sábado, 3 de marzo de 2018

Newsletter laboral número 53





NÚMERO:  53                                                                                                                                                    FECHA: 03/03/2018




LEGISLACIÓN

Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2018, pel qual s’estableixen el serveis mínims per a la jornada de vaga del dia 8 de març de 2018 ir al texto

Castilla la Mancha

Resolución de 16/02/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modi ca la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. [2018/2543] ir al texto


Murcia

Decreto nº 15/2018, de 28 de febrero, sobre garantías de prestación de servicios mínimos en la Administración Pública de la Región de Murcia. (Huelga día 8/03). ir al texto

Decreto nº 16/2018, de 28 de febrero, por el que se garantizan los servicios mínimos en el ámbito de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018. ir al texto

Decreto nº 17/2018, de 28 de febrero, por el que se establecen servicios mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga el jueves día 8 de marzo de 2018 en empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ir al texto
Navarra

DECRETO FORAL 6/2018, de 28 de febrero, por el que se concede a Blanca Fernández Viguera el premio BERDINNA 2018 a la igualdad entre mujeres y hombres. ir al texto



NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Madrid

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del acuerdo de adhesión del convenio colectivo de la empresa “Automáticos Orenes, Sociedad Limitada Unipersonal”, centro de Madrid, al convenio colectivo de la misma empresa en los centros de Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Jerez de la Frontera (código número 28100031022018) ir al texto

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del acta de 29 de diciembre de 2017, suscrita por “Unipyme-Madrid”, Asociación de Empresarios Auxiliares de Comercio Exterior y UGT, por la que acuerdan la ampliación de la vigencia de dicho convenio para 2018, así como la modificación de diversos artículos del convenio colectivo del sector de oficinas de importación y exportación de la Comunidad de Madrid (código número 2800299501198) ir al texto



JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

COMPETENCIAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA
STC 2/2018, de 11 de enero

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad:
Ponent: Cándido Conde-Pumpido Tourón

Resumen: Competencias en materia de extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad. Declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 2 [apartado a)], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el inciso «Estas ayudas tienen el carácter de inembargables» del párrafo primero del artículo 12.1 y la disposición adicional primera de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los preceptos impugnados determinan el alcance subjetivo y objetivo de la universalización de la atención sanitaria. Se declara la inconstitucionalidad de los citados preceptos -en materia de asistencia sanitaria-  porque s  el Sistema Nacional de Salud, establecido para todo el territorio del Estado, supone que el derecho de acceso a la cartera de prestaciones sanitarias debe tener el mismo nivel de cobertura subjetiva.

Al situarse la controversia en el ámbito sanitario, en la que el Estado dispone de la competencia exclusiva para las bases y la coordinación general (art. 149.1.16 CE) y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, les corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución.

Reitera doctrina: STC 134/2017 de 16 de noviembre y STC 145/2015 de 14 de diciembre

Voto Particular: Antonio Narváez Rodríguez


VIUDEDAD
ATC  4/2018, de 23 de enero

Procedimiento: Cuestión de inconstitucionalidad
Resumen: Pensión de Viudedad en casos de separación o divorcio. Pensión compensatoria: inadmisión por notoriamente infundada:  cuestión de inconstitucionalidad sobre el art.220.1 LGSS (antiguo art.174.2 LGSS 1994), por por posible vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE); del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE); del principio de protección social, económica, y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) y del mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 CE).

Matrimonio de 1987 se separa por sentencia de 12/09/2013, sin que existiese pensión compensatoria, al no haber desequilibrio económico. El hombre fallece el 18/03/15 y en diciembre de 2015 el INSS desestima la solicitud de pensión de viudedad formulada por la mujer por no existir pensión compensatoria.

En 2016 la viuda reclama nuevamente pensión y añade que el 6/03/15 presentó demanda de modificación de medidas en la que se le reconoce una pensión compensatoria de 750 euros con cargo al causante, sin que llegara a dictarse sentencia por haber fallecido antes el causante.

Con base al convenio regulador interesó pensión de viudedad, que fue nuevamente denegada. También alegó que, tras la separación judicial, los cónyuges mantuvieron abierta una cuenta bancaria común, en la que el finado realizaba ingresos para sufragar gastos de vivienda y cargas familiares. En suma, la pretensión de la actora se fundó en el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015

Cuestión de inconstitucionalidad: el órgano judicial considera que las prestaciones de Seguridad Social no están llamadas a remediar los desequilibrios económicos originados por crisis matrimoniales, sino atender a situaciones de necesidad vital derivadas principalmente de pérdidas de rentas; que en el caso de la pensión de viudedad se anuda a la merma patrimonial derivada de la muerte del causante. Por ello, la situación de necesidad vital que produce el fallecimiento de uno de los cónyuges debe ser considerada distinta del desequilibrio económico que justifica la concesión de la pensión compensatoria, de suerte que, al vincular la prestación pública indicada con la pérdida de la referida pensión compensatoria se origina una situación extravagante y distorsionante, pues el sistema público de protección social queda subrogado en la posición de la persona que, hasta el momento de su fallecimiento, estaba obligado a satisfacer la pensión compensatoria; hasta el extremo de que la pensión de viudedad no puede superar el importe de la prestación fijada al amparo del artículo 97 del Código civil (CC).

