martes, 25 de julio de 2017

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (Julio 2017)

AUTOR: MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Magistrado TSJ País Vasco


Despedida:
Todo en esta vida llega a su fin y eso ocurre con estos resúmenes que he venido realizando desde el mes de enero de 2004 gracias a la invitación que en su día me hizo Foro Social Aranzadi para dirigir el foro de Bilbao, luego ampliado a Donosti, y me han proporcionado durante estos años una gran satisfacción intelectual, una puesta al día en mi formación y, además, un complemento retributivo que también es muy de agradecer (más de una vez, en estos años, dije a responsables suyos que lo seguiría haciendo gratis por todo lo que me aporta, pero no quisieron arriesgarse). La explicación está en mi próxima jubilación voluntaria, en el mes de enero de 2018, que profesionalmente será definitiva y total para dedicar mi vida a otras Itacas, lo que desaconsejaba que siguiera en el curso que se inicia en el próximo mes de octubre. A todos los compañeros y amigos que me habéis leído, muchas gracias y disculpad algún gazapo o error que haya podido cometer en estos años. Ha sido un placer
1.- STS de 6 de abril de 2017 (RC 152/2016).- Sra. Calvo

Doctrina: confirma la validez del I convenio colectivo de Mercedes-Benz para sus centros en la Comunidad de Madrid y en Azuqueca de Henares (que sustituye a los dos convenios que antes tenían ámbito para el centro de la calle Alcalá 728 en un caso y para los restantes centros, en el otro), al no ser contrario a derecho, dado lo dispuesto en el art. 87.1 ET en relación con su art. 88.2, que la comisión negociadora esté integrada por seis representantes unitarios elegidos por UGT, seis por CCOO y uno por CGT, en proporción a los resultados electorales, sin que obste a ello que seis de esos miembros lo sean del centro de la calle Alcalá (con 168 trabajadores) y siete del resto de centros (con 391 trabajadores en total), dado que el convenio se negocia por los sindicatos, sin que se ajuste a derecho la pretensión de CGT de que los trece miembros tengan que repartirse necesariamente a razón de tres representantes del centro de la calle Alcalá y diez entre los del resto de centros
2.- STS de 6 de abril de 2017 (RCUD 2398/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que el convenio colectivo aplicable a la relación laboral mantenida, en Barcelona, entre una promotora de Vexter Outsourcing SA y esta empresa mediante contrato de obra o servicio vinculado al contrato de prestación de servicios concertado entre esa empresa y una de telefonía, es el de comercio del metal de Barcelona por quedar encuadrada esa actividad en su ámbito funcional (y no el interprovincial para empresas de promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras, de 4-My-88).
            NOTA: reitera el criterio aplicado en sentencia de la misma fecha (RCUD 1869/2016) –nº 7 de mi resumen de junio de 2017, que por error cite como RCUD 1869/2017)-
3.- STS de 25 de abril de 2017 (RC 160/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma que no se aplica el XXI convenio colectivo estatal para contratas ferroviarias a los trabajadores de la UTE Mantenimiento Base Olmedo que prestan sus servicios en la contrata de mantenimiento de infraestructuras, vías y aparatos de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, de la Base Olmedo, dado que su ámbito funcional de aplicación recogido en su art. 2 es un numerus clausus que no admite interpretaciones extensivas, en el que sólo encaja una pequeña parte del objeto de la contrata (mantenimiento, limpieza y engrase de agujas), pero no el resto (mantenimiento y conservación de la infraestructura de la vía o de su superestructura), con adecuado encaje en el convenio provincial de la construcción y obras públicas 2012/2016 que la empresa viene aplicando
4.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 110/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que sí constituye una contrata o subcontrata de la propia actividad, a efectos de la responsabilidad solidaria por salarios del empresario principal del art. 42 ET, la comercialización de sus productos mediante contrato de agencia, por lo que confirma la condena solidaria impuesta en el caso (a Telefónica Móviles SL y Telefónica de España SAU), respecto a deuda salarial de Guadatelefon SL con una de sus trabajadoras.
            NOTA: sigue la línea iniciada en STS de 21-Jl-16 (RCUD 2147/2014), de Sala General -nº 85 de mi resumen de octubre de 2016- y continuada por la de 8-Nv-16 (RCUD 2158/2015) –nº 15 de mi resumen de enero de 2017-, que rectificó de forma expresa la doctrina aplicada en SSTS de 15-Dc-15 (RCUD 2614 y 2653/2014) –nº 35 de mi resumen de marzo de 2016 y nº 4 del relativo a abril de 2016-
5.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 432/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce que el procedimiento de conflicto colectivo no interrumpe la prescripción ex art. 160.6 LJS si, como en el caso, se invoca por un trabajador no incluido en el ámbito territorial en el que se suscitó ese conflicto colectivo, aunque sea de la misma empresa (en el caso, trabaja en un centro de Asturias y el conflicto lo promovieron los representantes unitarios de los centros de Barcelona y Valencia)
            NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 21-Mz-17 (RCUD 1602/2015), en el caso de otro trabajador de la misma empresa
6.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 2888/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento personal de antigüedad por llevar veinte años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del X convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando irrelevante que lleven veinte años en la categoría.
            NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y 5-My-16 (RCUD 1431/2015) –recogidas en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016-, 15-Jl-16 (RCUD 595/2015) –nº 66 del resumen de octubre de 2016-, 20-Sp-16 (RCUD 6/2015) –nº 36 del resumen de noviembre de 2016- y 21-Fb-17 (RCUD 621/2015) –nº 53 del resumen de abril de 2013-. Se reitera en STS de 1-Jn-17 (RCUD 2476/2015)
7.- STS de 27 de abril de 2017 (RC 174/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma la validez del III convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios en los extremos por los que incluye en su ámbito de aplicación al sector de campos de golf y lo regula, dado que: 1) no se ha acreditado que la patronal firmante del mismo no representara a las empresas de ese sector, presumiéndose la representación al haber superado sin objeción la tramitación administrativa; 2) tampoco se ha probado que ese sector carezca de homogeneidad con el resto de los incluidos en su ámbito funcional; 3) su inclusión no es novedad de este convenio
8.- STS de 27 de abril de 2017 (RCUD 1864/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce derecho a cobrar el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad del art. 58.14 del VI convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía al demandante en atención al singular modo en que presta sus servicios propios de la categoría de intérprete informador en el espacio natural de Sierra Nevada, asumiendo riesgos que no son inherentes al puesto y, por ello, no están ya retribuidos en el complemento de puesto (genérico) asignado a la categoría de intérprete informador.
            NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 21-Dc-16 (RCUD 451/2015) –nº 15 de mi resumen de marzo de 2017-
9.- STS de 28 de abril de 2017 (RC 214/2016).- Sala general.- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma el ajuste a derecho del despido colectivo por causas económicas y productivas en Diseños Artísticos e Industriales SL (DAISA), iniciado el 8-En-16, sin acuerdo, que afectó a treinta y tres de los noventa y seis trabajadores de su plantilla, dado que: 1) no es nulo el despido por caducidad del expediente, dado que se notificó el 15º día desde la última reunión, sin que obste a ello que ésta se hubiera celebrado rebasado en siete días el plazo legal de treinta días, ya que fue por acuerdo de las partes, y, en todo caso, no determinaría la nulidad del despido, al no ser situación prevista en el art. 124.11 LJS; 2) tampoco es nulo por haber aplicado criterios de selección no consignados en la comunicación de apertura del período de consultas ni en la decisión final, pues es en el proceso de impugnación individual donde ha de analizarse si se han aplicado bien los criterios establecidos; 3) tampoco es nulo porque estuviera vigente un ERTE con acuerdo, dado que se había agravado la situación; 4) no es contrario a derecho por no concurrir las causas económicas y productivas, al no haber prosperado la revisión de hechos probados en que se sustentaba
**10.- STS de 28 de abril de 2017 (RC 124/2016).- Sr. Blasco.- Voto particular

            Doctrina: reconoce que no vulnera el derecho fundamental de libertad sindical que una empresa (en el caso, Hibu Connect SAU) niegue que mantengan su condición de representantes de los trabajadores los que lo eran de tres de sus centros de trabajo, que en virtud de despido colectivo con acuerdo se han cerrado, integrándose los trabajadores de éstos no afectados por el mismo en otro centro de trabajo que mantiene a sus propios representantes unitarios, dado que el mandato de aquéllos se extingue con el cierre del centro (salvo fraude de ley, aquí inexistente), con independencia de que la mayor parte de los trabajadores prestan sus servicios en sus propios domicilios en régimen de teletrabajo.
            NOTA: menciona que el Tribunal Constitucional en su sentencia 64/2016, de 11 de abril, ya lo resolvió así en otro caso de cierre de centro. El voto particular de la Sra. Segoviano defiende la confirmación de la lesión del derecho fundamental
**11.- STS de 28 de abril de 2017 (RCUD 2043/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma que, a efectos de determinar la legislación aplicable en la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, la fecha determinante es la de la declaración de insolvencia, si bien no se precisa que sea respecto al concreto crédito cuyo pago de pretende, bastando la de una previa declaración de insolvencia del empresario deudor en otro procedimiento, como existe en el caso de autos y determina que, siendo anterior a la vigencia de la Ley 3/2012 y aún cuando sea posterior la del crédito, la responsabilidad del FOGASA en su abono se determine aplicando el límite del triple del SMI (y no la del duplo que introduce esa Ley en el art. 33 ET)
12.- STS de 3 de mayo de 2017 (RC 123/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: 1) confirma la nulidad del convenio colectivo de Mediterránea Merch SL porque su ámbito es el de toda la empresa y, sin embargo, fue negociado sólo por representantes unitarios de su centro de trabajo en Murcia, pese a que existen otros siete centros de trabajo, sin que obste a ello que carezcan de representantes unitarios; 2) impone las costas del recurso por resultar temerario.
            NOTA: reitera el criterio tradicional de la Sala sobre la necesaria correspondencia entre el ámbito de un convenio colectivo y el de los representantes de los trabajadores que lo negocian, con cita de sus sentencias de 21-Dc-15 (RC 6/2015), 18-Fb-16 -2- (RC 282/2014 y 93/2015), 23-Fb-16 (RC 39/2015), 14-Jl-16 (RC 219/2015), 22-Nv-16 (RC 20/2016) y 11-En-17 (RC 24/2016)
13.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 3628/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: reconoce que concurre el requisito de afectación general que permite el acceso al recurso de suplicación para cuestionar lo resuelto sobre el fondo del litigio si, como en el caso, sobre la razón de la controversia del litigio individual (en el caso, por diferencias en el importe del plus de productividad en ADIF de quien ha estado en incapacidad temporal) han existido ya dos conflictos colectivos con sentencias firmes.
            NOTA: sigue el precedente de su sentencia de 23-Jn-15 (RCUD 1647/2015) –nº 41 de mi resumen de octubre de 2015-
14.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 2356/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma el derecho de un trabajador subrogado de Iberia LAE a Groundforce Madrid UTE al amparo del I convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos (handling) vigente a la fecha de la subrogación, al amparo de su art. 67.d), a seguir utilizando, conforme a lo dispuesto en el art. 73.7 del II convenio de ese sector, billetes de avión en las condiciones establecidas en el convenio colectivo de Iberia LAE, sin que obste a ello que la nueva empleadora no sea compañía aérea y que no se haya pactado por los firmantes del convenio la compensación económica a recibir que ahí se prevé ni decidido en arbitraje.
NOTA: se trata del mismo criterio aplicado en las SSTS del 27 -2- y 30-Sp-16 (RCUD 350/2015, 882/2015, 3930/2014) y 4-Oc-16 (RCUD 689/2015) –recogidas bajo el nº 6 de mi resumen de diciembre de 2015, salvo la del día 30, que lo fue con el nº 52 de mi resumen de noviembre de 2016-
15.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 3157/2015).- Sr. De Castro

Doctrina: reconoce que el salario rector de los efectos de un despido, en el caso de trabajador sujeto al convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, no incluye el importe de los pluses de vestuario y transporte previstos en el mismo por no ser salario, pese a que su cuantía sea fija mensual.
NOTA: reitera un buen número de precedentes suyos en tal sentido
16.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 1201/2015).- Sr. Sempere

Doctrina: desestima, por falta de contradicción, el RCUD contra la sentencia del TSJ que inadmite, por no ser recurrible en suplicación, una sentencia, cuando previamente ha estimado el recurso de queja por considerarla recurrible, sin que en este caso pueda operar el examen de oficio por el TS sin exigir el requisito de contradicción
**17.- STS de 10 de mayo de 2017 (RC 88/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: reconoce que la facultad de los sindicatos de organizar sus secciones sindicales en el ámbito que consideren oportuno determina que, como en el caso, si deciden hacerlo a nivel de empresa en una de más de 750 trabajadores, el crédito horario que tienen sus dos delegados sindicales sea el propio de esa plantilla (40 horas/mes) y no el que les corresponde como miembros del comité de empresa de uno de sus centros de trabajo con menor plantilla (en el caso: 20 y 15 horas, dada la plantilla de sus respectivos centros), conforme a una interpretación armónica del art. 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el art. 68.3 del Estatuto de los Trabajadores.
            NOTA: en cuanto a la facultad de autoorganización sindical, reitera la nueva doctrina de la Sala, iniciada con su sentencia de 18-Jl-14 (RC 91/2013), de Sala general –nº 22 de mi resumen de noviembre de 2014-, con cita de las posteriores, que recojo en la nota a la sentencia de 3-Fb-17 (RC 39/2016) –nº 27 de mi resumen de abril de 2017-. Se reitera en sentencia de 6-Jn-17 (RC 216/2016)
18.- STS de 10 de mayo de 2017 (RCUD 1247/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce la nulidad del despido de un trabajador fijo discontinuo no llamado por su empresario por un acuerdo de fin de huelga en el que se pactó que los trabajadores afectados por la falta de llamamiento demandarían por despido y la empresa lo conciliaría reconociendo la improcedencia con indemnización de 25 días de salario por año de servicio, superando el número de afectados los umbrales del art. 51 ET y todo ello debido a un sustrato de causas económicas y productivas, dado que las extinciones debieron encauzarse como despido colectivo por imperativo del art. 51 por cumplirse los requisitos numérico, temporal y causal del mismo, sin que los acuerdos de fin de huelga pueden enervar esa exigencia legal.
