sábado, 29 de julio de 2017

STS 28/06/2017 (Rec. 203/2016): LAS COMISIONES “AD HOC” CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR UN CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA (MULTISERVICIOS)

ACCESO A LA SENTENCIA (CENDOJ)


PONENTE: SEMPERE NAVARO
TEMA.- Convenio colectivo de la empresa "Emplea Outsourcing S.L." negociado por representación ad hoc. DOCTRINA.- 1) Criterios jurisprudenciales sobre triple legitimación, control de la representatividad cuando se constituye la comisión negociadora y principio de correspondencia. 2) La legitimación negocial contemplada en el art. 41.4 ET y preceptos concordantes no puede extenderse a la negociación de un convenio colectivo. 3) Diferencias entre estructuras representativas estables y coyunturales.4) Concuerda con STS 485/2017 de 6 junio. FALLO.- De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a STSJ Canarias (Tenerife) 553/2016
ID CENDOJ STS 2888/2017

* SOBRE LA DOCTRINA CASACIONAL EN RELACIÓN A LA LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR UN CONVENIO DE EMPRESA, EL MOMENTO DE DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA (FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO):
1. Legitimación y representatividad para negociar convenio de empresa.
Son numerosas las ocasiones en que hemos abordado cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos para que pueda entenderse válidamente constituida la comisión negociadora de un convenio colectivo de los disciplinados por el Estatuto de los Trabajadores (con eficacia general y normativa). Por ejemplo, puede verse las SSTS 7 marzo 2012 (rec. 37/2011); 20 mayo 2015 (rec. 6/2014); 9 junio 2015 (rec. 149/2014); 10 junio 2015 (rec. 175/2014); 21 diciembre 2015 (rec. 6/2015): 23 febrero 2016 (rec. 39/2015) y 21 noviembre 2016 (rec. 20/2016). Entre las más recientes están las SSTS 61/2017 de 25 enero y 224/2017 de 16 marzo . Seguidamente se resume lo esencial de su doctrina respecto de la triple legitimación para negociar los convenios colectivos estatutarios. Así, venimos distinguiendo:
A) La capacidad, poder genérico, legitimación "inicial o simple" para negociar, la que da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el art. 87 ET en relación con los arts. 37.1 CE , 6 y 7.1 LOLS y 82 ET .
B) La legitimación propiamente dicha, legitimación "plena o interviniente o deliberante o complementaria", o derecho de los sujetos con capacidad convencional a intervenir en una concreta negociación colectiva, determinante en cada supuesto, en proporción a la representación real acreditada y proyectada en el ámbito del convenio, de que la referida comisión negociadora esté válidamente constituida, establecida en el art. 88.1 y 2 ET . Se puede ser capaz para negociar y no estar legitimado para hacerlo en un supuesto singular, pero no al contrario, dado que, en definitiva, conforme al art. 88.2 ET , tratándose de convenio colectivo supraempresarial la legitimación plena tan solo se alcanza a partir de la constitución válida de la comisión negociadora, esto es, "cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones ... representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso".
C) La legitimación "negociadora" o "decisoria" mediante la que se determina quién puede aprobar finalmente el convenio estatutario partiendo del grado o nivel decisorio de representación necesario para alcanzar acuerdos dentro de la propia comisión negociadora. Es la contemplada en el art. 89.3 ET (Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones). Solamente alcanzarán eficacia acuerdos que estén avalados con el voto favorable de cada una de las dos representaciones. Ese voto ha de ponderarse de modo proporcional, referido a la "mayoría representada en la mesa de negociación y no al número de los componentes de cada uno de los bancos que integran la mesa".
           
             2. Momento para examinar la suficiente representatividad.
Buena parte de las sentencias mencionadas en el apartado precedente se ocupa de precisar el momento en que ha de existir y probarse la legitimación: el del inicio de las negociaciones del convenio colectivo, esto es, cuando se constituye la mesa negociadora, por lo que hay que excluir de cómputo las variaciones posteriores a la constitución de la comisión negociadora.
Esta regla se aplica a los distintos tipos de legitimación anteriormente referidos, pues si el art. 89.3 ET exige para la aprobación del convenio el voto mayoritario de cada una de las dos representaciones es evidente que se está remitiendo a la configuración de esas representaciones al constituirse la comisión negociadora (art. 88.1.2º ET). Ésta, a su vez, ha de tener en cuenta los niveles de representatividad existentes en el momento de iniciarse la negociación, pues entonces es cuando ha de fijarse la legitimación inicial del art. 87.2 ET , que otorga el derecho a participar en la negociación colectiva formando parte de la comisión negociadora (art. 87.5 ET). Es, por tanto, el nivel de representatividad existente en ese momento el que debe tenerse en cuenta a efectos del cómputo de las representaciones previsto en el art. 89.3 ET.
La aplicación del criterio contrario no sólo rompería la necesaria correspondencia entre la legitimación inicial y el nivel de representatividad de la comisión negociadora, de una parte, y la determinación de la denominada legitimación decisoria, por otra, sino que resulta contrario a la seguridad jurídica por introducir incertidumbre sobre los niveles de representatividad con un cuestionamiento constante de éstos incompatible con el desarrollo normal y estable de un proceso de negociación. Desde esta perspectiva y no constando la fecha del inicio de las negociaciones hay que excluir de cómputo las variaciones posteriores a la constitución de la comisión negociadora.
           