A juicio del proponente, el contenido del precepto cuestionado infringe el mandato expresado en los artículos 14 y 39 CE, pues si bien el legislador pueda establecer diferentes requisitos para el reconocimiento de la pensión de viudedad, lo que no es dable es que dichos requisitos sean caprichosos o desproporcionados, que es, precisamente, lo que considera que acontece en el presente caso.

Resolución del TC: inadmisión. el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel»

Art. 41 CE: La garantía institucional de la Seguridad Social:
El hecho de que el párrafo segundo del artículo 220.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015 vincule el reconocimiento de la pensión de viudedad a la preexistencia de una pensión compensatoria no excede del ámbito de configuración legal que la doctrina constitucional reconoce al legislador, ni tampoco menoscaba el núcleo esencial, indisponible para aquél, que el citado precepto garantiza. Por tanto, cabe concluir que no resulta contario a lo dispuesto en el precepto objeto de análisis, el hecho de establecer un régimen jurídico diferenciado para las personas separadas y divorciadas, a efectos de obtener la pensión de viudedad, respecto del previsto para los cónyuges que mantienen la convivencia matrimonial.

Art. 39.1: La protección de la familia: este principio no exige (...) que el legislador deba fijar los mismos requisitos para la obtención de la pensión de viudedad, con independencia de que subsista el vínculo conyugal o se mantenga la convivencia matrimonial en el momento del fallecimiento del causante.

Art.14 CE: Igualdad ante la ley: es conforme a la Constitución Española la fijación de un modelo de prestación por viudedad que no tenga por estricta finalidad atender una situación de necesidad o dependencia económica, sino compensar la falta o minoración de ingresos de los que participa el cónyuge supérstite y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la muerte de uno de los consortes.

(...) en la determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas, el legislador dispone de un amplio margen de apreciación a la hora de regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen y en conexión con las circunstancias socioeconómicas, las disponibilidades presupuestarias, las necesidades de los diversos grupos sociales y la importancia relativa de las mismas

Siendo admisible, desde el prisma constitucional, que la finalidad de la pensión de viudedad sea la de paliar la merma de ingresos y el consiguiente desequilibrio patrimonial que produce la muerte de un cónyuge respecto del otro –y ello con independencia de que, en la mayoría de las ocasiones, el fallecimiento referido origine o agudice una situación de necesidad vital, por la precariedad económica en que se pueda ver sumido el consorte superviviente–, tampoco resulta objetable, desde la perspectiva antes indicada, que en supuestos de crisis matrimonial el legislador vincule la pensión de viudedad a la finalidad de mitigar el impacto económico que la muerte del causante produce al superviviente separado o divorciado. Por ello, no resulta extravagante condicionar el reconocimiento de la referida prestación social pública a la preexistencia de una pensión compensatoria a cargo del causante, puesto que la finalidad de esta pensión también es la de corregir el desequilibrio patrimonial surgido tras la crisis matrimonial.

Tribunal Supremo

INCAPACIDAD TEMPORAL
STS 25/01/2018

No de Recurso: 249/2016
No Resolución: 62/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO

Resumen: Incapacidad temporal: control de la IT por el empresario. El sindicato que plantea el conflicto (CGT), pretende que se declare el derecho que para llevar a cabo lo contenido en el artículo 20.4 de la LET sea a cargo de los servicios médicos de la Mutua correspondiente. Se desestima por la AN y por el TS. De manera subsidiaria a lo anterior, pretende que se declaren : los siguientes derechos: Que se declare nula la práctica empresarial de llamar a la persona trabajadora y concertar la cita médica conforme al artículo 20.4 de la LET con carácter previo a la acreditación formal de encontrarse en situación de incapacidad temporal. Que en los supuestos de no abono por parte de la empresa de los complementos salariales derivados de la IT, se acredite de manera fehacientemente la negativa por parte de la personas trabajadora de no someterse a los reconocimientos médicos. Que para verificar el estado de enfermedad del trabajador conforme al artículo 20.4 de la LET, la empresa a través de personal médico efectúe reconocimientos médicos efectivos llevando a cabo las pruebas diagnósticas correspondientes según enfermedad. Que en la actuación de Tebex y Geseme y correspondiente reporte a Unísono de acuerdo a contrato mercantil suscrito entre las demandadas, no se contengan datos personales ajenos al mandato del artículo 20.4 de la LET conforme al hecho séptimo. Que la empresa abone en todo caso cualquier gasto que el desplazamiento ocasione al trabajador».

