viernes, 31 de marzo de 2017

STS 28/02/2017 (Rec. 103/2016): INEXISTENTE AFECTACIÓN AL DERECHO DEL HONOR DE LA EMPRESA POR LA IMPUTACIÓN DE “TERRORISMO EMPRESARIAL” EN UNA PANCARTA MOSTRADA POR UN SINDICATO EN UN CONFLICTO LABORAL


DE CASTRO FERNANDEZ
Derechos fundamentales. No se vulnera al honor de la empresa por parte de un sindicato, por exhibir pancartas en las que se imputa «terrorismo empresarial», referido a supuesta cesión ilegal de trabajadores. La acción es ilegítima, pero la expresión no alcanza a vulnerar el derecho fundamental, por hallarse claramente devaluada en el lenguaje político/sindical y no haberse producido repercusión dañosa alguna
ACCESO EN: STS  989/2017

FUNDAMENTOS JURÍDICOS SEGUNDO Y TERCERO:
SEGUNDO.- 1.- Ciertamente que no cabe negar -en abstracto- a la Empresa recurrente la protección al honor que garantiza el art. 18 CE . Baste recordar al efecto, la constante doctrina de la Sala Primera de este Tribunal Supremo, en la que se mantiene que «aunque el honor es un valor que debe referirse a personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas [STC 214/1991]. Mediante los fines de la persona jurídico-privada puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad en el sentido de ampararla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de ejercicio de su actividad. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho mediante la divulgación de hechos concernientes a ella cuando la infame o la haga desmerecer en la consideración ajena. En tal caso, la persona jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la existencia de daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una intromisión en el honor o prestigio profesional de la entidad y que tal intromisión no sea legítima [STC 139/1995]. No obstante, como dice la STS 19 de julio de 2006, rec. n° 2448/2002 , "tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas, porque respecto de estas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás [SSTS, entre otras, 14 de noviembre de 2002 -rec. 3753/97   - y 6 de junio de 2003 -rec. 3094/97 - ], y cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto inmanente, por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto trascendente o exterior -consideración pública protegible- [SSTS, entre otras, 15 de abril 1992 - rec. 2532/89 - y 27 de julio 1998 -rec. 1327/94- ], que no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la actividad"» (así, la STS Iª16/06/15 -rec. 46/13-).
2.- Sentado ello, con igual reiteración mantiene la Sala Primera del Tribunal Supremo que en caso de conflicto entre los derechos al honor, al libertad de expresión y a la información [imprescindibles los dos últimos -como veremos- para el adecuado ejercicio de la libertad sindical]: «a) Debe respetarse el ámbito propio y característico de cada derecho fundamental, siendo reiterada la jurisprudencia constitucional y de esta Sala según la cual la libertad de expresión comprende el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, tal y como recoge el art. 20.1. a) de la Constitución , gozando de un campo de acción más amplio que la libertad de información -porque no comprende, como esta, la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo-.... b) La ponderación debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático. Y también debe respetar que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige [ SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , FJ 4], pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad democrática" [ SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43]» (reproduciendo doctrina constante, STS Iª 21/07/16 -rec. 3084/14 -).
3.- Ciertamente que «ninguna idea u opinión puede manifestarse mediante frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a tales propósitos. Es decir, aunque la libertad de expresión tenga un ámbito de acción muy amplio, en su comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica pretendida dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, pues, de ser así, debe prevalecer la protección del derecho al honor. Así es como debe entenderse la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de que la Constitución "no reconoce un pretendido derecho al insulto" [SSTC 216/2013 , 77/2009 , 56/2008 , 9/2007 y 176/2006 , entre otras muchas]» (así, la ya referida STS I 21/07/16 - rec. 3084/14-). Pero no lo es menos que "a la hora de apreciar el carácter ofensivo, insultante o vejatorio de las palabras o términos empleados se ha de prescindir del análisis separado de cada término o de su mero significado gramatical, para optar por su contextualización. En este sentido se viene diciendo [por ejemplo, en recientes SSTS de 14 de noviembre de 2014 rec. nº 504/2013 , y 20 de octubre de 2014, rec. nº 3336/2012 ] que de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de