jueves, 2 de febrero de 2017

REQUISITO DE RESIDENCIA Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS: STJUE 01.02.2015, ASUNTO C-430/15

El TJUE ha dictado en la fecha indicada en el encabezamiento una sentencia con posibles efectos en nuestra ordenación de Seguridad Social.

El supuesto de hecho versa sobre una ciudadana británica, la señora Tolley, que desde 1993 era beneficiaria con carácter indefinido del componente de dependencia para minusválidos, sin que accediera a la pensión de jubilación en la Seguridad Social por razón de la edad (de hecho, falleció antes de que se actualizara su derecho a la misma, teniendo acreditados los requisitos necesarios a dichos fines). En 2002 la señora Tolley y su marido fijan su residencia en España. En 2007 la Administración pública dicta una resolución en la que se declara que dicha ciudadana había perdido por dicho motivo el derecho a la prestación que percibía, en tanto que el artículo 71, apartado 6, de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 establece que “una persona no tendrá derecho al [subsidio para minusválidos] si no cumple los requisitos establecidos en lo relativo a la residencia y a la presencia en Gran Bretaña”. Interpuesto el correspondiente recurso, fue estimado por el First-tier Tribunal, al considerar que resultaba de aplicación el  artículo 10.1 del Reglamento 1408/71, conforme al cual “A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia, las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora”. El Ministerio recurrió sucesivamente ante el Upper Tribunal, la Court of Appeal (England & Wales) y, finalmente, ante la Supreme Court of the United Kingdom, que formuló la cuestión prejudicial en base a las siguientes preguntas:

“1)      ¿Es correcto clasificar el componente de dependencia [del subsidio para minusválidos] de prestación de invalidez y no de prestación de enfermedad en metálico, a efectos del Reglamento n.º 1408/71?
2)      a)      Una persona que deja de tener derecho a percibir [el componente de dependencia del subsidio para minusválidos] en virtud de la legislación nacional británica por haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, y que ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes del traslado, pero sigue estando asegurada contra el riesgo de vejez en el régimen británico de seguridad social, ¿deja de estar sujeta a la legislación del Reino Unido a efectos del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento n.º 1408/71?
b)      En cualquier caso, ¿dicha persona sigue estando sujeta a la legislación del Reino Unido con arreglo al punto 19, letra c), de la rúbrica O del anexo VI del Reglamento n.º 1408/71?
c)      Si tal persona ha dejado de estar sujeta a la legislación del Reino Unido en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra f), ¿está el Reino Unido obligado, en virtud del punto 20 de la rúbrica O del anexo VI de dicho Reglamento], a aplicarle las disposiciones del capítulo 1 del título III del Reglamento, o simplemente le es posible hacerlo?
3)      a)      ¿Se aplica la amplia definición de trabajador por cuenta ajena contenida en la sentencia de 7 de junio de 2005, Dodl y Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364), a efectos de los artículos 19 a 22 del Reglamento n.º 1408/71, si una persona ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes de trasladarse a otro Estado miembro, pese a la distinción establecida en el capítulo 1 del título III entre, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y, por otro, los trabajadores en paro?
b)      Si se aplica esa definición, ¿tiene derecho tal persona a exportar la prestación en virtud, ya del artículo 19, ya del artículo 22 del Reglamento n.º 1408/71? ¿El artículo 22, apartado 1, letra b), produce el efecto de impedir que el derecho de un solicitante al componente de dependencia [del subsidio para minusválidos] quede anulado por un requisito de residencia impuesto por la legislación nacional en relación con el traslado de residencia a otro Estado miembro?”  

En su sentencia de 01.02.2017 (asunto C-430/15), el TJUE, después de descastar las alegaciones de inadmisibilidad formuladas, llega a las siguientes conclusiones:

-   -  Respecto a la aplicación del Reglamento 1408/71 se afirma que, en tanto que la señora Tolley estuvo asegurada a efectos de riesgo de vejez, tenía a efectos del mismo la condición de “trabajador”
-  -  En cuanto a la determinación de la naturaleza del subsidio de dependencia de personas discapacitadas en el marco del Derecho europeo se afirma que “el Tribunal de Justicia ha declarado que las prestaciones concedidas de manera objetiva sobre la base de una situación legalmente definida y que están destinadas a mejorar el estado de salud así como las condiciones de vida de las personas dependientes tienen esencialmente por objeto completar las prestaciones del seguro de enfermedad y deben considerarse «prestaciones de enfermedad» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1408/71 (sentencias de 5 de marzo de 1998, Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, apartados 23 a 25, y de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo, C‑299/05, EU:C:2007:608, apartado 61 y jurisprudencia citada)”, por lo que los referidos complementos de discapacidad son asimilables a pensiones por enfermedad.
- Finalmente, al margen de la cuestión relativa al campo de aplicación del Reglamento comunitario en relación a la situación de mera expectativa de acceso a la pensión de vejez en el sistema de Seguridad Social –cuya decisión deja el TJUE en manos del órgano judicial nacional- se afirma que en tanto que la señora Tolley tenía a efectos del mentado Reglamento la condición de trabajadora y en función de la naturaleza jurídica del componente de dependencia para minusválidos, se indica que el art. 22.1 b) del citado Reglamento impide que un Estado competente supedite el mantenimiento de una prestación como la controvertida en el litigio principal a un requisito de residencia y de presencia en su territorio, incluso aunque se haya omitido la notificación del traslado de residencia al órgano nacional correspondiente.

ACCESO A LA SENTENCIA