viernes, 17 de marzo de 2017

STS 01/02/2017 (Rec. 78/2016): PRESCRIPCIÓN EN DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. DESPIDO DE TRABAJADORES EN HUELGA POR CONSIDERAR LA EMPRESA QUE ERA ILEGAL. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DE TUTELA DE DF INSTADA POR UN SINDICATO EMPIEZA A COMPUTARSE DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE DECLARÓ LA LEGALIDAD DE LA HUELGA, NO DEDE LA READMISIÓN DE LOS HUELGUISTAS


PONENTE: MORALO GALLEGO
Tutela de derechos fundamentales. Prescripción de la acción ejercitada por el sindicato en nombre e interés propio. El dies a quo para computar el plazo de un año es el de la notificación al sindicato demandante de la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la de la Audiencia Nacional que declaró la ilegalidad de la huelga, que no el de la readmisión del último de los trabajadores que habían sido despedidos por su participación en la huelga declarada inicialmente ilegal en la sentencia revocada

FUNDAMENTO JURÍDICO CUARTO
1 .- Lo anteriormente razonado conduce a concluir que la conducta de la empresa a la que se imputa la vulneración de derechos fundamentales no es otra que la decisión de despedir a aquellos trabajadores en fecha 27 de junio de 2012.
En puridad este sería el momento a partir del que podría ya haber ejercitado el sindicato la acción articulada en la demanda, que no hizo sin embargo efectiva hasta 1 de septiembre de 2015.
Pero no debe olvidarse que la prescripción debe ser siempre interpretada y aplicada con criterios restrictivos, al tratarse de una institución que no encuentra fundamento en principios de estricta justicia sino de mera seguridad en el tráfico jurídico y en la presunción de abandono del derecho. Su extensiva aplicación puede llegar a limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que obliga a resolver las dudas que en cada caso puedan suscitarse en el sentido más favorable para el titular del derecho ( STS 18-12-2015, recud. 2720/2014 ; 7 de julio de 2009, rcud. 2400/2008 - con cita de varias sentencias anteriores ).
Lo que nos lleva a entender que el dies a quo no puede establecerse en la fecha misma de aquellos despidos, en la que aún no se había dilucidado definitivamente la legalidad de la huelga por no ser firme la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se apoya la decisión de la empresa, sino que debe diferirse a la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve definitivamente la controversia pendiente sobre la calificación de la huelga que despeja las posibles incertidumbres sobre la incidencia jurídica que los despidos pudieren tener en la actuación empresarial a la que el sindicato demandante atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en liza.
Así lo viene en aceptar la sentencia recurrida, y con independencia de que compartamos esta decisión, tampoco podríamos rectificar ese criterio para no incurrir en reformatio in peius cuando la empresa no ha recurrido en casación.
2 .- Una vez notificada al sindicato aquella sentencia del Tribunal Supremo, concurren todas las condiciones fácticas y jurídicas que permiten el ejercicio de la acción en que se sustenta la demanda que atribuye a la empresa una actuación contraria a derechos fundamentales por haber despedido a los afiliados al sindicato, sin que haya necesidad de esperar a la sentencia que finalmente recaiga tras la celebración de los diferentes juicios de despido pendientes, ni mucho menos la culminación de todos y cada uno de los subsiguientes procesos de readmisión que ninguna incidencia han de tener en la resolución del asunto.
En el escrito de recurso de casación se afirma, sin mayor argumentación, que la cuestionada actuación de la empresa no se agota en los actos de despido sino que se extiende hasta la readmisión del último trabajador despedido, siendo este el momento en el que cesan los actos lesivos de la decisión empresarial y puede el sindicato valorar los daños y perjuicios sufridos. Pero en contradicción con esa manifestación basta la mera y simple lectura de la demanda para constatar y reiterar que la lesividad que el sindicato imputa a la actuación empresarial se ciñe exclusivamente al hecho mismo del despido, sin que se haga la menor mención a los supuestos perjuicios que pudiere haber sufrido en su actividad sindical por la dilación en la readmisión de aquel único trabajador, lo que convierte ese alegato en un argumento puramente retórico huérfano de presupuestos fácticos y de razonamientos jurídicos que lo avalen y que queda desvirtuado por el propio contenido de la demanda en la que no hay el menor atisbo de individualización de las particularidades de esta readmisión que pueda vincularse, siquiera indiciariamente, con una eventual afectación a derechos fundamentales del sindicato demandante.