             3. Virtualidad del principio de correspondencia.
Son numerosísimas las sentencias en las que hemos proclamado la enorme relevancia del "principio de correspondencia" en materia de negociación y convenios colectivos. Entre muchas, puede verse las SSTS de 20 de junio de 2006, rec. 189/2004 ; de 3 de diciembre de 2009, rec. 84/2008 ; de 1 de marzo de 2010, rec. 27/2009 ; de 29 de noviembre de 2010, rec. 244/2009 ; de 24 de junio de 2014, rec. 225/2013 ; de 25 de noviembre de 2014, rec. 63/2014 ; 20 mayo 2015, rec. 6/2014 ; 15 junio 2015, rec. 214/2014 ; 18 febrero 2016, rec. 93/2015 ; 20 junio 2016, rec. 52/2015 ; 28 junio 2016, rec. 218/2015 ; 27 septiembre 2016, rec. 1236/2015 o 22 noviembre 2016, rec. 20/2016 : entre las más recientes, las SSTS 23/2017 de 11 enero ; 190/2017 de 7 marzo ; 324/2017 de 18 abril y 404/2017 de 8 mayo . Recordemos seguidamente lo esencial de su doctrina.
A) El principio de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo, y en su aplicación concreta a los comités de empresa y delegados de personal de la empresa, exige que el ámbito de actuación del órgano de representación de los trabajadores ha de corresponderse estrictamente con el de afectación del convenio colectivo. No afecta a la legitimación (que es una cuestión de orden público) el hecho de que los restantes centros de trabajo de la empresa carezcan de representación unitaria, pues la elección de los órganos de representación unitaria de los centros de trabajo compete a los trabajadores de dichos centros y su inexistencia no puede producir el efecto de otorgar legitimación a la representación legal de otro centro de trabajo.
B) Esa regla se mantiene en todo caso. El comité elegido por uno o varios centros de trabajo no puede arrogarse la representación de los trabajadores de otros centros. Aunque en el momento de la negociación no exista en los otros centros de trabajo representación legal de los trabajadores; en este caso la empresa solo podía negociar con la representación de los centros que si los tenían, salvo que hubiese negociado con las secciones sindicales de empresa si las hubiere. Ese dato no impide declarar que el establecimiento en el convenio de un ámbito geográfico estatal excede de las posibilidades de disposición de la comisión negociadora.
C) La circunstancia de que no existan en ese momento otros centros de trabajo tampoco impide declarar que el convenio colectivo en que se dispone un ámbito geográfico estatal excede de las posibilidades de disposición de la comisión negociadora, por producirse una falta de correspondencia entre el ámbito de representación del banco social y el ámbito de eficacia del convenio. La ruptura de aquella correspondencia impediría "la participación de los ulteriores trabajadores incorporados a la empresa en centros de trabajo distintos. De ahí que no cabía a las partes negociadoras incluir una regla de imposición futura de un convenio en cuya negociación no pudieron haber intervenido dichos trabajadores".
E) Los vicios en la configuración de la comisión negociadora resultan insubsanables, ni siquiera reduciendo su ámbito a los centros de trabajo correspondientes a la representación unitaria que formó parte de la misma, " al no ser tal la voluntad de las partes ni la finalidad con la que se constituyó". Y no siendo la intención de las partes, ni siquiera subsidiariamente, la de atribuir eficacia en cualquier otro ámbito al convenio colectivo que se había pactado como de ámbito nacional, no puede la empresa instar unilateralmente el reconocimiento de tal nueva condición, lo que supondría alterar en lo sustancial y a petición de una solo de los firmantes la naturaleza del negocio jurídico que fue fruto de la concordante voluntad de ambas en razón de una específica finalidad que no tuvo en cuenta las particulares condiciones de uno u otro centro de trabajo. Sin perjuicio, claro está, de los posteriores acuerdos en tal sentido que pudieren alcanzarse en un ulterior proceso de negociación entre la empresa y la representación de los trabajadores que respete el insoslayable principio de correspondencia.
A lo que debe añadirse, que lo negociado y finalmente pactado bajo la forma de un convenio colectivo de empresa comporta que las partes han actuado en consideración a los presupuestos legales ineludiblemente asociados a ese concreto ámbito de afectación, con los especiales efectos jurídicos que la normativa legal atribuye a tan singular clase de convenio en el art. 82.4 ET , significadamente, su indisponible prioridad aplicativa en determinadas materias respecto a lo de ámbito sectorial estatal, lo que no admite parangón con la muy distinta naturaleza jurídica de un convenio de centro de trabajo. Es por todo ello que no cabe entender subsanado tan esencial vicio de origen que supone la vulneración del principio de correspondencia, para reconducir al ámbito de un determinado centro de trabajo lo que había sido pactado como convenio colectivo de empresa, con base únicamente a la petición unilateral de una sola de las partes”.

