martes, 13 de junio de 2017

LA VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA DE EMPRESA EN CONCURSO Y SITUACIÓN DEL CRÉDITO LABORAL

AUTOR: JAUME GONZÁLEZ CALVET
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 30 especial de ejecuciones. Doctor en Derecho

SUMARIO: Introducción. I - Transmisión de la unidad productiva de la empresa en concurso tras la Ley 9/2015, de reforma de la Ley Concursal: a) Finalidad de la norma; b) Concepto legal de “unidad productiva”, y c) Novedades introducidas por la Ley 9/2015.  II – El nuevo régimen jurídico de la transmisión de la unidad productiva de la empresa en concurso: a) Reglas generales del Art. 146 bis LC, y b) Las excepciones. III - Responsabilidad del adquirente frente a los acreedores laborales de la empresa concursada: a) Alcance y límites del Art. 149.4 LC; b) Los conflictos de competencia entre el juez del concurso y el juez de lo social y c) Ejercicio de acciones del acreedor laboral de la concursada frente a la empresa cesionaria. Conclusiones.

Introducción.
En la exposición de motivos (VI) de la Ley 22/2003, Concursal, de 9 de julio, se subraya que las soluciones del concurso previstas en la ley son el convenio y la liquidación, constituyendo el convenio la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de gran amplitud. La misma E.M. expresa que la finalidad de la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a través de un convenio, que puede ser un instrumento para salvar las empresas que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses.
A pesar de ello, la práctica ha demostrado a lo largo de estos años de vigencia de la Ley 22/2003 la existencia de múltiples obstáculos para alcanzar convenios entre acreedores y concursado y, si finalmente estos se logran, la dificultad de que los acuerdos suscritos se cumplan en los términos convenidos. La realidad empírica pone en evidencia que la resolución más frecuente de los procedimientos concursales acaba siendo la liquidación de la empresa concursada, lo que supone la enajenación de los activos a fin de atender las deudas generadas por el concurso, es decir, los créditos contra la masa, y si alcanza para ello, los créditos concursales que dieron pie a la declaración de concurso.
Sin embargo, si de lo que se trata es de intentar garantizar la continuidad de la actividad empresarial, el mantenimiento de los empleos y, en la medida de lo posible, la satisfacción de los acreedores, la venta total o parcial de la empresa concursada –sea en fase común, de convenio o de liquidación- se perfila como un mecanismo que puede posibilitar el cumplimiento de tales objetivos.
Pues bien, precisamente la reforma de la Ley Concursal acometida por el RD Ley 11/2014, de 5 de setiembre, de medidas urgentes en materia concursal, finalmente tramitada y aprobada como Ley 9/2015, de 25 de mayo, ha pretendido profundizar en dichos objetivos, proclamando en su E.M. (I) como una de sus premisas básicas considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. Se trata de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas (IV).
También en la misma E.M. (IV) de la Ley 9/2015 se adelanta uno de los trazos más relevantes de la reforma y que afecta al crédito laboral y de Seguridad Social: Así, [en la Ley Concursal] se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. 
Pues bien, este conciso párrafo de la E.M. de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, anticipa claramente la voluntad del legislador de establecer no sólo un régimen jurídico general que reglamente en cualquier fase del proceso concursal la transmisión de unidades productivas, estableciendo la subrogación “ipso iure” del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente, arbitrándose los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas de la concursada, sino también la de prever un régimen jurídico especialmente tuitivo para determinados casos especiales que por su singularidad …siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. En definitiva, claramente se anticipa una regulación especial para los créditos laborales y de Seguridad Social, los cuales para el legislador son merecedores de especial tutela.
Es objeto de las páginas que siguen examinar las novedades más sobresalientes que introducidas por la Ley 9/2015 en la Ley Concursal relativas a las deudas laborales y de Seguridad Social de la empresa en concurso en los supuestos de transmisión de unidad productiva.

I - Transmisión de la unidad productiva de la empresa en concurso tras la Ley 9/2015, de reforma de la Ley Concursal.
            a) Finalidad de la norma.
Ya se ha avanzado que la Ley 22/2003 Concursal se proponía como uno de sus objetivos el de mantener, en la medida de lo posible, la continuidad de la explotación mercantil fuera viable, proclamándose en su E.M. (III) que La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las facultades patrimoniales de éste. La Ley 22/2003, de 9 de julio, tenía como uno de sus objetivos preferentes el de favorecer la solución acordada entre el deudor concursado y sus acreedores para atender las deudas pendientes, constituyendo este acuerdo entre las partes una herramienta indispensable para intentar lograr el mantenimiento y continuidad de la empresa concursada. No obstante, a lo largo de la Ley Concursal se contemplan en las diferentes fases del concurso mecanismos diversos para conseguir la subsistencia total o parcial de la actividad económica o empresarial de la concursada.
De esta forma, en la fase común del concurso se prevé (Art. 43) que: 1. En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. […] 2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez. […].
Asimismo, en la fase de convenio, el Art. 100 LC dispone diferentes posibilidades para acomodar el volumen y recursos de la empresa a la nueva situación, lo que puede afectar al tamaño de la plantilla de trabajadores mediante medidas laborales de carácter colectivo (expedientes de regulación de empleo extintivos, suspensivos, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, etc.), todo ello en la línea de lograr la continuidad de la empresa. Incluso, se prevé en el Art. 100.2 párrafo tercero que puedan producirse …proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.
Finalmente, también para la fase de liquidación  se establecen reglas dirigidas a facilitar la continuidad de la actividad económica de la totalidad o de partes de la concursada (Art. 146 bis LC). La liquidación de la empresa concursada comporta su desaparición jurídica y la aplicación de su activo patrimonial a la atención de las deudas, sin embargo, no siempre la liquidación patrimonial de la empresa supone la completa desaparición de toda su organización productiva. Como se verá, el Art. 146 bis -nuevo precepto insertado en la Ley Concursal por la Ley 9/2015- no tan solo introduce especialidades normativas en la transmisión de unidades productivas para la fase de liquidación, sino que instituye un auténtico régimen jurídico general para transmisiones de unidades productivas que resultará de aplicación para el resto de fases del concurso así como para el procedimiento abreviado.