            NOTA: es una de las dos sentencias anunciadas en mi nota a la sentencia de igual fecha (RCUD 1246/2016), recogida bajo el nº 53 de mi resumen de junio de 2017. La otra (RCUD 1623/2017) también lleva la misma fecha
**19.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 1921/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: 1) el sucesor ex art. 44 ET condenado solidariamente, al amparo de su apartado 3, a pagar deudas salariales del empresario anterior está legitimado para recurrir pidiendo que la condena se extienda solidariamente al que luego le ha sucedido a él; 2) reconoce que el empresario sucesor responde, ex art. 44.3 ET, no sólo de las deudas del inmediato titular anterior sino de las del resto de titulares previos que hubo en una cadena de sucesión empresarial; 3) no cabe examinar un motivo de RCUD para el que se citó como contradictoria una sentencia en el escrito de preparación y luego se menciona otra en el de interposición, aunque su doctrina sea similar.
            NOTA: para entender el caso, se trata de una cadena sucesiva de contratas de la explotación y gestión de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria), en la que el TSJ condenó ex art. 44.3 ET a la contratista entrante en el pago de deuda salarial generada por su inmediata predecesora por estar ante un supuesto de sucesión de plantillas debido a que la contrata imponía la asunción de plantilla (extremo, éste, que no se va a discutir ante el Tribunal Supremo), absolviendo el TSJ a la nueva contratista que sucede a la condenada. Ésta trata principalmente de evitar su condena por entender no aplicable el art. 44.3 ET, pero el motivo dirigido a ello se sustenta en una sentencia contradictoria que no es la anunciada en el escrito de preparación y el Tribunal lo rechaza, aunque obiter dicta, hace ver que tampoco sería contradictoria, ya que allí la absolución de la contratista sucesora lo fue porque el convenio colectivo de aplicación (el estatal de empresas de seguridad) imponía la subrogación de plantilla y exoneraba del pago de deudas a la entrante. La condenada recurrente pedía subsidiariamente la condena solidaria de la contratista que la sucedió a ella y el Tribunal Supremo lo estima
20.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 531/2015):- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce que constituye un despido nulo, por no haber seguido los trámites propios del despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo de indefinidos no fijos en el Ayuntamiento de Los Barrios por amortización de plazas en su RPT en número que supera los umbrales propios del mismo, siendo irrelevante que la extinción contractual fuese anterior a la vigencia del RDL 3/2012 (concretamente, el 31 de enero de 2012), aplicando el cambio de doctrina iniciado en STS de 24-Jn-14 (RCUD 217/2013).
            NOTA: reitera el criterio de la STS de 30-Mz-17 (RCUD 961/2015), de Sala general –nº 46 de mi resumen de mayo de 2017-, seguido por otras dos del 4-My-17 (RCUD 2096/2015 y 1050/2015) –recogidas bajo el nº 47 del resumen de junio de 2017-
21.- STS de 11 de mayo de 2017 (RC 191/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, no siendo contrario a los arts. 41 a 44 del I convenio colectivo de AENA –luego ENAIRE- para los controladores de circulación aérea ni al art. 35.3 ET, la práctica de dicha empresa que asigna a los controladores aéreos los servicios de cobertura obligatoria para cubrir imprevistos propios de la naturaleza de la actividad, considerándolas como horas extras por fuerza mayor, no estructurales, y por ello no computables para el límite 80 horas extras anuales
22.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD 1717/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: : confirma que la extinción del contrato de trabajo del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba la demandante genera derecho a la indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET.
            NOTA: aplica expresamente el cambio de criterio del TS fijado en su sentencia, de Sala general, de 28-Mz-17 (RCUD 1664/2015) –número 77 de mi resumen de abril de 2017-, que también aplicó en la de 9-My-17 (RCUD 1806/2015) –nº 51 de mi resumen de junio de 2017-
23.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD4239/2015).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una empresa sujeta al mismo (en el caso, Atos Spain SA) reduzca el importe del denominado “complemento personal convenido” que venía abonando, en igual cuantía con que les incrementa el complemento de promoción profesional y antigüedad por aplicación de lo previsto en el art. 25 de ese convenio, pese a que la naturaleza del complemento absorbido sea la de un complemento de cantidad o calidad, ya que la absorción y compensación también cabe entre conceptos heterogéneos cuando, como es el caso, el propio convenio generador del complemento salarial “absorbente” permite la absorción sin ese límite (en el caso, “con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo”) y el complemento absorbido estaba reconocido expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco se opone el art. 8 del referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos.
            NOTA: reitera el criterio de cinco sentencias de 10-En-17 (RCUD 518/2016, 3199/2015, 4255/2015, 327/2016 y 503/2016) –recogidas bajo el 52 de mi resumen de febrero de 2017, salvo la última que lo fue con el nº 25 de mi resumen de marzo de 2017-, y otra de 9-Fb-17 (RCUD 2718/2015) –nº 35 del resumen de abril de 2017-, referidas a otros trabajadores de la misma empresa
24.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD 147/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce que corresponde a los tribunales laborales (y no a los civiles) enjuiciar demanda de un empresario frente a un ex trabajador suyo y las sociedades que éste constituyó vigente la relación laboral utilizando medios y redes del demandante, reclamando una indemnización de daños y perjuicios por haber incumplido el pacto de no competencia postcontractual y por concurrencia desleal durante la vigencia del contrato de trabajo
**25.- STS de 17 de mayo de 2017 (RC 221/2016.- Sala general.- Sr. Moralo

            Doctrina: 1) no cabe apreciar, de oficio, falta de legitimación para interponer la parte demandante el RC contra sentencia que dirime la impugnación de un despido colectivo con sustento en la falta de legitimación de dicha parte para interponer la demanda si ésta se ha desestimado expresamente por el TSJ y no se ha recurrido por quien interpuso dicha excepción ni por el resto de demandados; 2) no cabe apreciar, de oficio al resolver el RC, la caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo y medidas complementarias adoptadas en la factoría de Vigo de Peugeot Citroen Automóviles España SA, dado que se interpuso dentro de plazo legal por quienes luego se han considerado legitimados para hacerlo, aún cuando esto lo haya sido en base a una representación reconocida fuera de dicha plazo; 3) confirma que cabe negociar conjuntamente medidas de despido colectivo y de suspensión temporal de contratos de trabajo, así como finalizar el expediente con acuerdo que también incluya medidas que supongan modificación sustancial de trabajo, que pueden impugnarse colectivamente en vía judicial mediante demanda de despido colectivo; 4) confirma que concurren causas organizativas y productivas que justifican esa medida, resultando medidas razonablemente adecuadas para hacer frente a esas causas, en cuya valoración resulta relevante que se haya logrado mediante acuerdo con tres sindicatos que agrupan al 88% de la representación unitaria; 5) confirma que no es contrario a derecho el acuerdo alcanzado en cuanto a extinción de determinados contratos de trabajo con derecho a reingreso cuando haya vacantes, teniendo amparo en el art. 8.2.a) del R. Decreto 1483/2012, de 29-Oc., sin que suponga fraude de ley; 6) confirma que también se ajusta a derecho el acuerdo en cuanto establece medidas de suspensión de contratos conforme a un calendario convenido, sin que contravenga lo dispuesto en los arts. 20.6 y 23 del R. Decreto citado, además de constituir cuestión nueva.
