.2 CE ). (STC 8/15 de 22 de enero y 192/2003, de
27 octubre).
Resume doctrina de la Sala IV:
alcance del control judicial en los despidos objetivos:
el control judicial sobre
calificación del despido incluye, necesariamente, el de apreciación de si
concurre una causa real y verosímil. Los motivos alegados han de ser reales,
actuales, proporcionales .La empresa no tiene un poder absoluto en orden a
configurar el tamaño de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a
todos los derechos e intereses en presencia.
A) El problema que
suscita la parte recurrente nos exige recordar nuestra doctrina sobre el
alcance del control judicial de los despidos de carácter económico o análogo.
Pese a las
rotundas afirmaciones de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley (y de
la posterior Ley 3/2012), no puede dudarse de la persistencia de un ámbito de
control judicial más allá del de la búsqueda de la concurrencia de la causa
como hecho, y ello, «no sólo por la concurrencia de los intereses
constitucionales [el derecho al trabajo; principio general de la limitación
legal del despido; interpretación acorde a la Constitución] y compromisos
internacionales que están en juego [arts. 4 y 9 Convenio 158 OIT], sino
también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los
derechos [exigencia de buena fe e interdicción del abuso del derecho o su
ejercicio antisocial], que en su conjunto nos obliga a excluir como admisible
interpretación que el Preámbulo de la Ley 3/2012 consagra una facultad
empresarial, la de extinción de contratos de trabajo mediando determinada
causa legal, que se declara exenta de los límites propios de cualquier otro
derecho, constitucional y ordinario, y que puede ser ejercido extramuros de
la buena fe, de forma abusiva o antisocial; tal interpretación no solamente
sería rechazable por contraria a los valores constitucionales citados y a
alguno más, sino que resulta inadmisible en un Estado social y democrático de
Derecho [ art. 1 CE ], resultando más acomodado a la Constitución entender
-porque la literalidad del texto lo permite- que la referida Ley 3/2012
únicamente prohíbe los «juicios de oportunidad» que censura y que -por supuesto-
sujeta el derecho de extinción contractual al condicionamiento de que su
ejercicio sea ejercido ... en forma ajustada a los principios generales del
Derecho» ( STS/4a/Pleno de 17 julio 2014 -rec. 32/14 - y 20 octubre 2015
-rec. 172/2014 -).
B) También hemos
precisado que, si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa
"idoneidad" de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco
censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial (
STS/4a de 27 enero 2014 -rec. 100/2013 - y STS/4a/Pleno de 15 abril 2014
-rec. 136/2013 -, 23 septiembre 2014 -rec. 231/2013 -, 20 abril 2016 - rec.
105/2015 - y 20 julio 2016 -rec. 303/2014 -, así como la STS/4a de 12 mayo
2016 -rcud. 3222/2014 -), sí de excluirse en todo caso, como carentes de
"razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones
empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción
entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los
trabajadores ( STS/4a/Pleno de 26 marzo 2014 -rec. 158/2013 -).
C) En STS 24
noviembre 2015 (rec. 1681/2014, Pleno; King Regal, SA ) o
422/2016 de 12 mayo ( rec. 3222/2014; Eurest Colectividades,
S.L .) y 1016/2016 de 30 noviembre ( rec. 868/2015 ; Hearst
Magazines, SL) añadimos lo siguiente:
Queda
normativamente reconocida la discrecionalidad -que no arbitrariedad- del
empresario en la gestión de las medidas frente a la situación de crisis.
Ahora bien, eso no significa que el poder del empresario sea absoluto e
ilimitado. Una cosa es que se le permita, de manera amplia, gestionar las
crisis, adoptando al efecto las decisiones que estime más oportunas y
adecuadas para sus necesidades, decidiendo qué tipo de intervención realiza y
con qué alcance; y, otra bien distinta, es que ello le confiera un poder
absoluto de intervención en las condiciones de los trabajadores y en la
propia subsistencia de los vínculos contractuales. Con carácter general,
hemos señalado ya que no sólo cabe un control sobre la concurrencia de la
causa alegada, es necesario, además, un control de razonabilidad pleno y
efectivo sobre la medida extintiva comprobando si las causas alegadas y
acreditadas, además de reales, tienen entidad suficiente como para justificar
la decisión extintiva y, también, si la medida es plausible o razonable en
términos de gestión empresarial.
