viernes, 7 de abril de 2017

STS 23/02/2017 (Rec. 146/2016): EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUJETOS NEGOCIADORES Y EL ÁMBITO DEL CONVENIO CONLLEVA QUE ÉSTE SE LIMITE A SUS CONCRETOS LÍMITES (Y NO, LA NULIDAD ÍNTEGRA), INCLUSO AUNQUE SE PREVEA LA POSIBLE ADHESIÓN DE OTROS CENTROS DE TRABAJO


PONENTE: DE CASTRO FERNANDEZ
Impugnación de convenio. Se negocia por delegado de un centro de trabajo y se afirma que su ámbito de aplicación se extiende al referido centro y a todos los contratados formalmente en Madrid, cualquiera que sea el centro de trabajo del territorio nacional para el que vayan a prestar servicios. Procede la anulación del inciso extensivo del ámbito de aplicación, reconduciéndolo exclusivamente al centro de Madrid, por aplicación del principio «favor negotii», muy particularmente teniendo en cuenta la masiva adhesión al convenio de Madrid ahora impugnado, tanto por los trabajadores posteriormente contratados como por los restantes centros. Solución no desvirtuada por la acreditada intención defraudatoria del principio de correspondencia, censurable pero sin irradiación anulatoria
ACCESO EN: STS  1147/2017