* SOBRE LA FALTA DE CAPACIDAD DE LAS COMISIONES “AD HOC” A DICHOS EFECTOS (FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO):
2. Legitimación de las comisiones específicas.
A) La regulación aplicable al caso (idéntica a la ahora vigente) no escapa a la escasa sistemática con que están contempladas las instituciones laborales de carácter colectivo que comportan reestructuraciones. El artículo 41.4 ET aborda la cuestión (al hilo de cómo introducir modificaciones sustanciales) y otros preceptos se remiten a él exponiendo que " la intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo ". Esto es lo que puede verse en los artículos 40.2 ET (tercer párrafo, respecto de movilidad geográfica), 47.1 ET (sexto párrafo, para reducciones de jornada o suspensiones del contrato de trabajo), 51.2 ET, (segundo párrafo, para despidos colectivos) y 82.3 ET (quinto párrafo, para inaplicaciones de convenio).
B) Para todos esos supuestos, cuando se está ante una empresa que posee un único centro de trabajo (como aquí sucede) o ante supuesto en que se adoptan mediados que solo van a afectar a un único centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponde al comité de empresa o a los delegados de personal, dejando ahora al margen las secciones sindicales.
En defecto de tales órganos representativos es cuando los trabajadores pueden atribuir su representación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por empleados "de la propia empresa" y elegida democráticamente. De igual modo, pueden optar por una comisión (con un máximo de tres miembros) designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
C) Nada similar a lo recién expuesto aparece cuando el legislador disciplina la legitimación para negociar convenios colectivos de empresa.
3. Consideraciones específicas.
Sin perjuicio de hacer nuestras las atinadas consideraciones que alberga la sentencia recurrida, y dando respuesta explícita a la correcta exposición del recurso de casación, seguidamente exponemos las líneas argumentales que impiden su éxito.
A) Hay que salir al paso de la protesta formulada en el recurso, considerando que constituye una discriminación el que las empresas sin RLT se vean privadas de la posibilidad de negociar su propio convenio colectivo.
La Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/1981, de 8 de abril). La Ley puede elegir, entre las distintas posibles, la alternativa que estime más adecuada, no solo para alcanzar los objetivos que aquélla le impone, sino también para adoptar las medidas que garanticen su realización (STC 8/2015, de 22 de enero).
El carácter estatutario o no del convenio es simple consecuencia de que se cumplan los requisitos de mayoría representativa que el ET exige para la regularidad del convenio colectivo, al que se otorga un plus de eficacia, por el carácter erga omnes del llamado convenio colectivo estatutario (STC 108/1989, de 8 junio).
Por tanto: la Constitución no garantiza que toda empresa pueda disponer de un convenio colectivo de carácter estatutario. Que la Ley establezca requisitos de legitimación o representatividad y que anude a su cumplimiento el acceso al régimen jurídico de los convenios con eficacia normativa y general resulta del todo acorde con la Ley Fundamental.
B) Para la válida negociación de un convenio colectivo estatutario se requiere el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 87.1 del ET en cuanto a la legitimación de las partes negociadoras, en este caso la parte social. Si en la empresa no existen representantes unitarios de los trabajadores falla el presupuesto sobre el que se edifica la construcción legislativa (órgano de representación unitaria, o secciones sindicales que posean mayoría en ella).
Para poder disponer de un Convenio Colectivo propio, de empresa, es imprescindible contar con una representación legal permanente de los trabajadores; no basta con formar una peculiar y limitada comisión "ad hoc" cuya única función sea negociar un convenio que tiene vocación de permanencia y de afectación al ámbito de toda la empresa.
C) La comisión contemplada en los artículos 41.4 ET y otros concordantes no puede equipararse a la RLT sin específica disposición que así lo diga.