3. - Recordemos la reiterada doctrina de esta Sala en la que hemos consolidado el criterio de que el ejercicio de acciones declarativas no interrumpe el curso de la prescripción de acciones que pudieron ejercitarse antes, de tal forma que la tramitación de un procedimiento anterior en el que se solicita un pronunciamiento declarativo no afecta a la obligación de reaccionar en evitación de la prescripción, porque esta no comienza a computarse a partir de la sentencia declarativa antecedente, sino desde la fecha en que puede reclamarse el derecho generado por el incumplimiento de la empresa ( SSTS 1 de junio de 2016, (rcud.3487/2014 ); 27 de abril de 2010 (rcud.2164/2009 ); 5 de marzo de 2010 (rcud.1854/2009 ), 2 de diciembre de 2013 (rcud.441/2013 ), 11 de febrero de 2014 (rcud.544/2013 ), 30 de abril de 2014 (rcud.1836/2013 ) y 17 de junio de 2014 (rcud.1288/2013 ), entre otras).
Esta doctrina se construye para resolver las dudas que suscita el alcance de lo previsto en el art. 160.5 LRJS , que atribuye efectos suspensivos a la interposición de las demandas de conflicto colectivo y de cosa juzgada sobre los procesos individuales a la sentencia que los resuelve, así como también aquellas situaciones de interrelación entre las diferentes demandas que un mismo trabajador pueda haber formulado contra la empresa cuando pretende hacer valer el ejercicio de la primera como mecanismo para interrumpir la prescripción de la segunda.
Los principios en los que se sustenta son perfectamente trasladables al caso de autos, en el que el sindicato sostiene que la prescripción de la acción no comienza a correr hasta que no se han resuelto todas las demandas declarativas de despido de cada uno de los trabajadores y los subsiguientes procedimientos de ejecución con la readmisión de todos ellos, como si esto último fuese presupuesto necesario para el ejercicio de la acción por parte del sindicato y hasta el punto de que no era posible presentar la demanda antes de que hubieren culminado todas las readmisiones.
La naturaleza jurídica, el contenido y objeto de las acciones de despido de las que son únicos titulares cada uno de los trabajadores individualmente considerados, son totalmente diferentes y tienen un distinto fundamento al de la acción de tutela de derechos fundamentales titularidad del sindicato que ha sido ejercida en nombre e interés exclusivo del mismo.
La acción que el sindicato ejercita en la demanda no nace por el hecho de que la empresa pudiere haber tardado más o menos tiempo en readmitir al último de los trabajadores despedidos, sino que tiene su génesis en el momento mismo de los despidos. Esta es la actuación empresarial a la que se imputa la vulneración de derechos fundamentales y la que da lugar al nacimiento del derecho a reclamar frente a la empresa en que se sustenta la demanda, que podía por lo tanto ejercitarse una vez que la sentencia del Tribunal Supremo ya había declarado la legalidad de la huelga, sin que su ejercicio estuviere condicionado a la resolución de las demandas de despidos culminada con la readmisión de los despedidos.
4. - En este punto debemos hacer una última consideración.
Teniendo en cuenta que la relación laboral es de tracto sucesivo y que en su transcurso pueden suscitarse múltiples litigios entre las partes - a lo que se añade la posibilidad de que existan acciones colectivas pendientes de resolución que afecten a situaciones individuales de cada trabajador-, cabe admitir que en determinados casos especialmente complejos aparezcan dudas a la hora de establecer hasta qué punto sea necesario esperar la firmeza de la sentencia que haya de dictarse en un procedimiento declarativo previo para fijar con base a ello el momento -el dies a quo -, en el que puede ser ya ejercitada otra específica acción frente a la misma empresa, en la medida que para plantear la ulterior acción sea preciso despejar previamente las incertidumbres que deba resolver la sentencia que ha de recaer en el procedimiento judicial precedente.
A tal efecto, nuestro ordenamiento legal dispone de la herramienta adecuada para evitar consecuencias jurídicas perjudiciales al titular del derecho en estos ámbitos de inseguridad jurídica que pueden acabar afectando a la prescripción de la acción.
Y ese mecanismo no es otro que el contemplado en el art. 1973 del Código Civil , que permite interrumpir el plazo de prescripción con la simple activación de una reclamación extrajudicial en tanto se espera la resolución del previo procedimiento judicial que pudiere eventualmente considerarse como precedente necesario para el ejercicio de la acción.
En estas zonas de incertidumbre el acreedor debe utilizar cualquiera de los medios previstos para interrumpir la prescripción a la espera de la resolución del procedimiento judicial que pudiere estimarse de alguna forma vinculante, porque justamente esa es una de las finalidades por las que se atribuye al acreedor la facultad de interrumpir fácilmente la prescripción de las acciones cuando considere que puedan concurrir circunstancias que aconsejen retrasar la interposición de una demanda judicial a la espera de que concurran las condiciones que el interesado valore como más favorable a sus intereses.
Los arts. 1973 CC y 59. 2 ET disponen que el plazo de prescripción comienza desde el momento en el que la acción puede ejercitarse y ese efecto legal opera inmediatamente frente al titular del derecho, que en caso de considerar que le resulta conveniente esperar otros acontecimientos antes de formular la demanda deberá interrumpir la prescripción para evitar el fenecimiento de la acción.