lunes, 23 de julio de 2018

Newsletter laboral número 167

 



NÚMERO: 168                                                                          FECHA: 22/07/2018




LEGISLACIÓN


Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado del organismo. ir al texto


Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. ir al texto

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. ir al texto


RECOMENDACIONES a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2018/C 257/01). ir al texto


Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2018 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, amb un increment de l’1,625 % en els imports corresponents a nòmina i complements salarials de personal docent i algunes despeses de funcionament ir al texto






JURISPRUDENCIA


Última: STC 72/2018


COMPETENCIA OBJETIVA

STS 15/06/2018
Roj: STS 2594/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2594 
No de Recurso: 132/2017 No de Resolución: 643/2018 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Competencia objetiva: competencia objetiva de la AN y no del TSJ. La cuestión sometida a debate ha sido planteada por trabajadores pertenecientes a centros de trabajo ubicados en distintas Comunidades Autónomas, como Madrid y Castilla-La Mancha, y ello entiende que "determina que la competencia para conocer deba residenciarse en la Sala de lo Social de la AN, por cuanto ese es el alcance de los efectos del conflicto, de conformidad a lo establecido en los arts. 7 y 8 LRJS , con independencia del alcance territorial de la norma que se trata de interpretar y aplicar, a saber, el convenio estatal de empresas de seguridad, lo que también concurre en este caso, dado que se trata de un conflicto colectivo, ex art. 2.g) LRJS , que extiende sus efectos a un ámbito superior al de una CA, ex art. 8.1 LRJS


COMPLEMENTOS NO SALARIALES

STS 13/06/2018
Roj: STS 2641/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2641 
de Recurso: 3291/2015 
No de Resolución: 624/2018   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: complementos no salariales: dietas:  procede su abono. Se debate el derecho a percibir en concepto de dietas derivada de la aplicación del art. 64 de la Normativa Laboral de Telefónica, y como consecuencia del traslado de la residencia laboral desde Vitoria a Bilbao, la cantidad de 5.504,72 euros más el interés por mora. Entiende el TS , confirmando el criterio de la Sala de suplicación , que   el traslado de la residencia laboral por promoción o ascenso previsto en el art. 64 de la Normativa Laboral, que prevé el derecho al percibo de una compensación de 240 dietas con el valor de la dieta provincial, incrementada en un 5, 10 ó 15% en función de los familiares dependientes, no está condicionado a que se produzca un cambio de domicilio del afectado ni del núcleo familiar, al margen de la distancia que exista desde Vitoria a Bilbao. En consecuencia, el actor reúne los requisitos exigidos para causar derecho al percibo de la cantidad reclamada (cuya cuantía no se discute por las partes).


STS 20/06/2018
Roj: STS 2627/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2627 
No de Recurso: 1518/2016 
No de Resolución: 654/2018   
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen. Complementos no salariales: plus de ruido: art.57 Convenio INdustrias Cárnicas. A la vista de regulación convencional de la materia objeto de debate [FJ Tercero], la decisión recurrida justificó la desestimación de la pretensión colectiva razonando que «en la empresa a la que se circunscribe el conflicto no es posible técnicamente eliminar las condiciones acústicas que producen un nivel de ruido superior a los 80 dbA. Por tal razón la empresa ha dotado a los trabajadores afectados de la correspondiente protección auditiva de suerte que el nivel de ruido soportado por aquellos es inferior a los 80 dbA. Como consecuencia de ello, y en aplicación de la normativa reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial, puede concluirse que la interpretación que ha de darse al art. 57 c) del convenio colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas es la de que únicamente se tendrá derecho a la percepción del plus de ruido cuando el nivel sonoro soportado por el trabajador, utilizando la correspondiente protección individual supere el nivel de los 80 dbA, que es lo que integraría la realización de una actividad laboral de mayor penosidad y justificaría la mayor retribución económica». 

El TS rechaza dicha interpretación.

Si el primer canon hermenéutico en la exégesis del convenio colectivo es el sentido propio de sus palabras -la literalidad de sus cláusulas-, la reproducción de los requisitos para devengar el plus de «ruido» nos lleva a entender que -contrariamente a lo que la recurrida argumenta- el listón de 80 dBA ha de medirse con exclusiva referencia al puesto de trabajo, cuando específicamente se refiere -la cursiva es nuestra- a que «... preste sus servicios en el puesto sometido a 80 dBA...» y a que tales servicios tengan lugar «... durante una hora o más en un puesto de trabajo cuyo nivel...». 