La tesis del recurso acabaría conduciendo a extender las competencias del comité de empresa (art. 64 ET) a las representaciones específicamente designadas para cada materia. Ni lo permite así la literalidad de los distintos preceptos (arts. 40 , 41 , 47 , 82 ET), ni ello sería lógico. Una estructura estable es distinta a otra efímera; un sistema de elecciones cuidadosamente regulado (Título II ET y normas del RD 1844/1994) es bien diverso a la designación democrática pero abierta (art. 41.4 ET). Tampoco aconsejaría esa homologación la muy diversa conexión sindical que poseen la RLT (promoción, respaldo, cómputo a efecto de representatividad, etc.) y las representaciones ad hoc.
D) Tampoco cabe equiparar los casos en que el legislador permite que actúe una comisión específica y la negociación del convenio colectivo. Asumimos en este pasaje la lúcida argumentación de la sentencia recurrida:
Incluso admitiendo esa discutible legitimación de las comisiones "ad hoc" para negociar la inaplicación del convenio, no se puede equiparar una negociación de un convenio colectivo estatutario a esa inaplicación, pues esta última es, según el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores , siempre causal (cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, señala el 82.3), temporalmente limitada (ha de fijarse expresamente la duración y no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa), e impugnable en vía judicial en términos más amplios de los previstos para los convenios colectivos (por ejemplo, por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la suscripción del acuerdo). Mientras que, en la negociación de un convenio colectivo de empresa no se exige ninguna causa concreta para poder apartarse de la regulación sectorial -dentro los amplios límites marcados por el 84.2 del Estatuto de los Trabajadores-, y esa regulación específica de empresa puede responder a puros criterios de oportunidad no revisables jurídicamente, con una permanencia en el tiempo mucho más amplia que la que puede tener un acuerdo de descuelgue del convenio - puede pactarse su duración indefinida hasta la sustitución por un nuevo convenio del mismo ámbito-, y que solamente se puede revisar judicialmente (artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores) en caso de contravenir normas legales de derecho necesario o lesionar gravemente el interés de terceros -teniendo en cuenta, además, que esos "terceros" ni siquiera serían los propios trabajadores afectados por el convenio colectivo-, precisamente porque esa regulación no tiene que responder a causa justificada alguna. En definitiva, de la hipotética capacidad para negociar lo "menor" (la suspensión o inaplicación parcial del convenio estatutario) no se puede extraer capacidad para negociar lo "mayor" (el propio convenio estatutario).
E) Estas comisiones de trabajadores creadas "ad hoc" únicamente tienen legitimación para actuar como interlocutores en el periodo de consultas previo a las decisiones en materia de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, reducciones de jornada o suspensión de contratos de trabajo de carácter colectivo o despido colectivo (artículos 40.2 , 41.1 , 47.1 y 51.2 del Estatuto de los Trabajadores). Lo que hemos admitido es que si estas comisiones están legitimadas para negociar y alcanzar acuerdos en esos extremos expresamente previstos por la Ley, también lo han de estar para ser parte en los procedimientos judiciales en los que se impugnen dichos acuerdos o la medida empresarial adoptada sin pacto.
Esa legitimación procesal es exclusivamente la abierta por las sentencias de la Sala que invoca el recurso.
F) El ET no ha querido abrir la legitimación para negociar convenios de empresa (o ámbito inferior) a representaciones específicamente designadas al efecto. Se trata de una decisión legítima y acorde con las especiales garantías que el ordenamiento atribuye a los convenios negociados de acuerdo con el Título III de tal Ley (eficacia general y normativa, sistema de prórrogas, publicidad, fiscalización por la Inspección de Trabajo, etc.).
Además de la anomalía procesal que ello comporta, carece de sustento la invocación que el trabajador-representante lleva a cabo sobre una posible vulneración de derechos de la empresa. La Constitución no garantiza derechos absolutos y el propio artículo 37.1 se remite a "la ley" para concretar los términos de lo allí garantizado.

G) En fin, la doctrina albergada por sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es inhábil para fundamentar la casación, por lo que no podemos entrar a examinarla”.