Habrá que atender
al sometimiento de la decisión a criterios de proporcionalidad, esto es, la
decisión empresarial debe ser adecuada a las circunstancias causales
concurrentes poniendo el acento en la realidad de la causa y en sus efectos
sobre los contratos de trabajo; limitándose el ulterior control judicial a la
valoración de la adecuación del volumen de empleo a la situación resultante
de la causa acreditada, de suerte que la causa económica, técnica,
organizativa o productiva actúe sobre la plantilla creando la necesidad de
reducir puestos de trabajo.
D) Las SSTS 30
junio 2015 (rec. 2769/2014 ) y STS 361/2016 de 3 mayo (rec. 3040/2014 )
recopilan abundante doctrina y concluye que: la pérdida o disminución de
encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa
productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción
contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en
cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de
trabajo entre los trabajadores.
Solución del caso concreto: Caería por su base toda la
arquitectura del despido (colectivo u objetivo) si la causalidad requerida
pudiera concurrir a partir de actos unilateralmente acordados por la
empleadora. La reducción de la capacidad productora a partir de la venta de
una parte de la infraestructura productiva serviría, de aceptarse la doctrina
contraria, no solo para eludir las normas sobre despido sino también para
evitar eventuales subrogaciones laborales, al desagregar los elementos
humanos y los materiales.
Nueva doctrina: una venta de parte
de la maquinaria utilizada como principal infraestructura productiva por la
empresa, en sí mismo, no constituye la causa organizativa que ampara la
extinción de los contratos de trabajo. Esa reducción de activos mobiliarios,
en su caso, puede constituir un indicio adicional de que hay disminución de
actividad o de que la situación económica es negativa; la conexión de
funcionalidad y la medición de la proporcionalidad deben valorarse respecto
de estos datos, no respecto de la minoración del parque de vehículos.
DISCAPACIDAD
STS 26/07/2018
Roj: STS 3360/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3360
No de Recurso: 1956/2016
No de Resolución: 810/2018
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Discapacidad: procede aplicar el criterio de
valoración de las deficiencias visuales del apartado 2.2.1 del Capítulo 12
del Anexo IA del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, a supuestos en
los que concurren déficits visuales en un ojo cuando el congénere es sano.
Cuando se presenta una disminución
de la AV (bultos en el caso que nos ocupa, con un 95% de deficiencia) y del
CV (inferior a 10o, con otro 95% de deficiencia) en un ojo, aunque el
congénere no presente ninguna, estamos ante el supuesto que se contempla en
el punto 2.2.1 en el que se dice expresamente lo siguiente: " Cuando
la disminución concéntrica del CV aparece en ojos que también presentan
déficit de AV, el porcentaje de deficiencia de la visión se determinará
calculando, por una parte, la deficiencia debida a la disminución de AV
binocular (tabla 1) y, por otra, la originada por el defecto de campo,
también binocular (tabla 1). Los valores hallados se combinarán utilizando la
tabla de valores combinados que se ofrece al final del Anexo I a".
Como hemos resumido anteriormente,
si en este apartado se viene a recoger un déficit visual que afecta al CV y a
la AV, esto es, ojos que tienen afectadas las dos variables o presentan dos
menoscabos, su regla es la que debe ser aplicada cuando un ojo presenta
disminución del CV y de AV y el congénere es sano.
ERROR JUDICIAL
STS 26/09/2018
Roj: STS 3457/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3457
No de Recurso: 12/2017
No de Resolución:
868/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Error Judicial: se desestima la demanda en cuya en
la súplica se solicita que declare que la empresa no ha acreditado
haber efectuado el pago de las comisiones que dice ha adelantado; que se
revoque la sentencia y que se devuelvan las actuaciones a la Sala de lo
Social para que dicte una nueva resolución "tomando como base las
declaraciones hechas en la sentencia revocatoria".
El objeto de este procedimiento no
es el de revocar la sentencia a la que se le imputa el error para ordenar al
órgano judicial que dicte una nueva resolución, sino el de dictar una
sentencia en la que directamente se reconozca la existencia de un error
judicial y que constituiría el título habilitante para reclamar al Estado de
los daños y perjuicios que pudiere haber sufrido el interesado.