            b) Concepto legal de “unidad productiva”.
El Art. 149.4 LC define la unidad productiva como: un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Debe advertirse que esta definición de unidad productiva contenida en la Ley Concursal coincide íntegramente con la recogida en el Art. 44.2 del Estatuto de los Trabajadores: A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
Sobre la transmisión de empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma la jurisprudencia laboral ha configurado a lo largo del tiempo reglas hermenéuticas básicas que deberán tenerse en cuenta a la hora de dilucidar las posibles responsabilidades en materia laboral y de Seguridad Social de los terceros adquirentes, sobre todo si se tiene en cuenta que son los órganos jurisdiccionales de lo social los competentes para declarar su existencia[1]. En este sentido, se ha sostenido que el Art. 44 ET debe interpretarse a la luz de la normativa comunitaria europea (STS de 28-04-09, Rec. 4614/2007). Además, un elemento relevante para determinar la existencia de transmisión del Art. 44 ET consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se desprende en particular de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o que esta se reanude (SSTJCE de 18-03-1986, Spijkens, 24/85; de 11-03-97, Súzen, C-13/95; de 20-11-03, Abler y otros, 340/01 y de 15-12-05, Guney-Gorres C-232/04 y 233/04).
La transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable, cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada (STJCE de 19-09-95 Rygaard, C-4888/94), refiriéndose el concepto de entidad a un conjunto organizado de personas y elementos materiales que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. En los sectores productivos cuya actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una actividad económica que puede mantener su identidad cuando se produce una transmisión.
Por el contrario, si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra sino que exige material e instalaciones importantes, aunque se produzca la continuidad por un nuevo empresario y este asuma un número importante de trabajadores del anterior, no se considera sucesión de empresa si no se transmiten los elementos necesarios para el ejercicio de la actividad (SSTS de 27-10-04, Rec. 899/02 y 28-04-09, Rec. 4614/07).  En cambio, no existe transmisión de empresa cuando se transmiten aisladamente algunos de los elementos que constituyen el conjunto empresarial (SSTS de 27-10-86, 12-09-88 y 28-04-09, rec. 4614/07).
Cabe deducir que también existe transmisión no sólo del hecho de haberse transmitido elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación, sino también cuando hay transferencia de la mera actividad si la misma se veía acompañada de la asunción de un núcleo considerable de la plantilla anterior (SSTS 20-10-94, Rec. 4424/03 y 17-06-08, Rec. 4426/06).
En definitiva, si la Ley Concursal define la transmisión de empresa o unidad productiva en los mismos términos que el Estatuto de los Trabajadores y, además, se remite al Art. 44 ET a la hora de regular la subrogación del adquirente en las obligaciones laborales y de Seguridad Social de la concursada, parece evidente que tanto el juez del concurso como los órganos jurisdiccionales de lo social, en el marco de sus respectivas competencias, deban tomar como referencia obligada la jurisprudencia social, tanto española como comunitaria, cuando resuelvan litigios en torno al fenómeno sucesorio ligado al concurso.

           
            c) Novedades introducidas por la Ley 9/2015.
El RD Ley 11/2014, de 5 de setiembre, de medidas urgentes en materia concursal que, tras la correspondiente tramitación parlamentaria, pasó a ser la Ley 9/2015, de 25 de mayo, reformó sensiblemente la regulación contenida en la Ley Concursal en lo que respecta a la enajenación de la totalidad de la empresa en concurso o de unidades productivas de la misma.
En la regulación precedente, a partir de lo establecido en el Art. 148 LC, la doctrina judicial entendió que de haber un plan de liquidación aprobado, con previsión expresa de exoneración de obligaciones laborales nacidas con anterioridad o derivación de responsabilidades de Seguridad Social, respecto de la cual tanto la Seguridad Social como trabajadores y otros deudores pudieron objetar, decidida mediante auto del juez mercantil susceptible de apelación, dicho plan hacía innecesario acudir a las previsiones supletorias del Art. 149.2 LC y, por tanto, era válida la exoneración acordada por el juez del concurso. Esta interpretación fue avalada por múltiples resoluciones de tribunales de lo civil y de lo social (Vid. SSTSJ, Sala de lo Social, de Galicia de 20 de febrero de 2015, rec. 4251/2014; de Cataluña de 19 de febrero de 2016, rec. 3271/2015). Incluso órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo se ratificaron en la misma interpretación, como es el caso de la STSJ, Sala de lo Contencioso-administrativo, del País Vasco, de 15 de abril de 2016, rec. 201/2015, por la que se desestimaba la pretensión de derivación de deuda de la Seguridad Social ante una transmisión de unidad productiva de empresa concursada. Sin embargo, también debe aludirse a la existencia de una doctrina judicial minoritaria,  que consideraba aplicable a todos las transmisiones producidas en el concurso las limitaciones impuestas al juez mercantil por el Art. 149.2, pudiéndose exonerar tan solo parcialmente al adquirente de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la sucesión, destacando por su extensa argumentación la SAN, Sala de lo Social, de 22 de abril de 2014, autos 299/2012. Y en sentido semejante, la STSJ de Cataluña de 2 de julio de 2014, rec. 1984/2014.[2]
Por otra parte, hay que precisar que, según ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[3], es compatible con el Derecho comunitario el hecho de que los Estados miembros prevean en su legislación interna la no transferencia de obligaciones contraídas con anterioridad a la transmisión en los supuestos de enajenaciones de empresa o unidades productivas en procedimientos concursales. En efecto, el auto del TJUE de 28 de enero de 2015, en el que resuelve la cuestión prejudicial suscitada por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, acerca de la Directiva 2001/23/CE, del Consejo, sobre aproximación de las legislaciones en materia de mantenimiento de los derechos de los trabajadores en casos de traspasos de empresas, centros de trabajo, partes de empresas o centros de actividad, se considera que esta previsión de la norma comunitaria no se opone a que un Estado miembro disponga o permita, en el momento de la transmisión o apertura del procedimiento de insolvencia, que las cargas que resulten para el cedente de contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen legal de Seguridad Social, no se transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento garantice una protección de los trabajadores como mínimo equivalente a la establecida por la Directiva 8/987/CE, del Consejo, de 20 de octubre de 1980, si bien nada impide que dicho Estado miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia del cedente.
Ciertamente, el TJUE recuerda en este Auto de 28 de enero de 2015 que el Art. 5 de la D. 2001/23, en su apartado 1 establece que: Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 [que prevén el mantenimiento de los derechos de los trabajadores por parte del cesionario] no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y éstos estén bajo supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente).
En consecuencia, es evidente que la facultad atribuida por el Art. 148 LC -en su redacción anterior al RD Ley 11/2014, de 5 de setiembre- al juez del concurso de exonerar de responsabilidad a la entidad adquirente de obligaciones laborales contraídas por la concursada tenía su perfecto encaje en la normativa comunitaria y, concretamente, en la excepción contemplada en el Art. 5.1 de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo. Esta es la tesis sostenida en la STSJ de Cataluña, del pleno de la Sala de lo Social, de 19 de febrero de 2016, rec. 3271/2015, en la que se acoge a la doctrina judicial mayoritaria que acepta que el juez del concurso exonere al tercero adquirente sin limitaciones de obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión.
La nueva regulación introducida por el RD Ley 11/2014, de 5 de setiembre y por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, se caracteriza, como ha señalado con práctica unanimidad la doctrina[4], por la introducción de un régimen jurídico específico para la transmisión de unidad productiva en fase de liquidación (el nuevo Art. 146 bis) y a ella se remiten las transmisiones que puedan producirse en las demás fases del concurso (fase común y de convenio) en las que pueda producirse la autorización judicial para la enajenación de la totalidad de la empresa concursada o de alguna de sus unidades productivas. De esta forma, el Art. 43.4 LC establece que en caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado en la fase común se estará a lo dispuesto en los artículos 146 bis y 149. En el mismo sentido se expresa para la fase común en el procedimiento abreviado el Art. 191.7 LC. Igualmente, para la fase de convenio, se establece en el Art. 100.2 que las proposiciones de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas se regirán por lo dispuesto en el Art. 146 bis.  En definitiva, la Ley 9/2015 introduce una regulación jurídica que se pretende uniforme para cada uno de los distintos momentos procesales del concurso en los que se puede plantear una transmisión patrimonial, constituyendo este régimen jurídico uniforme para las diferentes fases del concurso un avance importante frente al silencio normativo de la Ley Concursal[5].
Por otra parte, la reforma convierte en derecho positivo una práctica judicial anterior consistente en que, en caso de transmisión de unidad productiva, se produjera la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos, incluso administrativos, del transmitente, preservando para el cesionario alguna exención de las obligaciones previas, pero salvaguardando al tiempo créditos laborales y de Seguridad Social[6]. En efecto, a partir de la reforma de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, pasa a constituir una característica esencial del sistema la subrogación imperativa en los contratos que están afectos a la empresa o unidad productiva que se pretende enajenar, de forma que la contraparte queda igualmente obligada con el adquirente sin necesidad de prestar su consentimiento.
Este nuevo régimen jurídico -común a las diferentes fases del concurso- introducido por la Ley 9/2015 mediante el Art. 146 bis, también incide de forma clara en la regulación del crédito laboral nacido con anterioridad a la transmisión, estableciéndose de forma expresa en el Art. 146 bis.4 que estas obligaciones laborales se regirán por lo previsto en el Art. 149.4 LC, de tal forma que esta última regulación jurídica catalogada de supletoria hasta la reforma y aplicada tan solo en el caso de no disponerse nada al respecto en el plan de liquidación, a partir de la Ley 9/2015 pasa a integrar las “reglas legales de liquidación” aplicables a los supuestos de enajenación de unidad productiva tanto en la fase de liquidación como en la fase común así como en la de convenio. Además, como resalta la doctrina[7], con esta reforma se pone fin a la discusión referida a la responsabilidad del adquirente en materia de deudas de Seguridad Social, al haberse agregado en el apartado 4 del Art. 149 (antes, apartado 2) mención expresa a tales débitos.
Para Monereo Pérez, esta unificación del régimen jurídico de la venta de empresa o unidad productiva en las distintas fases del procedimiento concursal tiene por objetivo facilitar en la mayor medida posible –tal como reza la E.M.- la continuación de la actividad empresarial[8].
           
