martes, 24 de octubre de 2017

LA JURISPRUDENCIA BASADA EN VALORES Y LA CALIDAD DE VIDA.

LA JURISPRUDENCIA BASADA EN VALORES Y LA CALIDAD DE VIDA. EL NUEVO PARADIGMA AL QUE RESPONDE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD*.

Jose Joaquín Pérez-Beneyto Abad
Magistrado de la Sala de lo Social.
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

RESUMEN:

1. INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA[1].
A pesar de los importantes avances producidos en el campo jurídico, el Derecho por sí solo es incapaz de alterar los estereotipos sociales. Al fin y al cabo, como es sabido, el Derecho es, sobre todo, interpretación. Así, los cambios en el tratamiento jurídico de una cuestión no se producen sólo modificando las normas sino que es necesario además, formar a los intérpretes del Derecho haciéndolos comprender y asimilar los nuevos paradigmas. Y esta consideración vale también para todos aquellos que opinan que el modelo social está ya presente en las normas sobre discapacidad y que no es necesario modificarlas.
Ahora bien la interpretación jurídica operativa es una actividad con una alta carga de discrecionalidad[2], por muchas directrices interpretativas que manejemos; si bien cuanto mayor sea el acuerdo sobre las directrices justificadas y sobre la directrices de segundo grado, tanto más iremos acotando dicha discrecionalidad, sin eliminarla jamás del todo. Por contraste, la ponderación[3] no es una actividad meramente discrecional o altamente discrecional, sino una actividad libérrima por cuanto la pauta metódica que se indica para la resolución de los casos es la de la ponderación, el campo ya no es el de la interpretación regida por pautas o directrices interpretativas (en cuanto criterios de elección entre interpretaciones posibles), sino uno distinto: el del “pesaje” de los derechos en juego; no, por consiguiente, el de la mejor interpretación posible del enunciado normativo. En la ponderación la discrecionalidad alcanza tan altísimo grado, que casi parece negarse a sí misma; y los “ponderadores”, en efecto, la niegan o la consideran marginal. En la teoría y práctica de la ponderación se fingen pesos y balanzas allí donde propiamente ni lo uno ni lo otro existe al margen del ponderador de turno. Y más en los casos difíciles por discutidos y discutibles.
En fin, el ponderar por los jueces no lleva frecuentemente a soluciones razonables. La siempre inevitable discrecionalidad ni se evita ni se restringe negándola y disfrazando de constatación objetiva lo que es subjetiva elección. Y si buscamos racionalidad argumentativa, siempre la habrá mayor allí donde el juez intenta justificar con argumentos su elección que donde explica que pesó y salió eso.
Ahora que justificar con argumentos, requiere un modelo de análisis de la racionalidad argumentativa de las decisiones judiciales, dado que se asume la discrecionalidad judicial como inevitable, precisamente porque el sistema jurídico ni es completo ni es coherente ni se expresa con total claridad a través de esas normas suyas que se escriben en el lenguaje ordinario. Porque también se asume que el Derecho se compone con la materia prima del lenguaje y sus enunciados, no con valores prelingüísticos en un mundo de ontologías platónicas.
Si asumimos la tesis de que el razonamiento del juez no es demostrativo de que la suya es la única solución correcta en Derecho, solo su argumentación servirá más que nada para justificar las valoraciones suyas que sean determinantes a la hora de seleccionar los hechos[4] relevantes del caso, de admitir las pruebas de los mismos y de valorar dichas pruebas, por un lado, y, por otro, al tiempo de seleccionar la norma aplicable al caso y elegir una de entre las interpretaciones posibles de la norma en cuestión. Y, puesto que esa justificación la hace para las partes, sí, pero también para todos, el conjunto de los ciudadanos, habrá de realizarla con las claves que compartimos, con los patrones pragmáticos de racionalidad y razonabilidad[5] que, aquí y ahora, nos son comunes.
Así podremos tildar de arbitraria toda afirmación, no evidente en su contenido, que sea relevante para la resolución del caso y que no esté justificada con razones admisibles que la hagan o, al menos, sirvan para hacerla y pretendan hacerla, razonable.

2. NO TODO ES DERECHO, AUNQUE TAMBIÉN.
Es necesario combinar la actuación jurídica con otro tipo de actuaciones. Y en este punto, la normalización de la sociedad pasa por la “naturalización” de la discapacidad en el ámbito educativo, por la contemplación de la discapacidad como una muestra de la diversidad humana. Pero de nuevo nos encontramos en este campo con una contemplación de la discapacidad ajena al discurso propio del modelo social. La exigencia de un modelo de educación inclusiva, coherente con el discurso de los derechos humanos, es discutida socialmente y no ha tenido un reflejo generalizado en las estructuras educativas. En ocasiones esto se ha debido a un problema generalizado en el propio discurso de los derechos, que se traduce, todavía hoy, en la discusión sobre su alcance en el ámbito de las relaciones privadas. Si ya nos cuesta asumir el principio de la educación inclusiva en el campo de la educación pública, cuando se plantea en el de la educación privada, surge aquí un nuevo principio (el de autonomía privada), que se sigue queriendo situar por encima de los derechos. En otras ocasiones, la ausencia de reflejo se debe directamente a la concepción de la discapacidad vigente en este campo y que permanece anclada en el modelo rehabilitador, médico y asistencial. Es significativo en este punto, el uso que el mundo educativo (y especialmente el universitario) hace de la idea de excelencia, contraponiéndola directa o indirectamente a la discapacidad. Una excelencia basada en capacidades y habilidades, pero ajena, en la mayoría de los casos a la reflexión sobre las posibilidades y las barreras. Las barreras son sólo tenidas en cuenta en su proyección para la accesibilidad física pero permanecen ocultas las más significativas y menos visibles; aquellas que tienen que ver con usos, metodologías y estereotipos sociales. Todo ello provoca la necesidad de abrir la discapacidad a la sociedad. El ideal “nada sobre nosotros sin nosotros” debe ser ampliado introduciendo el “con vosotros”.
Como es sabido, este ideal ha acompañado la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad. Se trata de un principio a través del cual se plantea la exigencia de contar con las personas con discapacidad a la hora de establecer cualquier medida que les afecte. No obstante, debe cambiarse una cierta interpretación de este principio que ha provocado el que la cuestión de la discapacidad se desenvuelva única y exclusivamente en los propios entornos de las personas con discapacidad, sus familias, los movimientos asociativos y, con suerte, las políticas públicas. La reflexión sobre la discapacidad suele hacerse desde movimientos o personas que, de una forma u otra, poseen alguna relación personal con esta cuestión. Sin embargo, la discapacidad es algo que nos debe interesar a todos, porque es una situación que nos afecta a todos. Y esto es mucho más evidente cuando acercamos esta cuestión al discurso de los derechos.
El discurso de los derechos[6] no es el de la asistencia social. Se trata de un discurso de pretensiones e intereses legítimos y justificados que son irrenunciables, que están fuera del regateo político y que se sitúan por encima de cualquier política económica. La singularidad del enfoque basado en derechos ha sido destacada tradicionalmente en lo relativo al derecho al desarrollo. En términos generales, ese enfoque implica, al menos: (i) la consideración de las pretensiones o exigencias como determinantes de la validez de cualquier política pública o privada y como principios inspiradores de estas; (ii) la determinación del titular del derecho humano exigible desde un punto de vista jurídico; (iii) la determinación de los titulares de las obligaciones relacionadas con ese derecho (titulares que pueden ser universales o particulares y que no se limitan al ámbito de los poderes públicos); (iv) la exigencia de responsabilidades jurídicas por la insatisfacción de los derechos; (v) la exigencia de una rendición de cuentas a los Estados en relación con la satisfacción de los derechos; y, por último, (vi) de la universalización de la discapacidad.

 3. MODELOS DE DISCAPACIDAD.
El discapacitado, es una persona con una corporalidad no reconocida en su singularidad, y hoy es una construcción sociocultural e histórica de categorías sociales que conforman un imaginario social que opera socialmente tanto como que según que épocas los modelos explicativos de la discapacidad fueron tan diversos como  la prescindencia en el mundo greco latino, el castigo divino en la Edad Media, la deficiencia biológica. Hoy se solapan modelos, el modelo médico y el modelo social.
Es en los S. XVII y XVIII que la discapacidad se entiende que no tiene un origen divino sino una causa efectiva del organismo y por eso es objeto de la ciencia médica. La discapacidad se entiende fundamentalmente como el sustrato fisiológico que le da origen, es decir, la deficiencia, ya sea física, sensorial o psíquica, y se asocia al concepto de “enfermedad”. La emergencia de las sociedades capitalistas ligadas a la Revolución industrial consolida una visión médico-científica de la discapacidad desde lógicas positivistas y darwinistas. La medicina coloniza los espacios que simbolizan el éxito económico-estético que se reproducen hasta nuestros días: la cirugía estética, las dietas sanas... y un largo etcétera de ejemplos que encarnan al cuerpo “sano”, concebido por identificación como cuerpo bello y asociado este al éxito.