EXCEDENCIA
VOLUNTARIA
STS 19/09/2018
Roj: STS 3374/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3374
No de Recurso: 491/2017 No de
Resolución: 817/2018
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Excedencia
voluntaria: el
demandante, excedente voluntario que ha concluido el periodo de excedencia,
tiene derecho al reingreso que le ha sido denegado por la empresa con base en
la inexistencia de vacante. El régimen sobre el que debe resolver
el derecho de reincorporación del excedente es el que se deriva de la Circular
de la empresa (B-147/87), mediante la cual se produce una mejora del régimen
jurídico de la excedencia voluntaria, que supera las condiciones legales,
convencionales y estatutarias establecidas. Dicha mejora, sigue diciendo
nuestra doctrina, implica un derecho a la reincorporación automática que solo
viene excepcionado por la doble posibilidad de negativa a la reincorporación
representada por el informe desfavorable o, alternativamente, la
improcedencia del reingreso a criterio conjunto de empresa y representación
laboral.
FOGASA
STS 18/09/2018
Roj: STS 3367/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3367
No de Recurso: 2110/2017
No de Resolución:
836/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: FOGASA: falta de contenido casacional del
primer motivoel silencio positivo opera cuando el FOGASA no ha dictado
resolución expresa dentro del plazo de que dispone para resolver las
solicitudes en reclamación de las prestaciones que debe garantizar a los
trabajadores que han tenido reconocidos unos créditos frente al empleador y
éste ha resultado insolvente, sin que la resolución denegatoria expresa
emitida cuando ya se ha sobrepasado ese plazo tenga eficacia para enervar el
derecho del trabajador ganado anteriormente por silencio. Y ello, aun cuando
lo solicitado exceda los límites establecidos en el art.33 ET.
En cuanto al segundo motivo, sobre
si las cantidades reconocidsas han de ser en importe bruto o neto, con
arreglo a la citada doctrina la resolución expresa -desestimatoria en todo o
en parte de la pretensión- dictada en plazo superior a los tres meses
establecidos en el RD 505/1985, carece de eficacia para enervar el derecho
del administrado ganado anteriormente por silencio positivo, derecho que
deberá entenderse reconocido en la dimensión postulada, y así en las cuantías
en su importe bruto y no neto.
Reitera doctrina: AATS 01/10/2014
(R. 1068/2014), 07/10/2014 (R. 1062/2014), entre otros y SSTS 29/04/2013 (R.
2492/2012 ), 17/09/2013 (R. 2212/2012 ), 15/01/2014 (R. 909/2013 ), y
10/02/2015 (R. 125/2014 ) entre otras].
STS 18/09/2018
Roj: STS 3446/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3446
No de Recurso: 2646/2017
No de Resolución:
846/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA
DE LA SERRANA
Resumen: FOGASA: el silencio positivo opera cuando
el FOGASA no ha dictado resolución expresa dentro del plazo de que dispone
para resolver las solicitudes en reclamación de las prestaciones que debe
garantizar a los trabajadores que han tenido reconocidos unos créditos frente
al empleador y éste ha resultado insolvente, sin que la resolución
denegatoria expresa emitida cuando ya se ha sobrepasado ese plazo tenga eficacia
para enervar el derecho del trabajador ganado anteriormente por silencio. Y
ello, aun cuando lo solicitado exceda los límites establecidos en el art.33
ET. el hecho de que se hayan otorgado derechos superiores o no previstos
legalmente, no significa que no puedan dejarse sin efecto; "pero, para
ello, la propia ley ha previsto que tal operación únicamente puede efectuarse
a través de los procedimientos revisorios previstos en las normas legales.
STS 18/09/2018
Roj: STS 3456/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3456
No de Recurso: 2650/2017
No de Resolución:
839/2018
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: FOGASA: el silencio positivo opera cuando
el FOGASA no ha dictado resolución expresa dentro del plazo de que dispone
para resolver las solicitudes en reclamación de las prestaciones que debe
garantizar a los trabajadores que han tenido reconocidos unos créditos frente
al empleador y éste ha resultado insolvente, sin que la resolución
denegatoria expresa emitida cuando ya se ha sobrepasado ese plazo tenga
eficacia para enervar el derecho del trabajador ganado anteriormente por
silencio. Y ello, aun cuando lo solicitado exceda los límites establecidos en
el art.33 ET. el hecho de que se hayan otorgado derechos superiores o no
previstos legalmente, no significa que no puedan dejarse sin efecto;
"pero, para ello, la propia ley ha previsto que tal operación únicamente
puede efectuarse a través de los procedimientos revisorios previstos en las
normas legales.