También se desestiman las pretensiones subsidiarias.

La tesis de los recurrentes pasa por sostener que lo dispuesto en el art. 63 CC supone una limitación, pactada de mutuo acuerdo, que obligaría a encauzar a través de los servicios médicos de la Mutua las facultades unilaterales que el art. 20. 4 ET atribuye al empresario en la verificación del estado de salud del trabajador cuando esta circunstancia es alegada para justificar sus faltas de asistencia al trabajador.  Ninguno de los argumentos que se exponen en el recurso conduce a considerar que la redacción del art. 63 del Convenio Colectivo imponga a la empresa la obligación de recurrir a los servicios de la Mutua, en el ejercicio del derecho a verificar la justificación médica de las ausencias del trabajador que le atribuye el art. 20.4 ET.

JUBILACIÓN ACTIVA
STS 24/01/2018

No de Recurso: 389/2016
No de Resolución: 48/2018  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN

Resumen: Jubilación activa:  los requisitos establecidos para tener derecho a la llamada jubilación activa que permite compatibilizar la pensión de jubilación reconocida con el trabajo y, más concretamente, a tal fin es preciso tener reconocido un porcentaje que de derecho a una pensión de jubilación del 100 por 100 de la base reguladora de la prestación reconocida, sin que  quepa obtener la compatibilidad cuando la pensión se  tiene reconocida por porcentaje inferior, razón por la que no es posible alcanzar el porcentaje del 100 por 100 con las cotizaciones efectuadas por los trabajos posteriores a la jubilación.

Los términos del art.2 RDL 5/2013 son tan claros que no dejan duda sobre la necesidad de haberse jubilado con una pensión equivalente al 100 por 100 de la base reguladora de la misma, para poder compatibilizar el trabajo con la pensión reconocida que, durante esa situación de compatibilidad, se reducirá en un 50 por 100, sin que, por ende sea posible alcanzar porcentaje del 100 por 100 cuestionado con cotizaciones posteriores a la jubilación».
Reitera doctrina: STS/4a de 30 mayo 2017 (rcud. 2268/2015 )

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES
STS 01/02/2018

No de Recurso: 3062/2016
No de Resolución: 82/2018 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER

Resumen: Seguridad Social de trabajadores migrantes: Rectifica doctrina: doctrina anterior: pensión de jubilación R.E Mar. La base reguladora de la prestación de jubilación se calcula como sigue: las bases medias durante el periodo trabajado en Holanda y las reales durante el periodo de prestación por desempleo.
 
Resulta de aplicación el convenio bilateral entre España y Holanda, pues el TS llega  a la la conclusión de su sentido más favorable, por lo que procede el cómputo de bases medias de cotización correspondientes a la categoría del trabajador en España

Nueva doctrina: una meditada reconsideración de la cuestión nos lleva a una diferente solución a la misma, al igual que en el recurso núm. 2530/2015 deliberado en esta misma fecha. Ciertamente, la norma que constituye la clave para la decisión del litigio es el art. 19 del Acuerdo con Bélgica, pero entendemos, corrigiendo nuestra anterior doctrina, que dicho precepto no remite a las «bases medias» del período previo al hecho causante, sino a las «bases reales» o «bases remotas» cotizadas en España. `

La discrepancia con nuestra resolución anterior radica en la interpretación que dimos al art. 19 del Convenio con Bélgica, en tanto señala que en el supuesto que contempla " el salario medio tomado en consideración para calcular las prestaciones a cargo de tal país -en el caso España - se determinará según los salarios comprobados durante el período de seguro cumplido en dicho país ". En mérito a tal exégesis llegamos a la conclusión de que la base reguladora de la prestación a cargo de la Seguridad Social española se obtiene de las «bases medias» correspondientes al período previo al hecho causante de la prestación en que el trabajador cotizó en Bélgica, de lo que dedujimos que la regulación contenida en el Acuerdo con Bélgica es más favorable para los asegurados que de la letra a) del apartado D el Anexo VI, D, a) del Reglamento Comunitario 1408/1971, en la redacción dada por el Reglamento 1248/1992, conforme a la cual "en aplicación del art. 47 del Reglamento, el cálculo de la prestación teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la seguridad social española".
Pues bien, tal como resulta de la clara literalidad del art. 19 del Convenio y en particular del inciso que estipula que a efectos de determinar el salario medio hay que tomar como referencia "los salarios comprobados durante el período de seguro cumplido en dicho país" , esto es en aquél que para calcular el importe de la prestación tiene en cuenta el salario medio de todo o parte del período y asume la prestación a su cargo, hay que entender que en casos como el enjuiciado en que el asegurado cotiza primero en España y después en Bélgica donde lo hace en el período inmediatamente anterior al hecho causante, las bases de cotización que se han de tomar en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación que debe abonar la Seguridad Social española, son las correspondientes al período de seguro acreditado en nuestro país, es decir las «bases reales», o «bases remotas», pues el inciso transcrito no puede merecer otra interpretación que la indicada.