Es con la medicina que la discapacidad adquiere el sentido actual que presupone, porque así lo ha estipulado la ciencia médica, que el organismo humano debe cumplir ciertos estándares en su constitución y en su funcionamiento que lo cualifican como normal. Una desviación de la norma médica implica un cuerpo no apto para realizar ciertas funciones que un cuerpo normal sí estaría en condiciones de llevar a cabo. A fin de cuentas, la realidad es un constructo social atravesado por los discursos dominantes. Surge así la anormalidad como el otro de la norma, la desviación como otro de la ley, la discapacidad como lo otro de la salud, el cuerpo discapacitado como lo otro del cuerpo sano-bello como canon regulador.
En las últimas décadas, la discapacidad se adscribe a un modelo que se ha denominado de forma predominante como modelo social, para el que la discapacidad en última instancia es causada por el entorno, por el contexto de la persona. No es un modelo que pretenda imponer una visión sociológica para el estudio de la discapacidad, sino, simplemente apuntar que su dimensión social no ha sido lo suficientemente tenido en cuenta, haciendo visible que la discapacidad es el producto de la interacción entre el sustrato fisiológico del individuo y las condiciones sociales del entorno en el que este habita, y que pueden manifestarse en forma de barreras u obstáculos.
Y es que la discapacidad solo adquiere sentido dentro de un contexto sociocultural determinado. La discapacidad puede ser concebida no como una característica objetiva aplicable a la persona, sino como una construcción interpretativa inscrita en una cultura en la cual, en virtud de su particular modo de definir lo normal, la discapacidad sería una desviación de dicha norma. Por ejemplo, la actual jerarquía de los sentidos no ha sido constante y así con la invención del alfabeto se pasa de una cultura oral a una cultura visual, debido a la escritura, que pasó a ser la principal forma de adquisición de conocimientos, hecho que más tarde se intensificaría con la invención de la imprenta y la alfabetización masiva en la escuela pública.
También podemos constatar como la construcción de nuestra identidad personal también es social pues viene, precisamente, de la convivencia con otros individuos; y en el caso de las personas con discapacidad, dicha identidad está siendo construida por los otros, las personas sin discapacidad.
En última instancia, el proceso que acabamos de describir nos muestra cómo la discapacidad se construye socialmente y bajo unos parámetros científicos e ideológicamente interesados, hasta conferirse en el imaginario social una idea que sirve de referente en las actuaciones cotidianas. Las realidades dejan de ser neutrales para normativizarse, y todo lo que no siga la norma es, por definición, anormal, y sobre ello hay que actuar. La realidad social se construye bajo el impulso de unos discursos dominantes que se imponen y terminan considerándose únicos y verdaderos, acallando otros de modo.
DISCAPACIDAD Y FORDISMO.
Tras la Primera Guerra Mundial se producen miles de mutilados de guerra, quienes, finalizado el conflicto, afrontan la imposibilidad de volver a integrarse en la sociedad. Simultáneamente se comienza a vivir y a producir dentro del nuevo régimen económico asociado a la segunda Revolución industrial. Se trata de un nuevo régimen de producción que, por un lado, excluye de la participación en el mismo a quienes no pueden aportar toda su fuerza de trabajo, aquellos que bajo la mirada de la “normalidad estadística” comenzaron a ser definidos como anormales y desviados. Ese régimen de producción se convierte a su vez en un productor eficaz de accidentados laborales: extrabajadores ya no aptos para su desempeño laboral en las fábricas, quienes, sumados al número masivo de los ambulantes mutilados de guerra, llevan a los Estados a poner en marcha políticas y medidas de asistencia, tanto en un plano social (subsidios, prestaciones, beneficios sociales), como en un plano médico (rehabilitación para el retorno al sistema de producción). Colateralmente surgirán y se consolidarán todas aquellas profesiones vinculadas a tales políticas y medidas.
La actividad laboral se ha consolidado, desde principios del siglo XX, como la condición fundamental de la existencia de todas las personas. La estructura económica articulada en torno a la producción industrial capitalista ha obligado a asumir la condición de trabajadores a la gran mayoría de los seres humanos. El capitalismo fordista necesita unos requerimientos funcionales determinados; dicho de otra forma, necesita de mano de obra capaz, productiva. Por otro lado, también necesita consumidores solventes, siendo para la mayoría necesaria la primera condición para poder cumplir la segunda. Pues bien,  para este sistema económico, las personas con discapacidad no reúnen esas condiciones de eficiencia requeridas; lo que justifica que sean apartados del sistema. Como resultado de esta exclusión, la discapacidad adquiere una forma determinada: un problema individual que requería tratamiento médico. La conclusión es obvia ya que si la producción es esencial en las sociedades capitalistas, las personas con insuficiencias están en grave desventaja, pues no pueden vender de la misma manera su fuerza de trabajo, ya que se considera que no producen igual. Desde la óptica del consumo también son borrados de ese espacio, pues tampoco puede consumir bajo esos mismos estándares.
MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD.
Hacia finales de los sesenta[7] -en esas fechas Ed Roberts, ingresó en la Universidad de California, Berkeley- se inicia un movimiento que plantea una vía política para superar la dependencia y la falta de autonomía de las personas con discapacidad bajo las prácticas del modelo médico y se plantea como respuesta y ruptura la idea de independencia. Es decir, independencia con relación a las prácticas que la niegan y socavan. El énfasis se dirige hacia la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, y hacia la articulación de las medidas necesarias para llevarla a cabo, lo que nos pone sobre la senda de las prácticas características del modelo social entre las que está la consideración de la persona discapaz como sujeto de derechos. Se va a interpretar que la discapacidad no reside en un substrato fisiológico deficiente, sino en unas estructuras sociales que no tienen en cuenta las auténticas necesidades de las personas con discapacidad y las marginan y excluyen de la participación en la vida colectiva. Así, la discapacidad se traslada desde el plano individual al colectivo, haciendo evidente que, en gran medida, es el contexto social el que contribuye a la construcción de un determinado sentido, y unas ciertas prácticas asociadas, de la discapacidad; un contexto en el que los espacios físicos son inadecuados y los estereotipos discriminatorios.
Una idea básica del modelo social es interpretar la discapacidad como el producto de una sociedad discapacitante, no ya como el resultado de una patología del cuerpo de la persona. La discapacidad es entendida como un problema situado en la sociedad, y el modo de atenuarla exige transformar el entorno social.
Ser discapacitado por la sociedad se relaciona de manera directa con la discriminación[8].
El modelo social explicó las causas que están en el origen histórico del fenómeno de la discapacidad en su constitución moderna, situando las causas de la opresión en los requerimientos estructurales del sistema capitalista, fundamentalmente, mano de obra capaz, eficiente y productiva.
Asimismo, dado que el modelo social reivindicaba la autonomía de estas personas para decidir respecto de sus propias vidas, dirigió su atención, para ello, hacia la eliminación de cualquier tipo de barrera, con el fin de ofrecer una adecuada igualdad de oportunidades. Estas barreras provocan inaccesibilidad a la educación, a los sistemas de comunicación e información, a los entornos de trabajo, generan sistemas de beneficencia inadecuados para las personas con discapacidad, servicios de apoyo social y sanitarios discriminatorios, transporte, viviendas, edificios públicos y espacios de entretenimiento inaccesibles, y también la devaluación actitudinal de las personas etiquetadas como discapacitadas por su imagen y su representación social negativa en los medios de comunicación, películas, televisión y periódicos.
La propia UE asume estos nuevos planteamientos acerca de la discriminación por motivo de discapacidad, derivados del modelo social, insistiendo en la necesidad de que los bienes y los servicios de la sociedad se adapten a las posibles necesidades especiales de las personas, y no al revés (“Discrimination by design”. Documento de trabajo. Día europeo de las personas con discapacidad. Conferencia 3-12-2001). A tal respecto, cabe mencionar que, históricamente, ya en sus inicios el Movimiento de Vida Independiente, al abogar por la igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos civiles para las personas con discapacidad, comenzó a tomar conciencia de que el diseño constituía un elemento clave en el camino hacia dicha igualdad.
DEFICIENCIAS DEL MODELO SOCIAL
El modelo médico sitúa la discapacidad exclusivamente en el “cuerpo” del individuo y fija todo su empeño en curarlo mediante tratamientos particulares, aislando a la persona como enferma y defectuosa. Entender la discapacidad como una categoría socialmente construida, de acuerdo con el modelo social, permite interpretarla como el efecto de un entorno hostil hacia algunos cuerpos, pero no hacia otros, lo que sugiere avances en el terreno de la justicia social antes que en el de la medicina.
El paso del modelo médico al modelo social ha propiciado la pérdida de la relevancia que tenía el cuerpo en el espacio biomédico, del cual nos alejamos para adentramos en un espacio social de prácticas y representaciones en el que el cuerpo “desaparece”. Esta desaparición del cuerpo en la teoría de la discapacidad producida por el modelo social,  lleva a una interpretación de la discapacidad que no se ajusta a la experiencia muy diversa que de la misma tienen las propias personas con discapacidad.
Con el fin de rescatar esa diversidad y lograr una adecuada comprensión del sentido social de la discapacidad, se debe partir de un análisis de la discapacidad a partir de la corporalidad específica que conlleva -modelo de la diversidad-, lo que no tiene por qué significar volver a las prácticas y representaciones patologizadas del modelo médico, ya que estas no agotan todas las prácticas y representaciones sociales posibles del cuerpo. No se trataría tanto de abandonar el modelo social como de complementarlo con su posicionamiento en aquellos espacios, como el biomédico, en los que este modelo no se ha posicionado.