STS 25/09/2018
Roj: STS 3455/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3455
Id Cendoj: 28079140012018100819
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
No de Recurso: 3332/2016
No de Resolución: 858/2018
Procedimiento: Auto de aclaración
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen: FOGASA: la responsabilidad del FOGASA no
nace en la fecha de declaración de concurso de la empresa sino que, por el
contrario, surge cuando se declara extinguida la relación laboral.
Reitera doctrina: 6 de junio de
2017 [rcud 1849/2016 ] - reiterada con posterioridad entre otras en
resolución de 1 de marzo de 2018 (rcud 3333/2016)-
INCAPACIDAD
TEMPORAL
STS 19/07/2018
Roj: STS 3366/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3366
No de Recurso: 87/2017
No de Resolución: 794/2018
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Incapacidad
Temporal: derecho
de los trabajadores de la empresa demandada Unisono Soluciones de Negocio,
SA, a recibir el complemento de salario de convenio en situaciones de IT en
los meses de 31 días, por todos los días en los que el trabajador se haya
encontrado en situación de IT, salvo que el trabajador esté en IT durante
todo el mes en tramos en que le corresponda durante el mismo, el complemento
hasta el 100% del salario convenio y con anterioridad a la IT perciba su
salario en idéntica cuantía con carácter mensual, con independencia del
número de días de cada mes". Igualmente, "declara el derecho de los
trabajadores de la empresa demandada a recibir el salario por los días efectivamente
trabajados de aquellos trabajadores con jornada parcial que por necesidades
del servicio hayan visto afectada su jornada, por ampliación o reducción de
la misma, temporalmente en los meses de 31 días debiendo la empresa cesar en
la práctica de retribuir tan solo hasta los 30 días y condenando a la empresa
a retribuir ese día de prestación efectivamente realizada a los
trabajadores".
INCONGRUENCIA
STS 26/09/2018
Roj: STS 3461/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3461
No de Recurso: 2476/2016
No de Resolución:
863/2018
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO
ASTABURUAGA
Resumen: Incongruencia: existencia: sentencia de la Sala de lo
Social TSJ que reconoce al actor la petición subsidiaria, formulada en la
demanda, de declaración de incapacidad permanente parcial, pero establece que
deriva de enfermedad común, cuando la pretensión de la demanda y del
posterior recurso es que la contingencia de la que deriva es accidente de
trabajo.
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
STS 26/09/2018
Roj: STS 3460/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3460
No de Recurso: 114/2017 No de
Resolución: 865/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Modificación sustancial
de las condiciones de trabajo: la
decisión empresarial de modificar el servicio de vigilancia contra incendios
a partir del 20 de septiembre de 2016, modificación consistente en que los
trabajadores se integrarían en unidades de prevención ordinaria y dejarían de
hacerlo en unidades de prevención motorizada, esto es con motocicletas, hasta
nueva orden, lo que suponía una disminución del complemento de puesto de
trabajo, decisión que afectaba a unos 55 empleados en toda la Comunidad
Valenciana que ya estaban empleados en ese servicio antes de 2016 . la
modificación operada debe calificarse de sustancial, porque afecta al sistema
de remuneración la supresión de un complemento salarial específico y supone
un cambio del sistema de trabajo, al cambiar los afectados de una labor
individualizada para la que se valían de una motocicleta, a trabajar
colectivamente con un grupo que utiliza un vehículo de motor.