II – El nuevo régimen jurídico de la transmisión de la unidad productiva de la empresa en concurso.
a)     Reglas generales del Art. 146 bis LC.
En primer lugar, hay que advertir que el Art. 146 bis LC tiene su emplazamiento dentro de los preceptos de la Ley Concursal reguladores de la fase de liquidación. A pesar de ello, conviene insistir en que -tal y como de forma unánime proclama la doctrina mercantilista- el régimen jurídico aquí establecido en materia de enajenación de empresa o unidad productiva también será común a las ventas judiciales que puedan ser autorizadas por el juez mercantil tanto en la fase común como en la de convenio. 
Tras la reforma introducida por la Ley 9/2015, se agrega a la Ley 22/2003, Concursal, el artículo 146 bis, bajo la rúbrica de “Especialidades de la transmisión de unidades productivas”. El nuevo precepto introduce un régimen jurídico específico sobre la transmisión de unidades productivas, con sus reglas generales y sus excepciones. De esta forma y con el afán de hacer viable la sucesión empresarial, el legislador otorga todas las facilidades al adquirente con el fin de eximirle al máximo de las cargas financieras de la empresa concursada y, a tal efecto, la norma atribuye al adquirente dos facultades esenciales:
            a) En primer lugar, se atribuye al adquirente la facultad de determinar aquellos contratos, licencias o autorizaciones administrativas afectos a la actividad productiva en los que desea subrogarse, decisión que vincula de forma imperativa a la contraparte, lo que quiere decir que esta última no podrá rescindir los contratos o autorizaciones administrativas por los incumplimientos de la concursada anteriores a la transmisión (apartados 1 y 2 del Art. 146 bis). A la vez, esta facultad del adquirente comporta la posibilidad de no subrogarse en aquellas otras licencias, autorizaciones o contratos afectos a la actividad productiva que constituyan una carga o no tengan interés para el cesionario, debiendo manifestarse de forma expresa esta elección (apartado 3 del Art. 146 bis).
            b) En segundo lugar, dado que esta subrogación del adquirente lleva aparejada la exención de la obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa (Art. 146 bis 4), la norma legal también atribuye al cesionario la posibilidad de señalar de forma expresa qué obligaciones de pago nacidas con anterioridad a la transmisión está dispuesto a asumir. 
No obstante, también es cierto que estas amplias atribuciones conferidas al adquirente con el objeto de facilitar la operación adquisitiva, también tienen sus acotaciones legales, estableciéndose en la misma norma un elenco de excepciones, entre las que cabe destacar las referidas a obligaciones de naturaleza laboral y de Seguridad Social.
Así, en el apartado 3 se contiene la primera de las excepciones a la regla general de subrogación en aquellos contratos, licencias o autorizaciones administrativas afectos a la actividad productiva: no existirá subrogación de obligaciones y derechos cuando el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse en aquellos contratos, licencias o autorizaciones administrativas que haya indicado. Y ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el Art. 44 ET. Dicho de otra forma, el legislador desapodera al adquirente de la posibilidad de desentenderse unilateralmente de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo en los supuestos de sucesión de empresa, en cuyo caso regirá lo dispuesto en el Art. 44 ET y 149.4 LC.
Finalmente, en el punto 4 del Art. 146 bis LC se recogen otras excepciones a la regla general, estableciéndose literalmente que:
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4.
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.
           