Es cierto que uno de los otros dos requisitos que el precepto señala, el que se refiere a que el trabajador «utilice la protección auditiva», pudiera llevar a considerar que la medición de los 80 dBA debe ser posterior al empleo de tales medios, pero hay dos argumentos que inevitablemente nos llevan a descartar tal posibilidad: 

a).- En primer término, por aplicación del llamado «principio de economía» -la llamada «navaja de Ockham»-, conforme a la cual «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta» ( STS 16/12/13 -rcud 327/13 -), habida cuenta de que si la voluntad de los pactantes hubiese sido aquélla -que el límite de los 80 dBA ha de realizarse con la protección auditiva- su plasmación en el texto ofrecía singular facilidad, bastando con referir la medición al «trabajador con protección auditiva» y no al «puesto de trabajo», como en definitiva hace el texto del Convenio. 

b).- En segundo lugar, porque a la misma conclusión se llega si se atiende a que en el texto del Convenio tal referencia a la obligación de utilizar «protección auditiva» se conecta al deber impuesta a la empresa, cuando también se proclama la subsidiariedad del plus respecto de la medidas técnicas [«...no fuese técnicamente posible eliminar las condiciones acústicas...»], porque ello nos hace pensar que uno y otro requisito [el trabajador, utilizar medidas de protección; la empresa, eliminar técnicamente el ruido] no tienen más que una finalidad preventiva en orden a garantizar la salud de los trabajadores, cuando al empleador se le obsta -como vimos- la tentación de acudir al abono del plus y no a los medios tecnológicos que minorasen el ruido, pero también cuando al trabajador se le impone -para percibir el plus- la previa obligación de utilizar las protecciones individuales proporcionadas [«...utilice la protección auditiva de manera efectiva y permanente...»], como una medida más -ésta normativa- orientada para prevenir los riesgos laborales. 


CONTRATO FIJO-DISCONTINUO

STS 07/06/2018
Roj: STS 2620/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2620 
No de Recurso: 2977/2017 
No de Resolución: 605/2018   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Contrato fijo-discontinuo: cómputo de la antigüedad a efectos económicos y de promoción profesional en el caso de los trabajadores fijos discontinuos a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria: se computan los servicios efectivamente prestados y no los años en que se han prestado dichos servicios.

Reitera doctrina:  SSTS de SSTS 18/1/2018, rcud.2853/2015 ; 1/3/2018 ( dos) rcuds. 192/2017 y 562/2017 ; 13/3/2018 ( dos) rcuds.446/2017 y 77/2017 

CONVENIO COLECTIVO

STS 05/06/2018
Roj: STS 2606/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2606 
No de Recurso: 364/2017 No de Resolución: 587/2018 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Convenio colectivo: La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que prevea solución alguna. En concreto, si se aplica la previsión contenida en el artículo 86.3 ET según la que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación"; o, por el contrario, se prescinde de tal previsión y se sigue aplicando el convenio anterior. 

En suplicación se dice que el salario aplicable a los trabajadores de Axpe despedidos en el año 2015 es el que les corresponde en aplicación del convenio de oficinas y despachos de Vizcaya, sin que proceda la aplicación del Convenio estatal de empresas de consultoría por pérdida de vigencia del citado Convenio Provincial, por un lado, porque no procedía que AC alterase el equilibrio de las prestaciones básicas del contrato de trabajo, reduciendo el salario en una aplicación del convenio de ámbito superior y, por otro, porque su artículo 8 indicaban que debían respetarse las mejoras adquiridas que en cómputo anual resultasen superiores a las del propio convenio.

El TS casa tal interpretación porque la regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET , que transcurrido un año desde la denuncia del convenio " se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación". La claridad de la voluntad del legislador resulta palmaria de la propia construcción normativa y de las exposiciones de motivos de las normas reformadoras. 

En el presente supuesto ni hay duda sobre la existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el existente resulta aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma legal en su plenitud, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta Sala en un supuesto específico en que se produjo un vacío normativo absoluto y la única alternativa posible era la desregulación cuyas consecuencias resultan especialmente extrañas en el ámbito de las relaciones laborales. 


STS 07/06/2018
Roj: STS 2738/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2738
No de Recurso: 663/2017 No de Resolución: 603/2018 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO

Resumen: Convenio colectivo: La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto colectivo que prevea solución alguna. En concreto, si se aplica la previsión contenida en el artículo 86.3 ET según la que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación"; o, por el contrario, se prescinde de tal previsión y se sigue aplicando el convenio anterior. 