las libertades de expresión e información cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la noticia o con la opinión que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables, a lo que se une que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982 se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor. Este último criterio ha llevado a esta Sala a priorizar las libertades de información y expresión y a considerar legítimo el sacrificio del derecho al honor en casos de contienda, entendida esta en una acepción general comprensiva no solo de enfrentamientos políticos [ STS de 14 de noviembre de 2014, rec. nº 504/2013 ] sino también de conflictos en otros ámbitos como el periodístico, el deportivo, el sindical o el procesal [ STS de 12 de noviembre de 2014, rec. nº 955/2013 , con cita de la de 29 de febrero de 2012, rec. nº 1378/2010 ]» ( STS Iª04/12/15 -rec. 2337/13 -; y en el mismo sentido, las de 16/06/15 -rec. 46/13 -; 22/09/15 -rec. 328/14 -; 04/12/15 -rec. 2337/13 -; 27/06/16 -rec. 1804/14 -).
4.- En tal línea se ha destacado -entramos en la casuística- la «necesidad de valorar las expresiones litigiosas en un contexto de crítica y de contienda ..., descartando así un exceso o desproporción en la expresión de dicha opinión crítica pese al empleo de términos objetivamente ofensivos como "ramplón", "pedestre", "miserable", "tiparraco", "mendaz", "terminal"...», pues «un contexto de discusión o contienda, a tenor del ámbito social o político en que se produce y los usos relacionados con él, cuando la discusión alcanza recíprocamente un nivel alto de tensión puede justificar la utilización de expresiones ... que "[s]i bien ... pueden resultar hirientes y entrañar una descalificación personal y profesional, este factor no es suficiente en el caso examinado para desvirtuar su amparo en la libertad de expresión. No cabe aislar o desvincular tales manifestaciones del contexto de discusión y polémica ..."» (STS 04/12/15 -rec. 2337/13 - y las que en ella se citan).
TERCERO.- 1.- Entrando ya en el examen concreto de autos, hemos de expresar nuestra plena coincidencia con la Audiencia Nacional cuando afirma que si bien la expresión «terrorismo patronal» presenta injustificada - rectius , ilegítima- dureza y como tal es censurable, de todas formas no alcanza a integrar vulneración del derecho al honor. Afirmación que trataremos de justificar, con una serie de consideraciones adicionales a las ya -generales- efectuadas.
2.- Para empezar, hemos de recordar en plano general -abstracto- que aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE lleva a entender que el contenido del primer precepto citado comprende «también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponde» (SSTC 94/1995, de 19/Junio, FJ 2 ; 308/2000, de 18/Diciembre, FJ 6 ; 185/2003, de 27/Octubre, FJ 6 ; 198/2004, de 15/Noviembre, FJ 5 ; 281/2005, de 7/Noviembre, FJ 3 ; 200/2006, de 3/Julio, FJ 3 ; 108/2008, de 22/Septiembre , FJ 4); y que entre ellos -muy señaladamente y como instrumento de acción sindical- se encuentra «el empleo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información respecto de cualquiera asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales» (SSTC 143/1991, de 1/Julio ; 1/1998, de 12/Enero ; 213/2002, de 11/Noviembre ; 185/2003, de 27/Octubre ; 198/2004, de 15/Noviembre ; y 227/2006, de 17/Julio , FJ 3).

3.- Descendiendo al concreto supuesto que es objeto de debate, procede recordar también los siguientes datos y hacer estas ulteriores consideraciones: a) que estamos en presencia de una persona jurídica, por lo que -conforme a la doctrina arriba citada- ha de relativizarse cualquier posible vulneración del honor, y si conforme al expuesto planteamiento jurisprudencial, «la problemática se centra en la apreciación del aspecto trascendente o exterior - consideración pública protegible-», la propia estimativa de la reclamante respecto de que ni ha sufrido perjuicios materiales ni ha perdido clientela, demuestra bien a las claras que ese aspecto -trascendencia- y su consiguiente «honor» como persona jurídica han permanecido incólumes; b) que el contexto en el que examinar la supuesta vulneración es el de una confrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar ciertos ofrecerían innegable gravedad [laboral e incluso penal] justificativa de una enérgica respuesta sindical, como la de autos -aunque sin improperios-; y c) que -como acertadamente destaca el Ministerio Fiscal en su informe, reiterando el parecer de la AN-, «la expresión "terrorismo patronal" se ha convertido en lugar común en nuestra sociedad, al utilizarse de manera habitual para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos, lo que ha devaluado socialmente su significado, convirtiéndose así en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo...»