viernes, 17 de marzo de 2017

STS 31/01/2017 (Rec. 114/2016): DESISTIMIENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUBSANACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: IMPROCEDENCIA CUANDO SE REQUIEREN DATOS QUE NO ESTÁN EN PODER DE LOS SOLICITANTES


PONENTE: AGUSTI JULIA
Recurso de casación ordinario. Impugnación resolución administrativa de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se tiene por desistida la petición de la Unión General de Trabajadores (UGT), y la federación de metal, construcción y afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT) de iniciar el procedimiento general (Real Decreto 1698/2011) en orden a establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social para la actividad de pocería en la industria del sector de la construcción, por falta de datos identificativos de las empresas afectadas. La sentencia de instancia estima la demanda y se desestima el recurso de la administración por no estar obligados los instantes del procedimiento a aportar los citados datos

FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO
4 . Pues bien, circunscrita la controversia a determinar si han sido correctas, la resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que han acordado tener por desistidas a las demandantes de la solicitud efectuada por no concretar la solicitud realizada en los términos que les fue requerido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, concretamente, por no identificar a las empresas en las que prestan servicios los trabajadores a los que se refiere la petición, indicando también su sede social o bien aportando el código de cuenta de cotización de cada una de ellas, las argumentaciones que efectúa la recurrente, y con ellas el único de los motivos de su escrito de recurso debe ser rechazado, y ello por los siguientes razonamientos :
A) Efectivamente, ni en el artículo 71 de la LRJPAC, que establece, con carácter general, los requisitos que deben contener las solicitudes para la iniciación de un procedimiento administrativo, y en concreto, el apartado b) "Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad la solicitud" , ni tampoco en el concreto procedimiento del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que en su artículo 10 b ) dispone que se podrá iniciar "A instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, mediante petición razonada no vinculante y en relación con alguna de las actividades en las escalas, categorías o especialidades, a que se refiere el artículo 2.
A instancia de los trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, de acuerdo con lo establecido en el   artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo  .
Las empresas o los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, considerados individualmente, no estarán legitimados para instar el inicio de las actuaciones.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y se presentarán conforme a lo establecido en el   artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  y en el   artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ", puede apoyarse la Administración demandada, para exigir a los instantes de la solicitud "identificar a las empresas en las que prestan servicios los trabajadores a los que se refiere su petición, indicando también su sede social, o bien aportar el Código de Cuenta de Cotización de cada una de ellas ",  ni mucho menos para advertir que "si así no lo hiciera se tendrá por desistida su solicitud" (hecho probado segundo de la sentencia de instancia) .
B) El escrito de recurso se refiere una y otra vez a que el procedimiento diseñado en el Real Decreto Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre -por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social- tiene un carácter potestativo, no obligatorio ni vinculante para la Administración. Ahora bien, siendo obviamente cierto, que la Administración, a la hora de resolver, no está vinculada por la petición de los instantes de la solicitud, no es menos cierto, que si está obligada a su tramitación, sin que pueda requerir documentación que no se exige ni con carácter general ni en la fase previa procedimental previa regulada en el artículo 11 del citado Real Decreto , máxime, como cuando acertadamente señala la sentencia recurrida, el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo dispone que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho " A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante" , siendo de destacar, no obstante, que los instantes del procedimiento contestaron al requerimiento de la Administración en la forma razonada y coherente que se describe en el tercero de los hechos probados de la sentencia recurrida; y

C) En definitiva, todo lo expuesto nos permite llegar a la definitiva conclusión de que en la vía administrativa la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), y la FEDERACIÓN DE METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT), aportaron todos los datos identificativos que tenían en su poder, en términos suficientes como para que Administración demandada diese el paso siguiente de completarlos por sí misma, sin echar sobre los instantes del procedimiento la carga de la aportación de unos datos de los que carecen, y que indudablemente le era mucho más simple y eficaz obtener a la propia demandada, con arreglo al denominado por la doctrina "auxilio administrativo" y menos intimarlos con la consecuencia de un desistimiento de su petición, que es como al final se resolvió en las resoluciones administrativas impugnadas, por lo que ni el motivo, ni por ende, el recurso, puede prosperar.