En suplicación se dice que el salario aplicable a los trabajadores de Axpe despedidos en el año 2015 es el que les corresponde en aplicación del convenio de oficinas y despachos de Vizcaya, sin que proceda la aplicación del Convenio estatal de empresas de consultoría por pérdida de vigencia del citado Convenio Provincial, por un lado, porque no procedía que AC alterase el equilibrio de las prestaciones básicas del contrato de trabajo, reduciendo el salario en una aplicación del convenio de ámbito superior y, por otro, porque su artículo 8 indicaban que debían respetarse las mejoras adquiridas que en cómputo anual resultasen superiores a las del propio convenio.

El TS casa tal interpretación porque la regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET , que transcurrido un año desde la denuncia del convenio " se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación". La claridad de la voluntad del legislador resulta palmaria de la propia construcción normativa y de las exposiciones de motivos de las normas reformadoras. 

En el presente supuesto ni hay duda sobre la existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el existente resulta aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma legal en su plenitud, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta Sala en un supuesto específico en que se produjo un vacío normativo absoluto y la única alternativa posible era la desregulación cuyas consecuencias resultan especialmente extrañas en el ámbito de las relaciones laborales. 

DESEMPLEO 

STS 21/06/2018
Roj: STS 2739/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2739 
No de Recurso: 490/2017 No de Resolución: 658/2018 
 Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Desempleo: incompatibilidad con actividades agrícolas. Excepciones. La regla general de la incompatibilidad se ha de matizar "en casos extremos en los que los rendimientos generados por la actividad económica que pudiere haber llevado a cabo el perceptor de las prestaciones de desempleo son especialmente insignificantes, ridículos y de tan escasa relevancia, que no permiten siquiera que pudieran considerarse como fruto de una verdadera actividad laboral". 

Reitera doctrina STS 5 abril 2017.

DESPIDO COLECTIVO

STS 14/06/2018
Roj: STS 2604/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2604 
No de Recurso: 3853/2016 
No de Resolución: 638/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Despido colectivo: la extinción del contrato de trabajo, de carácter fijo discontinuo, que vinculaba al actor con la empresa demandada debe calificarse como despido nulo, por no haberse seguido los trámites del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , ya que en la misma fecha del cese del actor lo fueron otros trabajadores, cuyo número supera los umbrales del precitado artículo.


STS 19/06/2018
Roj: STS 2583/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2583 
No de Recurso: 2585/2017 
No de Resolución: 652/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Despido colectivo: la extinción del contrato de trabajo, de carácter fijo discontinuo, que vinculaba al actor con la empresa demandada debe calificarse como despido nulo, por no haberse seguido los trámites del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , ya que en la misma fecha del cese del actor lo fueron otros trabajadores, cuyo número supera los umbrales del precitado artículo.


STS 20/06/2018
Roj: STS 2601/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2601 
No de Recurso: 168/2017 No de Resolución: 656/2018  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Despido colectivo: Ajustado a derecho

Existencia de período de consultas: se celebraron 2 reuniones,   acordando las partes, de forma conjunta, dar por finalizado el periodo de consultas sin acuerdo. Existencia de buena fe: la imputación de mal fe se fundamenta en datos que, o bien resultan absolutamente insustanciales [el representante de la empresa no acreditó sus poderes], o son específicamente integrantes de otra denuncia formulada [insuficiencia de documentación; tan sólo dos reuniones, y la primera de ellas para entregar documentos], o tienen naturaleza claramente subjetiva [«falta de una mínima preparación» de la apoderada, que -se argumenta- dificultaba «cualquier acercamiento con la Comisión Representativa»]; datos todos ellos que a nuestro juicio no constituyen base sólida para llegar a la conclusión de que «no existió una mínima voluntad negociadora de la empresa durante la tramitación del ERE» 

Inexistencia de grupo de empresas: no hay confusión de plantillas: en el concreto caso de autos la sentencia se limita a afirmar que cada uno de aquellos dos trabajadores de «Foisa», «a su vez, prestó servicios para SISTEGAS SL, como agente y representante comercial» en las referidas fechas...»; pero -como destaca acertadamente el Ministerio Fiscal- en manera alguna consta que tales servicios se hubiese prestado de forma «indiferenciada» -que no sólo simultánea- y percibiesen una exclusiva retribución.

