lunes, 5 de junio de 2017

RESOLUCIÓN SOBRE TEMPORALIDAD APROBADA EN EL CONGRESO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Nadie discute que la reforma laboral del año 2012 ha provocado una reducción de los salarios en todos los sectores. Con el salario, los trabajadores atienden sus necesidades y las de su familia, aparte de ahorrar, cuando cabe hacerlo una vez cubiertas aquéllas.

Es lugar común afirmar que en España es desproporcionada la contratación laboral temporal en relación con las causas que legítimamente la pueden justificar como excepción al principio de estabilidad en el empleo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones (asunto De Diego Porras y otros). Al margen de la interpretación que pueda hacerse de su contenido, conclusiones o incidencia práctica, lo más importante es que pone en evidencia el problema existente en el marco legal actual sobre la contratación temporal realizada por los gestores públicos, lo cual impone que haya una inmediata y enérgica respuesta legislativa, tanto en el ámbito de la contratación de las administraciones públicas como por las empresas privadas.

Temporal también en la práctica es el contrato para fomento de emprendedores, pues siendo de legal duración indefinida, la realidad nos hace ver que dura solo meses en la mayoría de los supuestos. Siempre menos del año del llamado periodo de prueba, que en este caso no es tal, sino simple eufemismo de  un periodo de libre despido sin indemnización. Los trabajadores suscriben este contrato con la esperanza de llegar al paradigma del trabajo por tiempo indefinido y lo suscriben desde el desempleo o dejando trabajos temporales. A los escasos meses de mantenerse en esa situación, vuelven al punto de partida y a veces a situación peor. Y ello acontece incluso superado el plazo del periodo de prueba que los convenios colectivos han considerado suficiente, lo que de forma muy altamente cuestionable ha admitido nuestro Tribunal Constitucional. Este sí que es uno de los productos de aquella reforma y los efectos de su uso es otra de las causas para instar su derogación.


Entendemos que la actual coyuntura impone que los poderes públicos procedan a derogar aquella reforma dados sus efectos negativos y también  a reformar la regulación legal de la contratación laboral temporal y de tiempo parcial, restringiendo su posibilidad solamente a las causas que la justifican, siendo inadmisible la masiva contratación temporal actualmente existente, así como la desregulación y falta de control en materia de jornada de trabajo, lo cual posibilita el fraude de la contratación a tiempo parcial.