Conforme al modelo social se puede concebir la discapacidad como una interacción problemática entre la persona con una deficiencia y el entorno diseñado sin tener en cuenta, o en contra de esa deficiencia. La discapacidad deja así, en teoría, de ser una entidad esencial, eterna e invariable, para convertirse en una relación susceptible de ser transformada e incluso, con la intervención apropiada, de ser anulada. Para asumir el objetivo de dotar al individuo con las capacidades que le permitan sentirse y ser reconocido plenamente como persona, cualesquiera que sean sus atributos, se impone, pues, una actitud transformadora de las relaciones entre las personas y su entorno.
El siguiente paso es cómo alterar las condiciones de esa relación para que la persona pueda acceder a todas las capacidades consideradas valiosas. Desde la perspectiva del modelo médico se aplicará la intervención directamente sobre el cuerpo de la persona. Desde la perspectiva del modelo social se intervendrá sobre el medio social. Ambos enfoques, aunque prácticamente opuestos, persiguen, no obstante, un objetivo común: capacitar a la persona.
Habitualmente se considera lo normal poseer determinadas capacidades requeridas por el desempeño de nuestros patrones culturales de vida: ser laboralmente productivos, ser independientes en el desempeño de determinadas actividades “básicas”, como la propia higiene, ser competentes en el creciente aparato tecnológico que nos rodea, etc. El sentido generalmente atribuido a tales capacidades remite a condiciones universales presupuestas de antemano en las disposiciones de funcionamiento del cuerpo, y no a su relación temporal, dinámica y cambiante con unos entornos sociales que modelan tales funcionamientos según cada tipo de sociedad concreta. Se pasa por alto, pues, el hecho importante de que nuestras capacidades están tan condicionadas por nuestra constitución orgánica como por las características y requerimientos del contexto sociocultural.
El modelo social interpreta la discapacidad como una construcción social, pero no interpreta, igualmente, la capacidad como una construcción social, que también lo es. Es necesario, por tanto, no obviar la existencia de criterios normativos y contextuales específicos que definen y determinan como capacidades de la persona ciertas funciones corporales y no otras.
La mirada capacitista del cuerpo.
La construcción social de las categorías del funcionamiento (en términos de capacidad y discapacidad) se basa en prácticas y representaciones: cuestionarios, clasificaciones, valoraciones, usos, entornos, actitudes, etc. El constructo a nivel funcional es el funcionamiento, a nivel orgánico el organismo, lo cual produce la dicotomía organismo/funcionamiento. El primer paso para caer bajo lo que denominamos la mirada capacitista es definir y asumir un conjunto previo de capacidades “inherentes” atribuibles al cuerpo. El conjunto de capacidades que se erige en criterio de normalidad, representa un estándar arbitrario al que deben adaptarse todos los cuerpos, que se expresa materialmente en forma de cuestionarios, clasificaciones, prácticas, entornos y actitudes capacitistas. Las capacidades que definen este conjunto son aquellas que retratan fielmente las capacidades del cuerpo normativo: ver, escuchar, caminar, moverse, comprender, etc.
La mirada capacitista no es otra cosa que la multitud de prácticas y representaciones que a nivel funcional participan en la producción del cuerpo normativo y de su carácter regulador como norma y criterio de normalidad. En el mismo sentido la mirada médica se constituye a través de la multitud de prácticas y representaciones que a nivel orgánico participan igualmente en la producción del cuerpo normativo y de su carácter regulador.
Tanto la mirada médica (sobre el organismo) como la mirada capacitista (sobre el funcionamiento) son performativas, es decir, actúan en la producción de esas dos vertientes del cuerpo normativo. Cada conflicto con una barrera del entorno supone un acto performativo que reproduce la categoría de discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado ilegítimo, no funcional. También son performativos sobre el mismo los actos del lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas y discursos devaluantes. También hay elementos performativos actitudinales. Todos estos actos no producen el funcionamiento en sí, sino la desigualdad entre las categorías de capacidad y discapacidad: la distancia social entre el cuerpo normativo y los “otros” cuerpos, y la posición periférica de estos respecto de la centralidad del cuerpo normativo.
Muchas personas que son capacitadas mediante soluciones especializadas y adaptaciones del medio no se sienten valoradas en su actividad por el entorno social porque su funcionamiento no es considerado lo bastante eficiente y no les brindan la frecuencia, intensidad y duración del cuerpo normativo.
La mera existencia de una persona cuyo funcionamiento difiera significativamente del de la mayoría es una fuente de riqueza en sí misma, porque aporta la experiencia de vivir a través de un cuerpo diverso, con una noción del transcurso del tiempo que no es la más conocida y una relación de intercambio con el medio que no es la habitual de explotación, aunque también pueda ser posible.
Superar el capacitismo no supone realmente un cambio material en las prácticas que transforman los entornos, para definir y facilitar la actividad que realizamos a través de ellos. Se trata más bien de un cambio en la orientación de dichas prácticas, que pasan de estar dirigidas desde y hacia el cuerpo normativo, a estar dirigidas desde y hacia cada cuerpo y funcionamiento particular.
EL MODELO DE LA DIVERSIDAD[9].
¿Es posible poner en práctica otro punto de vista, una mirada distinta a las miradas médica y capacitista?
Entiendo que es posible y necesaria una nueva perspectiva -un nuevo modelo- para la consideración social de la discapacidad, basada en la aceptación definitiva del hecho de la diversidad humana y tendente a la superación de la dicotomía conceptual capacidad/discapacidad.
Este nuevo planteamiento parte de una visión basada en los derechos humanos y considera la indagación en el campo de la bioética como una herramienta fundamental para alcanzar la plena dignidad de las personas con discapacidad.
El nuevo enfoque propuesto se presenta como una evolución del modelo social. Así como en el modelo social los principios fundamentales son la capacidad de las personas y su posibilidad de aportar a la sociedad, en el modelo de la diversidad los principios básicos son la dignidad humana y la diversidad. Va, por tanto, más allá del eje teórico de la capacidad, impuesto por los modelos médico y social en un vano intento capacitista de llegar a ser como el otro, de aspirar a una normalidad estadísticamente incompatible en muchos casos con la diversidad intrínseca de las personas.
Para ello resulta imprescindible la superación del concepto de capacidad, buscando un nuevo concepto en el que las personas con discapacidad puedan encontrar una identidad que no sea percibida como negativa. Frente a la naturaleza peyorativa del concepto de discapacidad, la propuesta impulsada desde el movimientos de vida independiente Foro Vida Independiente en España, a través del modelo de la diversidad, considera el concepto mucho más rico, actual y positivo de diversidad funcional. La propuesta defiende la utilización de dicho término, en sustitución de otras denominaciones muy habituales, de semántica claramente negativa, como discapacidad, minusvalía, invalidez, incapacidad, inutilidad, etc., presentes en el lenguaje cotidiano y en el ámbito legislativo.
Con el concepto de diversidad funcional se propone una nueva visión que no es negativa, y que afirma el hecho de que se refiere a personas que realizan algunas de sus funciones de manera diferente a la media de las personas. En este nuevo enfoque se parte, pues, de una realidad fundamental: la diversidad del ser humano en el ámbito del funcionamiento (físico, psíquico y sensorial), y se considera que esta diversidad es una fuente de riqueza para la sociedad.
Del modelo social se desprende la necesidad de desmedicalizar y desinstitucionalizar a las personas discriminadas por su diversidad funcional, y dotarlas de las herramientas necesarias para participar en la sociedad en igualdad de oportunidades con los demás. Para conseguir este objetivo, el modelo social inspira nuevas normas internacionales, como la Convención, o leyes antidiscriminación específicas, como la LIONDAU en España. Aunque desde el punto de vista político las propuestas nacidas del modelo social parecen suficientes para conseguir legalmente la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación, desde el ámbito de la ética, algunos autores, miembros del  movimientos de vida independiente han comenzado a señalar las carencias de este modelo y ha servido para rescatar un discurso que apela al valor que tiene la diversidad representada por las personas con discapacidad; discurso que ha tenido una relativa plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La existencia de personas con discapacidad es, para este modelo, un ejemplo de la diversidad humana, constituyéndose en un factor enriquecedor de la sociedad. Se trata, en cualquier caso, de un discurso diferente al desarrollado por la comunidad sorda, ya que éste se desenvuelve desde parámetros de corte comunitario, mientras que el propugnado por los movimientos de vida independiente lo hacen desde parámetros de corte liberal. En efecto, el modelo de la diversidad defendido por los movimientos de vida independiente, desde la exaltación del valor social de las personas con discapacidad, subrayan el derecho de todas las personas al logro de una vida humana digna, o lo que es lo mismo, a la consecución de sus planes de vida. Para ello, las personas con discapacidad deben ser autónomas e independientes, lo que supone eliminar barreras bien de manera general bien mediante el suministro de recursos, de carácter individual, que permitan a cada individuo ejercer su autonomía
Aquí se defiende que las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad de oportunidades, en razón de su igual humanidad, y no por ser iguales funcionalmente. De otro modo, el contenido central del imperativo categórico kantiano estaría siendo vulnerado, ya que si valoramos a la persona en la medida de su aporte a la comunidad, estaremos considerando al ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo.  Con estos argumentos se cuestiona la noción tradicional de dignidad humana manejado por el modelo social, basado en la capacidad, en una serie de competencias, generalmente racionales, que se consideran propias de un ser humano normativo y funcional.