Proporcionalidad del despido colectivo: si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de «proporcionalidad» -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de «adecuación» [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de «necesidad de la medida» [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de «ponderación» [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto «Teltech »; y 20/10/15 -rco 172/14-, asunto «Tragsa »), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y de Pleno , SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto «Agencia Laín Entralgo »; y 20/10/15 -rco 172/14-asunto «Tragsa »), sino que se debe limitar a excluir «en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS -Pleno- 26/03/14 -rco 158/13-, asunto «Telemadrid »; y 666/2017 , de 12/09/17 -rcud 2562/15-, asunto «Hearst Magazines »). Por lo que no consideramos adecuado -supondría un indebido juicio de «oportunidad»- censurar el cierre de una empresa cuya deficiente trayectoria económica es la ya referida, con caída libre en las pérdidas durante los últimos nueve meses de actividad y cuya futura viabilidad se intentó a través de una fracasada refinanciación, con lo estamos en presencia de una situación en la que se justifican no sólo que la empresa instase judicialmente -ya antes del PDC- ser declarada en situación de concurso voluntario, lo que tuvo lugar por Auto inmediatamente posterior a la medida de extinción colectiva, sino también que la Administración concursal procediese posteriormente a dar de baja a «Foisa» en el censo de empresarios. 

DESPIDO OBJETIVO

STS 13/06/2018
Roj: STS 2591/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2591 
No de Recurso: 2200/2016 
No de Resolución: 626/2018   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 

Resumen: Despido objetivo: el pago en cuenta del importe de la indemnización al día siguiente de notificar la decisión extintiva, con efectos posteriores, en ningún caso debe provocar la improcedencia del despido cuando existe un acuerdo en el marco del despido colectivo que demora a un momento diferente a la entrega de la comunicación extintiva, el pago de la indemnización, como sucede en este caso en que el Acuerdo alcanzado en el periodo de consultas fijaba como primer pago el día de efectos de la extinción del contrato. 

STS 14/06/2018
Roj: STS 2596/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2596 
No de Recurso: 414/2017 No de Resolución: 640/2018  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Despido objetivo: en la base utilizada para calcular una indemnización por despido improcedente debe incluirse el incentivo ("bonus") devengado por cumplimiento de objetivos durante el año anterior y percibido dentro del mismo ejercicio en el que la empresa realiza el despido.


FOGASA

STS 12/06/2018
Roj: STS 2599/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2599 
No de Recurso: 2109/2017 
No de Resolución: 618/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAG 

Resumen: FOGASA: la resolución expresa -desestimatoria en todo o en parte de la pretensión- dictada en plazo superior a los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo, derecho que deberá entenderse reconocido en la dimensión postulada, y así en las cuantías en su importe bruto y no neto. 
Reitera doctrina: STS 16/03/2015 (R. 802/2014 ), que reiteran las SSTS de Pleno de 20/04/2017 (R. 669 y 701/2016 )- 


STS 12/06/2018
Roj: STS 2631/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2631 
No de Recurso: 2772/2017 
No de Resolución: 622/2018   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: FOGASA: el límite de la responsabilidad que tiene el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), conforme al art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), a la hora de abonar los salarios e indemnizaciones a su cargo por insolvencia empresarial; y, en concreto, en el caso que nos ocupa, establecer si, cuando se trata de trabajadores con contrato a tiempo parcial, el tope del salario a computar, duplo del salario mínimo interprofesional (SMI) - anteriormente triple-, debe reducirse en el mismo porcentaje que la jornada que realiza el interesado en comparación con la ordinaria de un trabajador a tiempo completo de la misma actividad. 

Reitera doctrina: SSTS de esta Sala de 20 de junio de 2017 (Rcud. 2667/2015), de 29 de noviembre de 2017 (Rcud. 2808/2015)


STS 12/06/2018
Roj: STS 2600/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2600 
No de Recurso: 1770/2017 
No de Resolución: 617/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: FOGASA:  la insolvencia se entiende que produce sus efectos desde el momento de su primitivo reconocimiento y, por tanto, que, en esas circunstancias, los subsiguientes procedimientos, aun exigiendo cada uno su propia declaración de insolvencia , al traer causa de la primitiva, no tienen carácter constitutivo para la exigencia de la responsabilidad del Fogasa ex artículo 33 del ET más que en lo relativo al específico crédito del acreedor pero no en lo de su fecha en función de la del auto en que se refleja." 


