sábado, 28 de julio de 2018

Newsletter laboral número 173

 



NÚMERO: 173                                                                          FECHA: 28/07/2018




LEGISLACIÓN



Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. ir al texto


Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. ir al texto 

Orden JUS/790/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la fecha de efectividad de 2 plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial y la entrada en funcionamiento de 77 Juzgados correspondientes a la programación del año 2017. ir al texto



Acord del Consell de Govern de 27 de juliol de 2018, de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries ir al texto



Extracto de la Resolución de 24 de julio de 2018, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación de oferta dirigida a trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2018. ir al texto

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 2018. ir al texto






JURISPRUDENCIA



COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA


STC 78/2018, de 5 de julio



Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general y función pública: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la oferta de empleo público de 2017 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal (STC 142/2017). Voto particular.


COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS


STC 76/2018, de 5 de julio



Conflicto positivo de competencia 1866-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: nulidad parcial de un precepto del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios; nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas.



GARANTÍAS FRENTE A INSOLVENCIA DEL EMPRESARIO


STJUE 25/07/2018



«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículos 3 y 4 — Toma a cargo de los créditos de los trabajadores asalariados por las instituciones de garantía — Limitación de la obligación de pago de las instituciones de garantía — Exclusión de los créditos salariales nacidos más de tres meses antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia»

En el asunto C‑338/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), mediante resolución de 31 de mayo de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de junio de 2017, en el procedimiento entre Virginie Marie Gabrielle Guigo y Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite», el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

La Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como el artículo 4, apartado 1, de la Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (Ley sobre la protección de los créditos de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario), que no garantiza los créditos salariales de los trabajadores asalariados cuya relación laboral se haya extinguido más de tres meses antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia de su empresario.





CONVENIO COLECTIVO

STS 05/06/2018



Roj: STS 2741/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2741
No de Recurso: 427/2017 No de Resolución: 588/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER

Resumen: Convenio colectivo: La cuestión planteada consiste en determinar qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que prevea solución alguna. Se aplica, de haberlo,  el convenio superior. Se aplica la previsión contenida en el artículo 86.3 ET según la que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación"; sin que pueda prescindirse de tal previsión, y seguir  aplicándose el convenio anterior.

La regla de la ultraactividad esté concebida, como norma disponible para la autonomía colectiva, para conservar provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientas continúe la negociación del convenio siguiente, durante un determinado tiempo que la ley considera razonable, pero no para cubrir vacíos normativos surgidos como consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado, ni para perpetuarse eternamente.

El legislador al objeto de evitar el vacío normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del convenio, establece la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación. En este caso, no existe una sucesión natural de un convenio de ámbito inferior por otro de ámbito superior, sino una sustitutio in integrum del convenio inferior por el convenio de ámbito superior que pasa a ordenar, de manera independiente, las relaciones laborales de la empresa. No existe, pues, contractualización del convenio cuya vigencia ha terminado sino su total desaparición del ordenamiento jurídico por decaimiento de su vigencia y completa sustitución por el de sector.

La regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET , que transcurrido un año desde la denuncia del convenio " se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación". La claridad de la voluntad del legislador resulta palmaria de la propia construcción normativa y de las exposiciones de motivos de las normas reformadoras. Éstas, con el fin de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos, introducen modificaciones respecto a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo. Se pretende, en primer lugar, incentivar que la renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un proceso de renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando ello no resulte posible, se pretende evitar una "petrificación" de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio a un año Parece evidente que a tal finalidad y, especialmente, a la de evitar vacíos normativos responde el mandato legal de aplicación, si lo hubiere, del convenio superior que resultase de aplicación. La solución legal implica tener que establecer si existe o no existe un convenio de ámbito superior y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, el aplicable.
En el presente supuesto ni hay duda sobre la existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el existente resulta aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma legal en su plenitud, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta Sala en un supuesto específico en que se produjo un vacío normativo absoluto y la única alternativa posible era la desregulación cuyas consecuencias resultan especialmente extrañas en el ámbito de las relaciones laborales.

Voto particular de la Excma. Sra. Rosa María Virolés Piñol.


STS 07/06/2018


Roj: STS 2738/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2738
No de Recurso: 663/2017 No de Resolución: 603/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO

Resumen: Convenio colectivo: La cuestión planteada consiste en determinar qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que prevea solución alguna. Se aplica el convenio superior. Se aplica la previsión contenida en el artículo 86.3 ET según la que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación"; sin que pueda prescindirse de tal previsión, y seguir  aplicándose el convenio anterior.



DESEMPLEO

STS 21/06/2018


Roj: STS 2739/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2739
No de Recurso: 490/2017 No de Resolución: 658/2018 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN


Resumen: Desempleo: compatibilidad de la prestación con trabajos agrícolas por cuenta propia de rendimiento insignificante. La regla general de la incompatibilidad se ha de matizar "en casos extremos en los que los rendimientos generados por la actividad económica que pudiere haber llevado a cabo el perceptor de las prestaciones de desempleo son especialmente insignificantes, ridículos y de tan escasa relevancia, que no permiten siquiera que pudieran considerarse como fruto de una verdadera actividad laboral.

Reitera doctrina: STS/4a de 5 abril 2017


STS 13/06/2018


Roj: STS 2751/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2751
No de Recurso: 144/2017
No de Resolución: 633/2018  

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO


Resumen: Salarios: derecho del personal laboral docente y no docente procedente de las Escuelas Itsasmendikoi, a percibir las retribuciones previstas en el Acuerdo de 10 de agosto de 2012, incrementadas con el 5% de reducción salarial que se les aplicó en su momento, y sin perjuicio de los también incrementos que hayan obtenido desde esa fecha.





SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES

STJUE 25/07/2018


Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Libertad de circular y residir en los Estados miembros — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Asistencia social — Prestaciones de enfermedad — Servicios a personas con discapacidad — Obligación de un municipio de un Estado miembro de conceder a uno de sus residentes la asistencia personal prevista por la legislación nacional mientras cursa estudios superiores en otro Estado miembro».

En el asunto C‑679/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 23 de diciembre de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de diciembre de 2016, en el procedimiento iniciado por A con intervención de: 

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto,

El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)      El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una prestación como la asistencia personal controvertida en el litigio principal, que consiste, en particular, en el abono de los gastos generados por las actividades cotidianas de una persona gravemente discapacitada que no realiza ninguna actividad económica, con el fin de que pueda cursar estudios superiores, no tiene cabida en el concepto de «prestación de enfermedad» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación de ese Reglamento.

2)      Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE se oponen a que a un residente de un Estado miembro gravemente discapacitado se le deniegue, por su municipio de residencia, una prestación como la asistencia personal controvertida en el litigio principal con motivo de su estancia en otro Estado miembro para cursar estudios superiores.

 TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA

STJUE 25/07/2018


«Procedimiento prejudicial — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Consecuencias de un despido disciplinario calificado de improcedente — Concepto de “condiciones de trabajo” — Trabajador indefinido no fijo — Diferencia de trato entre el trabajador fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo — Readmisión del trabajador o concesión de una indemnización»

En el asunto C‑96/17,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa (Barcelona), mediante auto de 26 de enero de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de febrero de 2017, en el procedimiento entre Gardenia Vernaza Ayovi y Consorci Sanitari de Terrassa,
46 Procede considerar que, aunque el interés público, vinculado, en sí mismo, a las modalidades de contratación de los trabajadores fijos, no justifica la diferencia de trato controvertida, no es menos cierto que consideraciones derivadas de las características del Derecho de la función pública nacional, como las recordadas en los apartados 42 a 44 de la presente sentencia, pueden justificar tal diferencia de trato. A este respecto, las consideraciones de imparcialidad, eficacia e independencia de la Administración implican una cierta permanencia y estabilidad en el empleo. Estas consideraciones, que no tienen equivalente en el Derecho laboral común, explican y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos impuestos a los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legislador nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e indemnización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente.

47      Por consiguiente, es necesario considerar que la readmisión automática de los trabajadores fijos forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentran los trabajadores que no son fijos (véase, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, apartado 56).

48      En estas circunstancias, cabe afirmar que la desigualdad de trato observada está justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia.

(...)

El Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, según la cual, cuando el despido disciplinario de un trabajador fijo al servicio de una Administración pública es declarado improcedente, el trabajador debe ser readmitido obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador temporal o un trabajador indefinido no fijo que realicen las mismas tareas que el trabajador fijo pueden no ser readmitidos y recibir como contrapartida una indemnización.





 DERECHO A UN PROCESO JUSTO

STEDH 24/07/2018. Caso Negrea y otras c. Rumanía



Resumen. Derecho a un proceso justo. Violación existente por dilación indebida.
El asunto trata, entre otras alegaciones, de la denuncia de discriminación indirecta por razón de etnia (romaní), en relación al derecho a percibir pensiones de ayuda familiar.

El TEDH considera, para empezar, que una duración de 7 años y nueve meses, no justificada por la complejidad  del asunto ni por la conducta de los demandantes,  no responde a la exigencia de resolución en plazo razonable.

El TEDH considera, sin embargo, que en el expediente no hay prueba alguna de que las personas pertenecientes a la etnia romanía estén más afectadas que otras, por lo que no hay prueba de discriminación indirecta. Para conlcuir, el TEDH constata que en el momento de los hechos no había en Rumanía un recurso efectivo para denunciar una duración excesiva del proceso.

Vulneración del art.6.1 Derecho a un proceso justo en un plazo razonable

Vulneración del art.13 (Derecho a un recurso efectivo)


STEDH 24/07/2018. Caso Bartaia c. Georgia



Resumen. Derecho a un proceso justo. Violación existente por dilación indebida.
El asunto trata, entre otras alegaciones, de la denuncia de discriminación indirecta por solo solo en la audiencia. El Sr. Bartaia también solicitó un aplazamiento argumentando que se negó a asistir a la audiencia sin su abogado. La corte en concluye que esta negativa a aparecer ascendió a una ausencia y emitió un juicio por defecto en el que despidió al señor Bartaia. El abogado del Sr. Bartaia presentó una solicitud para que se anulara dicha sentencia, sin el éxito. En particular, en mayo y septiembre de 2005, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación concluyeron que nada en la legislación nacional aplicable justificaba una negativa a participar en una audiencia y que la presencia de un abogado en otra audiencia no era una razón válido para anular una decisión dictada en rebeldía. Además, consideraron que el juez de primera instancia  había advertido al Sr. Bartaia de las consecuencias de su negativa a participar en la audiencia. Basándose en el artículo 6 (derecho a una audiencia imparcial) del CEDH, el Sr. Bartaia alegó que los procedimientos en su caso habían sido injustos .Adujo, fundamentalmente, que la sentencia por incumplimiento se había dictado en su contra sin que él pudiera tomar parte en el procedimiento en igualdad de condiciones con la otra parte, que habría estado representada por un abogado, y que se le había privado de la oportunidad de obtener un nuevo examen de su caso.







ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO


En América Latina más de la mitad de los trabajadores no cotiza para la seguridad social.

Un nuevo informe sobre el estado de la protección social en la región destaca que se registran avances en la cobertura, pero persisten brechas que deben ser atendidas de forma imperiosa, y alerta sobre la necesidad de hacer frente a los desafíos que trae consigo el futuro del trabajo. ir al texto