Bajo estos planteamientos nace el modelo de la diversidad, como una extensión del modelo social, que ofrece tres propuestas: en primer lugar, el uso del término diversidad funcional en sustitución del término discapacidad como expresión positiva de esta situación vital que es inherente a la vida humana. En segundo lugar, la aceptación de la diversidad funcional planteada como una más de las diversidades que conforman y enriquecen la humanidad (género, raza, orientación sexual, religión, nacionalidad, etc.). Y, por último, el reconocimiento de la plena dignidad en la diversidad funcional, para lo cual se establecen dos valores fundamentales: dar el mismo valor a las vidas de todos los seres humanos, sea cual sea su diversidad funcional, y garantizar los mismos derechos y oportunidades a todas las personas.
En el modelo de la diversidad toda persona adquiere una misma condición de dignidad y de humanidad.
Este nuevo planteamiento va mucho más allá de lo que se refiere a pensar la discapacidad. En el origen del movimiento de vida independiente y. fundamentalmente, en el modelo social, se observa que las personas con grandes discapacidades o diversidades funcionales intelectuales y/o mentales, cuando no tienen capacidad para autogobernarse (es decir, carecen de autonomía moral para ejercer su autodeterminación) tienen muy poco que decir dentro del entramado teórico de dichas visiones. Recordemos que, en el modelo social, una persona puede desarrollar sus potencialidades o capacidades, siempre y cuando la sociedad ponga los medios humanos, tecnológicos y de accesibilidad necesarios para situarla en igualdad de condiciones.
El modelo social y el de la diversidad se encuentran relacionados con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspiran a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social sobre la base de principios tales como la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización de los entornos y el diálogo civil, entre otros. Sin embargo, en el modelo de la diversidad todas las personas tienen un mismo valor moral, independientemente de sus capacidades, o discapacidades, y por tanto, tienen que tener garantizados los mismos derechos humanos. En este sentido, hablamos estrictamente de derechos humanos y de su posible vulneración y/o violación, en caso de no promoverlos. Con todo ello, surge una nueva comprensión del concepto de ciudadanía. Ciudadanas y ciudadanos somos todas y todos, no por nuestras capacidades racionales, sino por nuestra dignidad inherente.
Las políticas sociales inclusivas que se fomenten, basadas siempre en la perspectiva de derechos humanos, deben también tener en cuenta a esas personas que difícilmente podrán incorporarse en el hecho de la autodeterminación e independencia. Así, y de nuevo, se establece otro giro epistemológico igual de profundo que el anterior en la comprensión de la discapacidad como diversidad funcional. Aquí, el hecho de la discapacidad se convierte en una cuestión de carácter ético y filosófico, y adquiere un estatus moral, a través del cual, toda persona con grave discapacidad, y aunque no pueda cuidar de sí misma, adquiere la misma condición de humanidad y dignidad; y por tanto, toda discriminación que sufra será entendida expresamente como una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este nuevo enfoque rompería con los puntos de vista filosóficos en los que se parte, de manera incuestionable, de la capacidad de razón humana. Así, el modelo de la diversidad reconoce al ser humano con diversidad funcional desde sus contextos, y teniendo en cuenta el distinto grado de diversidad funcional. En suma, visibiliza a aquellas personas con gran diversidad funcional que no pueden representarse a sí mismas.

3. TEORÍA DE LOS DERECHOS E INTEGRACIÓN DE SUJETOS DISCAPACITADOS.
La imagen que tenemos de quiénes somos y de por qué vivimos juntos configura nuestras ideas sobre los principios sociales y las personas que deberían participar en su elección. Las ideas corrientes de que algunos ciudadanos pagan su parte y otros no, de que algunos son unos parásitos y otros son normalmente productivos, traducen al nivel de la imaginación popular la idea de que la sociedad es un mecanismo de cooperación orientado al beneficio mutuo.
El contractualismo establece que la sociedad es una empresa cooperativa, fruto del acuerdo o contrato entre iguales, para obtener ventajas comunes. Algunas personas con diversidad funcional, debido a su situación de dependencia, nunca han sido reconocidas como iguales, ni se ha considerado que pudiesen aportar algo valioso. El resultado de esto ha sido la sistemática discriminación de estas personas en el reparto de ventajas y deberes sociales. Si hubieran de lograr algún reconocimiento o trato justo, sería en una etapa posterior del desarrollo del contrato social, inspirada por principios morales de origen religioso o, simplemente, por buenos sentimientos; pero jamás se ha propuesto la idea de un contrato fundado en la promoción de la autonomía como un objetivo más de la organización social.
John Rawls propuso una teoría contractualista con influencias kantianas en su formalismo racionalista. Según esta teoría, desde una hipotética posición original, seres racionales, situados bajo un velo de ignorancia que les hiciera desconocer su posición de ventaja o desventaja respecto a los demás, se pondrían de acuerdo para establecer unos principios generales de la justicia. El propio Rawls reconoce sus dudas sobre una posible extensión de su concepto de la justicia social hacia las personas con diversidad funcional, que por no ser plenamente cooperantes no pueden satisfacer las condiciones mínimas de participación social igualitaria. Unicamente señala que desde sus principios de justicia pueden establecerse criterios para fomentar un servicio normal de salud con la cual se regresa al modelo médico de la discapacidad, en lugar de avanzar hacia nuevas propuestas éticas.

APROXIMACIÓN ENTRE EL MODELO DE LA DIVERSIDAD Y EL ENFOQUE DE “LAS CAPACIDADES Y LOS FUNCIONAMIENTOS” DE AMARTYA SEN[10].
En una línea muy diferente, Amartya Sen desarrolla su “enfoque de las capacidades y los funcionamientos”, intentando ampliar y modificar los planteamientos de Rawls. Este enfoque surge en el contexto del desarrollo humano, como un marco conceptual desde el que analizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Sostiene que tal desarrollo no tiene que ver tanto con el aumento de la producción económica nacional, y que por eso su estimación mediante la renta disponible es inadecuada. El desarrollo tiene que ver, más bien, con lo que las personas pueden realmente hacer o llegar a ser, los llamados “funcionamientos”, y con las “capacidades”, entendidas como las oportunidades para elegir y poder llevar una u otra forma de vida.
La noción más básica de este enfoque se refiere a los “funcionamientos”. El concepto de funcionamiento refleja las diversas cosas que una persona puede valorar llegar a ser o hacer. Los funcionamientos valorados pueden ir desde los más elementales: estar alimentado, no padecer enfermedades evitables, la higiene, el descanso, etc., hasta otros más complejos, como participar en la vida comunal, disfrutar del ocio, de la sexualidad, viajar, formar una familia; todo aquello relacionado con el respeto a uno mismo y a su propio concepto de vida digna. Sin embargo, las distintas personas pueden diferir mucho entre sí en la valoración que otorgan a los distintos funcionamie ntos.
Los funcionamientos más complejos suelen ser guías de las preferencias y valoración que sobre los elementales tienen las personas, pero desafortunadamente no se les suele considerar a la hora de diseñar políticas sociales.
Los funcionamientos proporcionan una concepción novedosa del bienestar en la que este ya no consiste ni en la utilidad ni en la cuantía de los recursos disponibles. Por su parte, la “capacidad” de una persona refleja las combinaciones alternativas de los funcionamientos que esta pueda lograr, entre los cuales puede elegir una colección o conjunto de ellos distinguir tres niveles de análisis: desde la forma habitual de concebir la “capacidad” como poder lograr efectivamente algo, hay que pasar a la idea de “capacidad para funcionar”, y por último a la noción de “conjunto capacidad”, que es el formado por todos los funcionamientos al alcance de la persona.
Formalmente, la capacidad para funcionar añade a la noción de funcionamiento la posibilidad real de elegir funcionar así o no, de disponer de los recursos oportunos y de lo necesario para aprovecharlo.
El hecho de prestar atención a la diversidad humana, tanto de características propias como de circunstancias externas, constituye un aspecto muy importante del enfoque de las capacidades y los funcionamientos de Amartya Sen. Los seres humanos, nos dice, difieren entre si de muchas maneras. Tenemos circunstancias externas diversas. Comenzamos a vivir con diferentes dotes de riqueza y compromisos heredados. Habitamos en diferentes ambientes naturales, algunos más hostiles que otros. Las sociedades y comunidades de las que formamos parte nos ofrecen diversas oportunidades de lo que podemos o no podemos hacer. Pero junto a estas diferencias del ambiente natural y social y de las circunstancias externas, también nos diferenciamos por nuestras características personales (edad, sexo, capacidad física y mental, etc.), y estas son igualmente importantes para evaluar la desigualdad.
Teniendo en cuenta estas ideas, cabría reinterpretar la noción de discapacidad como una reducción del conjunto capacidad, lo que se traduce en una pérdida de libertad de elección para la persona sobre las alternativas de dicho conjunto que está formado por todos los funcionamientos de los que es capaz, y engloba así sus distintos estilos de vida posibles.