Rectifica doctrina:  STS  27 de octubre de 2017 (rec. 3006/2015)

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

INDEPENDENCIA JUDICIAL
STJUE 27/02/2018

Procedimiento prejudicial —Artículo 19 TUE, apartado 1 —Medios de impugnación judicial —Tutela judicial efectiva —Independencia judicial —Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —Artículo 47 —Reducción de las retribuciones en la función pública nacional —Medidas de austeridad presupuestaria»

En el asunto C‑64/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), mediante resolución de 7 de enero de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Associação Sindical dos Juízes Portugueses y Tribunal de Cuentas.

44      La noción de independencia supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, apartado 51, y de 16 de febrero de 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, apartado 37 y jurisprudencia citada).

45      Pues bien, al igual que la inamovilidad de los miembros del órgano en cuestión (véase, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, apartado 51), el hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial.

46      En el caso de autos, procede señalar que, según resulta de las indicaciones del tribunal remitente, las medidas de reducción salarial controvertidas en el litigio principal fueron adoptadas en función de las exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo del Estado portugués y en el contexto de un programa de ayuda financiera de la Unión a dicho Estado miembro.

47      Las referidas medidas preveían una reducción limitada del importe de las retribuciones, en aplicación de un tanto por ciento variable en función del nivel de las propias retribuciones. 

48      Las medidas no se aplicaron únicamente a los miembros del Tribunal de Contas, sino, con mayor amplitud, a una serie de cargos públicos y de personas que ejercen funciones en el sector público, incluidos representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

49      Por ello, no puede considerarse que tales medidas hayan sido adoptadas específicamente en relación con los miembros del Tribunal de Contas, sino que constituyen, por el contrario, medidas generales destinadas a lograr que un conjunto de miembros de la función pública nacional contribuya al esfuerzo de austeridad que imponen las exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo del Estado portugués.

50      Por último, tal como resulta de la denominación de la Ley n.º 75/2014 y de los propios términos de su artículo 1, apartado 1, las medidas de reducción salarial establecidas por esa misma Ley, que entraron en vigor el 1 de octubre de 2014, tenían carácter temporal. En el marco de un procedimiento gradual de supresión de tales medidas que se desarrolló a lo largo del año 2016, la Ley nº 159‑A/2015 puso fin definitivamente, a fecha de 1 de octubre de 2016, a la reducción del importe de las retribuciones.

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a que se apliquen a los miembros del Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas, Portugal) medidas generales de reducción salarial como las controvertidas en el litigio principal, vinculadas a exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo y a un programa de ayuda financiera de la Unión Europea.



JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

COMPETENCIAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA
STC 2/2018, de 11 de enero

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad:
Ponent: Cándido Conde-Pumpido Tourón

Resumen: Competencias en materia de extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad. Declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 2 [apartado a)], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el inciso «Estas ayudas tienen el carácter de inembargables» del párrafo primero del artículo 12.1 y la disposición adicional primera de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los preceptos impugnados determinan el alcance subjetivo y objetivo de la universalización de la atención sanitaria. Se declara la inconstitucionalidad de los citados preceptos -en materia de asistencia sanitaria-  porque s  el Sistema Nacional de Salud, establecido para todo el territorio del Estado, supone que el derecho de acceso a la cartera de prestaciones sanitarias debe tener el mismo nivel de cobertura subjetiva.

Al situarse la controversia en el ámbito sanitario, en la que el Estado dispone de la competencia exclusiva para las bases y la coordinación general (art. 149.1.16 CE) y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, les corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución.

Reitera doctrina: STC 134/2017 de 16 de noviembre y STC 145/2015 de 14 de diciembre

Voto Particular: Antonio Narváez Rodríguez


VIUDEDAD
ATC  4/2018, de 23 de enero

Procedimiento: Cuestión de inconstitucionalidad
Resumen: Pensión de Viudedad en casos de separación o divorcio. Pensión compensatoria: inadmisión por notoriamente infundada:  cuestión de inconstitucionalidad sobre el art.220.1 LGSS (antiguo art.174.2 LGSS 1994), por por posible vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE); del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE); del principio de protección social, económica, y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) y del mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 CE).

Matrimonio de 1987 se separa por sentencia de 12/09/2013, sin que existiese pensión compensatoria, al no haber desequilibrio económico. El hombre fallece el 18/03/15 y en diciembre de 2015 el INSS desestima la solicitud de pensión de viudedad formulada por la mujer por no existir pensión compensatoria.