NEGOCIACION
COLECTIVA
STS 13/09/2018
Roj: STS 3379/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3379
No de Recurso: 239/2017 No de
Resolución: 833/2018
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Negociación
colectiva: se
desestiman la pretensión principal de declaración de a ilegalidad de la
constitución de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del sector de
transportes por carretera de Asturias, por infringir los artículos 87 y 88
del Estatuto de los Trabajadores , lo que igualmente conllevaría la nulidad
del procedimiento negociador posterior, y, en consecuencia del Convenio
Colectivo objeto de impugnación;
También se desestima la pretensión
subsidiaria de falta de representatividad y de legitimidad
inicial, plena y negociadora de las patronales demandadas CAR, ASVYPIMET y
ASTRA, que debe conllevar a la declaración de naturaleza extraestatutaria del
convenio colectivo impugnado y, en consecuencia, de alcance limitado del
mismo para las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA.» No habiendo quedado
probado que las organizaciones patronales demandadas excluyeran a ASETRA y
CESINTRA de la comisión negociadora del Convenio, sino que lo que consta es
que, al no llegar a un acuerdo respecto a la representatividad que les
correspondía en la reunión de 9 de noviembre de 2015, abandonaron dicha
reunión, por lo que, aún cuando estén legitimados para constituir la comisión
negociadora, si abandonan la misma voluntariamente, no pueden alegar
defectuosa constitución de dicha comisión por haber sido excluidas de la
misma .
STS 19/09/2018
Roj: STS 3459/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3459
No de Recurso: 246/2017 No de
Resolución: 847/2018
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Negociación
colectiva: se
desestima la pretensión declarativa principal consistente en la
obligatoriedad de modificar la composición de la Coordinadora Sindical
Estatal, -en la medida que ostenta facultades de negociación del convenio y
las condiciones generales de los trabajadores de la empresa- para que se
realice de forma proporcional a los resultados electorales, aplicando la
doctrina jurisprudencial de reparto de restos. También se desestima la
pretensión subsidiaria, consistente en que al objeto de garantizar
la representatividad en la empresa ENAIRE EPE, se interprete el artículo 161
del Convenio, en el sentido de aplicar el límite del 10% de representatividad
para poder tener acceso a la Coordinadora Sindical Estatal las formaciones
sindicales que obtengan o superen dicho porcentaje en cualquiera de las dos
empresas (AENA SME SA y ENAIRE EPE) y no por el total del Grupo, permitiendo
con ello el acceso a la Coordinadora Sindical Estatal a las formaciones
sindicales que hayan alcanzado el mínimo del 10% de representatividad en los
centros de trabajo de cualquiera de las dos empresas (ENAIRE EPE y AENA SME
SA) y no en la suma de ambas
PERSONAL LABORAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
STS 20/09/2018
Roj: STS 3363/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3363
No de Recurso: 3921/2016
No de Resolución:
848/2018
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen: Personal laboral Adminsitración
pública: momento
en que ha de producir efectos una sentencia en la que se declara la
vinculación de las trabajadoras con la empresa como contratos de trabajo
indefinidos fijos -en lugar de fijos discontinuos- cuando esa sentencia fue
recurrida en suplicación por la empresa y se desestimó el recurso
confirmándose la resolución de instancia. El momento de los efectos es el de
la sentencia de instancia y no el de desestimación del recurso.
El primer pronunciamiento del
Juzgado de instancia de fecha 20/01/2014 en el que se reconoció a las
demandantes que sus contratos de trabajo no tenían la condición de fijos
discontinuos, al no darse las condiciones para tal modalidad de contrato,
constató fehacientemente tal situación, con la particularidad de que,
interpuesto recurso de suplicación por parte de la empresa contra dicha
sentencia, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en su sentencia de 23 de
octubre de 2014 no vino a establecer o constituir ningún derecho o situación
nueva, sino que se limitó a desestimar el recurso de suplicación interpuesto
contra la sentencia de instancia al entender que no existió ninguna
infracción jurídica, lo que determinó que, como ocurre procesalmente en esas situaciones
- art. 201.1 LRJS - la Sala desestimase el recurso y declarase la firmeza de
la sentencia de instancia, que de esta manera y de forma insoslayable había
de producir todos sus efectos desde aquél momento, y no desde la firmeza de
la sentencia de suplicación.
STS 17/07/2018
Roj: STS 3382/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3382
No de Recurso: 736/2017 No de
Resolución: 808/2018
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
RESUMEN: RETA: Prestación por cese
de actividad: denegación.
Trabajadora autónoma que tenía cubierta la contingencia de cese en la
actividad que en el momento de causar baja en el RETA adeudaba
cuotas correspondientes a los doce meses inmediatamente anteriores, incluido
aquél en que se produjo el hecho causante de la prestación como previene el
art. 2.1.c) del Real Decreto 1541/2011. Se deniega la prestación porque la actora,
en el momento del hecho causante de la prestación, no reunía el período de
carencia específica exigido para su reconocimiento al no haber ingresado en
plazo la cuota correspondiente al último mes computable a tal efecto, cuyo
abono con posterioridad a la baja en el RETA no subsana la falta de ese
requisito.