Si se enfoca el planteamiento de esta manera, la presencia de un conjunto capacidad que incorpore tal diversidad en los posibles funcionamientos, debería ir al unísono de la presencia de un ambiente social capaz de respetar esa diversidad y de no restringir dicho conjunto, en el caso de las personas con diversidad funcional, por la presencia de factores ambientales limitantes. El adjetivo “universal” que acompaña a la accesibilidad, en tratados internacionales como la Convención o leyes de ámbito nacional corno la LIONDAU, expresa la posibilidad de acceso de todas las personas a todos los entornos (edificación, transporte, comunicación, información, educación, empleo, ocio, etc.). Es denotativo del cambio de discurso llevado acabo, desde prácticas centradas únicamente en la supresión de barreras físicas, hacia una dimensión más preventiva y amplia de las mismas, generalizable a todo tipo de espacios, productos y servicios. En consonancia con esta nueva perspectiva, la accesibilidad, planteada originalmente como requerimiento de un único colectivo, ha ido adquiriendo un reconocimiento social como elemento que mejora la calidad de vida de todas las personas.
Lo mismo que la diversidad biológica de un ecosistema no se sustenta únicamente en el número total de formas de vida distintas que conviven en el mismo, sino que tiene en cuenta también esa convivencia, como un proceso dinámico de interacción entre todas ellas, en el caso de la diversidad funcional también deberían considerarse formas de “convivencia” similares, como procesos dinámicos de interacción entre todas las expresiones distintas de funcionamiento posibles, en todos los espacios y entornos comunes a las mismas. Dado que todas las personas expresamos de manera diferente nuestro funcionamiento, la idea clave al respecto de dicha convivencia, que podríamos denominar “vivir unos con otros en sociedad”, es no negativizar ni jerarquizar esa diferencia, sino considerarla de un modo positivo y abierto como una manifestación directa de la diversidad funcional inherente al cuerpo y al ser humano. Es evidente que numerosos discursos negativizan la diferencia en el funcionamiento, como lo hacen el discurso médico y el capacitista que parten de la diferencia negativa y no de la diversidad funcional de los cuerpos y mentes, como una diferencia positiva y enriquecedora.
Si imaginamos que la convivencia es un juego, lo primero que establecería una teoría ética clásica sería qué competencias mínimas deben reunir los jugadores para poder participar en el juego. Si un jugador no cumple con el mínimo establecido por la teoría no podría participar plenamente, convirtiéndose en un sujeto pasivo del juego. Esto les ocurre a las personas con diversidad funcional que se sienten discriminadas porque viven en una sociedad que ha sido diseñada sin tener en cuenta su voz. Desde el punto de vista de las “éticas de la diversidad”, no se trataría tanto de determinar quién puede jugar y quién no, sino más bien de establecer cómo deberían ser las reglas del juego para que cualquier jugador, fuera cual fuera su capacidad y modo de funcionar, pudiera participar en él. Es decir, se trataría de definir en qué consiste el “juego de la convivencia” siendo este el único en el que todos podemos jugar. De lo contrario se tratará del “juego de la exclusión”.

MARTHA C. NUSSBAUM[11].
La intención de Nussbaum es darle continuidad al proyecto de Rawls, completando dicha teoría en los vacíos que genera. En este sentido, Rawls no logra abarcar el ámbito de justicia social que merecen especial atención desde el «enfoque de las capacidades» de Nussbaum como la justicia a los discapacitados.
El “enfoque de las capacidades” postula un conjunto de capacidades básicas que las personas estarían dispuestas a aceptar en la búsqueda de una sociedad digna y decente y la tradición contractual postula la idea según la cual los seres humanos pueden pactar y llegar a acuerdos para su convivencia a través de un conjunto de principios políticos. El problema que encuentra Nussbaum en dicha tradición es que especifica un conjunto de rasgos para aquellos que participan en la elección de los principios, rasgos que resultan excluyentes hacia otros seres humanos. Al analizar este punto, Nussbaum subraya que las premisas generales de las que parte el contractualismo son deficientes si se pretende extender la justicia al  ámbito de la justicia a los discapacitados.
Las premisas que Nussbaum encuentra problemáticas en la tradición contractual son cuatro.
La primera premisa que defiende el contractualismo es una concepción de la persona, según la cual los seres humanos cuentan con un conjunto de características: racionalidad, lenguaje, y aptitudes mentales y físicas más o menos equivalentes. Lo problemático de esta premisa, señala Nussbaum, es que sólo los seres que cuentan con dichas capacidades pueden participar en la elección de los principios políticos. Esto implica que las personas que no tienen los rasgos antes mencionados y que no están en capacidad de contribuir en igual medida a la sociedad, quedan excluidas.
Nussbaum propone una concepción de la persona en que entiende al ser humano como un animal político por naturaleza, lo cual significa que es incapaz de una vida que no implique fines compartidos y experiencias compartida. Es un ser que puede llegar a ser dependiente de otros en cualquier momento de su vida. Desde el planteamiento de Nussbaum, el ser humano es dependiente en dos sentidos: por un lado, se concibe como individuo, es decir, como un ser que puede planear y llevar a cabo su propio plan de vida, pero más que un individuo es un ser que requiere de los otros para vivir y para realizarse social y políticamente; además, es un ser que puede llegar a sufrir algún tipo de discapacidad (como un accidente o enfermedad) que lo haga dependiente de los demás. Por lo tanto, es fundamental en la propuesta de Nussbaum asignar el adjetivo dependiente al ser humano, pues este adjetivo resalta la importancia de la asistencia como un derecho primario. Concebir la asistencia como un derecho primario, posibilita que se le conceda un lugar central a las condiciones requeridas para que una persona con discapacidad pueda llevar a cabo el tipo de vida que considera valiosa. El último elemento que integra el concepto de persona en Nussbaum es el reconocimiento de la diversidad humana, lo cual representa que las necesidades y capacidades pueden variar de un ser humano a otro. Cuando Nussbaum reconoce la diversidad de necesidades y capacidades del ser humano incluye en su propuesta, seres que no necesariamente cuentan con iguales condiciones que la mayoría de personas y posibilita que ellos accedan a un trato justo y respetuoso.
En suma, el concepto de persona presentado por Nussbaum está integrado por los siguientes elementos: 1) la sociabilidad, 2) la dependencia, y 3) el reconocimiento de la diversidad humana.
La segunda premisa de la que parte el contractualismo es la idea según la que, seres más o menos iguales en capacidades deciden abandonar el estado de naturaleza y se unen exclusivamente por la búsqueda del beneficio mutuo. En el caso de Rawls, del concepto de persona se deriva una concepción de la cooperación social desde la que seres con las características antes mencionadas se encuentran en igual capacidad para cooperar en la sociedad. El concepto de persona y la noción de cooperación social propuesta por Rawls excluyen de antemano toda posibilidad de incluir a personas discapacitadas en los asuntos de justicia básica, pues el tema de los discapacitados no es una cuestión principal dentro de su teoría de la justicia. Contraria a este punto de vista, Nussbaum señala que la cooperación social no sólo se debe a la búsqueda del beneficio mutuo, sino que existen sentimientos altruistas en los seres humanos que los llevan a unirse y a vivir en sociedad. La cooperación social se define desde el «enfoque de las capacidades» en términos de lo que es humanamente bueno para cada ser humano y, no de acuerdo con la capacidad de cada uno para contribuir a la sociedad.
La tercera premisa que resulta deficiente de la tradición contractual es que ésta es una teoría procedimental. Desde esta propuesta se determina que si el proceso mediante el cual se estipulan los principios políticos es justo, necesariamente el resultado será justo.  En esta medida, es posible constituir una sociedad justa si los principios políticos que la rigen están bien diseñados por los representantes de los ciudadanos. Contrario a esto, el «enfoque de las capacidades» de Nussbaum no postula un procedimiento para determinar cómo acceder a una sociedad justa, sino que, rastrea qué elementos y condiciones son esenciales en la vida de todo ser humano, y deja para un posterior desarrollo la forma en que esto se pueda llevar a cabo. De acuerdo con lo anterior, primero se estipula aquello que constituye una vida humanamente digna y, posteriormente, se determina el proceso para que cada sociedad garantice los elementos esenciales para alcanzar una vida digna. Aunque Nussbaum no especifica de manera particular cómo cada sociedad coloca en funcionamiento la lista de capacidades, sí explica que, si se pretende lograr este objetivo, es necesario que las capacidades se incluyan en la Constitución de cada nación. De este modo, las personas estarían legitimadas a reclamarlas basadas en la ley.
La cuarta premisa que resulta conflictiva de la tradición contractual es que ésta equipara el quién diseña los principios políticos con el para quién se diseñan tales principios. Desde esta perspectiva, aquellos que eligen los principios son los mismos para los cuales se eligen. Lo problemático de esta concepción es que todo aquél que no participe en la elección de los principios no accede a los beneficios y derechos de aquellos que sí participan. Equiparar el quién y el para quién trae como consecuencia que el tema de los discapacitados sea tratado como un asunto de caridad y no de justica básica. El enfoque de Nussbaum postula que no sólo quienes diseñan los principios son los sujetos primarios de justicia básica, pues si así fuera, sólo tendrían derecho a la justicia aquellos seres que se ajustan a las características mencionadas por los contractualistas.
Así, los elementos que Nussbaum encuentra problemáticos en la visión de Rawls son: 1) el concepto de persona, 2) la noción de la cooperación social, y 3) una concepción procedimentalista de la justicia. Desde la perspectiva del enfoque de las capacidades Rawls parte de tres premisas que resultan contraproducentes, pero, además de éstas, retoma un elemento que no posibilita hacer justicia a los discapacitados.