            NOTA: en cuanto a la viabilidad de demandar todas las medidas del acuerdo en demanda única de despido colectivo, recuerda sus precedentes de 29-Sp-15 (RC 77/2015) y 14-Oc-15 (RC 8/2015), ambas de Sala general –recogidas con los números 3 y 8 de mi resumen de febrero de 2016-
26.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1645/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que, al tratarse de acción dirigida frente a quien no es la empresa en concurso, corresponde al Juez de lo Social –en el caso, en ejecución de sentencia- (y no al Juez del concurso) dirimir si el adjudicatario del patrimonio de la concursada (que lo adquirió como unidad productiva en funcionamiento) ha de responder solidariamente de la deuda reconocida en ese título ejecutivo a cargo de ésta por reunir la condición de sucesor suyo.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 11 de enero de 2017 (RCUD 1689/2015) –nº 26 de mi resumen de marzo de 2017-
27.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1720/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que no es nulo el procedimiento administrativo seguido sobre incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo sin que el INSS diera trámite de audiencia a la empresa, pues aunque debió darlo conforme a lo previsto en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por ser parte interesada, no le ha generado indefensión.
            NOTA: recuerda sus precedentes de 20-Ab-07 (RCUD 330/2006) y 23-Ab-09 (RCUD 58/2008)
28.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1414/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma la nulidad del acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo alcanzado en Ombuds, Cia. de Seguridad SA el 16-Jn-14 con sus propios representantes de los trabajadores al mes de asumir a los trabajadores de la contratista saliente de un determinado servicio de seguridad, cuyo objeto es modificar determinadas condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio subrogados, cuyos representantes no intervinieron en esa negociación.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 15 y 21 -2- Dc-16  (RCUD 4177, 3245/2015 y 4010/2015) –nº 36 de mi resumen de febrero de 2017- y 23-Mz-17 (RCUD 377/2016) –nº 30 del relativo a mayo de 2017-, que se refieren a otros trabajadores afectados por el mismo acuerdo
29.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1984/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma la procedencia del despido por causas organizativas ex 52.c) ET de una trabajadora basado en la reducción del volumen de la contrata que asume la nueva adjudicataria por imposición del pliego de condiciones y dado que estaba obligada inicialmente a subrogarse en toda la plantilla de la contratista saliente conforme al convenio colectivo de aplicación (en el caso, el del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid), ya que no es preciso que la causa organizativa sea posterior a la asunción de la contrata.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 10-En-17 (RCUD 1077/2015) –nº 23 de mi resumen de marzo de 2017-, dictada en litigio promovido por otro trabajador de la misma empresa despedido en la misma fecha y por igual causa, cuyo contenido reproduce
30.- STS de 18 de mayo de 2017 (RC 208/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que no es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para dirimir si las horas franquicia, derivadas de las guardias “on call” (diaria o semanal), realizadas en Hewlett-Packard desde el 1-En-13 al 1-Jl-15, deben considerarse como horas extraordinarias, dado que para su determinación resulta obligado examinar circunstancias concretas de cada trabajador en cuanto a las horas que ha realizado (tanto ordinarias como las controvertidas)
31.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 139/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que no es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para declarar que una empresa (en el caso, la Universidad Autónoma de Barcelona) renueva sus contratos para obra o servicio determinado en fraude de ley y, en consecuencia, los trabajadores que los han suscrito son indefinidos no fijos, dado que exige el análisis individualizado de cada uno de los trabajadores afectados
32.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 283/2016).- Sala general.- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma: 1) que Aqua Diagonal Wellness Centre SL no constituye un grupo laboral, aunque lo sea mercantil (Grupo EXPO), con 1929 Gestión SL, Expo Grupo SA, Mestre Ferre Edificios en Renta SA, Hotel Princesa Sofía SL y Expo Hoteles Resort SL por no concurrir los elementos patológicos alegados al efecto (falta de dirección propia, asumida por la sociedad dominante; funcionamiento unitario de las sociedades; caja única –no obsta la existencia de un préstamo con una de ellas-; centro de trabajo ubicado en local de una de ellas, al estar arrendado a precio de mercado; externalización a dos de esas sociedades de algunos de sus servicios mediante precio habitual en el mercado); 2) el ajuste a derecho del despido colectivo de toda su plantilla, iniciado el 26-En-16 y finalizado sin acuerdo, al concurrir causa para ello (descenso de facturación en tres últimos ejercicios y precintado de la instalación por el Ayuntamiento de Barcelona)
33.- STS de 30 de mayo de 2017 (RCUD 125/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que la correcta valoración de la pérdida completa de visión de un ojo, conservando íntegra la del otro, conforme a las reglas del capítulo 12 del R. Decreto 1971/1999, es aplicando el valor por pérdida del 100% de agudeza visual, sin que a ello se le pueda sumar, en contra de lo pretendido, el valor por pérdida de campo visual.
            NOTA: reitera el criterio de su sentencia de 5-Ab-17 (RCUD 2772/2015) –nº 5 de mi resumen de junio de 2017-
34.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 144/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: anula las actuaciones seguidas del recurso de casación ordinario interpuesto contra sentencia que dirime impugnación de resolución de la autoridad laboral imponiendo dos sanciones por importe conjunto de 110.006 euros, dado que no supera el límite mínimo de 150.000 euros exigido en el art. 206.1 LJS, declarando la firmeza de dicha resolución
**35.- STS de 30 de mayo de 2017 (RCUD 2268/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma que el acceso a la situación de jubilación activa prevista en el art. 2 del RDL 5/2013, de 15 de marzo, que permite compatibilizar el trabajo del pensionista con el cobro de la mitad de su pensión de jubilación, requiere que el importe de ésta alcance al 100% de la base reguladora, por lo que no tiene derecho a ella quien la causa en cuantía del 88,79% de su base reguladora por no reunir 35 años de cotizaciones
36.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 155/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que los mandos intermedios y cuadros de las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD no tienen derecho a cobrar el complemento variable en el importe mínimo fijado para cada banda de referencia en función de la que estén encuadrado si no se cumplen los objetivos fijados, por corresponder a una recta interpretación de la cláusula IV del XII convenio colectivo de Renfe  y la 18ª del XIV convenio.
            NOTA: reitera el criterio aplicado en su sentencia de 25-Ab-17 (RC 147/2016) respecto al mismo tipo de personal de las entidades empresariales que integran el grupo RENFE –nº 25 de mi resumen de junio de 2017-
37.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 2501/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma la condena solidaria de Urbas Grupo Financiero SA a soportar los efectos propios del despido improcedente de un trabajador de Hoteles Jale SL por integrar un grupo laboral con éstas y el resto de sociedades condenadas, dado que es la empresa que ha ejercido el gobierno, dirección única y gestión de todas ellas y no sólo la del grupo mercantil
38.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 2702/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: reconoce que es incongruente por exceso la sentencia del TSJ que desestima íntegramente una demanda de reconocimiento de categoría profesional por indebido encuadramiento (en el caso, en el grupo III, categoría 63, del convenio único de la Xunta de Galicia) y pago de diferencias retributivas en un determinado período por realización de funciones propias de la categoría pretendida, plenamente estimada por el Juzgado de lo Social, cuando el recurso de suplicación se limitó a denunciar, con éxito, la prescripción de la acción de encuadramiento profesional, ya que debió mantener el pronunciamiento no atacado sobre el pago de las diferencias
**39.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3599/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que debe examinarse si se ha producido o no cesión ilegal, por disponer de acción para ello, quien plantea tal cuestión al impugnar su despido ex 52.c) ET, producido pocos días después de que finalizara la contrata mantenida por su empresario con la empresa a la que se atribuye la condición de cesionaria y sin que el trabajador haya prestado otros servicios en el ínterin, sin que obste a ello que la cesión no exista a la fecha de interponerse dicha demanda si, como es el caso, sí había interpuesto papeleta de conciliación por cesión ilegal antes de su despido y de que cesara la situación que imputa como cesión ilegal.