STS 19/06/2018
Roj: STS 2612/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2612 
No de Recurso: 1950/2017 
No de Resolución: 645/2018   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: FOGASA: la resolución expresa -desestimatoria en todo o en parte de la pretensión- dictada en plazo superior a los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo, derecho que deberá entenderse reconocido en la dimensión postulada, y así en las cuantías en su importe bruto y no neto. 
Reitera doctrina: STS 16/03/2015 (R. 802/2014 ), que reiteran las SSTS de Pleno de 20/04/2017 (R. 669 y 701/2016 )- 


JUBILACIÓN ANTICIPADA

STS 13/06/2018
Roj: STS 2585/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2585 
No de Recurso: 764/2017 No de Resolución: 630/2018 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Jubilación anticipada: el actor tiene derecho a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%, en un supuesto en el que padece poliomielitis desde su infancia y le fue reconocido en una primera resolución un grado de discapacidad de al menos un 33% en fecha 16-7-1979 y en aplicación del Decreto 2531/1970, de 22 de agosto, siendo posteriormente calificadas esas mismas dolencias como constitutivas de un grado de discapacidad igual o superior al 45% en resolución de 27 de enero de 2000.


ORFANDAD

STS 07/06/2018
Roj: STS 2615/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2615 
No de Recurso: 4116/2016 
No de Resolución: 607/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Orfandad: el demandante tiene derecho a la prorroga hasta los 25 años para percibir la prestación de orfandad, de acuerdo con la nueva redacción del art. 175 LGSS introducido por la Ley 27/11, de 1 de agosto, en un supuesto en el que ya la venía percibiendo con anterioridad y alcanza la edad de 22 años en la anualidad de 2011. 

Reitera doctrina: SSTS 18/9/2014 ( Rcud. 3217/2013), de 4/3/2015 ( Rcud. 1382/2014 ), 22/6/2015 ( Rcud. 3147/2014 ) y 23/11/2016 , ( Rcud. 3818/2014 ) 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

STS 14/06/2018
Roj: STS 2581/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2581 
No de Recurso: 96/2017 
No de Resolución: 641/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Personal Laboral Administración Pública: el personal laboral que presta servicios en los centros de atención directa de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia no tiene derecho a disfrutar de dos días adicionales de asuntos particulares en 2016 y en años sucesivos, cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o domingo, sin perjuicio del derecho a disfrutar de un día adicional de asuntos particulares por cada día trabajado si se prestan servicios efectivos los días 24 y 31 de diciembre.

La demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato accionante se sustenta en denunciar infracción del derecho a la igualdad que consagra art. 14 CE , en tanto que la administración demandada ha reconocido esos días adiciones de asuntos particulares al personal laboral que presta servicios en las oficinas públicas y lo deniega por el contrario a quienes trabajan en los centros de atención directa, sin embargo el TS desestima dicho planteamiento al existir una justificación objetiva y razonable para el trato diferenciado. 

STS 20/06/2018
Roj: STS 2623/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2623 
No de Recurso: 3510/2016 
No de Resolución: 655/2018   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Personal laboral administración pública: contratos de obra que tienen por objeto actividades de naturaleza permanente en la actividad que el Ayuntamiento desarrolla en materia de política de empleo: actividad muy prolongada en el tiempo, incardinada en sucesivos programas o planes de formación, en los que si bien concurren subvenciones externas -inicialmente del INEM y posteriormente del SAE- es el Ayuntamiento demandado el que ha asumido de manera permanente aquella actividad. Con independencia de la competencia en materia de las políticas ejecutivas de empleo conforme se desprende del art. 63.1 de la Ley Orgánica 7/2007, del Estatuto de Autonomía de Andalucía , y de los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , residenciable en la Administración autonómica, y sin olvidar las previsiones del art. 27 de este último texto en orden a las posibilidades de delegación de aquéllas, así como la dicción del propio art. 25 en la redacción anterior a la actualización de diciembre de 2013 -que integraba en las competencias locales la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social-, en lo que concierne al actual litigio ha resultado probado el carácter ordinario y permanente de la repetida actividad, prolongada a lo largo de casi dos décadas, y el desempeño por los ahora demandantes de iguales funciones, relacionadas con la inserción laboral de personas desempleadas, tanto mayores como menores de 25 años y mayores de 16, además de la realización con carácter regular de actividades en el entorno, tanto de ejecución como de mantenimiento del patrimonio histórico-artístico.