En fin, el concepto de persona, la noción de cooperación social y la forma en que Rawls entiende los bienes primarios no posibilitan que su teoría se extienda al tema de los discapacitados, pues éstos no cuentan con las capacidades usuales descritas para ser miembros normales y plenamente cooperantes de la sociedad y, en este sentido, no son sujetos primarios de justicia. Desde la postura de Rawls, el tema de los discapacitados no es un asunto principal.
Contraria a la tradición contractual y a la teoría de Rawls, Nussbaum propone los siguientes elementos para extender la justicia a los discapacitados: una nueva concepción del ser humano, una visión más integral de la cooperación social, la distinción entre el «quién» diseña los principios de justicia y el «para quién» se diseñan, y una propuesta de justicia que parte del resultado y no del procedimiento. De igual forma, se centra en las «capacidades» y no en la cantidad de recursos o en el nivel de satisfacción de una sociedad a la hora de evaluar la calidad de vida o el bienestar social de una nación.
Desde la propuesta de Nussbaum se puede derivar una nueva visión del concepto de discapacidad.
El concepto de capacidad está constituido por dos elementos: por un lado, el conjunto de potencialidades más las condiciones externas para su desarrollo y, por otro, la pretensión de Nussbaum de que las capacidades se constituyan en derechos.
Nussbaum define «capacidad» como lo que la persona puede hacer o ser. Esto significa la sumatoria tanto de la potencialidad o posibilidad, como de las condiciones esenciales para su desarrollo. De este modo, una persona tiene una «capacidad» no sólo cuando tiene una potencialidad para realizar una acción, sino cuando puede hacer un uso real de ella.
En suma, el concepto de «capacidad» propuesto por Nussbaum incluye una posibilidad o potencialidad, más un entorno material y social apropiado que permita su realización, lo cual implica que las personas tengan garantizados los medios necesarios para hacer uso de las «capacidades» luego la discapacidad no es únicamente la carencia de una habilidad, sino también la ausencia de un entorno propicio para su desarrollo. De este modo, a partir del concepto de «capacidad» planteado por Nussbaum, se puede derivar una nueva visión desde la que la discapacidad no es sólo el resultado de una limitación física o mental, sino que pude ser generada por la carencia de unas condiciones y un entorno inapropiado para el desarrollo de las potencialidades. Según este enfoque, para extender la justicia a los discapacitados es esencial colocar a las personas en el mismo nivel de «capacidad» y, en este sentido, se les deben garantizar iguales oportunidades de participación en la esfera pública. Esto implica promover el desarrollo de las habilidades o potencialidades de cada ser humano, garantizando las condiciones materiales y sociales necesarias para su realización.
Nussbaum destaca especialmente entre las condiciones materiales la importancia de rediseñar el espacio público, aunque insiste en que garantizar un entorno apropiado es necesario, pero no suficiente para extender la justicia hacia las personas con discapacidad; pues se requiere además, brindar las condiciones sociales necesarias. Según Nussbaum, entre estas condiciones es fundamental fomentar sentimientos altruistas entre los seres humanos. La educación en estos sentimientos conlleva a replantear la idea, según la cual la única razón para cooperar con los demás es el beneficio que cada uno pueda obtener de dicha cooperación. Desde esta perspectiva, Nussbaum coloca en una balanza dos elementos: productividad versus bienestar social. Pensar en términos de productividad social involucra que se le garanticen condiciones de vida a las personas, si y sólo si, éstas tienen la capacidad para contribuir en igual medida a la sociedad. Pensar en términos de bienestar social y de calidad de vida implica que se les garanticen a las personas las condiciones mínimas para vivir bien, no porque esto sea rentable en términos económicos, sino porque es humanamente bueno ser tratado con dignidad.
Ahora bien, para garantizar el conjunto de «capacidades humanas básicas interviene un segundo elemento que compone el concepto de «capacidad», ya que Nussbaum agrega a la «capacidad» una connotación jurídica al establecer una estrecha conexión entre las «capacidades» y los derechos puesto que al relacionar ambos conceptos se  complementa la concepción negativa de estos como ausencia de interferencia en su vida privada con lo que ofrece el lenguaje de las «capacidades» al señalar que garantizarle un derecho a alguien no sólo consiste en abstenerse de interferir en la vida de las personas, sino en analizar si la persona tiene realmente la posibilidad de hacer uso de tal derecho.
El complemento que propone Nussbaum entre «capacidad» y derecho posibilita que las personas puedan realmente hacer uso de las «capacidades», pues éstas se constituyen en derechos básicos que cualquier ser humano está legitimado a exigir. Garantizar el conjunto de «capacidades básicas» coloca en un plano de igualdad con los demás a las personas discapacitadas. Esto implica que se les proporcione un trato como ciudadanos de primera clase, pues se encuentran en iguales condiciones para contar con el mismo nivel de «capacidad». Pero, ¿qué aporta esto al tema de los discapacitados?  aporta en primer lugar el reconocimiento de que, aunque alguien tenga discapacidad en algunos ámbitos, esto no lo hace discapacitado en todos los demás; en segundo lugar la conexión entre «capacidad» y derecho aporta a construir un criterio, según el cual, garantizar un derecho no se justifica en la pertenencia de una persona a determinada comunidad política, sino que, en tanto miembro de la comunidad humana debe ser tratada como un ser que merece respeto y un trato justo.
En suma, desde el concepto de «capacidad» planteado por Nussbaum se puede extraer una visión de la discapacidad según la cual, una persona no es discapacitada tan sólo porque tenga una limitación física o mental, pues en muchas ocasiones es el entorno el que genera o incrementa dicha discapacidad. Si se le brindan las condiciones adecuadas, la persona puede acceder al mismo nivel de «capacidad» que los demás. Asimismo, se puede decir que, sí una persona está limitada en algún aspecto de su vida, esto no la imposibilita para hacer uso de otras «capacidades»; por ejemplo, la posibilidad de tomar decisiones tanto a nivel individual como a nivel social.

4. LA DISCAPACIDAD COMO UNA CUESTIÓN DE DERECHO: EL BANCO DE PRUEBAS DE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS[12].
Tanto por los modelos de tratamiento de la discapacidad, sea el modelo social o el de la diversidad, como por las teorías sobre la justicia, Rawls, Sen y Nussbaum, que integran a las personas de especial vulnerabilidad, supone un cambio de paradigma en la teoría de los derechos. Esta debe incluir como iguales a las personas discapacitadas lo que exige modificaciones sustanciales normativas que de no ser así constituiría un defecto profundo que afecta a la validez general de la teoría como de ese concreto ordenamiento jurídico.  No es algo novedoso, pues ya la existencia y presión de grupos y colectivos tradicionalmente excluidos de este discurso llevó a la revisión crítica de la teoría estándar de los derechos humanos en relación con el tratamiento de esos grupos y colectivos.
En el modelo médico de tratamiento de la discapacidad que entiende la discapacidad como un problema de la persona que tiene su origen en las limitaciones individuales ocasionadas por el padecimiento de una deficiencia lleva a considerar la discapacidad en el discurso de los derechos como una propiedad relacionada con los rasgos individuales que identifican a determinados sujetos Igualmente, este enfoque está relacionado con el análisis común de la discapacidad dentro del llamado proceso de especificación de los derechos que se caracteriza por diversificar la titularidad de los derechos y  justificar una atribución de derechos apoyándose en el reconocimiento de la especifidad, esto es, la especificación desemboca en el surgimiento de derechos propios de determinados sujetos o colectivos de los que éstos serían titulares por razón de los rasgos que los singularizan o identifican. Es obvio que desde este modelo médico y el proceso de especificación contribuyen a la estigmatización y minusvaloración de las personas con discapacidad, perpetuando su imagen como sujetos especiales, fuera de lo normal.
La teoría de los derechos debe abordar la discapacidad desde el enfoque de los modelos, o el  social o el de la diversidad, y el proceso de generalización[13].
El enfoque de la situación supone entender que la discapacidad no es tanto un rasgo personal, sino una situación en la que se encuentran determinados sujetos y esa situación, en el modelo social, debe entenderse como el resultado de una combinación de factores sociales e individuales.
El proceso de generalización, que supone extender la titularidad de los derechos universales con el objetivo de incluir a más sujetos, es el punto de vista más adecuado para afrontar el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad. Asumiendo este enfoque se entiende que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que poseen los demás ciudadanos y se defiende la necesidad de extender su satisfacción plena a este colectivo, lo que exige, eso sí, la adaptación de los derechos comunes abstractamente formulados a las circunstancias concretas de existencia de las personas con discapacidad[14].
En el modelo de la diversidad[15], una evolución del modelo social, al que añade la exaltación del valor de la diversidad representada por la discapacidad que se considera como un factor enriquecedor de la sociedad, y que  propugna un cambio terminológico que erradique cualquier connotación negativa relativa a la discapacidad proponiendo el uso de la expresión personas con diversidad funcional y pone el énfasis en la idea de igual dignidad en la diferencia, exigiendo una aplicación coherente en todos los ámbitos  de la consideración de que la vida de todas las personas, con o sin diversidad funcional, tiene el mismo valor y reclamando el respeto de su autonomía, es otra reflexión que debe ser tenida en cuenta por una teoría de los derechos que trate con justicia a las personas con discapacidad.