            NOTA: la sentencia, que no es de Sala general, precisa que matiza el alcance de su doctrina expuesta en sentencia de 9-Oc-12 (RCUD 4005/2011) –nº 19 de mi resumen de enero de 2013-, pues se fijó en un caso en que la demanda litigiosa era exclusivamente la de cesión ilegal y no se había producido la extinción del contrato de trabajo
**40.- STS de 31 de mayo de 2017 (RC 234/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que los trabajadores subrogados por Marsegur Seguridad Privada SA en virtud del deber de subrogación impuesto en el convenio colectivo estatal para empresas de seguridad 2015/2016 al que estaban sujetos con la anterior empresa contratista del servicio, siguen sujetos a dicho convenio colectivo estatal tras la subrogación y no al convenio colectivo de la nueva contratista, conforme a lo dispuesto en el art. 14.A de aquél y en el art. 44.5 ET.
            NOTA: las condiciones laborales del convenio de la nueva empresa eran sensiblemente inferiores a las del convenio estatal
**41.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3738/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que constituye despido improcedente, y no nulo, el incumplimiento por parte de la empresa de los criterios de selección establecidos en un despido colectivo (en el caso, finalizado con acuerdo), pues la nulidad prevista en el art.124.13 LJS limita su alcance a la vulneración de las prioridades de permanencia establecidas para determinados trabajadores fijadas legalmente (representantes de los trabajadores), en convenio colectivo o en el propio acuerdo alcanzado en el despido colectivo, lo que no es el caso.
NOTA: la sentencia nos recuerda que prefiguró este criterio al negar la contradicción en sus sentencias de 13-Jl-15 (RCUD 2691/2014), 25-Nv-16 (RCUD 3967/2014) y 8-Fb-17 (RCUD 614/2015). Se reitera en sentencia de 14-Jn-17 (RCUD 2708/2015)
42.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3481/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que, declarado improcedente un despido con existencia de cesión ilegal, la opción entre readmisión e indemnización corresponde a la empresa que haya elegido el trabajador al amparo del art. 43.4 ET (en el caso, la cesionaria), por lo que revoca su atribución a la cedente
43.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2751/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce derecho a la prestación en favor de familiares contemplada en el art. 176.2 LGSS (en el caso, hijo del causante, huérfano, mayor de edad y discapacitado), aún cuando tenga hermano con obligación civil de prestarle auxilios ex art. 143 CC, ya que este deber no es el de prestar alimentos exigido para esa prestación (limitado al del art. 142 CC).
            NOTA: sigue el criterio fijado en sentencia de 15-Oc-15 (RCUD 1045/2014), de Sala general –nº 10 de mi resumen de febrero de 2016-
44.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2637/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que los requisitos exigibles para causar derecho a prestación a favor de familiares han de reunirse a la fecha del fallecimiento del causante y, por ello, no tiene derecho a dicha prestación la hija del mismo que la pide una vez ha cumplido la edad de 45 años exigida por el art. 176.2.b) LGSS-1994, veinte años después de la muerte de su padre, sin que obste a ello el carácter imprescriptible de dicha prestación.
            NOTA: recuerda su sentencia de 1-Fb-17 (RCUD 3007/2015) –nº 15 de mi resumen de abril de 2017-
45.- STS de 1 de junio de 2017 (RC 183/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma la nulidad del IV convenio colectivo de Binter Canarias SA para sus tripulantes de cabina de pasajeros por falta de legitimación del banco social que lo suscribió, dado que al tiempo de reanudarse, en julio de 2013, una negociación iniciada en diciembre de 2008, no quedaban en la empresa más que uno de los siete integrantes de dicho banco (miembros del comité de empresa), decidiendo aquél unilateralmente incluir a un nuevo integrante en dicho banco en lugar de acudir a conformar una nueva comisión negociadora con un banco social fijado preferentemente por las secciones sindicales con presencia en ese colectivo, conforme al art. 87 ET
46.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2428/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que no tiene derecho a las diferencias retributivas reclamadas como condición más beneficiosa una trabajadora sujeta al convenio colectivo del personal laboral local de las Fuerzas de EEUU en España, a la que en 1998 se la cambia su nivel retributivo unilateralmente por el Ministerio de Defensa empleador en un cambio efectuado con carácter general, objeto de impugnación en litigio de conflicto colectivo, resuelto mediante STS de 28-Fb-01 (RC 3186/2000), puesto que lo declaró ajustado a derecho
47.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 3617/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que estuvo bien apreciada la inadecuación del procedimiento ordinario seguido por el trabajador demandante reclamando el pago de diferencias en la indemnización propia del despido colectivo de que había sido objeto, derivadas de haberla calculado la empresa con una antigüedad inferior a la que se considera aplicable, dado que debieron reclamarse por el cauce del proceso de despido.
            NOTA: sigue el criterio aplicado, en caso similar, en sentencia de 2-Dc-16 (RCUD 431/2014), de Sala general –nº 24 de mi resumen de febrero de 2017- y las de 22-Dc-16 (RCUD 3458/2015) y 24-Fb-17 (RCUD 1296/2015) –nº 63 del resumen de abril de 2017-
**48.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2890/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que la consecuencia de concertarse sucesivos contratos temporales, de los previstos en la legislación universitaria, para realizar funciones docentes propias de necesidades permanentes y ajenas a la modalidad contractual temporal utilizada, no es la nulidad total de esos contratos de trabajo sino su consideración como contratos de duración indefinida por haberse concertado en fraude de ley ex art. 15.3 ET y, por ello, debe calificarse como despido improcedente la extinción del último de esos contratos temporales.
            NOTA: la sentencia recalca que la legislación específica en materia de contratación de docentes universitarios no ampara la cobertura de necesidades permanentes con contratación temporal, existiendo además jurisprudencia comunitaria (STJUE 13-Mz-14, C-190/2013) que impone a los órganos judiciales nacionales comprobar el uso que se hace de los contratos de profesor asociado encadenados
49.- STS de 2 de junio de 2017 (RC 163/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que está caducada la acción de conflicto colectivo impugnando, en el año 2015, una modificación colectiva de condiciones de trabajo efectuada por una empresa (en el caso, implantación de un servicio técnico de guardia de 24 horas en las instalaciones de mantenimiento de Disa Logística SA, efectuada el 5-Fb-10, con notificación entonces a los representantes de los trabajadores), sin que obste a ello que la empresa no la hiciera al amparo del art. 41 ET.