En 2016 la viuda reclama nuevamente pensión y añade que el 6/03/15 presentó demanda de modificación de medidas en la que se le reconoce una pensión compensatoria de 750 euros con cargo al causante, sin que llegara a dictarse sentencia por haber fallecido antes el causante.

Con base al convenio regulador interesó pensión de viudedad, que fue nuevamente denegada. También alegó que, tras la separación judicial, los cónyuges mantuvieron abierta una cuenta bancaria común, en la que el finado realizaba ingresos para sufragar gastos de vivienda y cargas familiares. En suma, la pretensión de la actora se fundó en el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015

Cuestión de inconstitucionalidad: el órgano judicial considera que las prestaciones de Seguridad Social no están llamadas a remediar los desequilibrios económicos originados por crisis matrimoniales, sino atender a situaciones de necesidad vital derivadas principalmente de pérdidas de rentas; que en el caso de la pensión de viudedad se anuda a la merma patrimonial derivada de la muerte del causante. Por ello, la situación de necesidad vital que produce el fallecimiento de uno de los cónyuges debe ser considerada distinta del desequilibrio económico que justifica la concesión de la pensión compensatoria, de suerte que, al vincular la prestación pública indicada con la pérdida de la referida pensión compensatoria se origina una situación extravagante y distorsionante, pues el sistema público de protección social queda subrogado en la posición de la persona que, hasta el momento de su fallecimiento, estaba obligado a satisfacer la pensión compensatoria; hasta el extremo de que la pensión de viudedad no puede superar el importe de la prestación fijada al amparo del artículo 97 del Código civil (CC).

A juicio del proponente, el contenido del precepto cuestionado infringe el mandato expresado en los artículos 14 y 39 CE, pues si bien el legislador pueda establecer diferentes requisitos para el reconocimiento de la pensión de viudedad, lo que no es dable es que dichos requisitos sean caprichosos o desproporcionados, que es, precisamente, lo que considera que acontece en el presente caso.

Resolución del TC: inadmisión. el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel»

Art. 41 CE: La garantía institucional de la Seguridad Social:
El hecho de que el párrafo segundo del artículo 220.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015 vincule el reconocimiento de la pensión de viudedad a la preexistencia de una pensión compensatoria no excede del ámbito de configuración legal que la doctrina constitucional reconoce al legislador, ni tampoco menoscaba el núcleo esencial, indisponible para aquél, que el citado precepto garantiza. Por tanto, cabe concluir que no resulta contario a lo dispuesto en el precepto objeto de análisis, el hecho de establecer un régimen jurídico diferenciado para las personas separadas y divorciadas, a efectos de obtener la pensión de viudedad, respecto del previsto para los cónyuges que mantienen la convivencia matrimonial.

Art. 39.1: La protección de la familia: este principio no exige (...) que el legislador deba fijar los mismos requisitos para la obtención de la pensión de viudedad, con independencia de que subsista el vínculo conyugal o se mantenga la convivencia matrimonial en el momento del fallecimiento del causante.

Art.14 CE: Igualdad ante la ley: es conforme a la Constitución Española la fijación de un modelo de prestación por viudedad que no tenga por estricta finalidad atender una situación de necesidad o dependencia económica, sino compensar la falta o minoración de ingresos de los que participa el cónyuge supérstite y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la muerte de uno de los consortes.

(...) en la determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas, el legislador dispone de un amplio margen de apreciación a la hora de regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen y en conexión con las circunstancias socioeconómicas, las disponibilidades presupuestarias, las necesidades de los diversos grupos sociales y la importancia relativa de las mismas

Siendo admisible, desde el prisma constitucional, que la finalidad de la pensión de viudedad sea la de paliar la merma de ingresos y el consiguiente desequilibrio patrimonial que produce la muerte de un cónyuge respecto del otro –y ello con independencia de que, en la mayoría de las ocasiones, el fallecimiento referido origine o agudice una situación de necesidad vital, por la precariedad económica en que se pueda ver sumido el consorte superviviente–, tampoco resulta objetable, desde la perspectiva antes indicada, que en supuestos de crisis matrimonial el legislador vincule la pensión de viudedad a la finalidad de mitigar el impacto económico que la muerte del causante produce al superviviente separado o divorciado. Por ello, no resulta extravagante condicionar el reconocimiento de la referida prestación social pública a la preexistencia de una pensión compensatoria a cargo del causante, puesto que la finalidad de esta pensión también es la de corregir el desequilibrio patrimonial surgido tras la crisis matrimonial.