            b) Las excepciones.
Si bien es cierto que la Ley Concursal establece como regla general en los supuestos de transmisión de unidad productiva que el adquirente quedará liberado de las obligaciones de la concursada nacidas con anterioridad a la adquisición[9], no es menos cierto que la misma norma reguladora contempla de forma expresa los supuestos en que se producirán excepciones a la norma general. El Art. 146 bis concreta los siguientes supuestos:
            Primera.- Cuando el adquirente hubiese asumido expresamente la obligación nacida con anterioridad a la transmisión (Art. 146 bis. 4 LC).  En este caso, la responsabilidad del cesionario dependerá de una declaración de voluntad expresa en este sentido, no siéndole exigible tal obligación si no se produce esta manifestación unilateral. La asunción por parte del adquirente de esta obligación del concursado existente frente al acreedor no comporta en sí misma la extinción de responsabilidad por la deuda por parte del concursado, al menos hasta que la obligación no ha sido atendida[10]
            Segunda.- En el supuesto de que existiese una disposición legal en sentido contrario a la exención de las obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión (Art. 146 bis. 4 LC). Si se está a la literalidad de la norma (…existiese disposición legal en contrario), habrá que convenir que tan solo se producirá excepción a la regla general cuando la previsión está comprendida en un norma con rango de ley, debiéndose excluir por tanto las reglamentarias. En este sentido, la doctrina mercantilista[11] sostiene que, en base a los artículos 12 y 14 del Reglamento General de Recaudación (RD. 1415/2004, de 11 de junio), no podrá exigirse al adquirente las deudas por cotizaciones a la Seguridad Social contraídas por la concursada con anterioridad a la transmisión. Por el contrario, sí que sería posible la transferencia de responsabilidad por deudas de Seguridad Social al cesionario en base a los artículos 18.3, 142.1 y 168.2 LGSS-2015. Por el contrario, podrá exonerarse de responsabilidad en materia de obligaciones tributarias conforme a lo previsto en el Art. 42.1, c) in fine de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, donde se prevé que no serán responsables solidarios los …adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.
            Tercera.- Las obligaciones laborales y de Seguridad Social del concursado nacidas con anterioridad a la transmisión. El Art. 146 bis LC también excepciona a la regla general de exoneración al adquirente de las obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión las deudas laborales y de Seguridad Social, remitiéndose a tal efecto al régimen jurídico específico establecido en el Art. 149.4 de la misma Ley Concursal. En efecto, ante la previsión general contenida en el apartado 4 de que la transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, se agrega …sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4. Esta incorporación por referencia que hace el Art. 146 bis del Art. 149.4 implica que este último precepto se aplicará en todos estos supuestos[12]. Además, esta voluntad del legislador de otorgar especial protección a las obligaciones laborales y de Seguridad Social se ve confirmada, como se ha señalado más arriba, en el mismo apartado 3 del Art. 146 bis LC, precepto que faculta al adquirente a expresar su intención de no subrogarse en aquellas licencias, autorizaciones o contratos que considere oportunos, …sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.
            Cuarta.- Finalmente, el último párrafo del apartado 4 del Art. 146 bis LC acoge la última de las excepciones a la regla general. La norma establece taxativamente que: La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado. La finalidad de esta previsión legal está claramente dirigida a evitar adquisiciones de empresas concursadas o de sus unidades productivas más rentables por parte del concursado, mediante personas o sociedades interpuestas, o de su entorno familiar. Se trata de una previsión que pretende impedir el fraude de ley. Para la aplicación práctica de esta prevención legal debe ponerse en relación con el Art. 93 de la misma Ley Concursal, precepto en el que se relaciona las personas que se consideran especialmente relacionadas con el concursado, sea este persona natural o persona jurídica.