            NOTA: sobre este último extremo recuerda su sentencia de 21-Oc-14 (RC 289/2013) –nº 2 de mi resumen de marzo de 2015-, pero lo que en ella se plantea es otra cosa (no hay caducidad porque no hubo notificación a los representantes de los trabajadores, que es cuando se inicia el plazo)
50.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2704/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que la indemnización de 55.000 euros prevista en el art. 20 del convenio colectivo de tranvías de A Coruña para el caso de situación de invalidez permanente que genere baja en la empresa alcanza también a los casos, como el de autos, en que la misma proviene de enfermedad común conforme a una recta interpretación del precepto
51.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2858/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: 1) reconoce que la carta de despido de un trabajador afectado por el despido colectivo adoptado por una empresa (en el caso, Alimerka SA), con acuerdo, es suficiente por expresar las causas del mismo (en el caso, las pérdidas de las cuatro tiendas que se seleccionaron para su cierre, entre ellas la de la demandante) y referenciar el acuerdo alcanzado; 2) sin embargo, confirma la improcedencia del despido, ya que el TSJ también lo confirmó por negar que concurriera causa y sobre esta cuestión no se ha planteado en el RCUD sentencia contradictoria
            NOTA: sigue el criterio fijado en Sala general en sus sentencias de 21-Fb y 1-Mz-17 (RCUD 2859/2015 y 2860/2015) –recogidas bajo el nº 51 de mi resumen de abril de 2017, aunque por error, indiqué la fecha de ambas era la de la primera-, referidas a otros trabajadores de la misma empresa y con similar RCUD. Se reitera en sentencia de 15-Jn-17 (RCUD 3522/2015)
52.- STS de 6 de junio de 2017 (RC 37/2016).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma el ajuste a derecho del acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo del personal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional interpretando el alcance de su art. 44, que no supone extralimitación en el ejercicio de sus funciones
**53.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 3987/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: reconocida la insolvencia de una empresa en el pago de la indemnización por despido a cargo de ésta bajo la vigencia del RDL 20/2012, de 13 de julio, y ocurrido aquél antes de la misma, a efectos del límite de la responsabilidad del FOGASA ex art. 33.2 ET ha de descontarse la totalidad de lo abonado por éste como responsabilidad directa suya (fijada en función de un límite salarial del triple del SMI) y no la cantidad que habría tenido que pagar FOGASA de haberse producido el despido bajo la vigencia del RDL (en función de un límite del duplo del SMI)
**54.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 1849/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en el pago de indemnización por despido colectivo concursal acaecido bajo la vigencia del RDL 20/2012, estando la empresa en concurso antes de esa vigencia, se determina por la legislación vigente a la fecha de la extinción y no por la que regía al declararse el concurso (límite del duplo del SMI y no del triple).
            NOTA: no hay contradicción alguna doctrinal con la sentencia anterior, pues si no se aplica aquí la legislación vigente en la fecha de la insolvencia es únicamente porque en la misma no concurren todos los requisitos precisos para que nazca la responsabilidad del FOGASA, ya que aún no había nacido el crédito indemnizatorio, que sólo surge vigente el RDL citado. Se reitera en sentencia de 7-Jn-17 (RCUD 1538/2016)
55.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2477/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que, dada la nueva redacción dada al art. 12.6 ET por la Ley 40/2007 y sin que obste a ello la disposición transitoria 17ª de ésta, el contrato de relevo suscrito a partir del 1 de enero de 2008 para sustituir a quien se jubila parcialmente con reducción de jornada del 85%, ha de ser indefinido, no pudiendo ser temporal, y, por ello, la extinción de ese contrato, al vencimiento de la duración pactada, constituye un despido improcedente.
            NOT: sigue el criterio de su sentencia de 15-Dc-16 (RCUD 856/2015) –nº 8 de mi resumen de marzo de 2017-
57.- STS de 6 de junio de 2017 (RC 171/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que los dos días de permiso por asuntos propios contemplados en el art. 30 del II convenio colectivo del sector de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la Comunidad de Canarias no son tiempo de trabajo efectivo a efectos de cumplir con la jornada ordinaria anual de 1.800 horas fijada en su art. 22
58.- STS de 7 de junio de 2017 (RCUD 113/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce que hay unidad esencial del vínculo laboral y, por ello, han de computarse los servicios prestados desde el primero de los diez contratos por obra o servicio determinado concertados a efectos del cálculo de la indemnización propia de un despido improcedente (y no sólo desde el noveno) por un trabajador del Ayuntamiento de Sevilla, aún cuando entre éste y el octavo exista una interrupción de casi cuatro meses (entre el 1-My y el 19-Ag-10) y no conste que en ese ínterin concurrieran circunstancias de enfermedad, vacaciones, etc. ni hubiera impugnado el cese del primero de ellos, ya que no cabe considerarlo como interrupción significativa en el marco de una relación que ha durado, en conjunto, algo más de catorce años, siendo igual el objeto de los cuatro últimos contratos (en el caso, programa Andalucía Orienta) y estando ante un trabajador que había obtenido la cualidad de indefinido por aplicación del art. 15.5 ET y desarrollaba una actividad habitual y ordinaria.
            NOTA: caso análogo al resuelto en sentencia de 8-Nv-16 (RCUD 310/2015) –nº 16 de mi resumen de enero de 2017-, a cuya nota me remito. Se reitera en sentencia de la misma fecha (RCUD 1400/2016) en trabajador con el mismo historial contractual. Cotejar con la que recojo con el nº 62 de este resumen
59.- STS de 7 de junio de 2017 (RC 166/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce que CGT tiene legitimación para interponer demanda de conflicto colectivo que afecta a los técnicos de mantenimiento aeronáutico de Iberia LAE SAU por disponer de la implantación suficiente que exige el art. 17.2 LJS si, como es el caso, el conflicto afecta a toda la empresa, teniendo presencia en tres comités de empresa de centros en donde se encuentran más del 80% de los trabajadores afectados, disponiendo en ellos de un porcentaje de sus miembros comprendido entre el 7% y el 12%, con un miembro en el comité intercentros, sin que obste a ello que carezca de representantes unitarios en uno de los centros con trabajadores afectados por el conflicto
60.- STS de 7 de junio de 2017 (RCUD 3039/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: anula la sentencia del TSJ por no ser recurrible en suplicación la dictada por el Juzgado de lo Social en reclamación de cantidad frente al FOGASA como responsable subsidiario de una empresa en concurso, formulada por tres trabajadores, la mayor de las cuales no supera el límite de 3.000 euros del art. 191.2.g) LJS, que se les había denegado por no aparecer incluidos en la lista de acreedores ni estar reconocidas como deudas de la masa, sin que se haya acreditado que concurra afectación general
61.- STS de 8 de junio de 2017 (RCUD 59/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: reconoce que FOGASA sólo responde subsidiariamente de la indemnización por la extinción de los contratos de trabajo para obra o servicio determinado en la cuantía fijada en el art. 49.1.c) ET y no del superior importe en el convenio colectivo de aplicación (en el caso, el convenio de la construcción de Asturias, que fija una indemnización del 7% del salario devengado durante la vigencia del convenio).