Tribunal Supremo

INCAPACIDAD TEMPORAL
STS 25/01/2018

No de Recurso: 249/2016
No Resolución: 62/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO

Resumen: Incapacidad temporal: control de la IT por el empresario. El sindicato que plantea el conflicto (CGT), pretende que se declare el derecho que para llevar a cabo lo contenido en el artículo 20.4 de la LET sea a cargo de los servicios médicos de la Mutua correspondiente. Se desestima por la AN y por el TS. De manera subsidiaria a lo anterior, pretende que se declaren : los siguientes derechos: Que se declare nula la práctica empresarial de llamar a la persona trabajadora y concertar la cita médica conforme al artículo 20.4 de la LET con carácter previo a la acreditación formal de encontrarse en situación de incapacidad temporal. Que en los supuestos de no abono por parte de la empresa de los complementos salariales derivados de la IT, se acredite de manera fehacientemente la negativa por parte de la personas trabajadora de no someterse a los reconocimientos médicos. Que para verificar el estado de enfermedad del trabajador conforme al artículo 20.4 de la LET, la empresa a través de personal médico efectúe reconocimientos médicos efectivos llevando a cabo las pruebas diagnósticas correspondientes según enfermedad. Que en la actuación de Tebex y Geseme y correspondiente reporte a Unísono de acuerdo a contrato mercantil suscrito entre las demandadas, no se contengan datos personales ajenos al mandato del artículo 20.4 de la LET conforme al hecho séptimo. Que la empresa abone en todo caso cualquier gasto que el desplazamiento ocasione al trabajador».

También se desestiman las pretensiones subsidiarias.

La tesis de los recurrentes pasa por sostener que lo dispuesto en el art. 63 CC supone una limitación, pactada de mutuo acuerdo, que obligaría a encauzar a través de los servicios médicos de la Mutua las facultades unilaterales que el art. 20. 4 ET atribuye al empresario en la verificación del estado de salud del trabajador cuando esta circunstancia es alegada para justificar sus faltas de asistencia al trabajador.  Ninguno de los argumentos que se exponen en el recurso conduce a considerar que la redacción del art. 63 del Convenio Colectivo imponga a la empresa la obligación de recurrir a los servicios de la Mutua, en el ejercicio del derecho a verificar la justificación médica de las ausencias del trabajador que le atribuye el art. 20.4 ET.

JUBILACIÓN ACTIVA
STS 24/01/2018

No de Recurso: 389/2016
No de Resolución: 48/2018  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN

Resumen: Jubilación activa:  los requisitos establecidos para tener derecho a la llamada jubilación activa que permite compatibilizar la pensión de jubilación reconocida con el trabajo y, más concretamente, a tal fin es preciso tener reconocido un porcentaje que de derecho a una pensión de jubilación del 100 por 100 de la base reguladora de la prestación reconocida, sin que  quepa obtener la compatibilidad cuando la pensión se  tiene reconocida por porcentaje inferior, razón por la que no es posible alcanzar el porcentaje del 100 por 100 con las cotizaciones efectuadas por los trabajos posteriores a la jubilación.

Los términos del art.2 RDL 5/2013 son tan claros que no dejan duda sobre la necesidad de haberse jubilado con una pensión equivalente al 100 por 100 de la base reguladora de la misma, para poder compatibilizar el trabajo con la pensión reconocida que, durante esa situación de compatibilidad, se reducirá en un 50 por 100, sin que, por ende sea posible alcanzar porcentaje del 100 por 100 cuestionado con cotizaciones posteriores a la jubilación».
Reitera doctrina: STS/4a de 30 mayo 2017 (rcud. 2268/2015 )

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES
STS 01/02/2018

No de Recurso: 3062/2016
No de Resolución: 82/2018 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER

Resumen: Seguridad Social de trabajadores migrantes: Rectifica doctrina: doctrina anterior: pensión de jubilación R.E Mar. La base reguladora de la prestación de jubilación se calcula como sigue: las bases medias durante el periodo trabajado en Holanda y las reales durante el periodo de prestación por desempleo.
 
Resulta de aplicación el convenio bilateral entre España y Holanda, pues el TS llega  a la la conclusión de su sentido más favorable, por lo que procede el cómputo de bases medias de cotización correspondientes a la categoría del trabajador en España

Nueva doctrina: una meditada reconsideración de la cuestión nos lleva a una diferente solución a la misma, al igual que en el recurso núm. 2530/2015 deliberado en esta misma fecha. Ciertamente, la norma que constituye la clave para la decisión del litigio es el art. 19 del Acuerdo con Bélgica, pero entendemos, corrigiendo nuestra anterior doctrina, que dicho precepto no remite a las «bases medias» del período previo al hecho causante, sino a las «bases reales» o «bases remotas» cotizadas en España. `