Improcedencia en su caso de deducir de la indemnización por despido improcedente las indemnizaciones ya percibidas por finalización de los contratos temporales suscritos.  No son compensables y no hay enriquecimiento injusto. solución de no compensación no procede proyectarla o extenderla al último de los contratos temporales suscrito. La detracción o minoración ha de operar sólo sobre la indemnización abonada por extinción del último contrato temporal, respecto de que la parte actora sí se ha pronunciado y ha sido objeto de la acción de despido con el resultado de la declaración de improcedencia, a fin de evitar la duplicidad denunciada.



RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES

STS 07/06/2018
Roj: STS 2610/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2610 
No de Recurso: 324/2017 No de Resolución: 604/2018  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: reparto proporcional de la responsabilidad en el pago de prestaciones derivada de enfermedad profesional cuanto ésta es susceptible de desarrollo a lo largo de un periodo de tiempo que pudiera abarcar etapas anteriores y posteriores al 1 de enero de 2008 fecha en que se inicia la cobertura a cargo de la Mutua.

Reitera doctrina: STS de 13-2-2018 (RCUD 2920/2016 ) que acogiendo doctrina unificada expone lo siguiente: "Aquella doctrina ha sido reiterada en las más recientes sentencias de esta Sala, de 4 de julio de 2017 [rcud 913/2016 ], 10 de julio de 2017 [rcud 1652/2016 ], 15 de noviembre de 2017 [rcud 446/2016 ], 22 de noviembre de 2017 [rcud 3636/2016 ] y 28 de noviembre de 2017 [rcud 2976/2016 ] 


REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

STS 13/06/2018
Roj: STS 2617/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2617 
No de Recurso: 29/2017 
No de Resolución: 636/2018   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: falta de agotamiento de los recursos. Documentos no aptos para la revisión por tratarse de documentos posteriores a la sentencia y que, además, son producidos a instancia de la propia parte que pretende la revisión. 


STS 13/06/2018
Roj: STS 2611/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2611 
No de Recurso: 11/2017 
No de Resolución: 631/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: demanda interpuesta fuera de plazo. Además los documentos aportados no se aceptan para revisión porque la parte actora no ha estado impedida para disponer de los documentos aportados, como fundamento de la demanda de revisión, por fuerza mayor, ni tampoco por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia. 



STS 13/06/2018
Roj: STS 2621/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2621 
No de Recurso: 8/2017 
No de Resolución: 629/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: inexistencia de la maquinación fraudulenta que se imputa a D. Olegario , demandante en los autos seguidos ante el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, autos número 687/2015 contra la empresa MANTIURBANA SL, actora en este procedimiento, que supuestamente consistía en haber ocultado maliciosamente al Juzgado el domicilio de la empresa demandada, facilitando otro domicilio diferente para conseguir una sentencia favorable que, de otro modo, no hubiera logrado. 

STS 13/06/2018
Roj: STS 2607/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2607 
No de Recurso: 23/2017 
No de Resolución: 635/2018   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. El documento que funda la demanda difícilmente puede entenderse como un documento obtenido o recobrado en el sentido de tratarse de un documento que, existente al tiempo de dictarse la sentencia, la parte no pudo disponer de él por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. Antes bien al contrario el documento en cuestión no existió hasta que se provocó su existencia con la petición al Ayuntamiento demandado que emitió el citado documento, precisamente, para dar cumplimiento a aquélla petición. En ese sentido la petición pudo realizarse, también por la demandante, en el momento en el que se le notificó la sentencia, sin dejar transcurrir más de un año 

SALARIOS

STS 14/06/2018
Roj: STS 2597/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2597 
No de Recurso: 189/2017 No de Resolución: 642/2018 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Salarios: incrementos salariales:   derecho de los trabajadores de Ferrovial Servicios, S.A., amparados por el IV Convenio Colectivo de Cremonini Rail Ibérica, S.A., a que se les aplique y abone el incremento del 1% de sus retribuciones desde el 1-01-2015 así como a se les regularicen las diferencias retributivas correspondientes desde el 1-01-2015 hasta la actualidad"». 


DERECHO A UN PROCESO JUSTO

STEDH 17/07/2018 de Ronald Vermeulen v. Bélgica.
Resumen: Derecho a un proceso justo ; acceso a un tribunal (art.6 CEDH): violación existente. 