            NOTA: recuerda su precedente de 15-Jn-15 (RCUD 1519/2013)
62.- STS de 8 de junio de 2017 (RCUD 1365/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma la válida extinción por fin de obra, el 25-Sp-12, del contrato de esa naturaleza cuyo objeto es el programa Andalucía Orienta que ejecuta el Ayuntamiento de Sevilla con subvención de la Junta de Andalucía, al ser un objeto propio de ese tipo de contratos, constar la finalización del programa y su subvención, no habiéndose novado en indefinido ex art. 15.5 ET pese a la cadena de contratos con igual objeto desde el 16-Dc-02, con interrupciones entre el 1-My y el 19-Ag-10 y entre el 18-Ag y el 26-Sp-11.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 23-Nv-16 (RCUD 690/2015) –nº 35 de mi resumen de enero de 2017-. Cotejar con lo resuelto en la de 7 de junio de 2017, recogida bajo el nº 58 de este resumen
63.- STS de 13 de junio de 2017 (RC 196/2016).- Sala general.- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma que no es despido colectivo el cierre de un centro de trabajo de una empresa que tiene más de veinte mil trabajadores, extinguiéndose los contratos de trabajo de los doce trabajadores de ese centro, ya que no llega al número de treinta que exige el art. 51.1 ET ni al de veinte que requiere el art. 1.1 de la Directiva 98/59 y tampoco es un cese de la actividad total de la empresa previsto en la primera de esas normas
64.- STS de 14 de junio de 2017 (RC 130/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que, conforme a lo previsto en los arts. 3.e) y 2.f) LJS, corresponde a los tribunales del orden contencioso-administrativo y no a los del orden social enjuiciar demanda de tutela del derecho de libertad sindical de un sindicato, en su vertiente de derecho a la información, derivado de la negativa a informarle del año de la Oferta de Empleo Público a la que se encuentran vinculadas las diferentes plazas ocupadas por funcionarios interinos que aparecen en la última Relación de Puestos de Trabajo entregada a los sindicatos en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo sectorial para el personal funcionario de administración y servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid
65.- STS de 14 de junio de 2017 (RCUD 1024/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que AENA no es responsable solidario, ex art. 42.2 ET, de una deuda salarial de la empresa contratista de la gasolinera del aeropuerto de Asturias y lavado de vehículos con un trabajador de ésta, al no ser propia actividad, ya que no es una tarea inherente a su ciclo productivo.
            NOTA: el criterio se reitera en sentencia del 15-Jn-17 (RCUD 972/2016) en el caso de otro trabajador de la misma gasolinera
66.- STS de 15 de junio de 2017 (Rv 50/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: desestima demanda de revisión por: 1) dirigirse frente a la del Juzgado de lo Social y no frente a la del Tribunal Superior de Justicia que la confirma; 2) ser extemporánea, al interponerse transcurridos más de cinco años desde que se dictó y se había realizado la conducta a la que se atribuye maquinación fraudulenta
67.- STS de 15 de junio de 2017 (Rv 6/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: desestima demanda de revisión por no ser documento decisivo obtenido después de pronunciada, ex art. 501.1.1º LEC, otra sentencia que califica de forma opuesta la duración del vínculo contractual mantenido entre las partes
68.- STS de 16 de junio de 2017 (RC 187/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma el derecho de los tripulantes de las lanchas de salvamento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima cuando se desplazan fuera de su puerto base y no pueden pernoctar en su domicilio, a percibir la dieta por alojamiento del art. 23.B.2.b) del XIII convenio colectivo de flota de REMOLMAR (43,98 euros/noche), sin que el trabajador tenga que aportar factura o justificante del gasto realizado, ya que el convenio no la exige y no cabe que la empresa la imponga unilateralmente
69.- STS de 20-Jn-17 (RCUD 3629/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento personal de antigüedad por llevar 20 años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del X convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando irrelevante que lleven veinte años en la categoría.
            NOTA: sigue el criterio iniciado con su sentencia de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y seguido luego por las otras ocho que cita, alguna de las cuales recojo bajo el nº 52 de mi resumen de mayo de 2017. Se reitera en otra de la misma fecha (RCUD 3578/2015)
**70.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 2667/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma que el límite del duplo del SMI en el salario del trabajador a tener en cuenta para fijar la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, establecido en el art. 33.1 ET, cuando aquél trabaja con contrato a tiempo parcial, se reduce en igual proporción que su porcentaje de jornada.
            NOTA: la sentencia recuerda que dicho criterio había sido preanunciado en sus sentencias de 28-My-98 (RCUD 3462/1997) y 29-Sp-11 (RCUD 586/2011)
**71.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 1654/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que constituye válida extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario ex art. 49.1.g) ET la de dos abogadas de un despacho de abogados cesadas cuando su único titular causa baja en la actividad ante Hacienda y en el Colegio de Abogados como ejerciente (31-My-13), a partir de la cual liquidó su despacho, devolviendo a sus clientes la documentación en curso de sus asuntos, sin que sean razones para calificarlos como despido improcedente: a) que tres años antes, al cumplir la edad de 65 años, se le reconociera prestación de jubilación del Sistema de Previsión Social del Plan Universal y se le abonara en la modalidad de pago de capital parcial, o que el 1-Jl-13 se le abonara la prestación en la modalidad de pago de capital de jubilación, causando baja en ese Sistema de Previsión Social por devengo de pensión; b) que ocho meses después del cese tuviera una aislada intervención profesional ante un Juzgado en un día, pues no deja de enmarcarse en una conducta propia de una liquidación de la actividad en plazo razonable, cuya determinación depende de las singulares circunstancias de cada caso.
            NOTA: lo que más me llama la atención de la sentencia es que desliga esta causa de extinción del contrato del reconocimiento de la prestación de jubilación, aunque no creo que pueda extrapolarse el criterio a casos en que el empresario la cause dentro de nuestro sistema de Seguridad Social
72.- STS de 20 de junio de 2017 (RC 253/2015).- Sala general.- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: 1) confirma que no es nulo el despido colectivo de sesenta y seis trabajadores del personal de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid iniciado el 25-En-15, sin acuerdo, porque: a) no vulnera la garantía de indemnidad de los despedidos que un anterior despido colectivo se declarase nulo por el Tribunal Supremo en sentencia de 24-Jn-14 (RC 217/2013) -no se siguieron sus trámites, sino que se extinguieron al amparo del art. 49.1.c ET por amortización de las vacantes-, ya que el nuevo no es represalia por el anterior sino facultad permitida por el resultado del pleito previo y, en todo caso, no consta que los despedidos fueran afiliados de los sindicatos que promovieron ese litigio, sin que constituya fraude de ley; b) tampoco infringe el principio de igualdad que las indemnizaciones que van a cobrar los despedidos sean inferiores a las que han percibido algunos de los otros noventa despedidos entonces que luego vieron rescindidos sus contratos ex art. 286 LJS, en demandas individuales o al amparo del art. 50 ET, ya que no son situaciones homogéneas; 2) reconoce que se ajusta a derecho ese despido colectivo por concurrir causa organizativa, al tener que reajustar la plantilla tras haberse validado en la jurisdicción contencioso-administrativa, con sentencia firme, la nueva relación de puestos de trabajo que amortiza las ciento cincuenta y seis plazas de personal laboral interino
73.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 3743/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que en ejecución de una sentencia firme que ha reconocido una situación de incapacidad permanente (en el caso, total para la profesión habitual), no cabe tener en cuenta la oposición del INSS basada en la incompatibilidad del cobro con el hecho de haber seguido de alta en el RETA por ese oficio hasta esa sentencia si, como en el caso, se aduce dicha circunstancia por vez primera en esa fase del litigio.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 18-Sp-13 (RCUD 3101/2012) –nº 32 de mi resumen de noviembre de 2013-, que ya citaba varios precedentes
74.- STS de 20 de junio de 2017 (RC 177/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Hottelia Externalización SL dado que su ámbito territorial de aplicación es el de todos sus centros de trabajo en España y sólo lo han negociado los delegados de personal de sus centros de Madrid e Islas Baleares cuya capacidad representativa se limita a esos centros.