STS 20/09/2018
Roj: STS 3458/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3458
No de Recurso: 2494/2016
No de Resolución: 851/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Personal laboral
administración pública: con
carácter general y en sí mismo considerado es válido el contrato de
interinidad por vacante para cubrir puestos de trabajo de carácter fijo
discontinuo vinculados a las campañas anuales de extinción de incendios
forestales en la temporada estival, una vez que la administración pública
competente ya ha adoptado el preceptivo acuerdo de creación de tales plazas y
las ha incluido en la relación de puestos de trabajo, y ello en tanto no se
cubran por los procedimientos reglamentarios ( STS 387/2018, de 11 de abril,
rcud. 2581/2016).
RECARGO DE
PRESTACIONES
STS 18/09/2018
Roj: STS 3454/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3454
No de Recurso: 144/2017 No de Resolución:
842/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Recargo de prestaciones: responsabilidad de la
empresa principal (fábrica de chocolates) cuando se impone el recargo de
prestaciones como consecuencia de accidente padecido por el trabajador de una
subcontratista que realiza tareas de reparación de la cubierta de la nave
industrial, aunque no sean tareas propias de la actividad de la principal.
La encomienda de tareas propias de
la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de
seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del
recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las
contratistas o subcontratistas.
La encomienda de tareas
correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe
valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la
empresa principal.
La empresa principal puede resultar
responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la
empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia
actividad.
En todo caso, lo decisivo para
determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de
recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una
infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de
responsabilidad.
Descendiendo ya al caso que nos
ocupa, es evidente que la doctrina acuñada por la sentencia de contraste
colisiona con cuanto acabamos de exponer. Que las tareas encomendadas sean
ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga
el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.
También debe considerarse errónea
la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al
empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la
existencia de infracciones que le sean achacables.
Reitera
doctrina: STS 5 mayo 1999 (rec. 3656/1997 ); STS 14 febrero
2008 (rec. 4016/2016 ). STS 7 octubre 2008 (rec. 2426/2007 ). STS 18
enero 2010 (rec. 3237/2007 ). STS 20 marzo 2012 (rec. 1470/2011
STS 25/09/2018
Roj: STS 3452/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3452
No de Recurso: 3666/2016
No de Resolución:
859/2018
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen. Recurso de
suplicación: cuantía
en el proceso de reclamación de cantidad para el acceso al recurso de
suplicación art. 191.2 g)- cuando en la demanda se reclama una cantidad muy
superior a los 3000 euros y el debate de suplicación se limita después a una
cantidad inferior. Lo determinante para admitir el recurso de suplicación es
lo que se pide en la demanda, y no en el recurso.
REVISIÓN DE
SENTENCIAS FIRMES
STS 11/09/2018
Roj: STS 3370/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3370
No de Recurso: 42/2017
No de Resolución: 816/2018
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO
ASTABURUAGA
Resumen: Revisión de sentencias
firmes: la
demanda ha sido presentada fuera del plazo legalmente establecido, ya que,
alegando la parte que el catálogo en papel de componentes de AJUSA nunca se
ha suprimido, sino que se ha seguido realizando, debió acreditar tal hecho
-teniendo en cuenta que el catálogo es bianual y la empresa manifestó que el
último se imprimiría en junio de 2012- en el plazo de tres meses a partir del
mes de junio de 2014, pues en esa fecha debió solicitar la práctica de las
diligencias preparatorias o actos preliminares que interesó en fecha 5 de
julio de 2017, por lo que habiendo presentado la demanda de revisión el 14 de
noviembre de 2017, es evidente que se ha superado ampliamente el plazo de
tres meses legalmente establecido.
STS 11/09/2018
Roj: STS 3371/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3371
No de Recurso: 18/2017
No de Resolución: 814/2018
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO
ASTABURUAGA
Resumen: Revisión de Sentencias
firmes: inadmisión
por extemporánea. El documento aportado no incide en las consecuencias que ha
tenido la inacción de la parte frente a la opción manifestada por el
Ayuntamiento de Jerez por lo que. habiendo presentado la demanda de revisión
el 17 de julio de 2017, es evidente que se ha superado ampliamente el plazo
de tres meses legalmente establecido.