El TEDH por unanimidad considera que h habido violación del derecho de acceso a los tribunales, previsto en el art.6.2 CEDH. 

El caso se refiere a un recurso administrativo sobre los resultados obtenidos por el señor Vermeulen en una oposición para funcionario.

El Sr. Vermeulen, que fue informado de que no pasó la prueba ante el tribunal, presentó una apelación, pidiendo suspensión y anulación de dicha resolución. El Consejo de Estado, que era el único órgano jurisdiccional competente para resolver el recurso, declaró la apelación inadmisible, teniendo en cuenta que en el momento en que había dictaminado, el Sr. Vermeulen carecía ya de interés alguno en la actuación (Artículo 19 § 1 de las Leyes del Consejo de Estado), dado que los seleccionados en la oposiciones  habían devenido definitivamente admitidos y la lista de reserva ha expirado.

El Tribunal considera, en particular, que en el momento de la interposición del recurso de anulación, la lista de reserva todavía era válida; El Sr. Vermeulen tenía, en ese momento, un interés actual en el recurso. Debido a la duración del procedimiento ante el Consejo de Estado, el Sr. Vermeulen perdió ese interés: la acción de suspensión duró 10 meses y el la de anulación duró poco más de tres años y medio.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluye que el Conseil d'État no ha considerado la posible influencia de la duración del procedimiento ante él sobre la pérdida del interés del Sr. Vermeulen en ejercitar la acción, la decisión de inadmisibilidad u el recurso de anulación ha vulnerado el derecho de acceso a un tribunal en su propia esencia y no fue no proporcional al principio de la adecuada administración de justicia.

STEDH 19/07/2018. Caso Aleksandar Sabev c. Bulgaria

Resumen: Derecho a un proceso justo. (art.6 CED). Violación existente del derecho a un proceso justo debido a la falta de control de fondo sobre la procedencia del despido.El TEDH declara, por unanimidad, que se ha vulnerado el art.6.1 de la CEDH.

El caso se refiere a un procedimiento judicial que tenía por objeto el control de la procedencia del despido del  demandante, un oficial de inteligencia militar despedido debido a la retirada de su autorización para acceder a información clasificada.

El Tribunal considera que la legalidad del despido del Sr. Sabev dependía por completo de la procedencia  o no  de la retirada del acceso a la información clasificada que su función exigía.

También señala que el Tribunal Administrativo Supremo llamado a revisar la procedencia del despido  simplemente se refirió a la decisión de la Comisión Estatal que le había retirado la autorización de acceso a información clasificada, enfatizando que no estaba motivada y no podía ser recurrida. Por lo tanto, el TEDH considera que el litigio relativo el despido no ha sido examinado por un tribunal competente para conocer sobre el fondo del asunto. 


LIBERTAD DE EXPRESIÓN

STEDH 19/07/2018. Caso Pussy Riot c. Rusia

Resumen: Libertad de expresión (art,10 CEDH). Vulneración existente.El caso Mariya Alekhina y otros v. Rusia, trata sobre la condena y el encarcelamiento de tres miembros del grupo de punk Pussy Riot que habían intentado interpretar una de sus canciones de protesta en la Catedral de Moscú en 2012. Los tribunales resolvieron que su actuación había sido ofensiva y se prohibió el acceso a las grabaciones de  vídeo que las jóvenes publicaron posteriormente en Internet sobre la base de que eran "Extremistas".

En la sentencia , el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide  por seis votos contra uno, que hubo una violación del artículo 3 (prohibición del trato inhumano o degradante) del CEDH. Las  mujeres jóvenes miembros del grupo fueron transportadas en un vehículo lleno de gente hacia y desde el palacio de justicia donde tuvieron lugar  las audiencias de su caso y tuvieron que sufrir  durante estas audiencias la humillación de estar en permanente exposición a la vista de todos en una caja de vidrio, rodeadas de policías armados  y provistos de perros , y todo ello  a pesar de la ausencia de un riesgo claro para la seguridad.

El TEDH ha resuelto unánimemente, que hubo una violación del Artículo 5 § 3 (derecho a la libertad y la seguridad) del CEDH , porque los tribunales nacionales se han contentado con razones estereotipadas para justificar mantener a las miembros del grupo en detención preventiva durante cinco meses.

