miércoles, 14 de junio de 2017

STS 28/04/2017 (Rec. 2043/2015): EN CASO DE EXISTENCIA DE UNA DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA ANTERIOR AL RDL 20/2012 EL LÍMITE DE GARANTÍA DEL FOGASA ES EL PREVIAMENTE EXISTENTE


PONENTE:  LUELMO MILLAN
Cantidad. Responsabilidad del FOGASA desde la fecha de la declaración de insolvencia reconocida en un decreto de la Secretaría de otro Juzgado de lo Social en un procedimiento anterior. Diferencia económica en función de la normativa aplicada: ha de estimarse incumbiendo su pago a dicho organismo
ACCESO EN: STS  2238/2017

* FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO:
Delimitado en los precedentes términos el recurso interpuesto y no discutiéndose cuanto se afirma en el hecho segundo de la demanda acerca de la preexistencia de una sentencia de 7 de noviembre de 2011 (recaída en los autos 1027/10 del Juzgado de lo Social que se cita en el hecho segundo de los declarados probados de la de instancia) sobre una reclamación de cantidad del actor derivada del expediente de regulación de empleo NUM000en que fue declarada la extinción de su relación laboral, la conclusión que se impone es que el crédito de dicho trabajador sobre la empresa empleadora es anterior a la reforma del RDL 20/2012, lo que tampoco resulta cuestionado.
A partir de ahí, lo que resulta decisivo es la declaración de insolvencia para determinar el nacimiento de la obligación a cargo del Fondo de Garantía Salarial, que, como señala nuestra sentencia de 6 de marzo de 1989 , no deriva directamente del despido o acto extintivo o del reconocimiento judicial de la deuda, sino que tiene su hecho causante en la resolución de insolvencia que, en cuanto refleja la insuficiencia económica de la empresa, constata la producción de la contingencia protegida por dicho organismo en su función de mecanismo público asegurador contra el impago de créditos laborales.
Debe tenerse en cuenta, pues, que la situación de insolvencia (total o parcial) de la empresa se declara en el procedimiento laboral cuando se constata que ésta no puede hacer frente a las obligaciones de las que debe responder como consecuencia de la resolución judicial en que se ha producido la condena correspondiente, por lo que se trata de una nueva resolución en tal sentido en un concreto contexto jurídico de ejecución de una determinada sentencia, que, sin embargo, no impide su extrapolación a otro/s procedimiento/s conforme a lo prevenido en el art 276.3 de la LRJS y con los efectos de publicidad del nº5 de ese mismo precepto, cuyo contenido coincide -el primero totalmente y el segundo sustancialmente- con lo establecido en el art 274. 3 y 5 de la extinta LPL .
Sobre esta base normativa, si es posible en un procedimiento de ejecución posterior dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trámites que han conducido a ello, aunque adoptando cautelarmente la medida de audiencia previa a la parte actora y al Fogasa para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, la solución que de ello se sigue es la de que rebus sic stantibus , esto es: mientras no haya evidencia de otra cosa, la insolvencia se entiende que produce sus efectos desde el momento de su primitivo reconocimiento y, por tanto, que, en esas circunstancias, los subsiguientes procedimientos, aun exigiendo cada uno su propia declaración de insolvencia, al traer causa de la primitiva, no tienen carácter constitutivo para la exigencia de la responsabilidad del Fogasa ex  artículo 33 del ET más que en lo relativo al específico crédito del acreedor pero no en lo de su fecha en función de la del auto en que se refleja.

De ahí resulta que siendo el crédito del caso ahora enjuiciado anterior a la reforma del ET operada por el referido RDL 20/2012, cuya entrada en vigor es de 15 de julio de 2012 según establece su Disposición final décimoquinta, y habiéndose dictado la primera resolución de insolvencia empresarial el 19 de enero de 2012 y la segunda el 18 de junio de ese mismo año (hecho segundo de los declarados probados de la sentencia de instancia), esto es, antes de la reforma normativa, ha de resolverse el debate en los términos que lo ha hecho la sentencia recurrida porque como en la misma se argumenta (primer fundamento de derecho), se está en el caso de la doctrina sentada por nuestra precitada sentencia, "cuando matiza el punto de vista expuesto anteriormente por la Gestora en los casos en que, antes de esa declaración formal de insolvencia de la empresa, exista ya una constatación judicial de la misma, habiéndose comprobado que la insolvencia apreciada en la primera resolución, cuando aún no había entrado en vigor la norma modificadora, es también referible cuantitativamente a los créditos a los que se concreta la segunda, y que no hay solución de continuidad entre el estado económico de la empresa considerado en ambas resoluciones; supuesto en el que la norma que ha de tenerse en cuenta es la que regía al tiempo de esa primera declaración"”.