STS 26/09/2018
Roj: STS 3372/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3372
No de Recurso: 24/2017
No de Resolución:
866/2018
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Revisión de sentencias
firmes: documento
inháibil para la revisión. El documento que funda la demanda difícilmente
puede entenderse como un documento obtenido o recobrado en el sentido de
tratarse de un documento que, existente al tiempo de dictarse la sentencia,
la parte no pudo disponer de él por fuerza mayor o por obra de la parte en
cuyo favor se hubiere dictado. Antes bien al contrario el documento en
cuestión no existió hasta que se provocó su existencia con la petición al
Ayuntamiento demandado que emitió el citado documento, precisamente, para dar
cumplimiento a aquélla petición. En ese sentido la petición pudo realizarse,
también por la demandante, en el momento en el que se le notificó la sentencia, sin dejar transcurrir
más de un año. Resulta relevante, además, que la hoy demandante de revisión
no introdujese la cuestión en su recurso de suplicación. Si lo hubiera hecho,
sin duda hubiera podido pedir del Ayuntamiento la certificación en cuestión e
introducirla en el recurso de suplicación vía artículo 233 LRJS . Es de notar
que, más que de un documento obtenido o recobrado, parece un documento
expresamente solicitado para fundar esta revisión.
STS 26/09/2018
Roj: STS 3372/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3372
No de Recurso: 24/2017
No de Resolución:
866/2018
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Revisión de sentencias
firmes: documento
inháibil para la revisión. El documento que funda la demanda difícilmente
puede entenderse como un documento obtenido o recobrado en el sentido de
tratarse de un documento que, existente al tiempo de dictarse la sentencia,
la parte no pudo disponer de él por fuerza mayor o por obra de la parte en
cuyo favor se hubiere dictado. Antes bien al contrario el documento en
cuestión no existió hasta que se provocó su existencia con la petición al
Ayuntamiento demandado que emitió el citado documento, precisamente, para dar
cumplimiento a aquélla petición. En ese sentido la petición pudo realizarse,
también por la demandante, en el momento en el que se le notificó la sentencia, sin dejar transcurrir
más de un año. Resulta relevante, además, que la hoy demandante de revisión
no introdujese la cuestión en su recurso de suplicación. Si lo hubiera hecho,
sin duda hubiera podido pedir del Ayuntamiento la certificación en cuestión e
introducirla en el recurso de suplicación vía artículo 233 LRJS . Es de notar
que, más que de un documento obtenido o recobrado, parece un documento
expresamente solicitado para fundar esta revisión.
SUBROGACIÓN
CONVENCIONAL
STS 27/06/2018
Roj: STS 3365/2018 - ECLI:
ES:TS:2018:3365
Id Cendoj: 28079140012018100804
No de Recurso: 111/2017 No de
Resolución: 677/2018
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Subrogación
convencional: Se
discute el Convenio Colectivo aplicable a los trabajadores afectados por una
subrogación al momento en el que ésta se produjo. El Consejo Insular de Gran
canaria había venido contratando la gestión del servicio público mediante
concurso, resultando adjudicatarias la UTE Aguas del Sureste de Gran Canaria
que cesó en el servicio hasta que, con efectos de 1 de agosto de 2015, el
Lote 5 fue adjudicado a la empresa TRAGSA, mediante encomienda directa,
aprobada por Decreto 2015/157, de fecha 28 de julio de 2015.
A la fecha de efectos de la
subrogación, 1 de agosto de 2015, ya se encontraba en vigor el V Convenio
Colectivo dado que fue firmado el 22 de julio de 2015, con lo cual esta
última fecha -fijada por las partes negociadoras del convenio colectivo- es
la que debe regir para determinar las condiciones laborales que mantenían los
trabajadores afectados por el conflicto colectivo al momento de la
subrogación, producida con posterioridad, por lo que la empresa entrante
estaba obligada a asumir las que ya ostentaban aquellos y que la empresa
saliente ya tuvo que asumir antes de concluir la gestión del servicio
público. Por tanto, las condiciones salariales que correspondían a los
trabajadores, desde el día 1 de enero de 2015, no eran los fijados en el IV
Convenio Colectivo, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2014.
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