La discrepancia con nuestra resolución anterior radica en la interpretación que dimos al art. 19 del Convenio con Bélgica, en tanto señala que en el supuesto que contempla " el salario medio tomado en consideración para calcular las prestaciones a cargo de tal país -en el caso España - se determinará según los salarios comprobados durante el período de seguro cumplido en dicho país ". En mérito a tal exégesis llegamos a la conclusión de que la base reguladora de la prestación a cargo de la Seguridad Social española se obtiene de las «bases medias» correspondientes al período previo al hecho causante de la prestación en que el trabajador cotizó en Bélgica, de lo que dedujimos que la regulación contenida en el Acuerdo con Bélgica es más favorable para los asegurados que de la letra a) del apartado D el Anexo VI, D, a) del Reglamento Comunitario 1408/1971, en la redacción dada por el Reglamento 1248/1992, conforme a la cual "en aplicación del art. 47 del Reglamento, el cálculo de la prestación teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la seguridad social española".

Pues bien, tal como resulta de la clara literalidad del art. 19 del Convenio y en particular del inciso que estipula que a efectos de determinar el salario medio hay que tomar como referencia "los salarios comprobados durante el período de seguro cumplido en dicho país" , esto es en aquél que para calcular el importe de la prestación tiene en cuenta el salario medio de todo o parte del período y asume la prestación a su cargo, hay que entender que en casos como el enjuiciado en que el asegurado cotiza primero en España y después en Bélgica donde lo hace en el período inmediatamente anterior al hecho causante, las bases de cotización que se han de tomar en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación que debe abonar la Seguridad Social española, son las correspondientes al período de seguro acreditado en nuestro país, es decir las «bases reales», o «bases remotas», pues el inciso transcrito no puede merecer otra interpretación que la indicada.

Rectifica doctrina:  STS  27 de octubre de 2017 (rec. 3006/2015)

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

INDEPENDENCIA JUDICIAL
STJUE 27/02/2018

Procedimiento prejudicial —Artículo 19 TUE, apartado 1 —Medios de impugnación judicial —Tutela judicial efectiva —Independencia judicial —Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —Artículo 47 —Reducción de las retribuciones en la función pública nacional —Medidas de austeridad presupuestaria»

En el asunto C‑64/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), mediante resolución de 7 de enero de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Associação Sindical dos Juízes Portugueses y Tribunal de Cuentas.

44      La noción de independencia supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, apartado 51, y de 16 de febrero de 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, apartado 37 y jurisprudencia citada).

45      Pues bien, al igual que la inamovilidad de los miembros del órgano en cuestión (véase, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, apartado 51), el hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial.

46      En el caso de autos, procede señalar que, según resulta de las indicaciones del tribunal remitente, las medidas de reducción salarial controvertidas en el litigio principal fueron adoptadas en función de las exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo del Estado portugués y en el contexto de un programa de ayuda financiera de la Unión a dicho Estado miembro.

47      Las referidas medidas preveían una reducción limitada del importe de las retribuciones, en aplicación de un tanto por ciento variable en función del nivel de las propias retribuciones. 

48      Las medidas no se aplicaron únicamente a los miembros del Tribunal de Contas, sino, con mayor amplitud, a una serie de cargos públicos y de personas que ejercen funciones en el sector público, incluidos representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

49      Por ello, no puede considerarse que tales medidas hayan sido adoptadas específicamente en relación con los miembros del Tribunal de Contas, sino que constituyen, por el contrario, medidas generales destinadas a lograr que un conjunto de miembros de la función pública nacional contribuya al esfuerzo de austeridad que imponen las exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo del Estado portugués.

50      Por último, tal como resulta de la denominación de la Ley n.º 75/2014 y de los propios términos de su artículo 1, apartado 1, las medidas de reducción salarial establecidas por esa misma Ley, que entraron en vigor el 1 de octubre de 2014, tenían carácter temporal. En el marco de un procedimiento gradual de supresión de tales medidas que se desarrolló a lo largo del año 2016, la Ley nº 159‑A/2015 puso fin definitivamente, a fecha de 1 de octubre de 2016, a la reducción del importe de las retribuciones.

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a que se apliquen a los miembros del Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas, Portugal) medidas generales de reducción salarial como las controvertidas en el litigio principal, vinculadas a exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario excesivo y a un programa de ayuda financiera de la Unión Europea.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
STEDH 27/02/2018. Caso Guja c. República de Moldavia

Resumen: libertad de expresión y garantía de indemnidad: funcionario moldavo denunciante que gana por vulneración de sus derechos fundamentales por segunda vez al Estado moldavo. El caso trata sobre la denuncia de una violación continua de la libertad de expresión después de un incidente de denuncia (soplo), a pesar de una sentencia previa de la Gran Sala del TEDH en su favor. Se queja de que las autoridades únicamente han simulado un cumplimiento de la sentencia del TEDH que las condenaba por su despido producido con vulneración de su libertad de expresión; y proceden a simular una readmisión en su trabajo, pero luego diseñan un nuevo proceso de despido. El TEDH considera, que, a pesar de intentar cumplir su sentencia anterior, el Gobierno de Moldavia nunca tuvo la intención de readmitir realmente al demandante. En realidad, su segundo despido continuó siendo una represalia en respuesta a la denuncia que hizo en 2003.