            NOTA: la sentencia recuerda su doctrina tradicional, con cita de más de diez precedentes y especial referencia a la sentencia de 7-Mz-17 (RC 58/2016) –nº 73 de mi resumen de abril de 2017-
75.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 136/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma la validez del convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, sin que suponga lesión del derecho de libertad sindical del sindicato demandante (CGT) que no se le haya dejado participar en su negociación, dado que no tenía derecho a ello por no reunir el 10% de los representantes unitarios que exige el art. 87.2.c) ET (el 9%), sin que obste a ello que sí lo rebasaría si el cómputo no incluyera a los representantes unitarios de una parte de ese personal (el del Servicio de Salud autonómico, en el que CGT carece de representantes), pues no es razón legal para su exclusión que en su elección participe determinado personal no afectado por el convenio (médicos residentes con relación laboral especial)
76.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 193/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que apreciada la falta de competencia para resolver un litigio (como en el caso hizo el TSJ de Madrid en litigio que impugnaba un convenio colectivo de ámbito local), no es posible resolver el resto de cuestiones planteadas en el litigio, incluidas las excepciones procesales, como en el caso, en que también se apreció, indebidamente, la falta de legitimación activa del sindicato demandante, ya que el único competente para hacerlo es el órgano judicial al que se deriva el litigio
**77.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 18/2017).- Sala General.- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que la demanda de despido colectivo no es el modo adecuado de impugnar el acordado por el Juez del concurso ex art. 64 de la Ley Concursal, aún cuando se demande no sólo a la concursada sino a otras sociedades y personas físicas por atribuirles la condición de grupo patológico, sino que ha de hacerse mediante recurso de suplicación contra el auto de extinción del juez concursal, como expresamente contempla el apartado 8 de ese precepto
**78.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 3883/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que corresponde al Juzgado de lo Social (y no al Juez del concurso) conocer las pretensiones ejecutivas de sentencias de despido no patrimoniales (incidente de no readmisión, pretensión extintiva del art. 286 LJS, etc), aún cuando el empresario condenado haya sido declarado en concurso
79.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 12/2017).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma la nulidad de las medidas de modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de contratos de trabajo y reducción temporal de jornadas de trabajo adoptadas por Liberbank el 22-My-13 por no haber facilitado la información y documentación necesaria para una adecuada negociación, al no haber aportado las cuentas del primer trimestre de 2013, que habían sido reclamadas y podían ser relevantes, siendo exigible su aportación incluso para las medidas de modificación de condiciones, aún cuando no haya previsión normativa específica para éstas
**80.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 1177/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión de viudedad la divorciada con pensión compensatoria en modalidad de pago único, dado que la muerte del causante no le produjo la pérdida económica propia del requisito del art. 174.2 LGSS-1994, que se quiere compensar con dicha pensión
81.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 2402/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: absuelve a Poliseda SL (empresario del trabajador demandante) y a Henares de Desarrollos Integrales SL (garante del acuerdo de prejubilación alcanzado el 12-Jl-05 en el ERE de Poliseda SL 106/05 que afectó a dicho trabajador), dado que, conforme a lo acordado, se formalizó un seguro para hacer frente al pago de las rentas complementarias de las prestaciones públicas a percibir por los prejubilados y se abonó la prima, lo que implica el desplazamiento de la responsabilidad empresarial a la aseguradora (en el caso, Apra Leven SA, belga, en situación de quiebra, cuya condena se mantiene), conforme al art. 8.6 y disposición adicional primera del R. Decreto legislativo 1/2002, de 29-Nv, y el art. 1206 CC, siendo irrelevante que en el acuerdo no se hiciera esa previsión específica ni que el complemento de prestaciones lo fuese en sustitución de la indemnización legal derivada de la extinción del contrato de trabajo.
            NOTA: sigue la línea general de las seis sentencias recogidas bajo el nº 14 de mi resumen de febrero de 2017, de 23-Nv, 12, 15, 19 y 21-Dc-16 y 3-En-17 (RCUD 815/2015, 1514/2015, 3674/2014, 965/2015, 616/2015 y 1849/2015)
**82.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 157/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que no es posible reconocer coeficientes reductores de su edad de jubilación a quienes tienen una categoría no específicamente prevista en el art. 3.1 del R. Decreto 2621/1986, como en el caso se pretende para los conductores de vagoneta automóvil de líneas electrificadas de RENFE/ADIF (0,10), sin que se haya seguido para su inclusión el procedimiento previsto en el R. Decreto 1698/2011 a instancia de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
83.- STS de 27 de junio de 2017 (RCUD 1471/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que el empresario de la demandante son las dos sociedades para las que prestaba indistintamente sus servicios como directora administrativa formalmente contratada por una de ellas y, por ello, debe calificarse como improcedente su despido por causas económicas ex art. 52.c) ET, al no haberse acreditado la situación global del grupo, con responsabilidad solidaria de ambas en sus efectos
84.- STS de 27 de junio de 2017 (RCUD 957/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: anula las actuaciones seguidas desde que se admitió a trámite el recurso de suplicación por no proceder éste, ex art. 191.2.g) LJS, contra una sentencia que dirime pretensión de pago de salarios en cuantía inferior a 3.000 euros frente a su empleadora (contratista del servicio de limpieza del Hospital General de Alicante) y el titular de dicho Hospital  (Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana), sin que pueda admitirse por afectación general, al no haberse acreditado esa circunstancia, para la que no basta la mera alegación de su concurrencia y la mera posibilidad de que pueda darse por esa pretensión de condena solidaria de la empresa principal
85.- STS de 28 de junio de 2017 (RCUD 4001/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma el derecho de la demandante a participar en la convocatoria para la cobertura de vacantes convocada por Orden de 2 de mayo de 2012, aún cuando no reúne un requisito de sus bases (tener la misma categoría de la plaza solicitada), dado que incumple el art. 7 del V convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia que reconoce derecho a que participen cuantos tengan categoría del mismo grupo profesional (como era el caso), sin que obste a ello que no haya impugnado las bases de la convocatoria.
            NOTA: sigue el criterio iniciado en dos sentencias de 22-Dc-16 (RCUD 3982/2015 y 3998/2015) –recogidas bajo el nº 16 de mi resumen de marzo de 2017-, que resuelven casos similares
86.- STS de 28 de junio de 2017 (RCUD 2846/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: reconoce que, cuando como en el caso, la indemnización por despido improcedente correspondiente a los servicios prestados antes del 12 de febrero de 2012 rebasa los 720 días, no ha de añadirse cantidad alguna por los servicios prestados a partir de esta fecha, conforme a lo establecido en la DT5ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
            NOTA: recuerda y sigue la doctrina de sus sentencias de 18-Fb-16 (RCUD 3257/2014) –nº 39 de mi resumen de abril de 2016- y 16-Sp-16 (RCUD 38/2015) –nº 32 del resumen de noviembre de 2016-
**87.- STS de 29 de junio de 2017 (RCUD 1512/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que la previsión de un convenio colectivo (en el caso, la del art. 52.3.5 del convenio de EMVISESA) disponiendo que la representación unitaria emita informe, con carácter previo a la ejecución de la decisión por la empresa, sobre “reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla”, no es exigible en los despidos realizados al amparo del art. 52.c) ET, como el de autos, en coherencia con el alcance del art. 64.5.a) ET, de similar redacción, y por ello revoca la declaración de nulidad del despido de un trabajador de esa empresa, manteniendo la de procedencia dictada por el Juzgado de lo Social