viernes, 17 de marzo de 2017

STS 12/01/2017 (Rec. 26/2016): EL PLAZO DE CADUCIDAD DEL ART. 138 LRJS PARA IMPUGNAR UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EMPIEZA A COMPUTARSE A PARTIR DE LA EFECTIVA NOTIFICACIÓN –A LOS AFECTADOS O A LOS REPRESENTANTES- DE SU DECISIÓN FINAL, INCLUSO EN AQUELLOS CASOS EN LOS EXISTA ACUERDO EN EL PERÍODO DE CONSULTAS


PONENTE: SEMPERE NAVARRO
MATERIA.- Caducidad para impugnar MSCT colectiva que finaliza en "Acuerdo" y que no se notifica de modo autónomo. CUESTIONES EXAMINADAS.-1) Tras la vigencia de la LRJS la caducidad para impugnar una MSCT comienza a correr tras la notificación de la empresa explicando su alcance. Resume doctrina.2) Aunque haya mediado acuerdo respecto de la MSCT, por mandato del art. 138.1 LRJS, el plazo de caducidad de 20 días para impugnarla solo comienza a correr cuando se realiza la notificación empresarial que precisa sus términos. Resume doctrina.3) El conocimiento que de la decisión modificativa pueda tener la RLT a través de un tablón de anuncios, de informaciones verbales, de circulares empresariales, o de la firma de un acuerdo será relevante a otros efectos, pero no a los de activar el plazo de caducidad. Resume y explicita doctrina.4) Preexistiendo el acuerdo informal sobre la MSCT y la manifestación de voluntad de los empleados, cabe que el "Acuerdo" formal, dados sus términos, cumpla el papel de la "notificación" pedida por el art. 138.1 LRJS. Doctrina en línea con todos los pronunciamientos previos. FALLO.- De acuerdo con Informe del Ministerio Fiscal, desestimar recurso frente a la STSJ Madrid 754/2015

FUNDAMENTO JURÍDICO CUARTO
1. Obligación de notificar la MSCT.
A) El art. 41.5 ET parece circunscribir la obligación empresarial de notificar la MSCT a los trabajadores individuales, pero la STS 16 febrero 2016 (rec. 289/2014 ) ya advierte que ese entendimiento es erróneo y que también hay que realizar la notificación a la RLT.
B) El art. 41.5 ET restringe la obligación de notificar la decisión sobre la MSCT colectiva al supuesto en que el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, tal y como la sentencia recurrida entiende. Sin embargo, el art. 59.4 ET sujeta la impugnación de la MSCT a un plazo de caducidad y especifica que se computa " desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas ". Esta norma no distingue en función de cómo haya finalizado el periodo de consultas, sino que establece una única fecha como inicial; sin previa notificación el plazo no comienza a discurrir.
C) El artículo 138.1 LRJS contiene un mandato claro sobre la cuestión examinada: el plazo de caducidad no comenzará a computarse hasta que tenga lugar la notificación por escrito, de la empresa a sus trabajadores o representantes. Por tanto, aunque las normas sustantivas no reflejen esta obligación de manera nítida, incluso aunque se considere que la misma es ajena al periodo de consultas, lo cierto es que existe una norma con rango de Ley específicamente dedicada a la fijación del dies a quo. Desde esta elemental perspectiva cobran todo su sentido los razonamientos de la repetidamente citada STS 21 octubre 2014 (rec. 289/2013 ):
La fijación de un plazo de caducidad perentorio constituye una garantía de la seguridad jurídica que para las partes se ha de derivar de la consolidación de una decisión no impugnada, de suerte que el transcurso del mismo actúa como ratificación de la aceptación de la parte social. De ahí que se exija la notificación escrita y que el plazo se inicie con dicha notificación de la decisión empresarial por escrito a los trabajadores o a sus representantes.
No constando ésta, se hace inexigible a la parte social una reacción constreñida al plazo de caducidad de los 20 días que, en todo caso, deberían iniciarse en el momento en que la empresa efectúe esa comunicación expresa y fehaciente.
 2. Ausencia de notificación y MSCT pactada.
A) Recordemos (HP Quinto) que el director de recursos humanos y el director de enfermería informaron centro por centro junto con las RLT (salvo en uno de los centros) a los trabajadores de las condiciones del nuevo acuerdo que se pensaba suscribir. Una vez obtenido el respaldo mayoritario es cuando se firma el Acuerdo de MSCT cuestionado (4 julio 2013). La sentencia recurrida entiende que "el cómputo del plazo comienza desde el mismo acuerdo, sin que haya necesidad de notificación adicional alguna ni pueda apreciarse inseguridad jurídica por ello".
Pese a esa manifestación, la propia sentencia recurrida (igual que los escritos de impugnación) acepta, a efectos dialécticos, que el plazo inicial para la caducidad podría llevarse al día en que el nuevo comité recibe la documentación del saliente (6 noviembre 2013).
B) Por ser la caducidad una institución atinente al orden público y que impide el ejercicio de la acción hemos de examinarla con especial cuidado. Por ello, no podemos aceptar que la notificación por escrito exigida por el art. 138.1 LRJS pueda equivaler a una entrega de documentos realizada por determinados representantes de los trabajadores a otros.
Dicho abiertamente y para nuestro caso: o el plazo de caducidad comienza a discurrir desde el momento en que se firma el acuerdo de MSCT (4 julio) o no se inicia, sin que pueda tomarse como referencia el día en que la RLT saliente realizan el traspaso documental a la entrante. Como bien afirma la sentencia de instancia, "no hay razón para abrir un nuevo plazo de caducidad por el hecho de que haya habido un cambio de los miembros debido a las elecciones celebradas después del acuerdo modificativo".
El recurso insiste en que la Fundación no cumplió con las exigencias procedimentales del art. 41 ET y que, por tanto, es inaplicable el plazo de caducidad para su impugnación. A este respecto, sin embargo, hemos de recordar nuestra ya expuesta doctrina:
Tras la entrada en vigor de la LRJS el controvertido plazo de veinte días de caducidad para la impugnación de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo es aplicable en todo caso, aun cuando no se haya seguido el trámite del   art. 41 ET   . Por consiguiente resulta baladí cualquier argumentación sobre el grado de cumplimiento del procedimiento que marca el citado precepto legal, ya que, con independencia de la mayor o menor acomodación a las exigencias del previo periodo de consultas, lo cierto es que la acción que se ejercitaba en la demanda había de someterse en todo caso al mencionado plazo de caducidad.
D) Tanto el art. 41.4 ET cuanto el art. 138.1 LRJS hablan reiteradamente de "la decisión empresarial", con independencia de que haya acuerdo o no durante el periodo de consultas. Puesto que lo acordado podría ser dejado sin efecto por la empresa, pospuesto o rebajado, no es disparatado pensar que lo que realmente confiere seguridad jurídica acerca de los contornos de la MSCT (alcance, calendario, afectados) es una comunicación escrita, fehaciente y expresa. La clara dicción del art. 138.1 LRJS desemboca en ese resultado.