III - Responsabilidad del adquirente frente a los acreedores laborales de la empresa concursada.
            a) Alcance y límites del Art. 149.4 LC.
La responsabilidad del adquirente frente a los acreedores de la empresa concursada por obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión constituye, tal y como ya se ha expuesto, excepción a la regla general de exoneración contenida en el apartado 4 del Art. 146 bis LC.
En el apartado 4 del Art. 149 LC se recogen las disposiciones que integran el régimen jurídico de subrogación del crédito laboral y de Seguridad Social en los supuestos de transmisión de empresa o unidad productiva en los procedimientos concursales tanto en su fase de liquidación como en la común o en fase de convenio.
La reforma introducida por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, modifica el Art. 149 pero mantiene casi en su íntegra literalidad el antiguo apartado 2, que tras la reforma pasa a integrar el apartado 4. Únicamente se agrega la alusión explícita a la “Seguridad Social” en el primer párrafo del apartado 4, quedando el mismo redactado como sigue: 4. Como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa.[…] Por tanto, resulta evidente que si el Art. 149.2 LC no aludía a deudas de la Seguridad Social hasta la reforma de 2014, a partir de la reforma del RD Ley 11/2014 y de la Ley 9/2015 resulta incuestionable la voluntad del legislador de que tampoco pueda exonerarse al adquirente de las deudas de Seguridad Social anteriores a la transmisión contraídas por la concursada. Sobre esta cuestión, Monereo Pérez[13] afirma que la normativa concursal se muestra nítida y sin posibilidad de excluir responsabilidad por obligaciones insatisfechas -deudas- de Seguridad Social, resolviéndose así las distintas interpretaciones judiciales planteadas al respecto. Y aunque la doctrina mercantilista ha criticado al unísono esta incorporación de las deudas de Seguridad Social al Art. 149.4 -y, por tanto, al Art. 146 bis- calificando esta inclusión de “sobreprotección al interés público”[14] y de “impedimento para que la operación de transmisión llegue a buen puerto dadas las cuantías tan relevantes de las deudas de Seguridad Social”, no puede obviarse que se trata de una clara opción política del legislador, tal como se advierte en la E.M (IV) de la Ley 9/2015, en la que se afirma literalmente que con la reforma legislativa se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. Por tanto, es obvio que el legislador ha optado deliberadamente por dar preferencia al cobro de las deudas de los trabajadores y de la Seguridad Social en detrimento de operaciones de transmisión de unidades productivas que, sin duda, serán más gravosas para el adquirente.
Por otra parte, la rotundidad de la reforma no ha consistido tanto en modificar el contenido de este apartado sino en transformar lo que era una regla supletoria -residual si se quiere- en  una norma común aplicable a la totalidad de las transmisiones producidas en cualquier fase del concurso. Ciertamente, si antes de la reforma el juez del concurso tenía las manos libres para aprobar un plan de liquidación exonerando íntegramente al adquirente de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adjudicación, perjudicando con ello el acreedor laboral, actualmente el juez mercantil no podrá eximir íntegramente al adquirente de responsabilidad frente a créditos laborales nacidos con anterioridad a la transmisión en supuestos de sucesión de empresa más allá de lo previsto en el Art. 149.4 LC. En consecuencia, es en este aspecto que se ha producido un importante cambio en la situación del crédito laboral y de Seguridad Social anterior a la transmisión en los supuestos de sucesión empresarial en procedimientos concursales. 
Tal como se ha avanzado, la profundidad de la reforma se ha manifestado en el cambio de rúbrica que encabeza el precepto, pasando de ser “Reglas legales supletorias” a intitularse “Reglas legales de liquidación”. La doctrina[15] ha destacado la importancia del cambio, que trasciende lo cosmético, puesto que estas reglas han dejado de ser residuales y solamente aplicables en defecto de plan de liquidación a ser las reglas legales de liquidación, impidiendo considerar a las mismas como subsidiarias a lo previsto en el plan de liquidación que regula el artículo 148 precedente.
En cuanto al contenido del régimen jurídico general a las transmisiones empresariales producidas en cualquier fase del concurso, el vigente apartado 4 del Art. 149 establece que: 4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.
A partir de las previsiones del precepto reproducido, pueden apuntarse los trazos básicos del régimen jurídico aplicable a la totalidad de los créditos laborales nacidos con anterioridad a una transmisión empresarial autorizada en el procedimiento concursal:
1) Cuando sea aprobada por el juez mercantil la venta de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. Y si la norma reconoce la existencia de sucesión empresarial, de ello se infiere que desplegarán sus efectos jurídicos en el ámbito de las obligaciones laborales como en las de Seguridad Social el Art. 44 ET así como los artículos 18.3, 142.1 y 168.2 de la LGSS-2015.
Dicho de otra forma, que la extensión de responsabilidad al cesionario será inevitable en supuestos de transmisión empresarial en el concurso en cuanto a las obligaciones de Seguridad Social, sin posibilidad alguna de exención total o parcial del juez mercantil y ello porque el Art. 149.4 no faculta a este órgano jurisdiccional a que pueda exonerar de estas específicas obligaciones al adquirente, a diferencia de lo que acontece con el crédito laboral. Ciertamente, en cuanto a las obligaciones de carácter laboral nacidas con anterioridad a la transmisión, se faculta al juez del concurso a que pueda acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que significa que el adquirente -si el juez mercantil le ha exonerado de esta parte del crédito- deberá responder solidariamente de la parte del crédito que no ha sido atendida por el FOGASA. 
Abundando sobre esta misma cuestión, debe observarse que en supuestos de transmisión empresarial en el marco del concurso, el adquirente deberá afrontar en todo caso, es decir, sin posibilidad de exoneración por parte del juez mercantil, las deudas laborales contraídas por el concursado relativas a mejoras de prestaciones de Seguridad Social, retribuciones de carácter extrasalarial, indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de accidente de trabajo, recargo de prestaciones, etc., conceptos todos ellos sin cobertura por parte del FOGASA. En consecuencia, a la vista de este nuevo régimen jurídico del crédito laboral en transmisiones de unidades productivas en concursos, debe concluirse que la nueva regulación introducida en el ordenamiento jurídico español es más protectora que la mínima prevista en la Directiva 2001\23.[16]
La imposibilidad de exoneración de las deudas de Seguridad Social y gran parte de las de carácter laboral de la empresa concursada contraídas con anterioridad a la transmisión ha llevado a diferentes autores mercantilistas a promover interpretaciones restrictivas del efecto subrogatorio del crédito laboral y de Seguridad Social. De esta forma, se han propuesto “lecturas” de la norma positiva ajenas a la institución jurídico-laboral de la sucesión de empresa. Así, se sugiere que la imposibilidad de exoneración de obligaciones laborales y de Seguridad Social por parte del juez del concurso se refiera únicamente a los trabajadores que mantienen vivo el vínculo laboral con la adquirente o que fueron subrogados  por el mismo aunque no mantengan vigente la relación laboral[17], postulando que el juez mercantil puede decretar la exoneración del resto de deudas laborales y de Seguridad Social contraídas con otros trabajadores que no fueran subrogados. Estos planteamientos voluntaristas eluden la jurisprudencia laboral existente sobre la cuestión, que ha sostenido que en caso de sucesión empresarial no sólo se produce la subrogación del nuevo empresario en los derechos y obligaciones del anterior respecto a los trabajadores cedidos sino también respecto de las deudas laborales, inclusive indemnizaciones por despido, que la empresa cedente tuviera pendiente de abonar (SSTS-IV, Sala General, de 15 de julio de 2003 y de 4 de octubre de 2003). Por tanto, como recuerda Beltrán de Heredia[18], con la nueva redacción de la Ley Concursal, si concurren los requisitos del Art. 44 ET, no es posible eludir su aplicación, por imperativo de los apartados 3 y 4 del Art. 146 bis LC, invocando doctrina judicial que mantiene este criterio, como las SSTSJ de Cantabria de 28-11-14, rec. 708/2014 y de Galicia de 28-01-16, rec. 650/2014; 29-03-16, rec. 3136/2015 y de 6-04-16, rec. 2046/2015. Ciertamente, debe tenerse en cuenta que el Art. 44 ET sigue siendo aplicable en toda su extensión en virtud del Art. 57 ET, sobretodo porque la Ley Concursal no prevé regla especial, salvo la exoneración parcial ex Art. 149.4 LC por la cuantía de las prestaciones abonadas por el FOGASA[19].
En definitiva, esta interpretación restrictiva promovida por la doctrina mercantilista no tan solo se opone a la jurisprudencia social sino que carece de la mínima base normativa. En efecto, hay que recordar que ni en los artículos Art. 146 bis y 149.4 LC ni en el Art. 44.3 ET ni tampoco en los artículos 18.3, 142.1 y 168.2 LGSS-2015 se condiciona la efectividad de la subrogación en los derechos y obligaciones del cedente a la subsistencia del vínculo jurídico-laboral del acreedor con el cesionario.
Finalmente, es justo recordar que no toda enajenación de patrimonio de la concursada va a desplegar necesariamente los efectos sucesorios previstos en el Art. 44 ET, y ello porque -tal como ha examinado la jurisprudencia laboral- no toda venta o transmisión de parte del patrimonio mobiliario o inmobiliario de la empresa o la transferencia parcial de sus trabajadores comporta la catalogación de sucesión empresarial. Precisamente en los supuestos examinados por la STJS de Cantabria de 28-11-14, rec. 708/2014 y la STSJ de Galicia de 28-01-16, rec. 560/2015, resoluciones que consideran aplicable el Art. 44 ET en transmisiones de unidades productivas producidas en el procedimiento concursal tras la reforma de 2014, finalmente acaban dictaminando la inexistencia de sucesión empresarial al considerar que la simple enajenación de elementos patrimoniales aislados de la concursada y el traspaso de algunos de sus trabajadores no puede calificarse de sucesión empresarial conforme al Art. 44 ET.