En suma, una revisión de la teoría de los derechos orientada a incluir a las personas con discapacidad exige una aplicación coherente en el contexto de la discapacidad de los presupuestos de la teoría de la justicia expuestos antes. Las personas con discapacidad  son excluidas de la discusión moral al entenderse que sus diferencias biológicas implican una menor capacidad racional y una inferior contribución a la sociedad. Afirmación que no es cierta al confundir  limitación funcional con limitación moral[16] fruto de prejuicios y estereotipos cuando, en muchas ocasiones, poseen en un nivel normal las capacidades estándar, y especialmente la capacidad racional, requeridas para escoger libremente sus propios planes y proyectos de vida y pueden resultar “útiles”.
Sin embargo, esta estrategia de extensión también resulta insuficiente puesto que algunas personas con discapacidad presentan diferencias relevantes en sus capacidades y habilidades cognitivas y no pueden contribuir a la sociedad de una manera que pueda considerarse en el sentido usual. Por esta razón no basta con integrar a las personas con discapacidad en la teoría de los derechos tal cual está diseñada, esto es, para un titular abstracto e ideal sino que es necesario incluir a las personas con discapacidad en un discurso de los derechos adaptado a la necesidades de todos, tarea que precisa rediseñar el discurso de los derechos en algunos aspectos relevantes como es el concepto de dignidad, que se hace depender de rasgos abstractos y genéricos que atienden exclusivamente al plano individual, sin que se tome en consideración en su configuración el contexto en el que se desenvuelven estos rasgos, los condicionamientos sociales y las dimensiones colectivas que se proyectan sobre ellos, las desigualdades de hecho existentes entre los sujetos morales y los impedimentos reales que dificultan el logro y el ejercicio de la autonomía y la independencia.
Ciertamente, la idea de dignidad se ha cimentado en abstracciones, idealizaciones y mitos que no se corresponden con la situación real en la que se encuentran los sujetos de los que se predica. Reconsiderar la racionalidad como criterio de justificación determinante en la atribución de especial valor y consideración de las personas sin tratar de determinar exactamente donde se encuentran en el espectro de funcionamiento cognitivo. En realidad, la reformulación del referente de la dignidad en términos incluyentes para las personas con discapacidad supone tomarse en serio la idea, tan manida en el discurso teórico y práctico de los derechos, de igual valor inherente de los seres humanos como presupuesto incuestionable. Ello supone la obligación de relacionarnos con todos los seres humanos como sujetos morales que deben poder participar en el debate moral y, por ende, aspirar a desarrollar sus propios planes y proyectos de vida. Relacionarnos de este modo con las personas con discapacidad, cualquiera que sea el tipo y gravedad de su diversidad funcional, es entender que son merecedoras de consideración y de respeto, esto es, es reconocer su dignidad.
En fin, la inclusión de las personas con discapacidad en el discurso de los derechos no sólo es una cuestión teórica de crucial importancia sino que posee, además, una relevante trascendencia práctica.
La construcción de una teoría capaz de fundamentar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad resulta esencial a la hora de afrontar de manera razonada la adopción de  reformas en el mundo del Derecho y a la hora de interpretar correctamente la normativa en este terreno.
La revisión de la teoría de los derechos adquiere especial importancia en la interpretación  de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, sobre todo, en la determinación del sentido y alcance de su art. 12[17], que contiene las principales disposiciones de este instrumento internacional en materia de capacidad jurídica entendida como la puerta de acceso al discurso jurídico y al ejercicio de todos los derechos humanos.
Este precepto reafirma que las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica, reconoce su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida, obliga a garantizar el acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esa capacidad y establece una serie de salvaguardas en relación en la prestación de este apoyo que tienen como principal objetivo que se respete su voluntad, preferencias y derechos. Así, el art. 12 supone una auténtica revolución respecto del tratamiento tradicional de la capacidad jurídica basado en la institución de la incapacitación y en la sustitución en la toma de decisiones. Este nuevo tratamiento por el que aboga la Convención desarrolla y refuerza este marco teórico y es imprescindible para el éxito del cambio revolucionario que pretende el art. 12 y que deberá significar la consideración de las personas con discapacidad como plenos y activos sujetos de derechos capaces de ejercer por sí mismos todas las libertades de las que son titulares.

5. JURISPRUDENCIA DE PRINCIPIOS: LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE LA DISCAPACIDAD.
El cómo enjuicia el TJUE es esencial para interpretar sus propias resoluciones. El TJUE[18]  sigue una “jurisprudencia de principios”, en la estela del constitucionalismo alemán de postguerra hoy asumido por el neoconstitucionalismo  a  la  manera  de R. Alexy[19],  que  tiene  su  antecedente  primero  en  la alemana jurisprudencia  de  valores y hoy se prolonga con Dworkin. Este principialismo, actualizado por Alexi, se acoge a un realismo moral no naturalista y, en tal sentido, los principios vienen a jugar ahora el mismo papel funcional que antes desempeñaban las normas de Derecho natural: supremas  verdades  morales que  no  pueden dejar  de ser,  al  tiempo, superiores  verdades jurídicas.  Tal  principialismo  se  torna  “constitucionalista”  en  cuanto  afirma  que  dichos principios morales verdaderos ya no son Derecho meramente porque sí, sino que, además, como  Derecho  se  muestran  porque  han  sido  constitucionalizados.
En su hacer princialista el TJUE resuelve conforme al siguiente esquema al modo de las  teoría de la interpretación axiológica, eso si donde esta dice valores el TJUE[20] habla de principios: a) el sistema jurídico de la UE se cimenta en un sistema o conjunto ordenado de principios, que son su base y le dan su sentido último y más determinante; b) dichos principios, que son la esencia de ese sistema jurídico, tratan de expresarse a través de los enunciados normativos contenidos en los cuerpos jurídicos; c) puede ocurrir o que  el autor de la norma no haya expresado en el correspondiente enunciado con suficiente claridad los contenidos del Derecho para los casos que ahí se resuelven, pero en tal caso las interpretaciones lingüísticamente posibles no son las interpretaciones jurídicamente posibles, pues en el Derecho de la UE, en cuanto sistema de principios articulados y desarrollados, está claro lo que en las palabras de la ley resta indeterminado; o que en las palabras de la ley resulte clara una solución que, sin embargo, no sea la que se corresponde con la esencia axiológica que gobierna en Derecho ese sector de casos o ese asunto, en cuyo caso la interpretación contraria al tenor de la ley será, sin embargo, la demandada por el Derecho, en su verdadera y más cierta esencia; o que en los enunciados normativos presentes en los cuerpos jurídicos nada se diga que pueda entenderse referido y aplicable al caso que se resuelve, pese a lo cual no habrá laguna, pues seguro que en el fondo valorativo del sistema jurídico sí que se contiene solución preestablecida, cierta y única para ese caso que ni en la letra de la norma ni en la voluntad del legislador aparece contemplado.
El TJUE entiende el Derecho como un pensamiento orientado a valores-principios, que instrumenta el concepto al servicio del fin lo que denota un fuerte componente metafísico e idealista, que se traduce ante todo en la convicción de que el Derecho no es una realidad lingüística ni empírica, sino que se compone de esencias que se articulan entre sí, prefiguran la mejor solución para cualquier conflicto, realizan en cada caso del modo mejor la justicia.
El cómo aborda el TJUE el concepto de discapacidad es un ejemplo de esa jurisprudencia princiapilista.
En el año 2006, en el asunto Chacon Navas (C-13/05), el Tribunal definió la discapacidad como: “Una limitación producida especialmente por deficiencias físicas, mentales o psicológicas y que dificulta la participación de la persona afectada en la vida profesional.”; añadió que la discapacidad difiere de la enfermedad: Una persona que haya sido despedida por el empresario únicamente por motivos de enfermedad no tendría cabida en el marco establecido por la Directiva 2000/78.
En el año 2008, caso Coleman contra Attridge Law (C-303/06), supuesto de un hijo recién nacido con discapacidad en que es despedida la madre porque, como cuidadora principal, tenía que dedicarle tiempo al hijo. El TJUE fija el principio de “Discriminación por asociación” con el argumento de que  la Directiva 2000/78 tiene por objetivo evitar cualquier forma de discriminación por discapacidad, no solo contra las personas discapacitadas.
En el año 2013, caso Ring (C-335/11 y 337/11 acumulados) el TJUE  operó un cambio de paradigma: el concepto comunitario de discapacidad se amoldó expresamente al de la Convención de las NU. No obstante, hay una diferencia notable entre la definición de la Convención de las NU y la adoptada en la sentencia Ring. Mientras que la Convención de las NU se refiere en general a la participación en la sociedad, la definición del TJUE menciona únicamente la participación en la “vida profesional”. El TJUE optó por un concepto de discapacidad mucho mas amplio que el estricto seguido en la Sentencia Chacón Navas.
En el año 2014, caso Kaltoft (C-354/13) el TJUE sentencia de modo similar al caso HK Danmark/Ring y Skouboe Werge (C-335/11 y C-337/11)  y fija que la discapacidad es una limitación producida especialmente por deficiencias físicas, mentales o psicológicas de larga duración, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir la participación completa y eficaz de la persona afectada en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Incluye no solo la imposibilidad de ejercer una actividad profesional, sino también el impedimento para el ejercicio de dicha actividad.
En el año 2016, caso Daouidi (C-395/15) el TJUE resuelve conforme al caso Ring y Kaltoft[21].