FUNDAMENTO JURÍDICO CUARTO
CUARTO.- 1.- En lo referente al examen del Derecho aplicado, el recurso sostiene en primer término que la decisión de la AN ha incurrido en exceso de jurisdicción, por cuanto que ha conocido del litigio por entender erróneamente -se dice- que el ámbito geográfico del Convenio se extiende a diversas Comunidades Autónomas, siendo así que se limita al centro de Madrid, tras la modificación de su ámbito aplicativo.
Dos son las razones que nos llevan a rechazar este motivo: a) de un lado, porque ni tan siquiera se ajusta a formalidad legal, ya que no se cita concreto precepto legal que se entienda vulnerado, dejando así la cuestión de la posible incompetencia objetiva a la intervención de oficio de la Sala, pero no a su iniciativa procesal; y b) muy primordialmente, porque su denuncia parte de presupuesto fáctico diverso al declarado probado [ámbito de aplicación geográfico limitado a la CAM] y presupuesto jurídico inaceptado por la AN y esta Sala [eficacia normativa de la modificación no registrada]. Defectos estos dos últimos con los que se incurre en inaceptable «petición de principio», haciendo rechazable presupuesto de la cuestión (recientes, SSTS 18/10/16 -rco 205/15 -; 10/03/16 -rco 83/15 -; y SG 23/11/16 -rco 94/16 -).
2.- En segundo término se denuncia -en forma subsidiaria- la infracción de los arts. 86 , 87 y 88 ET. Bajo la cobertura de tal denuncia, con una redacción cuya conexión argumental con los preceptos denunciados se halla ausente [al menos en las tres primeras cuestiones], el recurso trata de cuatro sucesivos temas: a) la validez de las adhesiones -al Convenio Colectivo- de los centros de Barcelona, Jaén, Murcia y Valencia; b) la validez del mandato representativo del Sr. Indalecio; c) la eficacia del Acta de negociación de 26/02/16; y d) la posibilidad de «reconducción» del ámbito del Convenio.
Sobre las dos primeras cuestiones baste indicar que la sentencia impugnada no negó las referidas cualidades, sino que -ello es tema diverso- solamente atribuyó a las adhesiones naturaleza indiciaria del propósito de atribuir ámbito estatal al Convenio Colectivo suscrito; y en manera alguna cuestionó la legitimación y representatividad del Sr. Indaleciopara negociar en el ámbito de la CAM. Y por lo que a la tercera cuestión se refiere [eficacia de la negociación modificadora], no podemos sino coincidir plenamente con la Audiencia Nacional, siendo así que la eficacia estatutaria y el carácter de norma jurídica de afectación general predicables de los convenios colectivos [ art. 82.3 ET : «Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia»], parte del ineludible presupuesto de que hayan sido negociados cumpliendo las exigencias contenidas sobre la negociación colectiva en el Título III del Estatuto de los Trabajadores [arg. ex arts. 3.1.c y 82.3 ET ] y la tramitación administrativa a que se condiciona su validez [art. 90] (recientes, SSTS 21/12/15 -rco 6/15 -; 18/02/16 -rco 282/14 -; 18/02/16 -rco 93/15 -; y 23/02/16 -rco 39/15 -), en tanto que la no publicación del Convenio en Boletín Oficial -BOE o BOCA, según el caso- comporta su inaplicabilidad jurídica con valor normativo, porque la publicación de la norma es requisito esencial -que no mera regla formal- para su existencia jurídica. Siquiera -como luego se dirá- la existencia del acuerdo novatorio y su presentación a la Autoridad laboral para su registro, no dejen de tener -por sí mismos- relevancia en orden a los efectos impugnatorios de que tratamos.
3.- Mención aparte ha de hacerse con el último de los puntos que suscita el recurso, cual es, la «reconducción» del ámbito aplicativo del Convenio Colectivo. En esta materia hemos de partir de un principio básico, cual es el «favor negotii», que informa toda la materia negociadora y se orienta a garantizar la validez del negocio jurídico y a limitar la ineficacia a los concretos preceptos nulos. Principio apreciable en la doctrina que da prioridad a la interpretación integradora de los Convenios Colectivos respecto de las pretensiones por ilegalidad (así, por ejemplo, en las 03/05/01 -rco 1434/00-; 20/09/06 -rco 120/05-; y 30/09/08 -rco 88/07-) y que también palpita en manifestaciones jurisprudenciales reacias a la aplicación de la doctrina del «equilibrio del convenio» en los supuestos de impugnación parcial del mismo, al mantener que «... generalmente la declaración de nulidad total de un convenio comporta un cúmulo de perjuicios e inconvenientes para todos aquellos comprendidos en el ámbito de aplicación del mismo, en especial para los trabajadores, que pierden los derechos y ventajas que tal Convenio les había reconocido, volviéndose a aplicar unas condiciones de trabajo ya superadas y obsoletas, que correspondían a un período anterior y ya vencido... » (así, la STS 22/09/98 -rco 263/97 -).
Porque no deja de resultar fuera de lugar que se pretenda -y obtenga- la declaración de nulidad de todo un completo Convenio Colectivo por la improcedencia de un añadido - manifiestamente indebido, no hay duda- a su ámbito de aplicación, al ampliarlo con el inciso «...incluidos aquellos que aun habiendo sido contratados o estén adscritos al citado centro de trabajo, deban prestar servicios, total o parcialmente, temporal o permanentemente, fuera del centro de trabajo de Madrid, de la Comunidad de Madrid o del territorio Nacional». Si ya la lógica negocial arriba referida y los intereses en juego aconsejarían en todo caso limitar la nulidad al concreto inciso ilegal, por falta de correspondencia en la representatividad/ámbito aplicativo, sin extender la declaración al restante contenido negociado, con mayor razón se impone tal solución limitativa de los efectos cuando la mayoría de los centros de trabajo que la empresa tiene a nivel nacional -o todos, porque esta Sala desconoce cuáles sean- se han adherido al mismo convenio; y cuando -como consta de manera indubitada- tal ámbito ya ha sido reducido negocialmente a los términos que legalmente proceden [centro de trabajo en Madrid], siquiera la eficacia normativa de la novación se halle pendiente de tramitación administrativa.

Así lo acordamos, con independencia del plus de ilegitimidad que comporta la intención negociadora, que claramente fue -en ello coincidimos con la sentencia impugnada- reiterar el planteamiento de ámbito aplicativo fijado en el previo convenio colectivo, anulado por la SAN 15/09/15 [126/15 ]. Intención ciertamente censurable, pero que por sí misma no debe alterar el juego del aludido «favor negotii» e irradiar la ineficacia a los restantes preceptos del convenio, los cuales no ofrecen ni tan siquiera se cuestiona- tacha alguna de ilegalidad; sin que, por otro lado, el presente supuesto sea comparable al tratado en la STS 07/03/12 [rco 37/11 ], que la recurrida cita en apoyo de su declarada nulidad total del convenio, habida cuenta de que en ella se fijaba expresamente un ámbito «estatal» de aplicación que está ausente en el caso ahora examinado, por lo que la nulidad parcial hubiese obligado en aquella sentencia -por lo mismo- a una no siempre fácil integración del espacio aplicativo [aunque legalmente posible, ex  art. 90.5 ET ]