            b) Los conflictos de competencia entre el juez del concurso y el juez de lo social.
Establece el Art. 8. 2º de la Ley Concursal que el juez del concurso tiene competencia exclusiva y excluyente en materia de acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
En el apartado 3º del mismo Art. 8 se previene que igualmente el juez del concurso tiene competencia exclusiva y excluyente en toda ejecución frente a bienes  y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
No obstante lo anterior, para una correcta comprensión de la distribución de competencias entre los Juzgados de lo Social y de lo Mercantil, resulta aconsejable abordar la problemática desde una perspectiva dinámica, descartando las visiones estáticas. Conviene no perder de vista que la atribución de competencias al Juzgado de lo Mercantil está sometida a una limitación temporal. Es decir, la competencia es atribuida mientras se halla en trámite el proceso universal de concurso, no siendo competente el Juzgado Mercantil ni antes de declararse el concurso ni después de concluido éste[20].
Incluso dentro del mismo procedimiento concursal, resulta imprescindible distinguir entre las diferentes fases, sobre todo si se trata de ejercitar la acción ejecutiva. Así, el Art. 55.1 LC establece que, declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares judiciales o extrajudiciales, sin embargo, en el punto 2 del mismo precepto se prevé que hasta la aprobación del plan de liquidación podrán continuarse las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la declaración del concurso. Consecuentemente, el juez de lo social será competente para continuar la ejecución laboral hasta la realización de los bienes afectos a la misma hasta el momento de la aprobación del plan de liquidación, y ello siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, habiendo aclarado reiteradamente la Sala de conflictos de competencia del Tribunal Supremo[21] que no hay posibilidad de declarar bienes afectos a la actividad productiva si la concursada ha cesado en su actividad y ha prescindido de su plantilla de trabajadores, por lo que la competencia es en tal caso del Juzgado de lo Social ejecutante. 
Igualmente, si en el procedimiento concursal se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que se aprueba el convenio, cesando todos los efectos de la declaración del concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, establezca el convenio, […] debe concluirse que desde ese momento el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor […] y dado que […] la demanda de ejecución de un título ejecutivo social dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del convenio, no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el Art. 8.3º de la Ley 22/2003 a favor del juez del concurso […] (Auto de 29 de setiembre de 2015 de la Sala de conflictos de competencia del Tribunal Supremo, rec. 14/2015). La misma doctrina se recoge en el Auto de la misma Sala de conflictos de competencia de 26 de abril de 2016, rec. 28/2015.
En el supuesto específico que nos ocupa de transmisión de unidad productiva dentro del procedimiento concursal, cuando la cuestión que se suscita se refiere a la declaración de responsabilidad del adquirente sobre deudas laborales nacidas con anterioridad a la sucesión empresarial, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia a partir de las sentencias de 29 de octubre de 2014, rec. 1573/2013 y de 11 de enero de 2017, rec. 1689/2015, resoluciones que han seguido la misma doctrina sentada por la Sala de conflictos de competencia del Tribunal Supremo en los Autos de 9 de diciembre de 2015 y de 9 de marzo de 2016.
El tema que se cuestionaba en la STS de 11 de enero de 2017 era la competencia de esta jurisdicción para resolver sobre la ejecución de la condena al pago de determinada cantidad, derivada de obligaciones laborales, a una empresa en situación de concurso, cuando la misma ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiva en funcionamiento, a una tercera empresa frente a la que se pretende la ejecución de la anterior condena, como sucesora de la concursada con los efectos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, el problema a resolver era determinar si existió sucesión de empresa y si la adjudicataria de los bienes de la concursada se debía subrogar en las obligaciones laborales de esta última. El Tribunal Supremo considera que la competencia para determinar la eventual responsabilidad de la adquirente de obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión es de los órganos de la jurisdicción social y esta decisión se argumenta […] porque en la resolución de ese problema se encuentra implicada la recurrente, quien no ha sido parte en el proceso concursal, ni como deudor ni como acreedor, al haberse limitado a comprar una unidad productiva de la concursada, razón por la que su relación con el concurso de acreedores se ha limitado a la compra de un activo de la masa. Así lo entendió esta Sala en su sentencia de 29 de octubre de 2014 (Rec. 1573/2013 ) en la que dijo: «En definitiva, sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores de una empresa, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial ( art. 44 ET ) es competencia de la jurisdicción social».
Esta solución ha sido seguida, igualmente, por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del art. 42 de la LOPJ en sus Autos de 9 de diciembre de 2015 (Conflicto 25/2015) y de 9 de marzo de 2016 (Conflicto 1/2016), dictados en supuestos como el que nos ocupa, resoluciones en las que se ha declarado que cuando se acciona contra sociedades diferentes de la concursada en liquidación, sin que se encuentren en situación de concurso, la competencia corresponde a la jurisdicción social. En estas resoluciones se afirma que la competencia atribuida al juez del concurso cede en favor de los órganos de la jurisdicción social cuando: «1. La acción ejercitada, de ser estimada, llevaría aparejada la condena de diversos sujetos que no son parte en el procedimiento concursal, en el que intervienen la entidad concursada [cualquiera de ellas puesto que son varias, no todas, en este caso], como deudoras, y los acreedores.
(...) Este análisis ya ha sido abordado previamente por la doctrina de esta sala, que, con ocasión de la interpretación del incidente concursal laboral contemplado en el artículo 64.10 de la LC , en los autos 24/2011, de 6 de julio (conflicto 23/2010) y 30/2011, de 6 de julio (conflicto 19/2011), se declaró que el juez del concurso es excepcionalmente competente para conocer de las acciones individuales de extinción del contrato de trabajo, pero solo cuando reúnen acumulativamente determinados requisitos, entre los que se encuentra que la acción se dirija «contra el concursado, ya que de dirigirse contra un grupo empresarial generador de responsabilidad solidaria cuyos integrantes no están declarados en situación concursal, como afirma el auto 17/2007, de 21 de junio (conflicto 11/2007), posteriormente reiterado entre otros en el 117/2007, de 30 de noviembre (conflicto 3/2007), la demanda sobrepasa, tanto en términos materiales como subjetivos, el [objeto] contemplado en el artículo 64.10 de la Ley Concursal »".». (F.J. 3º, STS de 11-01-17, rec. 1689/2015).
Esta misma doctrina ya fue mantenida anteriormente por múltiples sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, doctrina judicial que es recogida y detallada por la STSJ de Cataluña de 11 de julio de 2014, recurso 2291/2014. 

