martes, 11 de julio de 2017

STS 21/06/2017 (Rec. 18/2017): EL DEBATE RELATIVO A LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE EMPRESAS EN DESPIDOS COLECTIVOS DE EMPRESAS CONCURSADAS SE SUSTANCIAN ANTE EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Y NO ES POSIBLE ACUDIR A LA DEMANDA DE DESPIDO COLECTIVO DEL ART. 124 LRJS


PONENTE:  ARASTEY SAHUN
Despido colectivo concursal: la impugnación debe hacerse por los cauces de la Ley Concursal. No es adecuada la acción del art. 124 LRJS. La Sala del TSJ sólo será competente vía recurso de suplicación
ACCESO EN: STS  2628/2017


Se aborda en este pronunciamiento la cuestión –relativamente recurrente en los órganos jurisdiccionales “inferiores”- sobre si la denuncia por parte de los trabajadores de la existencia de un grupo de empresas patológico en el marco de un procedimiento concursal es competencia de la jurisdicción social o de la mercantil. El pronunciamiento analizado opta por esta segunda respuesta, aunque en relación con una demanda interpuesta por la vía del art. 124 LRJS.
En todo caso, cabe recordar que anteriores pronunciamientos de la Sala de Conflictos de Competencia del TS (Autos 17/2007, 18/2007 y  19/2007, de 21 de junio y 30/2011, de 28 de septiembre, aunque anteriores a la Ley 38/2011) y de la propia Sala Cuarta (STS 22.09.2014, Rec. 314/2013) habían venido indicando que la competencia relativa al control judicial de despidos en los que afecten a varias empresas por mantener los trabajadores la concurrencia de grupo de empresas patológico, pero en las que no todas están concursadas, correspondía al orden social. Existen sin embargo pronunciamientos de la Sala de Conflictos de Competencia del TS

* FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO:
4. Los mecanismos procesales de reacción frente a la decisión del juez del concurso de autorizar el despido colectivo se regulan en el apartado 8 del art. 64 L, a cuyo tenor, «Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.
Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación».
Por consiguiente, la discrepancia con la decisión extintiva puede ser suscitada, bien por el cauce colectivo -como aquí se pretende- a través del recurso de suplicación frente al Auto, bien individualmente -por cada uno de los trabajadores afectados- a través del incidente concursal laboral que se regula en los arts. 195 y 196.3 LC .
5. Este esquema procesal sobre la atribución competencial de los órganos judiciales que intervienen en el despido colectivo concursal no impide la introducción de la cuestión de la posible existencia de un grupo empresarial que pudiera alterar la valoración final de las circunstancias fácticas sobre las que se asienta la pretendida extinción de contratos de trabajo. Tras la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, el art. 64.5 LC permite expresamente que los representantes de los trabajadores o la administración concursal soliciten al juez «la participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a otras empresas».
Supone ello que la cuestión que ahora se plantea por la representación de los trabajadores pudo -y debió- ser suscitada en ese momento procesal, ante el juez del concurso y que, en todo caso, la vía para poner en cuestión la acomodación a Derecho de la decisión extintiva autorizada por el Auto de lo mercantil se ciñe a la interposición del recurso de suplicación frente a dicho Auto -o a la impugnación individual a través del incidente concursal, si hubiere mérito para ello-.
6. En consecuencia, resultaba inadecuada la utilización del procedimiento del art. 124 LRJS y, por ende, carecía la Sala de instancia de competencia para conocer de dicha demanda, sin perjuicio de que la competencia de ese órgano esté establecida para conocer el eventual recurso de suplicación antes mencionado o del que, en su caso, pudiere formularse frente a la resolución del juez de lo mercantil del incidente concursal laboral que se le pudiere plantear”.