El TEDH ha resuelto unánimemente que ha habido una violación del Artículo 6 § 1 (c) (derecho a un juicio justo / derecho a la asistencia de un defensor de su elección),  porque el dispositivo de seguridad en la sala del tribunal, es decir, la caja de cristal y el gran despliegue de medios, impidió  que las miembros del grupo se comunicasen discretamente con sus abogados durante el juicio, que duró un mes.

El TEDH ha resuelto por seis votos contra uno, que hubo una violación del artículo 10 (libertad de expresión) debida a la sentencia y las penas de prisión impuestas a las tres miembros del grupo.  El TEDH admite que una reacción a una violación de las reglas de conducta en un lugar de culto religioso pueda justificarse por sí misma. Sin embargo, concluye que al ordenar respecto de las integrantes del grupo su  encarcelamiento, sin siquiera analizar el texto de su canción o teniendo en cuenta el contexto, por la simple razón de que habían llevado ropa de colores brillantes, hicieron movimientos de brazos, arrojaron sus piernas al aire y usaron lenguaje grosero, los tribunales domésticos impusieron una sanción desproporcionadamente  grave.

El TEDH considera por unanimidad  que hubo una segunda violación del artículo 10 CEDH debido a la prohibición de publicar las grabaciones del grupo en Internet.

Los tribunales nacionales no indicaron por qué razón esta prohibición era necesaria. Se Limitaron a considerar las  conclusiones generales contenidas en el  informe de un experto sin entrar  en su propio análisis.

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS

STEDH 19/07/2018. Caso S.M c. Croacia
Resumen: Prohibición de esclavitud y trabajos forzados. (art 4 CEDH). 
El TEDH resuelve  por seis votos contra uno, que ha habido: violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso) CEDH.

En ese caso, una ciudadana croata denunció  que la habían obligado a prostituirse. En concreto, alegó que las autoridades no proporcionaron una respuesta adecuada a su queja y que Croacia carecía de un marco legal para hacer frente a ese problema.

En primer lugar, el Tribunal considera que el artículo 4 es aplicable en casos tales como el de autos, que se ocupa de la trata de personas y la explotación de la mujer con el fin de  prostituirla, incluso si este caso carece de cualquier dimensión internacional.

El Tribunal concluye que, si bien existe un marco legal adecuado en Croacia contra el tráfico de seres humanos, prostitución forzada y explotación de la prostitución, la investigación llevada a cabo  por las autoridades en este caso adolecía de diversas deficiencias. En particular, las autoridades no han interrogado a todos los posibles testigos; Además, al establecer que la denunciante  había prestado  servicios sexuales por su propia voluntad y, al absolver al acusado, han ignorado las normas internacionales aplicables a la trata de seres humanos, que estipulan que el consentimiento de la víctima es irrelevante.


TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES 

STEDH 19/07/2018. Caso Hovhannisyan c. Armenia
Resumen: tratos degradantes en el trabajo: existencia por falta de investigación. 

La demandante, Sra. Aida Hovhannisyan, es una ciudadana armenia que nació en 1958 y vive en  Ereván. Denunció haber sido agredida por sus superiores en su lugar de trabajo durante un disputa sobre su informe de evaluación.

En enero de 2012, la Sra. Hovhannisyan, inspectora del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, informó a la policía que su jefe de división y su adjunto la habían cogido  por la muñecas y la insultaron cuando se negó a dar su informe de evaluación antes de que ella hubiese agregado sus objeciones A petición del oficial de policía a cargo de la investigación, se realizó un examen médico, que reveló que tenía moratones en sus brazos. Sus superiores y algunos de sus colegas también fueron interrogados, pero refutaron su versión de los hechos. Finalmente, el investigador se negó a iniciar un proceso penal.

La Sra. Hovhannisyan presentó una apelación contra esta decisión ante el fiscal. Sin embargo, no se abrió investigación alguna, por falta de indicios.  La demandante acudió  luego r a los tribunales nacionales, argumentando en particular, que el fiscal no tuvo en cuenta los resultados del examen médico.  Partiendo de que la decisión del fiscal fue legítima, los tribunales nacionales desestimaron su denuncia en  Mayo de 2012, y la misma suerte corrieron sus  apelaciones posteriores.

Basándose en el artículo 3 (prohibición de trato inhumano o degradante) de la CEDH  la Sra. Hovhannisyan afirmó que sus superiores habían intencionadamente abusado de ella y la habían humillado y que las autoridades no habían iniciado  una investigación efectiva de sus alegatos.

Violación del Artículo 3 (investigación): existente. 




ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 


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ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


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