            c) Ejercicio de acciones del acreedor laboral de la concursada frente a la empresa cesionaria.
Partiendo de la premisa que la acción del acreedor laboral frente al adquirente de unidad productiva de empresa en concurso en reclamación del crédito nacido con anterioridad a la transmisión debe ejercitarse ante los órganos de la jurisdicción social, cabe interrogarse sobre los plazos que deben regir para la interposición de la demanda.
Frecuentemente se suscita por las partes en el incidente de extensión de responsabilidad en ejecución si esta demanda incidental está sometida a plazo de prescripción o caducidad. La tesis que cuestiona que el ejercicio de esta acción dentro de la ejecución no esté sometido a ningún plazo se sustenta en las previsiones del Art. 243.3 LRJS, que dispone literalmente que una vez iniciada la ejecución, podrá reiniciarse en cualquier momento mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaración de insolvencia provisional del ejecutado. En consecuencia, del precepto puede inferirse que, tras la incoación del proceso ejecutivo, no opera ni la prescripción ni la caducidad, y ello mientras no se haya dado cumplimiento íntegro a la obligación ejecutada. Por tanto, según sostiene esta tesis, dado que la acción de extensión de responsabilidad se sustancia dentro del proceso de ejecución, la misma no puede quedar sometida a plazo de prescripción.
Sin embargo, la respuesta judicial a este planteamiento ha seguido otros derroteros. En efecto, la STSJ Cataluña de 20-11-01, rec. 2935/2001, parte de la premisa de que […] En estos supuestos nos encontramos en realidad ante el ejercicio por primera vez de una acción declarativa y de condena que se hace efectiva en la fase de ejecución de una sentencia firme, por lo que han de ser necesariamente de aplicación los mismos plazos de prescripción que hubieren resultado aplicables de haberse interpuesto una demanda principal en ejercicio de esta misma pretensión. Lo contrario sería tanto como entender que es imprescriptible la posibilidad de instar la ejecución contra una empresa que no resultó condenada en la sentencia, dando con ello lugar a una inaceptable inseguridad jurídica y contrariando lo dispuesto con carácter general en el artículo 1930, 2º del Código Civil […] La misma sentencia sigue razonando que lo dispuesto en el Art. 241.3 LPL –actual 243.3 LRJS- tan solo es aplicable una vez la obligación ya ha sido declarada mediante la oportuna condena, es decir, una vez iniciada la ejecución de la obligación incluida en la ejecutoria.
Finalmente, en cuanto al plazo de prescripción aplicable, teniendo en cuenta que el incidente de ampliación de responsabilidad se produce en el seno de una ejecución dineraria, se considera que resulta de aplicación el término general de un año establecido en el Art. 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que deberá computarse, conforme al Art. 1969 del Código Civil, desde el día en que pudo ejercitarse, y en el caso concreto, […] desde el momento en el que los actores tuvieron conocimiento suficiente de la posible existencia de la sucesión empresarial que les permitía solicitar la extensión de la ejecución a las nuevas personas físicas o jurídicas que pasaron continuar la actividad de la empresa condenada en la sentencia […]. En consecuencia, si la parte ejecutante dejó transcurrir un plazo superior al año desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos sucesorios, el ejercicio de la acción incidental declarativa debe catalogarse de extemporánea y prescrita. La STSJ de Asturias de 10-03-06, rec. 4785/2005, mantiene la misma posición doctrinal en cuanto a la subsistencia de plazo de prescripción de la demanda incidental de extensión de responsabilidad en el proceso de ejecución y en cuanto al dies a quo en que deberá iniciarse el cómputo de los plazos. 
No obstante el plazo general de prescripción de un año previsto en el Art. 59.1 ET para el ejercicio de la acción declarativa, conviene no olvidar el plazo especial establecido en el Art. 44.3 ET, precepto que literalmente prevé: Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.  
La virtualidad jurídica del precepto resulta incuestionable para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la cual en STS de 13 de noviembre de 1992, rec. 1181/1991, razonó que: […] SEGUNDO.-El recurso de casación articula dos [...]. En el primer motivo se argumentan cuatro infracciones legales diversas, la primera denuncia inaplicación del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, pues entiende que por transcurrir el año que dicho precepto fija para el ejercicio de la acción para reclamar la deuda salarial ésta está prescrita. Ahora bien, como razona la sentencia impugnada y ratifica el informe del Ministerio Público, este precepto sólo es aplicable para aquellos supuestos en que no se establezca un plazo especial como prevé el propio apartado primero del artículo invocado, y así fijado en el artículo 44 aplicable, un plazo propio de tres años para la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario de la titularidad de la empresa en las obligaciones laborales a contar a partir de la cesión y pudiéndose reclamar de los responsables de modo sucesivo como declara la sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 1986, es claro que la denuncia legal carece de viabilidad y que sin más debe ser rechazada.
Esta jurisprudencia es seguida por la doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia, como se pone en evidencia, por ejemplo, con las SSTSJ de Cataluña de 19 de julio de 1997 y de 23 de setiembre de 2016, rec. 3291/2016, las cuales aplican el mismo criterio al considerar que, en transmisiones por actos inter vivos, el plazo de prescripción de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas no prescribirán hasta los tres años desde la producción del fenómeno sucesorio.
            En último lugar, debe traerse a colación la regla especial en materia de prescripción de acciones que se contiene en el Art. 60 LC. Se establece en el apartado 1 del precepto que desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración. Sin embargo, si la reclamación del crédito laboral nacido con anterioridad a la transmisión piensa dirigirse contra el tercero adquirente, es evidente que deberá observarse la previsión contenida en el apartado 2 del mismo Art. 60, que literalmente establece que: La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los fiadores y avalistas. Claramente se infiere de esta previsión que la interrupción de la prescripción durante la tramitación del concurso únicamente perjudica al deudor concursado, de forma que los plazos prescriptivos aplicables a reclamaciones frente a los adquirentes de unidades productivas tan solo se interrumpirán por los medios previstos en el Código Civil o en la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