Concluir que el modo de resolver del TJUE es metafísica no es ninguna boutade. Su  teoría del Derecho y de la interpretación presupone que existen principios precisos y contenedores de la solución más justa para todos los casos en Derecho, y que, además, son perfectamente cognoscibles, y muy en particular cognoscibles por ellos. Y no es ningún dicho paradójico de así calificar el hacer del TJUE cuando está provocando un modelo de control judicial no concentrado sino difuso, al modo anglosajón: El juez nacional puede dejar de aplicar leyes nacionales, en favor de las leyes de la UE. El vínculo del juez no es la Ley nacional sino la ley comunitaria –art. 4 bis LOPJ- y queramos o no, esa ley no es lo que la ley dice, sino lo que  dice el TJUE, que responde con principios[22]. El laberinto judicial tras el caso Diego Porras (C-596/14), por poner un ejemplo laboral, es ejemplificador del modo de enjuiciar y de las consecuencias de las resoluciones del TJUE.

6. EL MODELO DE DISCAPACIDAD HASTA LA STJUE 18-12-14 (Asunto C-354/13).
El TJUE hasta esas fechas era deudor del modelo médico que considera la discapacidad como una condición individual, resultado de una deficiencia de la persona a nivel físico, psíquico o sensorial. Ha interpretado la discapacidad como una situación de enfermedad y se da por supuesto que las personas con discapacidad deben someterse a un proceso de rehabilitación para asimilarse en la mayor medida posible a las demás personas “sanas” y “capaces” de la sociedad. Las personas con discapacidad se convierten así en objeto de atención principalmente médica y su realidad es considerada desde una perspectiva notablemente medicalizada. Con tales presupuestos el TJUE vino sosteniendo que el trabajador afectado por una enfermedad quedaba al margen de las normas antidiscriminatorias. Para el TJUE la enfermedad no es un factor discriminatorio pues ni aparece mencionado como tal en directivas comunitarias ni puede subsumirse en las circunstancias genéricamente aludidas por ellas. Así la  STJUE de 11 julio 2006 (Chacón Navas) explicó que la persona despedida exclusivamente a causa de una enfermedad no está incluida en la protección de la  Dir. 2000/78/CE e interpretó que el Derecho Comunitario descarta equiparar enfermedad y discapacidad pues “ninguna disposición del Tratado CE contiene una prohibición de la discriminación por motivos de enfermedad” y “no cabe deducir que el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 deba ampliarse por analogía”.
Como va siendo cada vez más habitual son los ecos del Dº. norteamericano los que cambian la doctrina comunitaria, dados los estrictos márgenes de las causas proscritas de discriminación en el Derecho comunitario que no permiten encajar en su tutela situaciones potencialmente discriminatorias, como la obesidad, en las que concurren los elementos de desvalor que merecen protección legal. Por tanto, aquellas causas que no puedan asimilarse o identificarse con las expresamente tuteladas en las Directivas antidiscriminación (Directivas 2006/54, 2000/78 y 2000/43) las encaja en su tutela antidiscriminatorias reinterpretando el concepto de discapacidad para integrar en el mismo, desde la perspectiva de la repercusión funcional, no sólo la imposibilidad de realizar una actividad profesional, sino también la dificultad para su ejercicio, y, desde la perspectiva de la dolencia que provoca una limitación, cuando las características de ésta y su expectativa de permanencia pueda impedir la participación plena y efectiva de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores al interactuar con diversas barreras.
El Derecho Norteamericano tiene como referente la tutela antidiscriminación, e identifica, por ejemplo a la obesidad,  con el supuesto en el que una diversidad funcional, física o mental, determina una limitación mayor o menor en las actividades de la vida, o bien está reconocida médicamente o existe la creencia de que la puede provocar, sin que precise el que concurra con trastorno psicológico alguno para proscribir el despido mientras no exista imposibilidad para seguir realizando las tareas fundamentales de su trabajo, con o sin ajustes razonables, y por tanto si se basa en meras percepciones o prejuicios.
EL MODELO DE DISCAPACIDAD EN LA STJUE 18-12-14 (Asunto C-354/13).
Es por influencia del Dº norteamericano[23] el que el Derecho comunitario gira hacia el modelo social que no en vano tiene su origen en esa orilla del Atlántico.
Considera que la discapacidad no tiene que ver con causas de naturaleza individual y médica, sino sociales, cuyo origen son las limitaciones de la sociedad para ofrecer servicios que tengan en cuenta los requerimientos de funcionamiento (físico, psíquico y sensorial) de todas las personas. Asume que las personas con discapacidad pueden participar en la sociedad en igualdad de condiciones con el demás, lo que exige la inclusión y la aceptación plena de su diferencia. La discapacidad es interpretada como el resultado de una sociedad discapacitante y el modo de atenuarla requiere, por lo tanto, transformar el entorno social.
El conjunto de prácticas atribuibles al modelo social surge como respuesta a las anteriores prácticas del modelo médico, con una componente fundamentalmente emancipadora desde la que se reivindica un imaginario totalmente opuesto a las representaciones del modelo médico. Surge la consideración de la persona con discapacidad como sujeto de derechos, lejos de su visión como mero objeto de asistencia rehabilitadora; unos derechos que se reivindican desde la afirmación de su autonomía y capacidad de decisión, desde la exigencia de respeto a las mismas y a la igualdad de oportunidades en todos los espacios y entornos de la sociedad.
Capacidad y discapacidad remiten a condiciones de funcionamiento. El funcionamiento, al igual que esas categorías, es así una construcción social vinculada al cuerpo. Las categorías del funcionamiento se relacionan con la diferencia orgánica entre un cuerpo sano y uno enfermo, entre salud y enfermedad, lo que trasladado al plano funcional lleva a definir un funcionamiento eficiente (capacidad) y otro deficiente (discapacidad). Esto conduce a interpretar, por ejemplo, la denominada “discapacidad física” como un funcionamiento físico deficiente, o un funcionamiento deficiente a nivel físico. De manera que a partir de las condiciones de salud y enfermedad atribuidas al organismo se llega a la construcción médico-social del funcionamiento en términos de capacidad (eficiencia funcional) y discapacidad (deficiencia funcional).
La STJUE de 18 de diciembre de 2014, asunto C-354/13, Fag og Arbejde (FOA) y Kommunernes Landsforening (KL) supone el giro al modelo social de la discapacidad y literalmente  la concibe como “limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores”. Para el TJUE la obesidad debe reunir las siguientes características para equipararla a la discapacidad:
a) Que exista un grado de obesidad que per se pueda ser indicio de un trato peyorativo, al interactuar con diversas barreras, y de impedir la participación plena y efectiva de quien la sufre en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores (parag. 59), con independencia de la causa que haya motivado la misma (parag. 56), sin que sea discapacitante en sí la propia obesidad por grave que ésta sea (parag. 58).
b) Que la obesidad limite o impida la realización de las tareas propias de la profesión, con independencia o no de que se apliquen ajustes razonables (parag. 57), como consecuencia de la movilidad reducida o la concurrencia de patologías limitantes o impeditivas del ejercicio de la actividad profesional (parag. 60).
c) Que la obesidad sea de larga duración, entendiéndose por tal de carácter permanente aunque no sea definitiva .
d) El tribunal o juzgador al que se someta la cuestión deberá comprobar tanto la permanencia de la dolencia o limitación excluyente como la existencia de las barreras que pudieran interferir sobre la plena inclusión laboral de la persona hipotéticamente discriminada (parag. 62), conforme a la regla de la “flexibilización” de la carga de la prueba (parag. 63).

CRÍTICA.
Aunque desde el punto de vista político las propuestas nacidas del modelo social parecen suficientes para conseguir legalmente la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación, desde el ámbito de la ética el modelo presenta carencias pues toda vida humana, con independencia de la naturaleza o complejidad de la diversidad funcional que le afecte, goza de igual valor en dignidad, eso sí definiendo la idea de dignidad de modo que no deje a nadie afuera, ni dé lugar a interpretaciones que supongan que determinados seres humanos pueden ser más dignos que otros.
La conclusión es que las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad de oportunidades, en razón de su igual humanidad, y no por ser iguales funcionalmente. Nos situamos más allá de la noción tradicional de dignidad humana manejado por el modelo social, basado en la capacidad, en una serie de competencias, generalmente racionales, que se consideran propias de un ser humano normativo y funcional, dando el mismo valor a las vidas de todos los seres humanos, sea cual sea su diversidad funcional, y garantizar los mismos derechos y oportunidades a todas las personas. Para ello se debería usar el término diversidad funcional en sustitución del término discapacidad como expresión positiva de esta situación vital que es inherente a la vida humana, y aceptar la diversidad funcional como una más de las diversidades que conforman y enriquecen la humanidad. En este modelo de la diversidad toda persona adquiere una misma condición de dignidad y de humanidad. Todas las personas tienen un mismo valor moral, independientemente de sus capacidades, o discapacidades, y por tanto, tienen que tener garantizados los mismos derechos humanos. Aquí, el hecho de la discapacidad se convierte en una cuestión de carácter ético y filosófico, y adquiere un estatus moral (hasta la fecha inalcanzable), a través del cual, toda persona con grave discapacidad, y aunque no pueda cuidar de sí misma, adquiere la misma condición de humanidad y dignidad; y por tanto, toda discriminación que sufra será entendida explícitamente como una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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