Es más, los tribunales nacionales han contribuido a la violación de los derechos del demandante al rechazar el examen de sus alegaciones y pruebas y al ignorar los principios sentado en el primer caso Guja.

En 2003 mientras el Sr. Guja trabajaba como jefe del Departamento de Prensa de la Oficina del Fiscal General (PGO), envió pruebas a un periódico sobre la presión que el  Vicepresidente del Parlamento moldavo realizó sobre el Fiscal General sobre asuntos relacionados con mala conducta policial. El periódico publicó un artículo y el Sr. Guja fue despedido por violar los reglamentos internos del PGO. Él interpuso un recurso de readmisión basándose en particular en el artículo 10 del Convenio, pero en los tribunales nacionales confirmaron su despido.

Tras una denuncia del Sr. Guja, la Gran Sala del TEDH determinó en febrero de 2008 que su despido había violado su derecho a la libertad de expresión (en particular, su derecho a difundir información) garantizado por el artículo 10 CEDH, y le otorgó 10.000 euros (EUR) en concepto de daños y perjuicios. En particular, el Tribunal consideró que el Sr. Guja había actuado de buena fe, que ningún otro canal de información tenía estado abierto a él, que el interés público en revelar la información había superado el perjuicio causado al PGO, y que se le había dado la sanción más severa posible. El PGO lo reincorporó en junio de 2008 después de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (SCJ), pero el Fiscal General escribió simultáneamente al jefe del sindicato competente para solicitar la aprobación por su despido. El Sr. Guja mantuvo que, a su regreso al trabajo, no había recibido la bienvenida, no se le ha otorgado una tarjeta de acceso ni espacio de oficina, y no se le han asignado tareas para realizar, denuncias denegadas por el Gobierno. Fue despedido después de 10 días con el argumento de que un nuevo  Fiscal General había sido designado, lo que significaba que se permitían tales cambios de personal.


STEDH 27/02/2018 Caso Sinkova c. Ucrania.

Resumen: Libertad de expresión El caso se refiere a la detención, y  condena de una estudiante de 19 años por freír huevos en la llama de la Tumba del Soldado Desconocido en Kiev en 2010. Más tarde publicó un video de la escena en Internet, explicando que lo había hecho para protestar contra el desperdicio del costoso gas natural. Fue arrestada en 2011 y detenida por tres meses en espera de un proceso penal por la acusación de profanar la tumba. Fue  finalmente condenada y se le suspendió la pena. En la sentencia del TEDH se concluye  por unanimidad que no hubo violación del Artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y la seguridad) CEDH relativo a la detención de la Sra. Sinkova, basada en un orden judicial y tenía como objetivo garantizar su asistencia a una audiencia sobre su caso ya que, a pesar de la esfuerzos de la policía, no habían podido encontrarla hasta marzo de 2011.

Falla por unanimidad, que hubo una violación de los artículos 5 §§ 1, 3 y 5 de la CEDH porque la detención de la Sra. Sinkova del 29 de mayo al 17 de junio de 2011 no había sido cubierta por ninguna decisión de autoridad judicial ;  su detención del 29 de marzo al 30 de junio de 2011 no estaba justificada; y la legislación de Ucrania no había otorgado un derecho exigible de indemnización por esa vulneración de la ley con tal detención; y,

Falla, por cuatro votos contra tres, que no hubo violación del artículo 10 (libertad de expresión). El TEDH considera en particular que la condena de la Sra. Sinkova por expresar desprecio por la Tumba del Soldado desconocido fuer una injerencia en su libertad de expresión, pero que había sido una medida proporcionada de conformidad la ley nacional.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO


La importancia de los servicios financieros en la lucha contra el cambio climático ir al texto




ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio Empleo y Seguridad Social

El Sistema cuenta con 18.363.514 afiliados medios en febrero

La Seguridad Social suma 615.259 afiliados en el último año.

La ocupación aumenta en el mes en 81.483 personas, es el quinto año consecutivo en que se incrementa la afiliación en este mes

El Régimen de Autónomos suma 16.027 ocupados, dato que cuadruplica el registrado en 2017

El dato desestacionalizado registra un aumento de 62.006 ocupados

Tomás Burgos: “Levamos 12 meses encadenados creciendo por encima de los 600.000 ocupados y la tasa interanual sigue progresando, del 3,44% del mes pasado al 3,47% ”

El paro registrado baja en 6.280 personas en el mes de febrero ir al texto