            Conclusiones
La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, ha alterado sensiblemente la regulación legal de la transmisión de unidad productiva en el procedimiento concursal, estableciendo un régimen jurídico uniforme de aplicación preceptiva en las diferentes fases del concurso (Art. 146 bis LC).
Este nuevo régimen jurídico se caracteriza -incorporando prácticas judiciales muy asentadas- por la subrogación obligatoria de los terceros que son parte en contratos, licencias y autorizaciones administrativas afectos a la continuidad de la actividad productiva, así como por la exoneración del adquirente de las obligaciones contraídas por el concursado con anterioridad a la transmisión, aunque todo ello con las siguientes salvedades: a) Cuando el adquirente manifieste expresamente la asunción de la obligación; b) Cuando por disposición legal se prevea la no exención de la obligación; c) En las obligaciones laborales y de Seguridad Social, en cuyo caso regirá, en el supuesto de sucesión empresarial, las reglas especiales del Art. 149.4 LC, y d) Cuando el adquirente sea persona especialmente relacionada con el concursado (Art. 93 LC).
A partir de la reforma introducida por la Ley 9/2015, definitivamente queda resuelto el debate doctrinal previo en el sentido de que el Art. 149.4 (antes 149.2 LC) ya no tiene carácter supletorio, quedando integradas sus previsiones en el régimen general regulador de las transmisiones de unidades productivas en procesos concursales (Art. 146 bis), de tal forma que el juez del concurso, cuando se haya producido sucesión empresarial de la unidad productiva enajenada con autorización judicial, no podrá exonerar al adquirente de las obligaciones de Seguridad Social contraídas por el concursado con anterioridad a la transmisión ni tampoco de las obligaciones laborales contraídas antes del cambio de titularidad de la unidad productiva, con excepción de aquellas cuantías que en concepto de prestaciones hayan sido abonadas por el FOGASA al trabajador.
En consecuencia, de existir sucesión de empresa en los términos del Art. 44 ET, sus efectos serán ineludiblemente los establecidos en este precepto estatutario, que deberá aplicarse a partir de los criterios hermenéuticos fijados por la jurisprudencia laboral, resultando jurídicamente inviables aquellas interpretaciones restrictivas no admitidas por la doctrina de los tribunales laborales como, por ejemplo, la de pretender reducir el efecto sucesorio únicamente a las obligaciones contraídas por la concursada frente a los trabajadores transferidos con la unidad productiva y negando la subrogación de las obligaciones frente a los empleados de la concursada que vieron extinguir su relación laboral con anterioridad a la sucesión.
Y en cuanto al ejercicio de la acción de reclamación de derechos laborales y de Seguridad Social frente al adquirente y la concursada, deberá tenerse en cuenta el plazo especial establecido en el Art. 44.3 ET de tres años a contar desde la transmisión, sin que resulte de aplicación el plazo general de un año previsto en el Art. 59.1 ET, y sin que, por otra parte, el plazo de la acción ejercitada ante el adquirente se beneficie de la interrupción por la tramitación del proceso concursal, conforme a lo dispuesto en el Art. 60.2 LC.
En definitiva, tal y como anunciaba la E.M. de la Ley 9/2015, la reforma instaura una tutela más eficaz de los derechos laborales y de la Seguridad Social frente a las transmisiones de unidades productivas de empresas concursadas, lo que se traduce en que el juez del concurso ya no podrá exonerar al tercero adquirente de las obligaciones de Seguridad Social contraídas con anterioridad, rigiendo a todos los efectos lo establecidos en los artículos 18.3, 142.1 y 168.2 LGSS-2015; asimismo, el juez mercantil tampoco podrá sacrificar, en detrimento de los trabajadores, las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la sucesión más allá de las cuantías de las prestaciones abonadas por el FOGASA. Y aunque la nueva regulación supone mayores gravámenes para el adquirente y, posiblemente, más dificultades para la transmisión y continuidad de unidades productivas de empresas en concurso, no puede ignorarse que la opción política del legislador ha sido tutelar con mayor intensidad los derechos laborales y de la Seguridad Social con preferencia a otras consideraciones


[1] Vid. SSTS-IV de 29 de octubre de 2014, rec. 1573/2013 y de 11 de enero de 2017, rec. 1689/2015.
[2] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”. Ponencia en el curso Puntos críticos entre aspectos laborales y mercantiles del concurso, organizado por el Servicio de Formación Continua del CGPJ, en Madrid los días 13 a 15 de setiembre de 2016.
[3] Auto de 28 de enero de 2015 del TJUE, asunto C-688/13, Gimnasio Deportivo San Andrés, SL.
[4] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”. Op. cit. GARNACHO, L.: “La pretendida unidad legislativa en materia de enajenación de unidades productivas tras las últimas reformas concursales”. Anuario de Derecho Concursal nº 39/2016. Ed. Civitas. SENENT MARTÍNEZ, S.: “La venta de unidad productiva en el concurso a la luz de las últimas refrmas”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Nº 26, primer semestre de 2017, Ed. Wolters Kluwer.  MUÑOZ GARCÍA, A.: “Transmisión de empresas en crisis y saneamiento empresaria: la aportación de rama de actividad a sociedad íntegramente participada (1)”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Nº 26, primer semestre de 2017, Ed. Wolters Kluwer.  Etc. 
[5] GARNACHO, L.: “La pretendida unidad legislativa en materia de enajenación de unidades productivas tras las últimas reformas concursales”. Anuario de Derecho Concursal nº 39/2016. Ed. Civitas. Pág. 1
[6] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”.

[7] MORENO SERRANO, E.: “Alcance de la subrogación en deudas transmitidas por venta de unidades productivas. Comentario al Auto del Juzgado Mercantil 7 de Madrid de 6 de julio de 2016”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Nº 26, primer semestre de 2017, Ed. Wolters Kluwer. Pág. 7.
[8] MONEREO PÉREZ, J. L.: “Reestructuración y ‘saneamiento’ de empresas en situaciones concursales como alternativa a su extinción: tratamiento jurídico después de las últimas reformas legislativas -II-”. Derecho y Trabajo nº 22, octubre de 2016. Ed. Wolters Kluwer. Pág. 3/23.
[9] SENENT MARTÍNEZ, S.: “La venta de unidad productiva en el concurso a la luz de las últimas reformas”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Nº 26. Op. cit. Pág. 8/26.
[10] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”.
[11] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”.
[12] SENENT MARTÍNEZ, S.: “La venta de unidad productiva en el concurso a la luz de las últimas reformas”. Op. cit. Pág. 12/26.
[13] MONEREO PÉREZ, J. L.: “Reestructuración y ‘saneamiento’ de empresas en situaciones concursales como alternativa a su extinción: tratamiento jurídico después de las últimas reformas legislativas -II-”. Op. cit. Pág. 7/23.
[14] GARNACHO, L.: “La pretendida unidad legislativa en materia de enajenación de unidades productivas tras las últimas reformas concursales”. Op. cit. Pág. 26.
[15] RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: “La transmisión de unidades productivas en el concurso. Sucesión de empresa y derivación de deudas de la Seguridad Social tras la reforma del Art. 149 LC por la Ley 9/2015”.
[16] BELTRÁN DE HEREDIA RUÍZ, I.: “Concurso, venta de unidades productivas y aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”, publicado en la revista Iuslabor nº 2/ 2016.  
[17] SENENT MARTÍNEZ, S.: “La venta de unidad productiva en el concurso a la luz de las últimas reformas”. Op. cit. Pág. 12/26. En el mismo sentido, ROMERO GARCÍA-MORA. G.: “Transmisión de unidades productivas dentro del concurso. En particular, la sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social”. Publicado en Diario La Ley nº 8869, noviembre de 2016. Ed. Wolters Kluwer. Pág. 4. En el mismo sentido MUÑOZ GARCÍA, A.: “Transmisión de empresas en crisis y saneamiento empresaria: la aportación de rama de actividad a sociedad íntegramente participada (1)”. Op. cit. Pág. 9/27.
[18] BELTRÁN DE HEREDIA RUÍZ, I.: “Concurso, venta de unidades productivas y aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”. Op. cit. Pág. 17.
[19] BELTRÁN DE HEREDIA RUÍZ, I.: “Concurso, venta de unidades productivas y aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”. Op. cit. Pág. 18.
[20] GONZALEZ CALVET, ESCUDERO MORATALLA, ALFÉREZ DEL MORAL: La nueva ejecución laboral. Ed. Bosch. Barcelona. Pág. 100.
[21] Vid. Autos de la Sala de conflictos de competencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2010, rec. 21/2009 y de 5 de diciembre de 2014, rec. 19/2014, ROJ: ATS 8312/2014.